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En plena escasez de crédito y con costos en dólares que presionan sobre el sector, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentó en las jornadas Internet Day, organizadas por la cámara Cabase que agrupa a proveedores de servicios en la Red, un esquema de financiamiento para pymes y proveedores de Internet (ISP, sigla en inglés). La apuesta es “estirar” los recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU) y apalancar más inversión privada para acelerar la expansión de redes.

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El Consejo Gestor del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) de Brasil avanzó en el intento de destrabar el uso de los recursos del fondo al aprobar un conjunto de medidas que abren el camino para nuevos financiamientos al sector.

Entre las decisiones, el colegiado estableció, en publicación en el Diario Oficial de la Unión de este martes 30 de diciembre, directrices para la apertura de procesos públicos de selección de planes y transferencias a agentes financieros, con una previsión de hasta 526.7 millones de reales (96.1 millones de dólares) en recursos, mediante apoyo reembolsable y garantías.

Al mismo tiempo, el Consejo aprobó cambios en las reglas que regulan la aplicación del FUST, pero reconoció limitaciones en el diseño financiero de la política. La implementación de las modificaciones quedó condicionada a una evaluación técnica del Sistema Financiero Nacional (SFN), especialmente en lo relativo a las exigencias de comprobación de la capacidad de los agentes financieros que podrán operar los recursos.

Otra decisión relevante fue la modificación del Cuaderno de Proyectos Reembolsables, documento que define qué tipos de proyectos pueden acceder al dinero del fondo. La propuesta fue aprobada por mayoría, con la abstención de la representante de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, lo que señala divergencias del sector respecto del nuevo modelo.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina dio por finalizados 16 programas y más de una decena de convocatorias que se nutrían de recursos del Fondo de Servicio Universal. Esto tras una evaluación en la que determinó que se encuentran vencidos, pendientes de cierre o que en la actualidad no se encuadran dentro de la normativa vigente —nuevo Reglamento de Servicio Universal—  para la aplicación de recursos.

Se dieron por finalizados los siguientes programas:

1. PROGRAMA CONECTIVIDAD (Resolución ENACOM N° 3597/2016)
2. PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA ADULTOS MAYORES – TABLETS I (Resolución ENACOM N° 3248/2017)
3. PROGRAMA REDES EDUCATIVAS DIGITALES (PISOS TECNOLÓGICOS – EDUC.AR) (Resolución ENACOM N° 1035/2017)
4. PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA ADULTOS MAYORES, MUJERES QUE RESIDEN EN ZONA RURALES y BENEFICIARIOS DEL DECRETO N° 311/2020 Y SU REGLAMENTACIÓN (TABLETS II) (Resoluciones ENACOM N° 1854/2018, N° 3919/2019 y N° 705/2020)
5. PROGRAMA CRÉDITOS PREFERENCIALES PARA DESPLIEGUE Y ACTUALIZACIÓN DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE TIC (Resolución ENACOM N° 1898/2018)
6. PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES (Resolución ENACOM N° 727/2020)
7. PROGRAMA DE SUBSIDIO DE TASAS DE CRÉDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO PARA LICENCIATARIOS DE SERVICIOS DE TIC (Resolución ENACOM N° 1206/2020)
8. PROGRAMA ACCESO A CONECTIVIDAD PARA PARQUES INDUSTRIALES (Resolución ENACOM N° 1471/2020)
9. PROGRAMA CLUBES EN RED DESTINADO A LA CONECTIVIDAD PARA CLUBES DE BARRIO Y DE PUEBLO (Resolución ENACOM N° 1619/2021)
10. PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA INSTALACIÓN DE REDES (Resoluciones ENACOM N° 1720/2021, N° 2134/2021, N° 1452/2022, N° 245/2023 y N° 273/2023)
11. PROGRAMA CONECTIVIDAD PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (Resolución ENACOM N° 2183/2021)
12. PROGRAMA CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL – MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO (Resoluciones ENACOM N° 1608/2021 y N° 196/2023)
13. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL (Resolución ENACOM N° 1730/2021)
14. PROGRAMA DE REDES COMUNITARIAS ROBERTO ARIAS (Resolución ENACOM N° 799/2021)
15. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN PEQUEÑAS LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS (GABINETES TECNOLÓGICOS) (Resolución ENACOM N° 1352/2022)
16. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES (Resolución ENACOM N° 64/2023)

Se dieron por finalizadas las siguientes convocatorias:

• CONVOCATORIAS ANR 2.500 / ANR 5000 / ANR 10.000 y ANR 30.000 (Resolución ENACOM N° 1969/2022)
• CONVOCATORIA PEQUEÑOS LICENCIATARIOS (Resolución ENACOM N° 1490/2020)
• CONVOCATORIA EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS PROVINCIALES (EPEP) (Resolución ENACOM N° 1970/2022), dictadas todas ellas en el marco del PROGRAMA CONECTIVIDAD
• CONVOCATORIAS ETAPA I, II, III, IV, V y VI DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EN LOCALIDADES DE MENOS DE 500 HABITANTES (Resoluciones ENACOM N° 1827/2022, N° 2282/2022, N° 293/2023, N° 566/2023 y N° 1221/2023), dictadas en el marco del PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
• CONVOCATORIAS ETAPA I y II DEL PROYECTO RUTAS (Resoluciones ENACOM N° 1477/2020 y N° 105/2021), dictadas en el marco del PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
• CONVOCATORIAS ETAPA I, II y III DEL PROYECTO DELTA CONECTADO (Resoluciones ENACOM N° 1489/2020 y N° 1956/2021), dictadas en el marco del PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES
• CONVOCATORIA ETAPA I (Resolución ENACOM N° 100/2021), dictada en el marco del PROGRAMA ACCESO A INTERNET A PARQUES INDUSTRIALES PÚBLICOS Y MIXTOS
• CONVOCATORIA PARA MEJORAR EL ACCESO A CONECTIVIDAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II -MARCOS PAZ- (Resolución ENACOM N° 1024/2022) dictada en el marco del PROGRAMA CONECTIVIDAD PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
• CONVOCATORIA dictada en el marco del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A INTERNET DESTINADO A BARRIOS POPULARES (Pliego Bases y Condiciones Resolución N° 1967/2022)
• CONVOCATORIA dictada en el marco del PROGRAMA DE ACCESO A CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS (Pliego Bases y Condiciones Resolución ENACOM N° 1968/2022)
• CONVOCATORIA ETAPA II, dictada en el marco del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES (Resolución ENACOM N° 569/2023)

En los últimos días, el regulador también había anunciado la adecuación de presupuestos asignados a ítems de plan de inversión pendientes de ejecución de proyectos de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas y Capital Assistance SA, entre otros.

Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos podría obligar a las plataformas digitales (o Big Tech) a aportar recursos para garantizar el acceso universal a la banda ancha, como parte de un modelo de contribución justa.

El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte recibió la iniciativa que plantea reformar el Fondo de Servicio Universal (FSU), de manera que también las grandes tecnológicas contribuyan al despliegue de las redes de conectividad, ya que, actualmente, se benefician del fondo sin dar nada a cambio.

Los FSU son mecanismos financieros establecidos por los gobiernos para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales o de bajos ingresos, donde los servicios comerciales de acceso a Internet no llegarían por sí solos.

Todos los operadores de telecomunicaciones deben aportan un porcentaje de sus ingresos anuales al FSU, con el objetivo de que los recursos se usen para financiar proyectos de infraestructura o de apropiación digital.

Sin embargo, dado que actualmente sólo las empresas de telecomunicaciones contribuyen a los FSU en la mayor parte de los países, esta industria advierte que es necesario abarcar una gama más amplia de contribuyentes.

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Incluir a las Big Tech como sujetos obligados para aportar a los FSU no sólo permitiría incrementar los fondos disponibles, sino que también representaría una contribución justa en favor de la sostenibilidad del sector de telecomunicaciones.

El proyecto de ley parte de la premisa de que es necesario garantizar contribuciones equitativas y no discriminatorias a los mecanismos que preservan y promueven el servicio universal, para reducir la carga financiera de los consumidores y para otros fines.

Dicha iniciativa ya había sido presentada en 2023, bajo el nombre de Ley de Reducción de Costes de Banda Ancha para los Consumidores y patrocinada por los senadores Markwayne Mullin (republicano), Mark Kelly (demócrata) y Mike Crapo (republicano).

En su reingreso en el Senado, el proyecto impulsado por los mismos senadores tiene el apoyo bipartidista y un amplio respaldo por parte de asociaciones comerciales nacionales, asociaciones estatales y proveedores de banda ancha rurales estadounidenses.

Por el momento, el texto completo no ha sido publicado en el sitio web de legislaciones en el Senado, pero ya fue leída por el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

La iniciativa de 2023 planteaba que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) exigiera a los proveedores de contenidos y servicios (Big Tech) y a los proveedores de banda ancha una contribución justa y adecuada al Fondo de Servicio Universal.

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Esto significaría dotar a la FCC de una autoridad clara para ampliar sustancialmente la base de contribuciones al FSU, incluyendo a cualquier modelo de negocio que dependa en gran medida de que los consumidores o empresas accedan a la banda ancha.

La justificación es que, si se benefician de las redes de banda ancha y además de los recursos que brinda el propio FSU, deben aportar al financiamiento como el resto de jugadores del mercado.

Según un informe de Strand Consult, las empresas de Internet, como Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix, obtuvieron unos ingresos estimados de entre 58 mil y 115 mil millones de dólares en 2023, gracias a la conexión de los usuarios a Internet a través del Fondo de Servicio Universal y el extinto Programa de Conectividad Asequible.

Por cada nuevo hogar conectado, las Big Tech consiguieron un promedio de mil 515 dólares en 2023, y además percibieron 210 mil millones de dólares de las empresas que se encuentran en las zonas financiadas por el FSU.

Aunque la propuesta del modelo de contribución cuenta con apoyo bipartidista y la presión de la industria de telecomunicaciones, enfrenta una oposición significativa por parte de las empresas tecnológicas.

Sobre todo, las empresas de Internet argumentan que existen riesgos para la neutralidad de la red y la competencia, y que introducir este modelo podría tener efectos adversos en la calidad del servicio y la innovación.

La Corte Suprema de Estados Unidos estaría dispuesta a preservar el Fondo de Servicio Universal (FSU) que administraba la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) hasta el año pasado, y que se destinaba para subsidiar los servicios de telecomunicaciones en escuelas, bibliotecas y zonas rurales.

Según informó la agencia AP, los jueces escucharon casi tres horas de argumentos revisando un fallo de apelación que anuló por inconstitucional el FSU.

Tanto los jueces liberales como los conservadores dijeron que estaban preocupados por las consecuencias potencialmente devastadoras de eliminar el fondo que ha beneficiado a decenas de millones de estadounidenses.

Durante los argumentos orales, incluso algunos jueces conservadores que previamente habían expresado interés en la idea tenían dudas sobre si el programa de la FCC era ilegal. Tanto los jueces conservadores como los liberales se opusieron a la idea de que el programa sea completamente abierto, sin restricciones impuestas por el Congreso.

El año pasado, un tribunal de apelaciones declaró inconstitucional el método de financiamiento que utiliza la FCC para expandir el acceso a la banda ancha a través del FSU. La controversia había sido presentada por Consumer Research, un grupo conservador de defensa.

En ese entonces, el tribunal, compuesto por jueces de ideología conservadora o republicana, dijo que el “impuesto” que financia al fondo viola el artículo 1 de la Constitución, ya que argumenta que la FCC delegó poder gubernamental a entidades privadas sin autorización del Congreso.

En noviembre, la Suprema Corte atrajo un caso de apelación para discutir sobre la legalidad del mecanismo de financiación del fondo.

El fondo, establecido por ley en 1996, está compuesto principalmente por contribuciones de los operadores de telecomunicaciones que son recaudados por la FCC, las cuales son utilizadas para subsidiar el acceso a servicios de comunicaciones para usuarios de bajos ingresos. Desde 1997, la Comisión estableció la Compañía Administradora de Servicio Universal para administrar el fondo.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que la tasa de aportación mensual que los operadores de telecomunicaciones pagan a la Tesorería General de la República de Honduras se aumentará en medio punto porcentual a partir del mes de marzo del presente año, como fue publicado en la versión final del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2025.

Tras varios meses de discusión que impedían la aprobación del presupuesto general de Honduras, finalmente se llegó a un consenso que permitió la publicación de la ley el pasado 6 de febrero. Entre los cambios relevantes para la industria se encuentra el aumento de las aportaciones que tendrán que hacer los operadores de telecomunicaciones a la Tesorería General que pasará del 1 al 1.5 por ciento.

El artículo 24 del presupuesto establece que los operadores “deben realizar la aportación mensual del 1.5 por ciento de sus ingresos brutos dentro de los siguientes diez (10) días calendario del cierre del mes al que corresponde el pago”.

La Conatel informó al sector de telecomunicaciones que la tasa se ajustaría acorde a la publicación de la ley presupuestaria. En ese sentido, del 1 al 5 de febrero, los operadores tendrán que pagar el 1 por ciento prorrateado (vigente hasta la publicación del presupuesto) sobre los ingresos correspondientes a dicho mes y del 6 al 28 de febrero se aplicará la nueva tasa impuesta del 1.5 por ciento prorrateado de sus ingresos.

A partir de marzo, se considerará la tasa de 1.5 por ciento mensual que los operadores tendrán que aportar de sus ingresos brutos. La Conatel estará a cargo de recaudar estos ingresos, los cuales deberán ser reportados a la Dirección General de Presupuesto del gobierno de Honduras.

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Esta tasa se estableció en el año 2014, cuando se creó el Fondo de Inversiones de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT), que tiene el objetivo de financiar planes, programas y proyectos para facilitar el acceso a servicios de telecomunicaciones y servicio universal. El Fondo ha sido sujeto de cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos fondos.

En un estudio publicado a finales del año pasado, la GSMA también advirtió sobre el posible impacto negativo que tiene el pago de tasas anuales de los operadores en Honduras para la ampliación de la cobertura y el desarrollo de tecnología en el país.

El artículo 24 referido del presupuesto para 2025 también establece que el órgano regulador transferirá a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) 200 millones de lempiras (7.7 millones de dólares) para financiar la conectividad de Internet en los Centros Educativos Públicos y parques a nivel nacional.

Asimismo, la Conatel transferirá a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 51 millones de lempiras (2 millones de dólares).

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El Ministerio de Comunicaciones (MCom) de Brasil oficializó, a través de ordenanzas publicadas en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el martes 25 de febrero, la acreditación de seis nuevos agentes financieros para operar los recursos del FUST (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones).

Estos agentes serán responsables de aplicar mil 080 millones de reales (alrededor de 186.85 millones de dólares) en financiamientos a lo largo de este año, monto que aún espera la aprobación del Presupuesto de la Unión por parte del Congreso Nacional.

La medida busca descentralizar la gestión de los recursos, que anteriormente estaba concentrada en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), ampliando la capilaridad y eficiencia en la aplicación de los fondos en proyectos regionales de telecomunicaciones.

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Los nuevos agentes financieros acreditados son:

• Agencia de Fomento del Estado de Bahia S/A (Desenbahia): responsable de fomentar el desarrollo económico y social en el estado de Bahia, ofreciendo crédito y apoyo a proyectos locales.
• Banco de Desarrollo del Espírito Santo (BANDES): institución capixaba que promueve el crecimiento sostenible a través de financiamientos a iniciativas que impulsan la economía regional.
• Cooperativa Central de Crédito e Inversión con Interacción Solidaria (Central Cresol Sicoper): cooperativa financiera que actúa en el fortalecimiento de la agricultura familiar y de pequeños emprendedores, facilitando el acceso al crédito en diversas comunidades.
• Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE): banco que apoya proyectos en los estados del Sur de Brasil, incentivando inversiones que promuevan el desarrollo regional.
• Sociedad de Crédito, Financiamiento e Inversión Efi: institución financiera que ofrece soluciones de crédito e inversión, contribuyendo al fortalecimiento de diversos sectores económicos.
• Agencia de Fomento del Estado de São Paulo S.A. (Desenvolve SP): agencia paulista que financia proyectos de empresas y municipios, estimulando la innovación y el crecimiento económico en el estado.

Con la descentralización, el MCom pretende facilitar el acceso a los recursos del FUST en diferentes regiones del país, atendiendo a las especificidades locales y expandir los proyectos orientados a la mejora y expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.

El gobierno argentino disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, la herramienta con la que se administraban los recursos que resultan del aporte de los operadores para garantizar el cierre de brecha digital. Las empresas mantendrán la obligación de contribuir con el 1 por ciento de sus ingresos.

Se buscará una forma de administración más transparente y eficiente, señalaron fuentes oficiales a DPL News. Los prestadores tendrán que seguir haciendo el aporte como hasta ahora; próximamente el Ministerio de Economía y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) establecerán el nuevo procedimiento.

Hace poco menos de un año, la administración de Javier Milei intervino el regulador sectorial. Uno de los puntos revisados fue el manejo y destino del Servicio Universal al detectarse, en boca de las nuevas autoridades, “fuertes anomalías”, subejecución y recursos usados en sitios no prioritarios. Además, se informó que no había ningún mecanismo de medición y que el costo por hogar de los adjudicatarios multiplicó por 5 o 6 los costos habituales de la industria en algunos casos.

La decisión fue publicada este lunes 6 de enero en el Boletín Oficial. El gobierno determinó, en concreto, la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por el artículo 21 de la ley Argentina Digital. “Se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”, fundamentó.

En el mismo decreto, el gobierno disolvió el fideicomiso Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. En todos los casos, las medidas corren desde su publicación en el Boletín Oficial.

La Suprema Corte de los Estados Unidos atrajo un caso de apelación para discutir sobre la legalidad del mecanismo de financiación del fondo de servicio universal (USF, por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La Corte buscará determinar si la ley le da facultades a la Comisión para recaudar y delegar la administración de los fondos a través de una entidad privada.

El pasado viernes, la Corte atrajo el caso para resolver sobre el mecanismo de financiación del fondo de 8 mil millones de dólares que la FCC utiliza para el subsidio de servicios de redes en zonas rurales, escuelas y bibliotecas.

El fondo, establecido por ley en 1996, está compuesto principalmente por contribuciones de los operadores de telecomunicaciones que son recaudados por la FCC, las cuales son utilizadas para subsidiar el acceso a servicios de comunicaciones para usuarios de bajos ingresos. Desde 1997, la Comisión estableció la Compañía Administradora de Servicio Universal para administrar el fondo.

En julio de 2024, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, compuesto principalmente por jueces de ideología conservadora o republicana, aceptó una controversia presentada por el grupo Consumer Research, que acusa de ilegal el mecanismo de financiación y administración del fondo.

El juez Andrew Oldham dijo que el método de financiación del USF implica facultades inconstitucionales de la FCC. El juzgado consideró que las contribuciones de los operadores son una forma de impuesto y, al ser una facultad que reside sólo en el Congreso, la Comisión no tendría autorizada su recaudación. En ese sentido, señaló que “la combinación de la amplia delegación del Congreso a la FCC y la subdelegación de la FCC a entidades privadas ciertamente equivale a una violación constitucional”.

El caso ya había sido desechado por otras dos jurisdicciones. El gobierno del presidente Joe Biden impulsó una apelación de la sentencia, por lo que se espera que sea discutida en la Suprema Corte, probablemente en marzo del próximo año.

“Me complace que la Suprema Corte revise la decisión errónea del Quinto Circuito. Durante décadas, ha habido un amplio apoyo bipartidista para el Fondo de Servicio Universal y la FCC que ayudan a que las comunicaciones lleguen a los hogares más rurales y menos conectados de los Estados Unidos, así como a hospitales, escuelas y bibliotecas de todo el país. Tengo la esperanza de que la Suprema Corte anule la decisión que pone en peligro este sistema vital”, señala la presidenta saliente de la FCC, Jessica Rosenworcel.

La discusión del caso se presenta en un contexto de cambio de administración, en la que el presidente entrante Donald Trump, alineado con una ideología conservadora, buscará reducir el alcance y burocracia del gobierno. Al centro del debate se encuentra la “doctrina de la no delegación” (non delegation doctrine), la cual establece que el gobierno no puede delegar sus funciones constitucionales a otra entidad.

En ese sentido, al considerar que la Corte se compone actualmente por una supermayoría conservadora, se espera que la resolución favorezca la queja de Consumer Research. Aunque no está claro cómo una sentencia en contra de la FCC pueda afectar al USF, se espera que la resolución tenga un impacto más amplio sobre la labor de otras agencias del gobierno estadounidense.

La última vez que el Tribunal Supremo invocó lo que se conoce como doctrina de no delegación para anular una ley federal fue en 1935.

Proyectos de implementación y expansión de centros de datos en Brasil ahora pueden solicitar subsidio del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST). La inclusión del dispositivo en los objetivos estratégicos del fondo hasta 2027, que prevé una serie de políticas públicas digitales, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) este lunes 2 de septiembre.

Otros objetivos a alcanzarse en cinco años, que ya están siendo contados desde 2022 por fuerza de la Ordenanza MCom 6,098, contemplan la expansión de la cobertura del servicio móvil personal (SMP), la conexión de puntos públicos de interés con banda ancha y la conectividad de personas en situación de vulnerabilidad social.

La decisión firmada por el ministro Juscelino Filho converge con la de la Secretaría del Gobierno Digital que, en julio, también publicó una ordenanza recomendando a los estados y municipios que tracen estrategias de almacenamiento de datos considerando la soberanía del país, además de la seguridad.

El gobierno ha implementado una serie de programas y estrategias digitales para ser cumplidos hasta el final del mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estos pasan por inversiones en la producción de semiconductores, la expansión de las más recientes tecnologías de redes móviles e Inteligencia Artificial, entre otras políticas de conectividad.