El Mercurio

La Fiscalía procesó a Édison T. por el delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos (grooming). El acusado fue detenido en un operativo ejecutado en coordinación con la Policía Nacional, la madrugada del pasado martes 17 de mayo, en el sector de la Mitad del Mundo, al norte de Quito.

Según un informe de la Fiscalía, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 7), Sandra Velasco, presentó como elementos de convicción: las pericias de audio, video y afines practicadas a los dispositivos electrónicos, que contendría imágenes de una menor de edad en las que aparece desnuda, mismos que se encuentran en cadena de custodia.

Además, se expuso el parte de detención, informes telefónicos y el acta de evidencias, entre otros.

El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Édison T. La instrucción fiscal durará 90 días.

Después de seis meses de investigaciones, fue identificado el lugar de los hechos. El procesado se hacía pasar por mujer para obtener las fotografías de una menor de edad, quien denunció que el hombre la amenazaba sino enviaba dichas imágenes.

En el celular del implicado se encontró material pornográfico.

Consulta más información aquí.

El Deber Carla Paz Vargas

La Fiscalía General del Estado ha firmado una serie de convenios con empresas e instituciones para interconectar la información que generan sus usuarios y clientes con el sistema informático Justicia Libre. El último de los acuerdos fue firmado el martes con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Desde el Ministerio Público explicaron que a lo largo de este año se suscribieron convenios con varias instituciones entre ellas el Servicio General de Identificación Personal y de Licencias para Conducir (Segip), Entel, Viva, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la UIF, la Policía boliviana, universidades, alcaldías, gobernaciones, entre otras, en el marco de la interoperabilidad.

La institución indica que sus acciones se ejecutan en el marco del Gobierno Electrónico y la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal. “La Fiscalía General del Estado, a través del sistema informático ‘Justicia Libre’ contribuye a llevar adelante el seguimiento de casos vía online para acceso del mundo litigante, de la misma manera, lo que se pretende con las instituciones públicas y privadas, es facilitar todo tipo de trámites e información que coadyuven a la desburocratización de la información con el mecanismo de la interoperabilidad”, afirma una comunicación enviada a EL DEBER.

Efectivamente, desde la telefónica Viva señalaron que está vigente un convenio con la Fiscalía General del Estado para digitalizar los procesos de ingreso de archivos al sistema informático del Ministerio Público. “Este envío de archivos solo se efectúa a requerimiento formal y escrito de la Fiscalía y condicionado al cumplimiento estricto de la Ley de Telecomunicaciones, la que, entre otros aspectos, vela por la privacidad de la información de los usuarios”, afirma.

Asimismo, se consultó a la ASFI sobre un posible acuerdo con la Fiscalía e indicaron que no se ha firmado ninguno.

Sobre el tema, el abogado Iver von Borries, precisó que la Fiscalía está generando una “base de datos maestra” para acceder a todo tipo de información personal de los ciudadanos.

En criterio del jurista Mauricio Saldaña se entiendo que (la Fiscalía) va a poder acceder a información que esté en la base datos, pero considera que dependiendo de lo que encuentren tendrán que solicitar cierta información a través de requerimiento fiscal. “Pensaría que si encuentran algo sospechoso ahí recién inician proceso y ahí ya entra Fiscalía y jueces”, sostuvo.

Convenio con la UIF

El martes, el Ministerio Público y la UIF firmaron un convenio. Desde la Fiscalía indicaron que el acuerdo permite el acceso a información y datos a través y en el marco de la interoperabilidad de los sistemas informáticos de ambas instituciones para que permitan mejorar el trabajo investigativo.

En este sentido, negaron que la medida se realice en el marco del proyecto de ley de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, cuyo tratamiento está suspendido en el Senado.

Desde la UIF explicaron que se trata de una renovación de convenio que ya se había firmado en 2012 y descartaron que la medida requiera la promulgación de la ley contra las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. “El objetivo es establecer mecanismos oportunos y seguros para remitir informes de inteligencia financiera patrimonial. Es un acto dentro de la normativa vigente”, explica el comunicado oficial.

Sobre el tema, el abogado constitucionalista Williams Bascopé considera que la cooperación interinstitucional siempre ha existido, pero lo que no se puede transferir ni atribuir es competencia entre instituciones. “La Fiscalía investiga delitos de carácter público privado en el ámbito de la jurisdicción y control de un juez y la UIF hace su recolección de datos o investigación, pero sin trasgredir normas”, señaló.

Observó que el tema de asumir datos de todos los ciudadanos invade la privacidad. “Su ámbito de la UIF es en el ámbito financiero y económico, no tiene que ver temas patrimonionales. Lo que está haciendo la Fiscalía y la UIF puede ir más allá de lo permitido e ir contra la Constitución y la legalidad de sus atribuciones, porque invade la privacidad de los bolivianos”, sostuvo.

Bascopé considera que lamentablemente el gobierno de Luis Arce Catacora está empeñado en acceder a toda la información de todos los ciudadanos, lo que no se puede permitir porque es peligroso y hay hay un desequilibrio de poderes. “Ya están queriendo quitar Derechos Reales, manejan Fundempresa, quitaron Notariado y están controlando”, enfatizó.

El abogado Iver von Borries considera que el convenio entre Fiscalía y UIF se enmarca en acciones normales y no deberían representar un riesgo. “El riesgo real, desde una perspectiva pragmática es que se utilicen estas normas con fines políticos, para vulnerar derechos o pretender dañar patrimonialmente a personas que no comulguen con la ideología del Gobierno de turno”.

En la misma línea, el abogado Saldaña precisa que la firma de convenio le va a dar la potestad a los funcionarios de la UIF a acceder al sistema informático de la Fiscalía y que ya no van a tener que pedir la información por el conducto regular. “En pocas palabras la UIF se está convirtiendo en una institución superpoderosa que tendrá la capacidad de acceder a cualquier información de los ciudadanos y estará por encima de las otras instituciones”, expresó.

En una opinión personal- el profesional- cree que se debería mantener el sistema de contrapesos y control judicial que para acceder a cierta información tiene que ser con una orden de un Juez o Fiscal dependiendo de cada caso, entonces se tiene cierta supervisión y control de dichos funcionarios a los requerimientos de los dependientes de la UIF.

Principio de confidencialidad

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que el documento firmado con la UIF es parte de los requisitos que Bolivia debe cumplir para la ‘evaluación país’.

“Este año vamos a empezar con la primera ronda. Entonces, para eso es el convenio”, indicó.

Consultado sobre la alerta de los expertos en sentido de que la UIF acceda a más información y que se utilice con fines políticos, dijo que “ese es otro tema”. “Nosotros trabajamos bajo principios de confidencialidad, eso dice el artículo 9 de la Ley 260 y estamos sujetos a esa normativa”, agregó.

Erbol

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Director Ejecutivo Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), Bladimir Magne Molina, suscribieron hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tiene por objetivo el uso e implementación de los Certificados Digitales y la Firma Digital mediante registros informáticos de usuario, contraseña y permisos digitales para el Ministerio Público.

“El Convenio nos permite acercarnos más a la tecnología porque estar de lado de la ADSIB nos va permitir no solo una capacitación, sino la implementación de los certificados con firmas digitales para acercar más la justicia a las personas, transparentar las actuaciones fiscales y generar mayor seguridad en las actuaciones”, dijo el Lanchipa.

La autoridad, agregó que el Ministerio Público pretende implementar la firma digital en todos los documentos e instancias ya que se tienen grandes distancias, pero la ADSIB es la encargada de acercar y estrechar las brechas entre las regiones de las diferentes instituciones. 

Por su parte, el Director Ejecutivo (ADSIB), Bladimir Magne Molina, destacó que la Firma Digital es un instrumento que ayuda a las instituciones a ser más transparentes y eficientes, tomando en cuenta que la Firma Digital a partir de la Ley Nº 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación), tiene un valor jurídico y probatorio similar al de una firma manuscrita. Un documento firmado digitalmente es imposible alterar su contenido, lo que da una seguridad alta.

“El Convenio que firmamos es un compromiso de la ADSIB que está generando con el Ministerio Público para ayudarles a generar sistemas informáticos en los cuáles puedan utilizar la Firma Digital como un nivel más de seguridad y se generará las capacitaciones que se requieran”, señaló  Magne. 

El Convenio también estipula la elaboración e implementación de campañas, planes y unificaciones de acciones específicas para los procesos o servicios que brinda el Ministerio Público.

La Razón

El exgerente de la estatal Entel Eddy Luis Franco negó que haya firmado el desembolso de recursos a una empresa “fantasma” y aseguró que sus acciones estuvieron enmarcadas en la ley. La Fiscalía pedirá su aprehensión por seis meses y anunció que se lo imputará por los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Juan Marcelo Zurita, abogado de Franco, se reunió esta noche con su cliente en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde aguarda su audiencia cautelar. “Tiene la conciencia tranquila de todos los actos que ha realizado, los actos han sido apegados a la legalidad”, aseguró el jurista, contratado en las últimas horas.

Mientras que el fiscal Sergio Bustillos anunció que pedirá la detención preventiva del exgerente de Entel y reveló que el acusado negó que sea su firma la que aparece en las autorizaciones de pago, que suma $us 390.000, para una revisión que no se hizo de la instalación de la red de fibra óptica de Bolivia “en los nodos” en Perú.

Franco fue designado por la expresidenta Jeanine Áñez.

Al momento Carola Gabriela V. F., exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, fue aprehendida y remitida a la cárcel acusada de transferir a los recursos de Entel a una “empresa fantasma”, representada por Cesar Antonio G. P..

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que en las declaraciones de Franco se menciona al exministro y alcalde Iván Arias, por lo que cree debe ser citado para aclarar lo ocurrido.

“Tendrá que ir a declarar el señor Iván Arias, actual alcalde de La Paz para ver el tema de desvío de fondos”, sostuvo el ministro.

La Fiscal General, Maura Healey, presentó una demanda contra Uber y Lyft en Massachusetts, Estados Unidos, la cual busca que los conductores de las compañías de transporte se rijan bajo las leyes de salarios y horarios de los estados, para así acceder a derechos y beneficios como salario mínimo, horas extras e incapacidad pagada por enfermedad.

“Uber y Lyft han construido sus negocios de miles de millones de dólares mientras niegan a sus conductores protecciones y beneficios básicos para los empleados durante años”, señaló la fiscal. “Este modelo de negocio es injusto y explotador. Estamos buscando esta determinación de la corte porque estos conductores tienen derecho a ser tratados de manera justa”.

Según las leyes de Massachusetts, un trabajador que brinda algún servicio a otra parte es un empleado y no puede ser clasificado como contratista independiente, a menos que cuente con las siguientes características:

• El trabajador es libre de su dirección y control
• Los servicios que realiza el trabajador están fuera del curso habitual de su negocio
• El trabajador se dedica habitualmente a un comercio, ocupación o negocio establecido independientemente de la misma naturaleza que el servicio que presta a la parte.

De acuerdo con la queja, los conductores de Uber y Lyft no están libres de la dirección y el control de las compañías; además, los conductores deben celebrar acuerdos estandarizados que establezcan términos y condiciones no negociados. Estos estándares de desempeño y las disposiciones de arbitraje forzoso de las compañías impiden a los conductores entablar un litigio privado para hacer cumplir sus derechos bajo las leyes estatales de salarios y horas.

Por su parte, ambas compañías afirman que los conductores establecen sus horarios de trabajo; sin embargo, monitorean de cerca las actividades de los conductores por medio de la aplicación y ofrecen incentivos monetarios para inducir a los conductores a trabajar en horarios que benefician directamente a las compañías.

Asimismo, las compañías pueden penalizar a los conductores por no aceptar suficientes viajes, cancelar demasiados viajes, no mantener las calificaciones de satisfacción del cliente o participar en cualquier comportamiento que las compañías determinen como motivo de suspensión o terminación.

Recientemente, Uber y Lyft comenzaron a ofrecer a los conductores permisos pagados ante la contingencia por Covid-19; no obstante, incluso esas nuevas políticas incumplen la ley de Massachusetts de tiempo por enfermedad.

La oficina de la fiscal General busca una sentencia declaratoria que ordene a Uber y Lyft reclasificar a los conductores como empleados, poniendo a disposición los beneficios y protecciones que brindan las leyes.

Ambas empresas anunciaron planes para gastar 100 millones de dólares para anular una ley de California que protege a los trabajadores de la clasificación errónea.