Tras la disolución de múltiples fondos fiduciarios, el Ministerio de Economía de Argentina dispuso que los activos de estos instrumentos serán transferidos al Tesoro.

La dependencia emitió una resolución mediante la cual reglamenta cómo se liquidarán los fondos fiduciarios públicos disueltos, y detalla pasos jurídicos, administrativos y financieros.

A través de la Resolución 1085/2025, el gobierno estableció una transición ordenada entre la disolución de los fideicomisos y la reintegración de sus bienes y obligaciones al Estado Nacional.

Particularmente, el artículo 4 del anexo de dicha resolución señala que los activos de los fondos fiduciarios disueltos serán transferidos al Tesoro Nacional.

“Las sumas líquidas, tenencias en títulos públicos y otros activos financieros representativos de inversiones de los fondos fiduciarios disueltos se considerarán de libre disponibilidad para el Tesoro Nacional”, dice el documento.

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Además, se indica que estos activos deben ser transferidos a las cuentas que indique la Tesorería General de la Nación antes de firmar el acta de transferencia correspondiente.

No obstante, el documento aclara que las acciones y otras acreencias no comprendidas en ese grupo serán destinadas según disponga la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, estas reglas buscan garantizar la transparencia y responsabilidad patrimonial de los fondos.

En ese sentido, se define un proceso posdisolutorio, una fase de transición diseñada para ordenar el cierre administrativo y legal de un fondo fiduciario disuelto, garantizando que se cumplan los compromisos pendientes y se preparen los activos para su traspaso al Estado. Este es un paso clave para que la liquidación posterior pueda realizarse correctamente.

Los problemas del FFSU, según el gobierno

Aunque la resolución establece medidas para la liquidación de los fondos fiduciarios, estas no aplican para el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).

En marzo de este año, el gobierno emitió la Resolución 241/2025, que exceptúa al FFSU en particular del artículo 4 del anexo antes mencionado, lo que significa que sus activos no irán al Tesoro. Aun así, este fondo permanece disuelto y en liquidación.

El Fondo Fiduciario de Servicio Universal es uno de los varios fondos que el gobierno ha disuelto durante los últimos meses, en el marco de un proceso de revisión y saneamiento de los recursos públicos.

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Según el gobierno nacional, la gestión del FFSU tenía múltiples deficiencias; entre ellas, la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; así como pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones.

Por esa razón, el gobierno concluyó que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitiría mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia. 

El FFSU se nutría de aportes de las empresas licenciatarias de servicios de telecomunicaciones. Aunque se disolvió en enero, las compañías han continuado pagando sus respectivas aportaciones.

Buenos Aires, Argentina.- “Estamos expectantes, falta un trabajo de revisión más profundo” de las políticas y regulaciones que atañen al sector, dijo a las autoridades Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), en la presentación de Internet Day.

“Queremos detalles de lo que ocurrirá con los recursos del Fondo de Servicio Universal, necesitamos saber qué va a pasar con el espectro y cómo vamos a hacer para tener movilidad todos los actores. Procuramos que se asegure la competencia y abogamos por una revisión regulatoria que considere las asimetrías mientras aguardamos los llamados a consulta para lograr mejores políticas”, sentenció.

Al mismo tiempo, pidió atender el problema de la presión tributaria, la cual “a contramano de los tiempos, está cambiando al alza”, y valoró la importancia de las redes de telecomunicaciones como habilitador de otros servicios y desarrollos como Inteligencia Artificial. “Podemos y debemos trabajar en lograr los objetivos. Compartimos la premisa de universalizar el acceso”, concluyó.

Desafíos del sector telco

“Tenemos mercados maduros, de bajo crecimiento y necesidad de mucha inversión”, resaltó Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, en el marco de un panel en el que se debatió la realidad y el futuro del sector de las telecomunicaciones en Argentina. Los oradores coincidieron en la necesidad de repensar las estrategias e impulsar reglas favorables para la inclusión digital.

“Estamos en un escenario propicio para la consolidación”, expuso Carrier luego de hacer un recorrido por las dificultades que han atravesado distintos operadores en la región y el mundo. Detalló que el escenario local es similar al de otras latitudes: alta necesidad de inversión con menos recursos, mercados saturados y competencia que redunda en presión sobre los precios, pocas empresas dispuestas a ingresar y pymes operando bajo presión.

“Hay muchos sectores que van a necesitar conectividad”, valoró en su turno Agustín Siboldi, socio del Estudio O´Farrell. Consideró que, aún sobre esa base, “el desafío en Argentina es importante”. El ejecutivo hizo énfasis en la importancia de contar con autoridades sectoriales (de telecomunicaciones y de competencia) con perfil técnico y elegidos por concurso para salir de la trampa de “contar con un set de normas interesantes, pero dificultades para aplicarlas”.

En su turno, Lorena Torres López, de BlueNote MC, destacó algunas prácticas que han resultado exitosas para reducir la brecha en la región, como el pago con obligaciones por hacer o las subastas de espectro sin fines recaudatorios. También pidió, en sintonía con el resto, simplificación regulatoria y menos trabas para el despliegue de infraestructura. Consideró clave, además, contar con información más precisa sobre la realidad en materia de conectividad para tomar mejores decisiones.

Durante el encuentro, se conversó sobre el desafío de hacer crecer el ingreso medio por usuario (ARPU), y la proliferación de soluciones satelitales que, a criterio de los ponentes, “reducen el desafío de geográfico, pero no el socioeconómico”.

Tan rápido como pudieron, Telecom y Telefónica contestaron a las acusaciones del gobierno argentino, que señaló ayer a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que estas empresas debían unos 3 mil millones de pesos (hoy 3.05 millones de dólares) en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). Ambas señalaron que “han cumplido siempre” con sus obligaciones en el país.

Desde Telecom indicaron que aportó 12 mil millones de pesos (12.2 millones de dólares)  al FFSU en lo que va de 2024, lo que la convierte en el “principal aportante” al Fondo. Agregaron que “respecto de la deuda (señalada por Adorni), ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado las prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”.

El operador destacó inversiones por más de 6 mil millones de dólares en el país entre 2017 y 2023 y defendió que “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las declaraciones juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.

Ante la consulta de DPL News, Telefónica contestó que “hizo los pagos correspondientes desde el primer momento en que se constituyó el FFSU” y “cumplió desde el origen con los programas de Servicio Universal definidos en la regulación vigente en cada momento”. También marcó que presentó al regulador declaraciones juradas correspondientes y que “la autoridad realizó observaciones” que fueron respondidas en procedimientos administrativos que todavía están en trámite.

En la conferencia, Adorni señaló que por las irregularidades detectadas en la actividad del regulador Enacom durante la intervención, se iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones. Además, anunció que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avanzará en un proceso de “exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”.

El gobierno también anunció que dispondrá de los 100 MHz en 3.5 GHz que le habían sido reservados a Arsat a través de la Resolución 1289/2023. Lo mismo ocurrirá con los otros 50 MHz que están en manos del Enacom —se trataría del bloque no adjudicado en la última subasta—.  También se “relicitará el contrato para la provisión de servicios de conectividad en 16 mil escuelas del país”, entre otras medidas.

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, Claudio Ambrosini, encabezó un acto en el que anunció que ya son mil 211 los barrios vulnerables alcanzados por el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a Villas y Asentamientos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Lo acompañaron el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, y la intendenta de Malvinas Argentinas, Noelia Correa.

El hito es consecuencia de 83 proyectos puestos en marcha con un financiamiento disponible de 12 mil millones de pesos (hoy 51 millones de dólares), provenientes del Fondo de Servicios Universal (FFSU). Desde que se presentó el programa, en junio de 2020, se conectaron a unas 2 millones de personas además de 252 escuelas, 141 centros de salud y hospitales y 83 puestos de seguridad.

“Hicimos esto porque creemos en un principio que es el de empezar por los que menos tienen”, dijo el titular del Enacom, Claudio Ambrosini. Cheppi agregó que “los barrios conectados tienen claramente el componente de talento y recurso humano que hoy nos caracteriza y nos pone muy competitivos en el mundo y en la región. Esto nos permite realizar exportaciones por 7 mil millones de dólares que impactan en las arcas del Estado”.

Enacom también presentó datos consolidados de su inversión a través del FFSU: se lanzaron 20 programas que beneficiaron a 5.7 millones de personas. El número de proyectos aprobados asciende a 306, con alcance en 820 localidades del país. El monto total invertido es de 31 mil 672.8 millones de pesos (134.6 millones de dólares) y el ejecutado de 10 mil 983.2 millones de pesos (46.6 millones de dólares).

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina abrirá la convocatoria para que los prestadores de servicios TIC participen en el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales Indígenas”.

La convocatoria se abrirá el 1 de agosto y estará disponible por un plazo de 30 días. Para el programa se destinarán mil millones de pesos (7.6 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para promover la independencia tecnológica y productiva en zonas rurales de baja densidad en general y comunidades campesino-indígenas desatendidas.

El programa fue elaborado por la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del Enacom con la finalidad de promover el derecho a la comunicación y a las telecomunicaciones, mediante el acceso a las TIC.

El Ente detalló que logrará este objetivo a través de la entrega de gabinetes integrales TIC a las comunidades elegidas que no posean conocimientos tecnológicos ni respecto al mantenimiento.

Los espacios estarán equipados con computadoras de escritorio con el sistema operativo y software de ofimática, un sistema de captura y producción de audio profesional para ser conectado a las PC, un sistema de proyección de video HD y un sistema de proyección de audio y video.

Las comunidades beneficiarias del programa serán las de hasta 2 mil habitantes inscritas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF), así como las comunidades originarias inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI) y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

Argentina creó el Programa de Expansión de la Red Federal de Fibra Óptica para Cruces Fronterizos, que tiene un presupuesto de mil 500 millones de pesos (12.5 millones de dólares) provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). 

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El regulador argentino aprobó la primera etapa del programa, cuyo objetivo es implementar proyectos que permitan brindar conectividad en controles de frontera y zonas estratégicas en pasos fronterizos, mediante su publicación en el Boletín Oficial.

También busca incrementar la cobertura y mejorar la calidad del acceso a Internet de banda ancha en aquellas zonas de menor interés para los operadores privados.

Las provincias que serán beneficiadas con este programa son: Jujuy, de frontera con Bolivia; y Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Catamarca, colindantes con Chile.

Mientras que los cruces abordados son: para Bolivia, Paso de Jama y Susques, y para Chile, Trevelin-Futuleufú, Icalma Pino-Hachado, Monte Aymond-Paso, Internacional Integración Austral, Pehuenche-Bardas Blancas y el Paso de San Francisco.

El programa busca generar las condiciones para que los controles de frontera cuenten con infraestructura que permita el acceso a Internet; mejorar la calidad de las funciones que desarrollan a través del acceso a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la provisión del equipamiento necesario, así como su instalación y conexión.

Los beneficiarios tendrán un mejor desarrollo de sus funciones y prestaciones a través del acceso a Internet y también se beneficiarán todos aquellos que resulten licenciatarios de los servicios TIC de las áreas seleccionadas.

El programa también aspira a cerrar los anillos de fibras ópticas regionales para garantizar la redundancia de redes.

Tras una nueva reunión del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, se aprobó el destino de 479.3 millones de pesos (4.5 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para distintos programas de conectividad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y San Juan. También se ampliaron montos ejecutables por proyecto.

Son 11 los beneficiados a través de cuatro proyectos en marcha por parte del regulador: el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), el de Acceso a Internet para Instituciones Públicas, el Programa Conectividad y el Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas.

En la misma reunión se determinó la actualización de los montos destinados a los diversos programas para “lograr satisfacer las urgencias en materia de conectividad de cada ámbito”, dijo el Enacom y añadió que la acción es consecuencia del “incremento de costos para el despliegue” y la demanda por “apoyo estatal que requiere el sector”.

En concreto, se amplió 50 por ciento el aporte no reembolsable (ANR) máximo por localidad e igual porcentaje de aumento se fijó como máximo para empresas con participación del Estado. En tanto, el cambio fue de 25 por ciento para proyectos que involucran a instituciones públicas y hasta de 50 por ciento para propuestas a favor de barrios populares. El máximo para proyectos de pequeños licenciatarios ahora es de 7 millones de pesos (70 mil 775 dólares), un 40 por ciento más.

En paralelo, se sancionó  el reglamento particular para la convocatoria en relación al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que tiene como foco el apoyo y fomento de la gestión de medios radiofónicos y audiovisuales, y se abrieron concursos para la adjudicación de licencias FM en Catamarca, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina continúa avanzando con sus cuatro proyectos de conectividad para mejorar las condiciones de los servicios en medio de la pandemia por la Covid-19.

Ahora, lanzó la convocatoria a interesados para participar del “Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas”, el cual cuenta con un presupuesto total de 2 mil millones de pesos (26 millones de dólares), financiado a través del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).

De los cuatro programas que lanzó el Enacom, el de conectividad a instituciones públicas es el de mayor presupuesto. En entrevista con DPL News en junio pasado, el Presidente del organismo, Claudio Ambrosini, había anticipado que este proyecto busca preparar las instalaciones a la “nueva normalidad”, por ejemplo, con la conectividad de los centros educativos para adelantarse a la metodología mixta de presencia.

Según el regulador, el objetivo de la iniciativa es propiciar la implementación de proyectos que tengan por finalidad el acceso, despliegue y/o actualización de infraestructura de conectividad, que permita el acceso a Internet a instituciones públicas con el fin de lograr un mejor desarrollo de sus funciones; propiciar la instalación de “pisos tecnológicos” y despliegue interno de redes dentro de las mismas; reducir la brecha digital, posibilitando el acceso equitativo, asequible y de calidad a los servicios TIC, y favorecer la cooperación dinámica entre distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) para el cumplimiento de sus misiones y funciones, entre otros.

Podrán participar del proyecto empresas que cuenten con licencia de servicios TIC y registro del Servicio de Valor Agregado-Acceso a Internet. El monto mínimo a financiar será de 300 mil pesos (4 mil dólares) y el máximo, de 80 millones de pesos (1 millón de dólares) por proyecto, lo cual podrá abarcar más de una institución pública y financiar el total de las inversiones requeridas.