Fuente: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que a partir del año 2026 la institución ejecutará, junto a otras entidades del Estado, una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales.

El órgano regulador explicó que esta estrategia estará centrada en la educación y concientización de la ciudadanía, así como en el fortalecimiento y la actualización del marco legal, a fin de que este contribuya de manera firme, coordinada y eficaz al combate de los delitos digitales en República Dominicana.

La institución expresó que estas medidas surgen en un contexto de crecimiento preocupante de prácticas ilícitas que afectan la seguridad, la reputación y los derechos fundamentales de las personas e instituciones.

Subrayó que el conocimiento de la ley, la concientización y la educación son herramientas esenciales para proteger a la nación frente a este flagelo, y que la creación de alianzas estratégicas con instituciones clave será determinante para perseguir y erradicar la extorsión digital.

El Indotel indicó que en esta campaña participarán de manera activa el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras entidades del Estado.

Enfatizó la necesidad de enfrentar con rigor y determinación lo que denominó el “negocio de la extorsión”, señalando que la ciberdelincuencia recurre cada vez a mecanismos más sofisticados, como el uso de imágenes manipuladas y herramientas de inteligencia artificial.

Dijo que, por esta razón, se impulsarán iniciativas y esfuerzos interinstitucionales dirigidos a enfrentar de manera sostenida, coordinada y efectiva esta dañina e ilegal práctica.

En ese mismo orden, se informó que los esfuerzos estarán orientados a la conformación de una alianza interinstitucional sólida, que permita frenar de manera definitiva cualquier intento de arraigo de estas acciones ilícitas dentro del ecosistema digital del país.

La campaña surge ante la preocupación de que República Dominicana haya registrado la mayor cantidad de víctimas de fraude digital en el continente americano durante el segundo semestre de 2024, situación que de acuerdo al Indotel exige una respuesta contundente y responsable por parte del Estado.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó el 25 de diciembre de 2025 una norma que obliga a los operadores a dar de baja líneas y bloquear celulares vinculados a delitos en un plazo máximo de un día calendario, para frenar su uso delictivo. 

La resolución (Resol. 000134-2025-CD/OSIPTEL) ordena a las empresas ejecutar la baja del servicio y/o el bloqueo del IMEI cuando lo soliciten autoridades competentes (Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial o INPE) y obliga a responder en un plazo máximo de un día calendario. 

El procedimiento se articula a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renseteg). El Osiptel traslada la orden al operador por ese mecanismo. El dispositivo o la línea deberá reactivarse en un día calendario si la entidad competente solicita la reversión dentro de los 90 días siguientes. 

Los operadores deben notificar al usuario el motivo, la fecha y los canales para formular objeciones. 

La norma refuerza y hace operable el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, publicado el 21 de noviembre de 2025, que estableció los lineamientos para la baja temporal de servicios y el bloqueo de equipos utilizados en delitos. 

Ese decreto definió las entidades que pueden solicitar bloqueos y los mecanismos de verificación policial previos.

Desde abril de 2025, el Osiptel y el Ejecutivo han ordenado bloqueos masivos. En 2025 se han reportado más de 2.5 millones de equipos bloqueados por no figurar en la “lista blanca” del Renseteg.

Durante el estado de emergencia se registraron más de 650,000 equipos bloqueados y decenas de miles de solicitudes de suspensión por uso en extorsión y sicariato. 

La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Ejecutivo medidas que garanticen los derechos de usuarios cuyos equipos fueron adquiridos en el exterior o no fueron registrados por importadores, para que no se vean afectados por el despliegue del Renseteg. 

Los operadores deberán procesar órdenes judiciales y administrativas con rapidez y sin errores. El regulador prevé sanciones por incumplimiento de plazos, falta de notificación o ausencia de reporte al Renseteg.

La norma acorta plazos y busca cerrar canales que alimentan el delito con servicios móviles. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

En el marco de las acciones implementadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron una mesa de trabajo orientada a intensificar la lucha contra la extorsión a través del uso indebido de servicios de telecomunicaciones.

La reunión, encabezada por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC y la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia (DICID) de la PNP, tuvo como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional para frenar los mensajes extorsivos que se difunden mediante plataformas digitales, en especial aplicaciones de mensajería instantánea.

Durante el encuentro, ambas instituciones coordinaron los requerimientos que serán formulados a la empresa Meta, que podría bloquear diferentes cuentas con la finalidad de limitar el uso de la aplicación WhatsApp para actividades delictivas, en concordancia con el marco legal vigente.

“Desde el sector Comunicaciones estamos poniendo nuestras capacidades técnicas al servicio de una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Estas acciones permitirán que la PNP y el INPE cuenten con herramientas concretas para enfrentar a las organizaciones criminales desde el ámbito de las telecomunicaciones”, señaló el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli.

En ese sentido, se acordó la ejecución de acciones conjuntas vinculadas al Estado de Emergencia, enfocadas en la medición del uso de bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios y en la detección de infraestructura ilegal de telecomunicaciones, medidas clave para cortar las comunicaciones empleadas por organizaciones criminales.

Como parte del fortalecimiento de estas acciones, el MTC viene coordinando capacitaciones técnicas dirigida a personal de la PNP y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), orientada a la instalación de antenas Wi-Fi en los alrededores de los penales, con el fin de mejorar el control y la supervisión del entorno.

De esta manera, el MTC reafirma su compromiso con las políticas impulsadas por el Ejecutivo para garantizar la seguridad de la población, combatir la extorsión y contribuir a la construcción de un país más seguro y en paz.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Telecomunicaciones, obligando a los operadores a dar acceso a sus registros de información a las autoridades judiciales.

Publicada en la Gaceta Oficial, la medida, avalada en dictamen afirmativo por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, busca establecer el acceso obligatorio —y en tiempo real— a datos sensibles como localización, registros de tráfico y direcciones IP, a solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Público —y, por delegación, los cuerpos policiales de investigación— podrá requerir a los operadores datos sobre usuarios finales, incluyendo tráfico nacional e internacional, geolocalización, y direcciones IP, públicas y privadas.

Los operadores estarán obligados a conservar esta información por tres años, y, si no cuentan con la infraestructura tecnológica, tendrán un año para adecuarse.

Si las empresas incumplen con las peticiones judiciales, se considerará una “infracción muy grave”, con lo cual se refuerza la presión legal sobre los operadores para colaborar sin demoras.

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Además, la reforma crearía la Comisión Interinstitucional para la mejora de las investigaciones judiciales, compuesta por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Superintendencia de Telecomunicaciones y representantes de las empresas de telecomunicaciones.

Si bien su carácter es consultivo, su existencia institucionaliza la coordinación entre actores judiciales y privados para el acceso a información técnica y operativa.

El proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones se propone combatir los llamados “secuestros virtuales”, o extorsiones en las que se simula tener secuestrados o amenazados a familiares o amigos de las víctimas.

Pese a que la medida apunta a reducir la incidencia de este delito, también surgen inquietudes respecto a un posible debilitamiento de la privacidad ciudadana en la era digital.

La iniciativa de reforma señala que la Comisión Interinstitucional no interferirá con la autonomía del Poder Judicial ni con la independencia del OIJ, pero la posibilidad de acceder a información personal por orden del Ministerio Público o los cuerpos policiales genera serios cuestionamientos acerca de quién supervisará que estos datos no se utilicen con fines abusivos, indebidos, o fuera del contexto judicial para el que fue pensado.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de Perú manifestó su rechazo a la aprobación del dictamen recaído sobre los proyectos de ley 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que pretende establecer como delito la comercialización de chips móviles en determinados escenarios y ampliar la responsabilidad penal a los funcionarios de las operadoras móviles.

Razones

La AFIN señaló que la industria móvil ha hecho un esfuerzo por conectar a cada vez más peruanos y ha alcanzado más de 42 millones de líneas móviles, pese a las cargas impuestas bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana”, como la exigencia de la verificación biométrica en la contratación de los servicios.

En un comunicado, la Asociación expuso que “el Estado desea trasladar a la industria móvil su responsabilidad en combatir los fraudes y extorsiones bajo amenaza de pena de cárcel a los funcionarios de las empresas operadoras por hechos de terceros”, entre los que citó el hecho de que un nombre se escriba mal al momento de la contratación o que el vendedor salga de su puesto para atraer clientes.

La AFIN señaló que no puede responsabilizarse a las operadoras móviles por los delitos que cometan las personas a través de un teléfono móvil, y enfatizó que la responsabilidad penal es atribuible a quien comete una acción u omisión “y no puede aplicarse por analogía a las empresas operadoras o sus funcionarios”.

Además, explicó que, dado el avance tecnológico, ahora es posible realizar llamadas de extorsión desde otros países, usar servicios de Internet prestado por empresas informales o desde las cárceles, que son prestadas a través de supuestos abonados residenciales de WiFi.

“La solución no reside en que algunas autoridades culpen a las empresas móviles sin considerar que ello no sólo frenará las extorsiones, sino que tendrá un grave impacto en la conectividad del país. No se puede pedir mayor cobertura y mejores tecnologías como el 5G, sin condiciones mínimas de seguridad jurídica para las empresas”, asentó.

Finalmente, exhortó al Congreso de la República a incorporar un mayor análisis y debate en una mesa técnica sobre los alcances de esta iniciativa legislativa, para no perjudicar a un sector que ha invertido más de 22 mil millones de dólares en Perú.

Vaticinó que la iniciativa “no tendrá éxito en la lucha por la seguridad ciudadana” y advirtió que, de prosperar, “evidenciaría que no hay condiciones mínimas para realizar inversiones y hacer negocios en el país”, además de representar un “nefasto precedente para otras industrias y sectores”.

El Congreso de Colombia presentó el proyecto de ley 381 de 2024, que busca implementar la identificación biométrica obligatoria para la adquisición de tarjetas SIM en el país, con el objetivo de frenar delitos relacionados con el uso indebido de líneas móviles, tales como la suplantación de identidad y la extorsión telefónica.

De acuerdo con cifras presentadas en el documento, durante 2023 se registraron 4 mil 766 casos de extorsión a través de llamadas telefónicas, lo que representa 43.02 por ciento de los casos en total, seguido por la extorsión directa con 26.92 por ciento (2 mil 982 casos) y a través de redes sociales con 13.45 por ciento (mil 490 casos).

Para atender la creciente cifra de llamadas de extorsión en el país, el proyecto de ley (PL) propone dos estrategias: el registro de identificación biométrico cuando alguien compra una SIM, e identificación y alertas de llamadas provenientes de centros penitenciarios.

Registro obligatorio de datos biométricos

El proyecto de ley 381 de 2024 establece que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales (OMV), estarán obligados a registrar datos completos de los usuarios al momento de la compra de una tarjeta SIM.

Estos datos incluirán el nombre completo, número de identificación, tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, NIT o tarjeta de identidad), número de móvil, código IMEI del dispositivo, correo electrónico y, especialmente, datos biométricos para verificar la identidad de los usuarios y prevenir posibles casos de suplantación o uso fraudulento de dispositivos móviles.

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El documento hace un especial énfasis en el rol de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los OMV, dado que “son quienes tienen un papel esencial en la lucha contra el delito, pero que a pesar de las regulaciones y acceso a la información que deben proveer a la fuerza pública, no existen medidas para controlar la venta y acceso a tarjetas SIM o tecnologías similares en Colombia”.

De ser aprobado, el proyecto propone que si se incumplen estas medidas por parte de los operadores sería “considerado una infracción al régimen de telecomunicaciones, lo que resultará en sanciones, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, que regula el sector de las TIC en Colombia”.

Identificación de llamadas desde centros penitenciarios

Según estadísticas del Ministerio de Defensa, el primer semestre de 2024 ha sido el periodo con más denuncias de extorsión telefónica en los últimos tres años, registrando un incremento del 275 por ciento en comparación con el mismo semestre de 2023. Gran parte de estas extorsiones provienen de centros penitenciarios, donde los internos utilizan teléfonos móviles y tarjetas SIM ingresadas de manera ilegal.

Al respecto, el PL busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y el Ministerio de Justicia, desarrollen una estrategia que permita identificar de manera tecnológica las llamadas que se originan desde los centros penitenciarios y carcelarios.

“Esta medida no sólo alertará a los usuarios cuando reciban una llamada desde una prisión, sino que también facilitará la labor de las autoridades para rastrear y neutralizar las redes de extorsión que operan desde dentro de estos establecimientos”, detalla el documento.

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El proyecto de ley cita cifras de la GSMA, que en 2016 reportó que 160 países han implementado algún tipo de registro obligatorio para la compra de tarjetas SIM, y más de 30 exigen la recopilación de datos biométricos, como huellas dactilares o escaneos faciales.

Y ahora, ¿qué sigue?

Aunque la propuesta propone estrategias y soluciones puntuales por parte de los operadores móviles y de otros actores del sector como el Ministerio TIC, aún no es muy claro cuál será el rol de las autoridades penitenciarias y otras instituciones encargadas de controlar directamente lo que sucede dentro de los centros de reclusión.

Si bien los operadores de telecomunicaciones pueden ayudar a identificar y bloquear llamadas sospechosas o proveer datos cuando se requiere, la responsabilidad principal de impedir que los internos tengan acceso a teléfonos móviles y SIMs ilegales recae en las autoridades penitenciarias.

Sin un control estricto al interior de las cárceles, los mecanismos tecnológicos y las normativas impuestas a las telecomunicaciones pueden ser insuficientes.

Esto podría ser uno de los puntos a agregar en los debates sobre este proyecto que iniciarán en los próximos días.

Fuente: Prensa MinTIC

De cara a mejorar la seguridad de los comerciantes en Barranquilla, y desde ahí en el país, el Ministro TIC, Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano), propuso la creación de una aplicación para luchar contra la extorsión: “El 68% de la extorsión viene de las cárceles. Por eso, le he propuesto a Barranquilla, que es una de las ciudades donde hay mayor extorsión, mayores índices de inseguridad, que creemos una aplicación para contrarrestar la extorsión, para que tengamos herramientas tecnológicas de denuncia y seguimiento. Vamos a construir esa propuesta tecnológica, porque la única forma de atacar el crimen es a través de la tecnología“, puntualizó el jefe de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Esta propuesta se suma al reciente acuerdo al que llegaron el Ministro Lizcano y el director general de la Policía Nacional, General William Salamanca, para desarrollar, de manera conjunta, el primer protocolo a nivel mundial contra ransomware, luchar contra la práctica delictiva de secuestrar datos y pedir después una recompensa. Este trabajo conjunto incluye el fortalecimiento de la línea 123 para atacar el ciberdelito.

Lee más.

La Nación

Un proyecto de ley “que regula la acti­vación de líneas de telefonía celular” se encuen­tra en estudio en la Cámara de Diputados. La iniciativa es impulsada por el colorado Walter Harms.

El proyecto aguarda ser estudiado en plena­ria, teniendo en cuenta el incremento de denun­cias sobre estafas realiza­das con números telefóni­cos (celulares), habilitados irregularmente con identi­dades falsas o utilizadas de manera indebida.

Igualmente, los casos de extorsiones que se perpe­tran ya sea desde el interior de las cárceles, así como por parte de grupos especializa­dos en cometer todo tipo de “aprietes”, como los episo­dios de sextorsión que pulu­lan en los últimos tiempos.

En la actualidad no existe prácticamente impedi­mento para habilitar chips sin muchos trámites.

El parlamentario explicó que el proyecto de ley pre­tende regular la activación de líneas de telefonía celu­lar a fin de evitar el uso indebido de identidad de las personas.

“Se establece que la acti­vación de la línea de telefo­nía celular sea un acto for­mal, personalísimo, y evitar así que personas con malas intenciones utilicen la iden­tidad de terceros para fines delictivos”, destacó.

La legislación prevé que las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular deberán exigir al usuario la presentación de la cédula de identidad vigente y una foto­copia de la misma.

Igualmente, se deberá com­pletar formularios elabora­dos para el efecto, los cuales deberán contener datos per­sonales, una referencia per­sonal y la firma del solicitante ante el responsable de la acti­vación, quien igualmente fir­mará el formulario y entre­gará una copia del mismo al usuario. “Cuando la activa­ción sea solicitada a través de una tercera persona, esta deberá estar autorizada por el titular solicitante mediante carta poder con certifica­ción de firma ante escribano público”, aclaró.

En otro artículo del proyecto se especifica que “las empre­sas proveedoras del servicio de telefonía celular, antes de proceder a la activación de la línea solicitada, deberán ase­gurarse de que los datos sean los correspondientes al soli­citante, para lo cual podrán confirmar los datos suminis­trados con la persona ofrecida como referencia personal”.

Por último, el proyecto de ley contempla fuertes multas por incumplimiento. Esti­pula que en caso de incum­plimiento de lo establecido por parte de las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, “estas serán multadas, por cada caso, a través de la Comi­sión Nacional de Telecomu­nicaciones (Conatel), con un equivalente a quinien­tos (500) jornales diarios”, cifra que equivale a unos 44 millones de guaraníes.