El próximo año, las suscripciones 5G NR alcanzarán los 200 millones, debido a que el salto, en términos de infraestructura y adopción de LTE a NR (New Radio), será dos o tres años más rápido que la transición de 3G a 4G, de acuerdo con predicciones de la firma de investigación Dell’Oro Group.

Corea del Sur, Estados Unidos y China desde este año se han perfilado como los países líderes en el desarrollo de la nueva red móvil; el siguiente año lo seguirán siendo, reforzando su base de abonados 5G.

De acuerdo con el informe, “el ecosistema del usuario final se está desarrollando a un ritmo rápido con múltiples conjuntos de chips, dispositivos y teléfonos que admiten tanto NSA (red no independiente) como SA (independiente) para el espectro bajo, medio y de ondas milimétricas (mmWave)”.

Al tiempo que se extenderá el uso de la red en los clientes finales, se espera que los operadores de todo el mundo aumenten sus esfuerzos en realizar “una arquitectura más flexible que optimice el costo total de propiedad para los casos de uso conocidos y desconocidos”, así como para diferenciar sus servicios del resto. En ese sentido, Dell’Oro pronostica que para 2020 los ingresos de RAN virtual en las implementaciones de 5G superarán a las ganancias de Open RAN.

Entre otras de las predicciones de la firma, el siguiente año se tendrán los primeros despliegues de redes 5G independientes, cuyo funcionamiento ya no se sirve de la infraestructura 4G. Los países donde aparecerán en el transcurso de 2020 son China, Corea del Sur y Estados Unidos.

Además, el espectro mmWave ha generado expectativas y se prevé que aumenten los ingresos en las redes que utilizan estas frecuencias, al menos a corto plazo. Especialmente, Estados Unidos ha realizado subastas por una gran cantidad de espectro en las bandas altas para 5G y hasta hace unos días había recibido 4 mil millones de dólares en ofertas.

El desacuerdo entre el orden federal y los poderes estatales llegó hasta la corte federal de Manhattan, Estados Unidos, donde se libra un juicio sobre la fusión entre T-Mobile y Sprint.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DoJ) argumentaron que el acuerdo entre ambos operadores garantiza la competencia, e instaron al tribunal a “dar el debido peso” al análisis de ambas instituciones que otorgaron su aprobación bajo algunas condiciones.

Además, criticaron la demanda de 13 estados y el Distrito de Columbia para bloquear la transacción, pues no permitirla podría poner en riesgo los beneficios que obtendrían los consumidores. Las compañías se comprometieron a alcanzar una cobertura 5G, de al menos 50 Mbps, de 99 por ciento de la población en un plazo de seis años, y de 90 por ciento en las áreas rurales.

Si el acuerdo de 26 mil millones de dólares se anula, los operadores tardarían mucho más tiempo en desplegar la nueva red móvil, especialmente en zonas alejadas del país, dijeron. 

Durante el último día para presentar testimonios, la División Antimonopolio del DoJ y la FCC señalaron que los estados litigantes, liderados por California y Nueva York, “deben probar que es necesaria una orden judicial permanente a nivel nacional a pesar de que negará el alivio ya asegurado, y en interés del público, aunque evitará que los consumidores se beneficien de ese alivio”.

Mientras tanto, el grupo de 14 fiscales generales ha argüido, desde que comenzó el proceso judicial el 9 de diciembre en el Tribunal de Distrito para el Sur de Nueva York de Estados Unidos, que la fusión de T-Mobile y Sprint encarecerá las tarifas para los usuarios.

El frente estatal tampoco confía en los planes de Dish para convertirse en el cuarto operador móvil, al adquirir los activos prepago de Sprint. Esta fue una de las condiciones que contemplaron la FCC y el DoJ para aprobar el acuerdo. Días atrás, el presidente de Dish también se presentó en el tribunal y dijo que contaba con el capital suficiente para financiar el despliegue de su oferta móvil.

El 20 de diciembre concluyó el periodo de testimonio en la corte federal de Manhattan. Ahora, las partes tienen hasta el 8 de enero para presentar pruebas por escrito, y los argumentos finales se harán el 15 de enero de 2020. Después de eso, el juez Victor Marrero determinará si la fusión sigue adelante.