Hoy

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, solicitó a cualquier ciudadano que sea víctima de una intervención telefónica de manera ilegal, apoderar al órgano regulador para dar una respuesta legal al problema.

Una nota expone que advirtió que todo ciudadano que incurre en una intervención telefónica de llamadas es pasible de sometimiento a la justicia. “Quiero pedir a cualquier dominicano o dominicana que tenga información al respecto, que nos apodere en Indotel, que vamos a proceder”, dijo.

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El Economista Rolando Ramos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por nueve votos contra dos el sentido de dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por las que desde noviembre de 2021 ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar información relacionada con el procedimiento de contratación del software de espionaje telefónico Pegasus.

Bajo la ponencia de Alberto Pérez Dayán se resolvió que el sujeto obligado debe entregar al solicitante, tal como ordenó en su momento el ente autónomo, la versión pública de la información sobre la referida contratación a partir de los Reportes de Operaciones que presentan las Entidades Financieras y los Avisos de quienes realizan Actividades Vulnerables, diagnósticos y del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instan-a-abrir-contratos-de-Pegasus-20240206-0158.html

El software Pegasus, de NSO Group, fue utilizado para infectar los dispositivos móviles de miembros de la sociedad civil y la prensa salvadoreña. 

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Así lo reveló Project Torogoz, una investigación conjunta de The Citizen Lab y Access Now, cuyos hallazgos se publicaron este miércoles 12 de enero. 

El estudio, que se realizó en conjunto con las organizaciones Frontline Defenders, SocialTIC y Fundación Acceso, confirmó que 35 teléfonos de periodistas y ciudadanos de El Salvador fueron infectados con el software espía Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021.

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The Citizen Lab compartió una muestra de información forense con el Laboratorio  de Seguridad de Amnistía Internacional, el cual confirmó los resultados de manera independiente. 

Los principales blancos del ataque incluyen los medios El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y dos periodistas independientes. Mientras que los blancos de la sociedad civil comprenden a la Fundación DTJ, Cristosal y otras organizaciones no gubernamentales. 

El hackeo ocurrió en un momento en que estas organizaciones estaban reportando asuntos sensibles que involucran a la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un escándalo que implicaba una negociación gubernamental de un pacto con la Mara Salvatrucha (MS-13) para una reducción de la violencia y el apoyo electoral. 

Mediante el escaneo continuo de Internet y el sondeo de caché de DNS, The Citizen Lab identificó a un cliente de Pegasus que enfoca casi exclusivamente en El Salvador, cuyos nombres de dominio se registraron en noviembre de 2019, al que observó a principios de 2020 y denominó Torogoz, además de vincularlo a un intento de infección al medio digital El Faro.

La asociación especificó que no hay pruebas técnicas concluyentes de que Torogoz represente al gobierno salvadoreño, aunque aclaró que el fuerte enfoque de las infecciones en ese país en específico sugiere que es muy probable.

Prensa salvadoreña bajo ataque

El diario digital independiente El Faro, fundado por el periodista Carlos Dada en 1998, fue el principal blanco de Pegasus, ya que 22 miembros de su redacción fueron infectados con el software espía. 

Según el análisis forense, entre los periodistas del medio cuyos teléfonos fueron infectados se encuentran, el propio fundador, Dada, así como el Editor en Jefe, Óscar Martínez, además del periodista mexicano Daniel Lizárraga.

En el caso particular de este último, el reporte señala que ya es la segunda vez que Lizárraga es espiado con Pegasus, pues ya lo había sido anteriormente en México, su país de origen, en 2016, tras las investigaciones que coordinó sobre corrupción gubernamental en Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los otros miembros de El Faro que fueron intervenidos son: Ana Beatriz Lazo, Carlos Ernesto Martínez, Daniel Reyes, Efrén Lemus, Gabriel Labrador, Gabriela Cáceres, José Luis Sanz, Julia Gavarrete (dos teléfonos), María Luz Nóchez, Mauricio Ernesto Sandoval, Nelson Rauda, Rebeca Monge, Roman Gressier, Roxana Lazo, Sergio Arauz, Valeria Guzmán y Víctor Peña, además de dos teléfonos de individuos no identificados. 

Los demás periodistas infectados por Pegasus fueron: Ricardo Avelar de El Diario de Hoy; un individuo del Diario El Mundo;  Beatriz Benítez, Ezequiel Barrera y Xenia Oliva (dos teléfonos) de GatoEncerrado; un individuo de La Prensa Gráfica, Óscar Luna de la Revista Digital Disruptiva, y las periodistas independientes Mariana Belloso y Carmen Tatiana Marroquín. 

Mientras que los objetivos de las organizaciones no gubernamentales fueron Noah Bullock, de Cristosal, y José Marinero y Xenia Hernández, de la Fundación DTJ. 

El reporte concluye que el hackeo de organizaciones periodísticas y de la sociedad civil en El Salvador con el spyware Pegasus refleja un patrón recurrente observado en sociedades autoritarias: el uso de tecnología avanzada para frustrar e interferir con un componente esencial de una sociedad democrática, como lo es el derecho de acceso a la información.

Finalmente, The Citizen Lab, laboratorio adscrito a la Universidad de Toronto, en Canadá, concluyó que la lección de este nuevo ataque de Pegasus es obvia: un mercado de spyware no regulado es una grave amenaza para los medios de comunicación de todo el mundo y para la sociedad civil. 

La Estrella de Panamá Gustavo Aparicio O.

El juicio oral seguido al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, se reinició este miércoles 11 de agosto.

El juicio había sido suspendido por dos días el pasado lunes 9 de agosto, tras detectarse un caso positivo de la covid-19, en un abogados que participa de la audiencia.

De acuerdo con Carlos Carrillo, uno de los abogados del ex presidente Martinelli, en la mañana de hoy se continuó con la lectura de uno de los cuadernillos presentados como prueba por parte de la fiscalía, en donde se han leído hasta el momento más de 907 hojas.

Carrillo señaló que la prueba es de la fiscalía, que es la que está interviniendo en estos momentos y enfatizó que con las pruebas presentadas este juicio “se está agravando el daño a la justicia por situaciones que no se han evacuado conforme a la ley”.

Agentes de la inteligencia francesa confirmaron esta semana que encontraron rastros del software espía Pegasus en los teléfonos de tres periodistas del país europeo, entre los que se encuentra un ejecutivo de alto rango de la estación internacional France 24, según reveló este lunes The Guardian.

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La Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) identificó rastros digitales del software espía de NSO Group en el teléfono del periodista de televisión y le comunicó sus hallazgos a la oficina del fiscal de París, que supervisa la investigación sobre un posible hackeo.

La agencia también encontró a Pegasus en el teléfono perteneciente a Lénaïg Bredoux, periodista de investigación del sitio web francés Mediapart, así como en el de su Director, Edwy Plenel.

Según el periódico británico, esta es la primera vez que una autoridad oficial e independiente ha corroborado los hallazgos de la investigación internacional Proyecto Pegasus, en la que participaron 17 medios de comunicación, incluido The Guardian.

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Como parte de la investigación Proyecto Pegasus, Forbidden Stories, la organización mediática sin fines de lucro basa en París, y Amnistía Internacional, una organización global defensora de los derechos humanos, tuvieron acceso una lista filtrada de 50 mil números identificados como posibles objetivos de los clientes de NSO Group.

En su cuenta de Twitter, Edward Snowden compartió la noticia acompañada del siguiente mensaje: “Enorme: confirmación oficial de las acusaciones sobre la participación de la empresa israelí NSO Group en ataques selectivos contra periodistas de la UE. Si lo hacen en Francia, lo harán en cualquier lugar. Ciérrenlos, prohíban el comercio de explotación”.

El diario británico The Guardian reveló una probable relación entre el asesinato del periodista mexicano Cecilio Pineda Birto y la posible intervención de su teléfono con un software espía desarrollado por la firma NSO Group.

The Guardian narra en su texto cómo el 2 de marzo de 2017 Pineda Birto había realizado una transmisión vía Facebook Live en donde acusó a la policía estatal y a políticos locales de tener relación con el capo conocido como “El Tequilero”, en Ciudad Altamirano, Michoacán.

Apenas unas horas después, cuando el periodista acudió a un autolavado y mientras esperaba su camioneta en una hamaca, fue asesinado.

“En semanas anteriores, Pineda había recibido una serie de amenazas de muerte anónimas. Aproximadamente al mismo tiempo, su número de teléfono móvil fue seleccionado como un posible objetivo de vigilancia por parte de un cliente mexicano de la empresa de software espía NSO Group.

“Una infección exitosa permite que un cliente de NSO acceda a todo el contenido del dispositivo, incluidos los contactos, los mensajes de chat y la ubicación precisa. El teléfono de Pineda desapareció de la escena de su asesinato, por lo que no fue posible realizar un examen forense para determinar si era un objetivo o si estaba infectado con software espía”, narró The Guardian.

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El diario afirmó que los asesinos pudieron haberse enterado de la ubicación de Cecilio Pineda Birto a través de otros medios y no necesariamente de la intervención de su teléfono móvil; sin embargo, destaca que los sicarios sabían exactamente dónde encontrarlo, a pesar de que la hamaca donde esperaba no era visible desde la calle.

NSO Group afirmó, dice The Guardian, que sus productos sólo tienen licencia para que los usen sus clientes para combatir delitos graves y terrorismo.

No obstante, el diario británico aseveró que al menos 26 números de teléfono de periodistas mexicanos aparecen en los datos filtrados que sugieren personas de interés para los clientes de NSO entre 2016 y 2017.

“Aquellos cuyos números de teléfono aparecen en la lista incluyen reporteros de investigación independientes, editores senior de las principales organizaciones de noticias del país y el exjefe de la oficina del New York Times, Azam Ahmed. Los datos, accedidos por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, fueron compartidos con The Guardian y sus 15 socios de medios. Si bien la filtración revela teléfonos que fueron seleccionados como posibles objetivos por los clientes de gobierno de NSO, no es posible decir si los teléfonos se infectaron con éxito con software espía sin análisis forense de un dispositivo”, advirtió The Guardian.

La Estrella de Panamá Gustavo A. Aparicio O.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, decidió de manera unánime confirmar la decisión proferida en primera instancia por una Juez de Garantías, de rechazar la afectación de derechos en el caso “pinchazos” que se le sigue al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, en donde su defensa argumentaba una prescripción de la acción penal.

El Tribunal conformado por los Magistrados Manuel Sánchez (Presidente), Giovanina Antinori y Omaira Jaramillo, en vídeo audiencia realizada este lunes, 28 de junio de 2021, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, consideró que el pedido de afectación de derechos ha sido ampliamente debatido por otros Tribunales de Justicia; aunado a ello, que con los nuevos insumos no se encontró evidencia suficiente para su declaratoria.

Previamente en este acto de audiencia el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, concedió un Recurso de Hecho interpuesto por la Defensora Técnica Particular, Licenciada Alma Lorena Cortés.

El expresidente Martinelli, quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de Interceptación de Telecomunicaciones, Seguimiento, Persecución y Vigilancia sin Autorización Judicial, deberá afrontar un nuevo juicio oral el próximo 5 de julio de 2021.

La Segunda Oficina Judicial de Panamá, agendó para esta fecha la realización del nuevo Juicio Oral a partir de las 9:00 a.m., en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, por la presunta comisión de los delitos antes mencionados.

En este acto de audiencia de este lunes el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Superior, Ricaurte González; mientras que por parte de los Abogados de la Querella participaron los Licenciados Carlos Herrera Morán, Carlos Manuel Herrera, David Cuevas González, Rosendo Rivera y Jovan Jaramillo. 

En tanto, la Defensa Técnica Particular estuvo a cargo de la Licenciada Alma Lorena Cortés.

Una investigación del diario español El País reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha adquirido software para geolocalizar teléfonos móviles.

De acuerdo con la investigación, la FGR ha firmado al menos cuatro contratos con la firma Neolinx de México por alrededor de 5.6 millones de dólares entre 2019 y 2020.

El País reveló que Neolinx es una empresa vinculada a la italiana Hacking Team que vendió software para espionaje al gobierno pasado de Enrique Peña Nieto.

Organizaciones defensoras de derechos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han exigido que se aplique una moratoria por parte de gobiernos para adquirir este tipo de software hasta que exista una regulación.

“Frente a los múltiples abusos documentados alrededor del mundo, sobre todo en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, hacemos eco del llamado del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kaye, en torno a la necesidad urgente de una moratoria a la adquisición y uso de estas tecnologías de vigilancia hasta que se establezcan marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos.

“Al respecto, recordamos que desde el año 2018, los relatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron a México la aprobación de una serie de reformas legislativas, con el fin de garantizar controles judiciales a la vigilancia, la transparencia del uso de estas herramientas y el debido proceso para aquellos que hayan sido objetivos de las mismas. En este sentido, reiteramos nuestra disposición para colaborar en la pronta implementación de la recomendación para emprender una reforma al marco legal que regule la compra y utilización de herramientas de vigilancia gubernamental”, señalaron las organizaciones mencionadas en un comunicado conjunto publicado el 29 de octubre de 2019.

De acuerdo con la publicación de El País, accedieron a varios informes del órgano interno de control de la FGR en donde se menciona la celebración de cuatro contratos que detallan, por ejemplo, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) firmó uno el 30 de mayo de 2019 por 2.4 millones de dólares.

La investigación del diario español advierte que, aunque no es ilegal adquirir este tipo de software y que las instituciones públicas, en este caso la FGR, argumentan que el uso de estos programas es para combatir a la delincuencia organizada, los programas podrían ser utilizados en casos donde se violen la privacidad y el derecho a la presunción de inocencia.

Detalló que otro de los contratos con Neolinx fue firmado por la Policía Federal Ministerial para adquirir  “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. Dicho contrato en 2019 fue por un pago de 1.7 millones de dólares.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reveló que demandó al FBI ante una corte federal en San Francisco para que sea más transparente sobre la Unidad de Análisis de Dispositivos Electrónicos (EDAU) desde la que acceden a teléfonos y computadoras de usuarios.

La ACLU aseveró que el FBI ha actuado en secreto para acceder a información de civiles, a pesar del cifrado en sus aparatos; sin embargo, la agencia de investigación criminal se niega a reconocer que tiene información sobre estas actividades, aunque algunos detalles se han presentado públicamente en un tribunal federal.

“Ahora, parece que el FBI ha creado una división interna para ingresar a estos dispositivos. La información disponible públicamente indica que la Unidad de Análisis de Dispositivos Electrónicos, un equipo dentro del FBI, ha adquirido o está en proceso de adquirir un software que le permite al gobierno desbloquear y descifrar información que, de otro modo, estaría almacenada de forma segura en teléfonos móviles.

“Los registros judiciales públicos también describen casos en los que la EDAU parecía capaz de acceder a información cifrada desde un iPhone bloqueado. Y más allá de eso, la EDAU incluso buscó contratar a un ingeniero electrónico cuyas principales responsabilidades incluirían realizar extracciones forenses y recuperación avanzada de datos en dispositivos bloqueados y dañados. Estamos demandando (al FBI) para obtener respuestas”, advirtió la ACLU.

La Unión Americana de Libertades Civiles dio a conocer que para obtener más información sobre la EDAU y sus capacidades, presentaron una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información en la que solicitaron que el Departamento de Justicia y el FBI divulguen los registros relacionados con la EDAU y sus capacidades tecnológicas para recuperar información de dispositivos electrónicos bloqueados.

La ACLU reveló que el FBI respondió con un recurso conocido como respuestas “Glomar” a dos de las solicitudes, lo que significa que la agencia se niega incluso a confirmar o negar la existencia de cualquier registro relacionado con la EDAU.

El Universal Horacio Jiménez

Legisladores federales de oposición manifestaron su preocupación porque a través del teléfono inteligente y la aplicación que utilizarán para registrar su asistencia y votar a distancia las reformas los podrían espiar, extraer su información personal, saber en dónde se encuentran en tiempo real e incluso “falsear” las votaciones en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que desde el pasado 31 de agosto, la Cámara Baja entregó a los diputados federales teléfonos celulares de la marca Samsung Galaxy A21s, con un costo de 5 mil 700 pesos, que cada legislador tendrá que pagar, para evitar aglomeraciones en el salón de plenos y así impedir contagios masivos. Incluso, habrá diputados que podrán no asistir al Palacio Legislativo de San Lázaro y votar dictámenes.

La Cámara de Diputados ya entregó 463 equipos hasta este miércoles que funcionarán con la huella dactilar y el reconocimiento facial de los legisladores, y será a través de una aplicación como se podrá pasar asistencia y votar los dictámenes, ya sea en el pleno o en comisiones.

Por esto, la diputada federal del PAN Adriana Dávila, quien sufragó en contra de la aprobación de un reglamento nuevo para la Cámara de Diputados para votar vía remota los dictámenes, denunció que con el teléfono que les entregaron de manera unilateral el gobierno federal y la bancada mayoritaria de Morena podrían montar un “Cisen paralelo” para espiar a los integrantes de la oposición.

“Las actividades que nosotros hacemos deben ser públicas, y son públicas; sin embargo, sí hay una característica específica de este gobierno de Morena y su bancada, que es extensión de Morena y obedece a una sola persona, y que sí ha habido ocasiones en donde usa información de carácter político a conveniencia.

“De hecho, cuando se planteó el tema de mantener el dispositivo prendido, cuando se planteó el asunto de la ubicación para poder votar, pues sí fue una preocupación de varios, sobre todo porque ellos te dan claves, ellos lo programan, finalmente tienen el control de todo, y el tema no está fácil”, dijo la panista tlaxcalteca.

“Cuando se banalizan este tipo de acciones hay varios riesgos y uno de ellos es evidentemente el uso de la tecnología para tener un Cisen alterno que pueda identificar dónde estamos. Supongo que no hay preocupación de la mayor parte de nosotros, pero con toda la tecnología que ha pasado en este gobierno el uso faccioso político-electoral sí es una preocupación”, agregó Adriana Dávila.

Otra de las preocupaciones que externó Dávila es que el equipo siempre debe permanecer encendido, además de que los legisladores no crean su propia contraseña, sino que son otorgadas por el equipo de la Cámara de Diputados y con eso tendrían acceso a todo el contenido.

“La gente que está saliendo a trabajar se está arriesgando y los diputados cuidaditos y con teléfonos, que ni siquiera nos dijeron que nos iban a dar, sino que nos lo otorgó la Secretaría General. Además, ni siquiera te preguntan; no importa que se pague de nuestro sueldo, ese no es el problema. Todos tenemos celulares, era innecesario, y no veo una gran democracia de parte de Morena”, explicó Adriana Dávila.

Por su parte, el legislador panista de Chihuahua Miguel Alonso Riggs aseguró que la esencia de un diputado es acudir al pleno y dar puntos de vista, y todos los trabajos legislativos se deben hacer en esa soberanía, por eso votó en contra de este reglamento, sin saber que les darían un dispositivo, que les quieren cobrar y que además nunca pidieron, por lo que no está de acuerdo con este mecanismo de sesionar de manera virtual.

Dijo que le preocupa que en este dispositivo se tiene que introducir la huella dactilar, reconocimiento facial y dar de alta la ubicación en tiempo real para pasar asistencia, y es el mismo mecanismo para emitir la votación. Explicó que el espionaje consiste en que se puedan interceptar llamadas, mensajes o cualquier otra actividad en el equipo.

“Eso es un espionaje. Es una geolocalización de la persona a través de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados. Tú no creas tu propia contraseña y esto pasó entre ayer (miércoles) y antier (martes). De repente los teléfonos se bloquearon cuando supuestamente los podías activar con tu huella, pero resulta que por una supuesta actualización del software ellos son los que nos dan el código y cuando les llevé el aparato me dijeron que no podían darme el código, y de manera oscura teclearon la clave y me dijeron: ‘ahí está, diputado’. Así fue, yo no sé la contraseña”, dijo el legislador Riggs Baeza.

Otra de sus preocupaciones es que los diputados nunca pueden apagar el teléfono y si eso ocurre se debe ir personalmente a la Cámara de Diputados a que ellos lo activen nuevamente.

“Más que una herramienta de trabajo parece una herramienta de espionaje, porque de trabajo, ¿qué tanto puede ser? Porque estás engañando a la gente, no es cierto que estás presente, que estás interactuando… no es cierto, porque votas y te sales, pasas asistencia y te sales de la app. Eso lo puedes hacer desde el baño de tu casa y ellos van a saber a qué hora vas al baño, esa es la legítima preocupación de todos, pues, ¿a quién le gusta que lo estén persiguiendo?”, cuestionó el panista Riggs Baeza.

Explicó que él va a seguir asistiendo a San Lázaro, a menos de que se contagie de Covid-19, y el teléfono no lo va a utilizar.

EL UNIVERSAL también consultó a las bancadas del PRI y del PRD, que también mantienen la misma preocupación del espionaje; sin embargo, pidieron el anonimato para no ser afectados.

De manera paralela, legisladores de distintas bancadas alertaron problemas con la aplicación y el teléfono. Incluso, este jueves se tenía programada una prueba masiva de votación, con sesiones semipresenciales a través de la plataforma Zoom; sin embargo, debido a los propios problemas ésta fue pospuesta para el próximo lunes.