El sector de las telecomunicaciones de Brasil presentó una carta abierta a la sociedad y autoridades advirtiendo de los graves problemas que ocasiona el hurto, robo y vandalismo de cables y equipos de telecomunicaciones.

En el documento, presentado durante los Diálogos Conexis, el sector solicita una acción coordinada de seguridad pública que involucre al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en los ámbitos federal, estatal y municipal, para combatir estas acciones delictivas.

La carta fue firmada por Conexis Brasil Digital, Abrint, Associação NEO, Brasscom, Febratel, Telebrasil y Telcomp.

Para dar dimensión a la problemática, desde Conexis informaron que sólo en el primer semestre de 2021 se robaron 2.3 millones de metros de cables, lo que significó un aumento del 14.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Además, en 2020, 6.7 millones de clientes vieron interrumpidos sus servicios por robo o hurto de cables de redes de telecomunicaciones.

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El sector advierte que el problema ha ido aumentando año tras año, dejando a millones de brasileños sin acceso a Internet y telefonía, y ha ocasionado daños al gobierno y las empresas.

“Además de la pérdida de recaudación de impuestos, la criminalidad impacta el efectivo de las empresas, que acumulan pérdidas millonarias con reposición de equipos, pérdida de clientes y sanciones regulatorias. Y otra consecuencia grave: los recursos sustraídos retiran dinero que podría invertirse en mejorar los servicios y para que la conectividad llegue a más personas”, sostiene el documento.

Desde el Ministerio de Comunicaciones informaron que hace 10 días el Secretario Nacional de Telecomunicaciones (del Ministerio de Comunicaciones), Artur Coimbra, se reunió con su homólogo de Seguridad Pública (del Ministerio de Justicia), Renato Paim, para discutir el robo de cables y los impactos que genera.

También se acordó una articulación directa, en los próximos días, entre la Secretaría de Seguridad Pública y Conexis para construir una estrategia de acción y, en particular, detonar a las fuerzas de seguridad en los estados para combatir delitos de esta naturaleza, principalmente donde hay más problemas para la integridad de las redes de telecomunicaciones.

Otra propuesta para paliar la problemática vino del diputado Federal Felipe Francischini, quien enfatizó la importancia de aprobar proyectos de ley que aumenten la pena para este tipo de delitos, aunque afirmó que esto no será suficiente si no existe una acción coercitiva conjunta: “Sólo aumentar la pena, sin una inspección conjunta, no es suficiente. Como legisladores, nuestra parte se está cumpliendo, pero esta acción conjunta de los organismos federales, estatales y municipales será muy necesaria”.

En este sentido, desde el Ministerio de Comunicaciones informaron que están disponibles para movilizar el debate de una nueva legislación con el fin de encontrar los mejores términos para minimizar las acciones delictivas.