La W

Hace varias semanas les conté aquí que la Fiscalia, a través de su unidad anticorrupción, tenía listo y concertado un preacuerdo con Emilio Tapia en el caso de Centros Poblados, un contrato irregular por más de un billón de pesos que provocó el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos.

El proceso de preacuerdo que, hasta la publicación, tenía el visto bueno del gobierno a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y del mismo Ministerio de las TIC, es bueno solamente para Tapia. En cambio resulta pésimo para los intereses públicos.

Consagraba que la sentencia de Tapia por su multimillonario acto de corrupción sería de apenas 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento.

También decía que el señor Tapia no tenía que entregar información, ni delatar a nadie. Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración.

La Fiscalía negó que el preacuerdo estuviera concertado y al día siguiente publiqué los primeros audios de Emilio Tapia contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador.

En ese momento Tapia reaccionó culpando a la fiscal Angélica Monsalve de haberlo grabado y difundido.

Estaba equivocado y le conté que había tres grabaciones coincidentes que lo registran hablando del preacuerdo con diferentes interlocutores. Todos ellos funcionarios públicos.

No tiene sentido repetir lo que ya está dicho y plenamente probado sobre el alcance del preacuerdo.

Consulta más información aquí.

El Colombiano – Camilo Osorio

Los tres supuestos cerebros del escándalo entre Centros Poblados y MinTIC: Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, acaban de ser llamados a juicio por fraude procesal y falsedad en documento privado, un escándalo en el que aún siguen perdidos los $70.000 millones del anticipo de un contrato por $1.07 billones.

EL COLOMBIANO accedió al escrito de acusación en el que se detalla que los hoy capturados habrían diseñado la ruta para incurrir en dichos delitos y así quedarse con el contrato que pretendía llevar Internet a 16 departamentos.

Así lo establece el documento de 44 páginas en el que incluso se afirma que Tapia, Laverde y Duque se pusieron de acuerdo para presentar garantías falsas, requisitos indispensables para ganar el proceso de contratación que, tras el escándalo, pasó a manos de ETB y Skynet hace dos meses.

Además, se les acusó de haber inducido al error a varios funcionarios del Ministerio que por ese entonces dirigía Karen Abudinen.

Otras caras

En los nombres llamados a juicio esta semana no hay mayores sorpresas, pero sí en las actuaciones de ellos que fueron descritas por la Fiscalía. Estas sirvieron para despejar la supuesta participación de Jorge Enrique López y Juan Carlos Cáceres, otros de los vinculados al caso en el que también está Ottomar Lascarro, quien llegó a planear junto a Tapia vivir en una lujosa casa de Llanogrande.

De Lascarro se sabe que está en libertad por este caso, que es amigo cercano de Tapia y que es contratista en la Costa Caribe. A una cuenta suya habrían girado plata de esos $70.000 millones que aún no aparecen. Es por eso que en los próximos días se le imputarán cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Las acusaciones

Para la audiencia de acusación en contra de los tres llamados a juicio aún no hay fecha por parte del juzgado designado. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que ese día la Fiscalía llevará varias pruebas que menciona en su escrito.

En él, separó el presunto actuar ilegal de los señalados en los dos delitos acusados y en las garantías falsas presentadas. Por ejemplo, en el delito de falsedad en documento privado afirma que fue Tapia quien orquestó el entramado al que poco a poco ingresaron sus socios. De hecho, se señala a Laverde como la persona que contactó a Jorge Alfredo Molina para expedir una garantía falsa, elaborada supuestamente por Jorge Enrique López a cambio de dinero.

Una vez Laverde la recibió –siguiendo la versión de la Fiscalía–, este se la envió a Duque, quien la radicó ante MinTIC; mientras que Alfredo Amín la subió al SECOP II. Esa misma fórmula la habrían usado para tramitar otra garantía.

Por otro lado, en el fraude procesal que habrían cometido (delito que da hasta ocho años de cárcel), según el documento, “todos tenían el pleno conocimiento que con la garantía de seriedad falsa, estaban induciendo en error a las funcionarias Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC, y Adriana Meza, la secretaria general”.

Dicha práctica que llevó al error también la habrían contra Camilo Santofimio, supervisor del contrato a quien la Procuraduría le abrió un proceso por responsabilidad disciplinaria.

En total, en solo garantías de cumplimiento falsas se estableció un valor de $145.867.688, cifra con la que la Fiscalía llegará a la audiencia de acusación para esta etapa del escándalo.

Van por más

Así como Lascarro, los otros procesados –Cáceres, Tapia, Laverde y Duque– serán imputados por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, delitos correspondientes al destino del anticipo, pues el reciente llamado a juicio es por presunta contratación irregular.

A la par de las respectivas audiencias de imputación y acusación, las autoridades esperan recuperar la suma extraviada a como dé lugar, la cual va en $74.000 millones por intereses.

Infobae

Pese a estar condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá, Emilio Tapia se movía libremente por el país y logró adjudicarse en tercera persona el polémico contrato por 1,2 billones de pesos entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Al igual que en su primera captura, el llamado ‘zar de la contratación’ había empezado a abastecerse de lujos como mansiones en Antioquia o un avión propio para sus viajes personales, presuntamente con el dinero destinado a proveer internet a los colegios rurales de 15 departamentos del país.

A través de varias compañías fachada y familiares, Tapia manejó antes de 2014 los sobornos y dineros desviados de la construcción de la Troncal de la Calle 26 de Transmilenio en Bogotá. En esa ocasión, la Fiscalía encontró bienes como casas, fincas y predios en Córdoba, Cartagena y a las afueras de Bogotá, además de un caballo de cerca de mil millones de pesos, un Audi y camionetas blindadas, habría invertido también en aviones, helicópteros y yates.

Esa ostentación a la que estaba acostumbrado, tampoco habría estado lejos en el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados con el MinTIC, por el cual fue capturado y señalado como el cerebro detrás de la operación, tanto para quedarse con la adjudicación con documentos falsos como conseguir un anticipo que, aparentemente, habría sido desviado.

De acuerdo con el diario El Tiempo, Tapia ordenó el giro de 150.000 dólares a la compañía 2wings Aircraft, ubicada en Florida, Estados Unidos, dedicada a comercializar partes para aeronaves. Según el testigo Juan Carlos Cáceres, el dinero salió de los 70 mil millones de anticipo que entregó el MinTIC por el contrato con Centros Poblados.

Personas cercanas al caso relataron al diario que la compañía realizó viajes chárter para Tapia en Colombia incluso uno para su familia a Miami. Sin embargo, con el negocio Tapia también buscó adquirir un jet ejecutivo para desplazarse por Estados Unidos, Centro y Sur América.

El negocio llama la atención justamente porque Emilio Tapia se encuentra condenado por el Carrusel de la Contratación y lavado de activos y aún debe parte de su condena. Aún así se habría desplazado con libertad para adelantar las jugadas en el contrato de Centros Poblados por el que se encuentra ahora capturado.

En uno de esos viajes en una avioneta privada, el ‘zar de la contratación’ llegó a Rionegro, Antioquia, este año para buscar una casa, según confirmó el diario El Colombiano. Tapia quería comprar o alquilar una propiedad en Llanogrande, que tuviera espacio para escoltas y contara con pesebreras.

Las mismas prácticas que le fueron identificadas por las autoridades a mediados de 2014 cuando se le seguía el proceso por el Carrusel de la Contratación, cuando también invirtió dinero en amplias propiedades, asistía a cabalgatas, compraba caballos y se desplazaba en aviones privados de alquiler.

De acuerdo con el diario antioqueño, Tapia consiguió una casa en el condominio El Tablazo, avaluada por encima de los 1.500 millones de pesos. Sostuvo una cita en ese inmueble con Juan José Laverde, capturado por haber sido funcionario de Rave Compañía de Seguros, y Jorge Alfonso Molina García, quien habría tramitado la garantía falsa.

Pero esa no fue la única vivienda de Tapia en Medellín, también habría conseguido una en el exclusivo sector de El Poblado, en el conjunto Castellazo, donde sostuvo otras reuniones relacionadas con el contrato de Centros Poblados y el MinTIC, como el cerebro tras la operación.

Molina, que fue el testigo que declaró sobre esas propiedades en medio del proceso, señaló que las dos eran de similares características arquitectónicas y las definió como “muy bonitas, muy lujosas”, además aseguró que había escoltas en el exterior.

Portafolio – El Tiempo

El juez 53 de control de garantías de Bogotá envió a prisión a los primeros tres capturados por las irregularidades en el cuestionado contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados.

El despacho dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros y el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana.
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Aunque el abogado de este último había pedido que si era privado de la libertad fuera enviado a una unidad militar de Malambo (Atlántico), el juez negó esa solicitud y señaló que debe permanecer detenido en medio de las máximas condiciones de seguridad.

El despachó libró la orden de detención contra Tapia Aldana y lo envió a la cárcel Modelo de Bogotá.

El juez cuestionó que de la noche a la mañana y casi por arte de magia los vinculados al proceso contractual consiguieron las garantías que necesitaban para avanzar en la firma del contrato.

“Como es que no se dan cuenta que mágicamente aparecieron de un momento a otro unas garantías para lograr la firma del contrato y la entrega del anticipo”, dijo el funcionario judicial.

El juez acogió la petición de la Fiscalía, que fue apoyada por la Procuraduría, para que los tres detenidos fueran privados de la libertad con el fin de impedir que pudieran obstruir la investigación.

El funcionario judicial dio crédito a las evidencias de la Fiscalía y a las declaraciones de los testigos que han declarado ante el ente acusador.

A lo largo de su decisión el juez hizo cuestionamientos al procedimiento que se registró en el Mintic y al hecho de que no se hubieran verificado antes las garantías y su legalidad.

El juez compulsó copias para que se investigue disciplinariamente a Adriana Meza, exsecretaria general de Mintic y Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual, por las presuntas irregularidades en la revisión de los documentos y el control que tenían que tener sobre ese proceso contractual.

El miércoles la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco personas vinculadas a la investigación disciplinaria entre ellas esas dos exfuncionarias.

El abogado Iván Cancino, representante del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), apoyó la investigación de la Fiscalía y pidió que se ordene el embargo de los bienes de los capturados por las irregularidades en el millonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

Cancino se presentó a la audiencia como abogado de víctima y se refirió a la investigación de la Fiscalía.

Indicó que hay evidencias de que los capturados pudieron cometer los delitos imputados y que quedó claro que Tapia era “el hombre de atrás” de los contratos y así lo demuestran las reuniones que sostuvo en Bogotá y Medellín para la estructuración del proceso.

Igualmente, señaló que el interés de la víctima es recuperar el dinero que fue entregado como anticipo (70.000 millones de pesos que había alcanzado a desembolsar el Mintic), por lo que insistió en las medidas cautelares sobre los bienes de los capturados para evitar que los vendan.

El representante de la Procuraduría General señaló que Centros Poblados no consiguió las pólizas que necesitaba para poder firmar el contrato y que presentó documentos falsos para intentar subsanar esa situación.

Por eso, dijo el funcionario, la Fiscalía acertó en la imputación de cargos realizada.

Coincidió en que quien estaba atrás de las empresas que conformaron la unión temporal era Emilio Tapia, y que frente a la situación de no conseguir las pólizas acudieron a personas “probablemente expertas” en la falsificación de documentos.

Dijo que al observar que en una primera ocasión el documento falso no fue detectado, acudieron al mismo mecanismo en otras dos oportunidades, con el fin de inducir en error a los funcionarios encargados de la adjudicación y suscripción del contrato.

El procurador agregó que en el caso de Tapia, quien tiene tres condenas en su contra por hechos de corrupción, se requiere de la medida de aseguramiento en centro carcelario para evitar que persista la conducta delictiva.

Culminó señalando también que para evitar que se intente obstruir el proceso los tres capturados deben ir a la cárcel.

El Colombiano

Para lograr preacuerdo con la Fiscalía hablaría de congresistas, según él, vinculados al caso. Tutela reviviría moción de censura.

El contratista Emilio Tapia, quien está preso por el proceso penal que se derivó del contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, está buscando un preacuerdo con la Fiscalía. De hecho, amenazó con revelar nombres de congresistas que habrían presionado a los funcionarios de esa cartera para que no adelantaran la caducidad del contrato.

Aunque por lo pronto no se han revelado los nombres , el explosivo anuncio de Tapia, quien también había sido condenado en 2015 por el escándalo del Carrusel de la Contratación de Bogotá, sacudió el mundo político y generó reacciones inmediatas en la opinión pública. Incluso, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el caso y pidió que no hubiera “contemplaciones” contra la corrupción.

“Emilio Tapia tiene que decir los nombres para que caigan los responsables. Lo más importante es que la justicia opere y que haya sanciones ejemplarizantes, que se conozca toda la verdad y que caigan todos los responsables”, dijo Duque.

Entretanto, Iván Cancino, el abogado del MinTic, quese declaró víctima en el proceso, advirtió que lo que esperan sus clientes es establecer adónde se fueron los $70.000 millones que fueron adelantados a Centros Poblados tras la firma del contrato.

“La propuesta de Emilio Tapia de denunciar a políticos es bienvenida, pero no creo que sea suficiente para liberarlo de toda la responsabilidad”, aseguró Cancino. “En nuestra calidad de víctimas lo que nos interesa es establecer a dónde se fueron los recursos y en qué se gastaron el dinero, para proceder con las medidas cautelares y recuperarlo”, concluyó el abogado.

Este viernes a las 8 a.m. se reanudará la audiencia de imputación de cargos contra las únicas tres personas que han sido capturadas durante el proceso: Tapia, señalado de manejar tres empresas de Centros Poblados a través de terceros, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; y Juan José Laverde, quien era miembro de Rave Agencia de Seguros. En la primera parte de la audiencia los tres se declararon inocentes de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Durante la jornada de este viernes intervendrán los abogados de la defensa y de las víctimas y la Procuraduría. Se espera que el juez 53 de control de garantías de Bogotá decida si priva de su libertad a Tapia, Duque y Laverde.