Se cumple un año de que el por entonces outsider Javier Milei asumió la presidencia de los argentinos. Desde el 10 de diciembre de 2023 se puso en marcha en el país el plan libertario que, ya desde antes de llegar a la Casa Rosada, prometió con un discurso belicoso y con “la verdad” como bandera de gestión reducir al mínimo la intervención del Estado y desregular todo lo que se pueda para dar paso a una competencia virtuosa del sector privado.

Aquí una lista de movimientos, las reacciones del sector y los cambios en el organigrama de decisiones como una constante de la que las telecomunicaciones no pudieron escapar en el primer año de gestión de Javier Milei.

En octubre de 2023, justo en el medio de las elecciones presidenciales de primer término y el balotaje, el gobierno de Alberto Fernández licitó espectro para 5G. Contrarreloj se puso en manos de privados (Telecom y Claro, 100 MHz; Telefónica, 50 MHz) y de Arsat –a través de una conflictiva reserva– espectro en 3.5 GHz. Fue algunas semanas antes que se dio el primer cruce TIC entre Milei y el por entonces oficialismo. Es que el actual presidente presentó una solicitud para plantear la inconstitucionalidad del proceso de subasta por considerar que se avanzó en ella “a último momento” y que estaba “mal diseñada”. No prosperó; la subasta tuvo lugar apenas 48 horas después del balotaje.

Inmediatamente después de ganar el balotaje, Milei y su entorno empezaron a coquetear públicamente con Elon Musk. La ahora excanciller Diana Mondino dijo que trabajaban para la llegada de Starlink a Argentina. De hecho, el megadecreto inicial de Milei como Jefe de Estado trajo pocas novedades para las TIC pero la promesa en los papeles de “desregular los servicios de Internet para permitir el ingreso de empresas como Starlink”. La firma ya funciona en el país, otros competidores recibieron permiso y se espera pronto una reglamentación satelital nueva que agilice la competencia en el segmento.

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La búsqueda de quienes se ocupen de tomar las decisiones en materia sectorial no fue algo sencillo para la actual administración. La misma semana que se anunció públicamente el cambio de sistema para importaciones, un punto que fue celebrado por una industria ávida de menos trabas para su desarrollo, se conoció que Ignacio Cingolani se haría cargo de la Secretaría de Comunicaciones, como parte de las funciones de un Ministerio de Infraestructura que ya no existe. Hubo cambios de nombres y de funciones hasta la disposición actual: Dario Genua es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros) y César Gazzo Huck es el subsecretario TIC.

En enero de 2024, cuando la Secretaría del Conocimiento tuvo oficialmente titular (Marcos Ayerra), también hubo movimientos en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom): se dispuso su intervención. Actualmente, tras un primer periodo de revisión, la intervención sigue con Juan Martín Ozores al frente. Luego Milei intervino los medios públicos. En paralelo, Mariano Greco era designado presidente de una Arsat temerosa por dos frentes abiertos: el plan de apertura satelital y, principalmente, la decisión de que el Estado se desprenda de todo lo que le sea posible.

Durante el primer trimestre de este año el gobierno defendió en distintos eventos la idea de libre mercado y de “dejar hacer”, una propuesta trasversal a todos los sectores. También mostraron “puertas abiertas” a los privados. Pasaron las semanas y llegó la decisión más aclamada por la industria: dejó de existir el decreto 690. Aunque en la práctica tenía poca incidencia, porque algunos operadores habían logrado libertad tarifaria a partir de fallos judiciales, la determinación fue vista como un signo de cambio de época por las distintas compañías, que celebraron abiertamente la novedad y, de paso, recordaron que este era un paso necesario pero no el único para el desarrollo de un sector agobiado.

En junio, Genua tomó las riendas de la Secretaría de Innovación y semanas después Milei logró que se aprobara la Ley de Bases. Arsat quedó fuera de las empresas susceptibles de ser privatizadas, aunque recientemente Greco confirmó que saldrá a la bolsa el próximo año. Por entonces Starlink ya podía contratarse en el país y empezaron a ser más habituales las reuniones de Milei con Musk y otros líderes de tecnológicas como Google, Facebook y OpenAI. En Argentina también visitó las oficinas de Mercado Libre y Ualá.

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En la segunda mitad del año, con sus propuestas bases ya funcionando, Milei comenzó el despliegue del plan gubernamental de convertirse en referente de Inteligencia Artificial. La administración actual ganó la cancha en esta temática, mucho más en términos discursivos que en acciones concretas, y se propuso como cuarto polo mundial de IA. Así lo comentó el Jefe de Estado en cada gira y aparición pública relacionada. Su insistencia es “no regular” y “ no temerle a la innovación”, una idea en la que no hay coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; se presentaron  más de 10 proyectos en el Congreso que abordan esta materia.

El 5G se ha movido a paso lento pero contínuo en el país. Telecom, de hecho, anunció que lanzará 5G standalone en el primer trimestre de 2025. En materia de espectro, el gobierno señaló en octubre que disponibilizará más espectro para el mercado: se trata de, al menos, los 100 MHz de Arsat en 3.5 GHz y otros 50 MHz (los que no se otorgaron en la última subasta). A esto se sumará posiblemente el remanente en 4G. En la misma conferencia, el vocero Manuel Adorni tomó la decisión de ampliar la oferta en el rubro de las telecomunicaciones, lo que abrió rumores sobre la posibilidad de que un cuarto operador ingrese al mercado local.

Adorni también anunció un cambio en el régimen impositivo de diarios y revistas e hizo hincapié en que la revisión de la actividad del Enacom arrojó que “Telefónica y Telecom debían más de 3 mil millones de pesos en conceptos de aportes de inversión al FFSU (Fondo de Servicio Universal)”. Aunque las empresas relativizaron esta acusación y aseguraron que “siempre han cumplido” con sus obligaciones, la exposición pública por parte del gobierno recordó a la disputa que mantuvo la administración kirchnerista con el Grupo Clarín. ¿Y si fue este el primer paso de una disputa en aumento?

Argentina cerró junio con 62.8 millones de líneas móviles en funcionamiento; solo el 13 por ciento corresponde a la modalidad pospago. Los accesos a Internet fijo suman 11.5 millones (35% por fibra), los de TV paga 8.8 millones y los de telefonía fija 6.7 millones. El próximo año estará signado por las elecciones de medio término de octubre próximo y los movimientos del gobierno y las empresas en torno a 5G. Estos movimientos y su contexto marcarán la relación entre unos y otros, en el marco de una promesa de desregulación que la administración Milei defiende como premisa general y que se seguirá, como hasta ahora, trasladando al sector.

Prensa Cabase

El pasado 13 de agosto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala II confirmó la medida cautelar otorgada a la Cámara Argentina de Internet (CABASE) el 22 de febrero de 2023, brindando un alivio fundamental para los proveedores de servicios de Internet (ISP) y otras empresas del ecosistema TIC en Argentina. Esta decisión judicial representa un hito clave en la defensa de los derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, gravemente afectados por la aplicación del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20.

Un marco regulatorio que complicaba la operación

El DNU 690/20, junto con diversas resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), estableció una serie de restricciones que regulaban fuertemente los precios y condiciones de los servicios de Internet, telefonía y televisión por suscripción. Entre estas medidas, se impuso la Prestación Básica Universal (PBU), que, aunque buscaba garantizar el acceso a las telecomunicaciones para sectores vulnerables, impactó negativamente en la sostenibilidad de los operadores, muchos de los cuales son pymes y cooperativas que dependen de una estructura tarifaria equilibrada para continuar invirtiendo en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios.

Los efectos del DNU 690/20 y sus resoluciones afectaron directamente la capacidad de los ISPs de realizar ajustes de precios, lo que resultó en limitaciones operativas críticas en un contexto inflacionario y de aumento de costos tecnológicos. En este escenario, CABASE decidió llevar adelante una acción colectiva en 2021 para proteger a sus socios de las consecuencias económicas de esta normativa.

La victoria judicial: un respiro para los ISPs

La confirmación de la suspensión de los efectos del DNU 690/20 y las resoluciones vinculadas representa un gran logro para CABASE y sus socios. Esta medida otorga una herramienta jurídica fundamental para que los prestadores de servicios TIC puedan defenderse ante posibles sanciones o reclamos derivados de incumplimientos de la PBU o de los aumentos tarifarios no autorizados por ENACOM.

Además, la decisión de la Cámara incluye la suspensión, por seis meses, de la resolución 1467/20, que creó la PBU y que aún no ha sido derogada. Esto da a los ISPs un respiro para reconfigurar su estrategia y adaptarse a las exigencias del mercado sin estar sujetos a las medidas restrictivas que tanto han afectado su capacidad de operar eficientemente.

Un paso hacia un marco regulatorio más equilibrado

Desde CABASE, esta victoria no solo es un alivio inmediato, sino también un paso hacia la construcción de un marco regulatorio más equilibrado y adecuado para la realidad de las TIC en Argentina. La industria necesita reglas claras que permitan a las empresas continuar invirtiendo en infraestructura y servicios, sin el constante riesgo de intervenciones arbitrarias que desincentiven el desarrollo.

El fallo judicial no debe entenderse como un rechazo a la necesidad de garantizar acceso inclusivo a las telecomunicaciones. CABASE y sus asociados están comprometidos con la misión de expandir y democratizar el acceso a Internet en todo el país. Sin embargo, esto debe realizarse dentro de un contexto que también respete la sustentabilidad económica y la posibilidad de seguir creciendo.

Prensa Cabase

Palabras de derecho

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueves Márquez, López Castiñeira y Caputi, confirmó la sentencia que declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que había catalogado a las telecomunicaciones como servicio público.

La decisión judicial llegó a raíz de un planteo de la empresa Telecom Argentina (prestador de telefonía, cable y acceso a internet) en la quecuestionó que hasta el dictado de esa norma -a la que calificó de inconstitucional- podía “fijar libremente los precios” y por las restriccciones derivadas del control estatal que la categoría “servicio público” le impone a su actividad.

Cabe recordar que el DNU 690/2020, que fue publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto de 2020, declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Leer más: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/5154/Confirmaron-la-sentencia-que-anulo-el-DNU-que-declaro-servicio-publico-a-las-telecomunicaciones

Buenos Aires, Argentina.- “Estamos dispuestos a trabajar con las autoridades, apoyarlo”, dijo en la apertura del Internet Day, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase). “Tenemos una nueva oportunidad y apostamos a eso”, confirmó.

En su discurso celebró la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 y pidió por una política nacional de telecomunicaciones: “Nuestra expectativa para esta nueva gestión es que todas esas ideas que se plantearon, y que a fin de cuenta obtuvo la mayoría de los votos de los argentinos, se naturalicen en una política nacional de comunicaciones, que fomenten la prestación de los servicios TIC y la economía digital por prestadores privados, como política central del desarrollo del país”.

“Argentina emprendió un cambio, y entendemos que las innovaciones que permiten el desarrollo de la actividad privada y la inversión serán recibidas por toda esta comunidad”.

Afirmó que seguir construyendo una industria sana y pujante supone “mirar para adelante”, lo que significa “pensar y trabajar por construir una infraestructura digital” para que los usuarios accedan a los servicios.

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Agregó que la universalización del acceso será alcanzada a través del fomento de la actividad privada, el impulso de la competencia y el desarrollo de los medianos y pequeños actores. Reclamó que la pesada carga tributaria que enfrenta el sector y “la sensación de tener una piedra en el zapato” hacen difícil el despliegue de la fibra óptica.

El compromiso es tal que Graizer lanzó una promesa para las autoridades: “Si hay una localidad del país donde no hay Internet o la calidad no es la adecuada, si nos consiguen los permisos, en 48 horas conseguimos a alguien acá que haga la inversión”.

En un diálogo con la prensa, Gaizer confirmó que más del 40 por ciento de lo que paga un usuario por su servicio de Internet son impuestos y tasas. Y enumeró los puntos que hay que atender para promover el sector: tasas y servicios, y la presión impositiva.

Consultado por DPL News, Graizer confirmó que hay municipios que “están inventando tasas nuevas, hay hasta un municipio que quiere cobrar la sombra que generan las ganancias (rollos que quedan en los postes colgados). Está fuera de la ley”.

Panorama de Internet

En un panel dedicado al panorama de Internet en Argentina, Marcos Orteu, socio director de Dynamics, habló sobre los desafíos de la agenda regulatoria en un mundo de convergencia extrema. “Hoy tenemos un mundo donde todos compiten arriba de la red, no pueden persistir los desequilibrios regulatorios, y la regulación tiene más de tres años, hay que pensar la nueva regulación del sector”.

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Recalcó que se deben tener reglas claras sobre el rol activo del Estado en el sector.  También celebró la derogación del DNU 690: “Es una buena noticia, no se podía avanzar en la agenda regulatoria, ahora podemos discutir los temas que hacen una agenda más general para el sector”.

Por su parte, Sonia Agnese, analista principal de Omdia para América Latina, explicó que Argentina está tercera a nivel regional en penetración de banda ancha en hogares, pero se ubica en varios puestos por debajo si se analiza la penetración de la fibra óptica.

Héctor Huici asumió oficialmente el cargo de subsecretario de Comunicaciones y Conectividad de Argentina el pasado 19 de abril, aunque su designación se publicó en el Boletín Oficial hace apenas unos días.

La cartera se desprende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete y tendrá entre sus funciones asistir en el diseño de políticas sectoriales, recomendar alternativas para el uso de infraestructura de Arsat, promover la actualización del cuadro de espectro y proponer planes para la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).

El abogado es reconocido en el sector, pues desempeñó el puesto de secretario TIC en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En su primera entrevista tras asumir el cargo, Huici conversó con DPL News sobre los temas más urgentes de su agenda, el fin del DNU 690 y lo que viene: ¿Qué pasará con Arsat? ¿Y con el fondo universal? ¿Qué posición tomará Argentina respecto del Fair Share? ¿Qué sigue en materia de espectro? Esto y más respondió el funcionario responsable de la política pública TIC en la administración Javier Milei.

DPL News: ¿En qué estado encontró al sector en su nuevo rol de subsecretario?

Héctor Huici: El sector muestra las consecuencias del desmanejo de la economía de la gestión anterior. La inflación, el cepo cambiario (restricción para adquirir dólares), las restricciones al crédito y el aumento de la pobreza impactaron muy negativamente, con la consecuente caída del ingreso medio por usuario (ARPU). Todo ello ha limitado la capacidad de inversión. A un problema mundial que es la reducción de márgenes se sumó el DNU 690/20 que agravó las cosas. Afortunadamente ya ha sido derogado.

DPL News: ¿Cuáles serán sus prioridades?

Héctor Huici: Las prioridades de la Subsecretaría, como lo indica el decreto 318/24 (ver aquí), son de índole regulatoria y de fijación de políticas, pero entre los temas urgentes está colaborar con la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la eficientización del organismo. No sirve la regulación sin una buena autoridad de fiscalización y control, y la información que recopila el organismo es un insumo importante para una buena regulación.

Estoy armando el equipo que será, al igual que en mi anterior gestión, reducido en número pero con profesionales muy competentes.

DPL News: ¿Qué diferencias y similitudes encuentra del mercado entre su gestión previa y la actual, tanto en términos técnicos como tecnológicos y culturales?

Héctor Huici: En 2015 estábamos en una situación compleja con respecto a las redes móviles, pero la situación económica, aunque mala, no era la misma que dejó la administración anterior en diciembre de 2023. La Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) era básicamente un tendido de fibra óptica y no una red completamente iluminada como es hoy, casi no tenía lasing right y había poca capacidad vendida en el Arsat-2. Eso cambió entre 2015 y 2019 y se mantuvo.

Hoy hay un sector telco ‘empobrecido’ pero con intereses, quizás, más convergentes. A los consumidores hoy también los veo más atentos a lo que compran en calidad y precio, priorizando el servicio de conectividad a Internet. Ahora las plataformas también ocupan un lugar aún más relevante que el que tenían en 2015.

DPL News: ¿Cuál será el plan de mediano plazo para Arsat?

Héctor Huici: El Estado eligió la forma de sociedad anónima comercial para los fines que le ha encomendado. La empresa tiene que hacerlo con eficiencia y sin acudir al auxilio directo o indirecto del Tesoro. Tampoco tiene que pretender condicionar la política regulatoria como han intentado hacerlo todas las pasadas gestiones, ni tiene que ser quien subsidie los negocios de terceros. Conocer el estado de avance del satélite SG-1 y de la Refefo es necesario para avanzar con más precisiones.

DPL News: ¿Qué políticas analiza para la universalización de los servicios?

Héctor Huici: El Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) debe ser repensado en forma integral. En primer lugar, acotando su uso a lo que surge de la ley: áreas de alto costo o demanda de personas en situación de vulnerabilidad económica. En segundo término, hay que darle lugar al play or pay de forma más sencilla, y transparentar y hacer competitiva la asignación de sus recursos.

Una cosa muy importante es tener presente que el FFSU funciona en subsidio del mercado, por lo que debemos ver en cada caso por qué el mercado no está satisfaciendo determinadas necesidades y actuar en su caso sobre esas causas, como excesivos aranceles, alta fiscalidad, trabas al despliegue, desincentivos regulatorios, etc.

DPL News: ¿Qué políticas se plantea para promover la inversión y dar sostenibilidad a las inversiones en infraestructura?

Héctor Huici: Los privados no deben pedirle al Estado las soluciones que ellos mismos pueden encarar. Hoy la compartición de infraestructura —activa y pasiva— es una tendencia que va consolidándose de la mano de la reducción de los márgenes y las constantes y crecientes necesidades de Capex. El pliego de 5G lo ha previsto y debemos fomentar esa compartición, particularmente cuando se trata de infraestructura en el espacio del dominio público. El Estado en todos sus niveles debe facilitar los despliegues, reduciendo costos y poniendo a disposición inmuebles y derechos de paso.

DPL News: ¿Se puede plantear una discusión sobre Fair Share?

Héctor Huici: Fair Share o network fees es un tema que está en la agenda de Europa, Estados Unidos, Corea y ahora Brasil, entre otros países. No hay soluciones fáciles y concluyentes, pero ese debate más temprano que tarde también se instalará entre nosotros.

DPL News: ¿Qué medidas concretas para desregular al sector se plantean tras la eliminación del DNU 690?

Héctor Huici: Hay muchas obligaciones obsoletas y permitidas propias de la época en que el principal servicio era la telefonía básica, por ejemplo. En otros casos debemos avanzar en otras soluciones como flexibilizar el mercado secundario de espectro. Es mejor la regulación por incentivos y no de comando y control, pero en cualquier caso se necesita mejorar la tarea de cumplimiento. Debemos usar la tecnología para mejorar el control de la calidad de los servicios de una manera menos intrusiva y apelando a la colaboración de los usuarios. Además hay que revisar la utilidad de la información que se pide, la periodicidad y también evitar superposiciones con otros organismos nacionales.

DPL News: Ya se subastó 5G, ¿qué sigue en materia de espectro y despliegue? ‎

Héctor Huici: El 5G tiene obligaciones muy básicas y espaciadas en el tiempo. En materia de espectro, durante la gestión anterior se continuó con el plan plurianual de espectro que habíamos trabajado en el último año de nuestra gestión. Hay que retomarlo y concluirlo.

Se terminó el DNU 690 en Argentina y la industria lo celebra. Quedó sin efecto, mil 328 días después, el decreto por el que, con la pandemia como contexto, se convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y se dispuso que el regulador Enacom fuera responsable de autorizar aumentos máximos; también se dispusieron planes básicos universales. Aunque los amparos en contra lo dejaron sin efecto (o casi) en la práctica, el sector lo observa como signo de una nueva era de reglas claras.

“El decreto promulgado por el gobierno anterior representa un ejemplo más de intervenciones injustificadas que distorsionan las reglas de juego, con un impacto negativo sobre las empresas, que desde entonces tenían que acudir a la Justicia para poder actualizar sus precios. Esta restricción ha tenido efectos devastadores en el sector, socavando la certeza jurídica para los inversores y obstaculizando el desarrollo de nuevos y mejores servicios para las personas y empresas”, manifestó el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

Una “buena noticia”

“Es un tema en el que hay consenso: no debería seguir existiendo”, dijo el presidente del regulador, Juan Martín Ozores, sobre el DNU 690, en el marco del MWC 2024. No se equivocaba. Consultados por DPL News, los actores coincidieron en que la decisión de las últimas horas es “una buena noticia” y puede ser el primer paso para un sector financieramente saludable para sus integrantes, con certidumbre jurídica que se traduzca en beneficios directos para los usuarios de distintos servicios.

“Es una noticia muy esperada por todo el sector. La norma no sólo tuvo un impacto negativo por su contenido, contrario a la libre competencia y la certidumbre jurídica, sino también por su forma. Fue una medida repentina, implementada sin conversaciones previas con la industria. Esperamos que esta decisión marque el camino hacia una política de Estado basada en el diálogo y el trabajo conjunto entre sector público y privado. La conectividad móvil es un aliado clave para la recuperación económica del país. Se necesitan medidas que aporten previsibilidad a largo plazo, incentivos a las inversiones y una mirada integral sobre la brecha digital”, indicó a este medio Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA.

Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet, sostuvo que se trata de “una medida positiva para el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Esta es una industria dinámica, innovadora y en amplia competencia que requiere de un marco normativo y una regulación inteligente que promueva la inversión para el despliegue de redes de cara a promover la extensión del acceso y el uso productivo. En los últimos años, los operadores han trabajado en un contexto de caída de los ingresos (con el menor Ebitda de la región), incertidumbre regulatoria, altas tasas impositivas y dificultades para importar equipos o instalar infraestructura. La libertad de precios en nuestro sector es la norma a nivel internacional, con lo que esperamos que ésta sea la primera decisión de muchas para eliminar la sobre intervención que perjudica el desarrollo de una industria base para la transformación digital. La mejora regulatoria es indispensable para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad financiera que tiene este sector y maximizar las oportunidades que representa para el crecimiento económico del país”.

El operador Claro consideró que se trata de una decisión correcta. “El DNU se encontraba en la práctica inaplicable por múltiples acciones judiciales, pero era necesaria su derogación para posibilitar así un nuevo marco de reglas que alienten el desarrollo de inversiones y mejoras de servicios de conectividad en el país. Las acciones que se están llevando adelante para la estabilización de la macroeconomía es la otra contribución indispensable para potenciar la industria de las comunicaciones en plena competencia”, agregó.

“Se pone punto final a uno de los obstáculos más severos que sufrió la industria en los últimos cuatro años. El gobierno ha dado un primer paso para el crecimiento y desarrollo del sector que redundará en inversiones en beneficio de los clientes. Confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas”, señalaron desde Movistar.

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El presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, consideró que es una medida para festejar: “Nos saca de una situación de incomodidad que tenía toda la industria. Si bien había varias cautelares y procesos que estaban liberando la situación de los precios, define claramente que solamente el servicio básico telefónico es servicio público y los demás dejan de serlo, algo que habíamos solicitado desde la Cámara. Entendemos que esto va a dinamizar más a la industria y permitirá un panorama mejor y con mayor libertad. No creo que los precios aumenten porque la competencia efectiva está en casi todas las localidades del país”.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), señaló: “El congelamiento de tarifas le hizo mucho daño especialmente a las cooperativas, pequeños operadores que en definitiva sin medidas cautelares fuimos los que terminamos cumpliendo con ese esquema que pulverizó los balances de muchas organizaciones. Esto sólo está compensado por lo valioso que se ha transformado la conectividad, y en el caso de Catel, la incorporación de la movilidad a través de imowi, que hoy nos coloca en igualdad para poder competir. Como en otras tantas crisis, nunca dejamos de hacer, de evolucionar sin especular con la coyuntura presente y futura. Estamos convencidos de que podemos liderar en el mundo TIC”.

En su turno, Franco Cecchini, de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes (Catip), consideró que “el DNU fue un error conceptual grave y dictado por autoridades sin conocimiento del segmento y sin ninguna interacción con quienes hacemos las comunicaciones. No logró ningún efecto positivo, sí enormes gastos y efectos negativos para el segmento TIC y toda la población Argentina”.

“Muy positivo para la Argentina la derogación del nefasto 690 mediante el que se pretendió controlar los precios de los servicios de cable, Internet y móvil. Esto, sin duda, generará mayores inversiones y más conectividad para todos”, dijo en su cuenta de X el exdirector del Enacom, Agustín Garzón. La noticia tuvo mucho impacto y repercusiones en redes sociales y medios locales generalistas.

También hubo quienes defendieron la medida. Tal es el caso de Gonzalo Quilodrán, exdirectivo del regulador durante la aplicación del decreto: “El DNU buscó no sólo regular precios, sino principalmente garantizar la conectividad a los sectores más postergados de la sociedad, con proyectos alternativos que permitieron conectar la ruralidad y llegar a localidades de menos de 30 mil habitantes en todo el país”, expresó.

Por su parte, desde el regulador, hoy en proceso de intervención, agregaron a DPL News que “el sector de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país”.

Precios

Enacom manifestó que “no espera una suba en los valores de estos servicios con la derogación del decreto, ya que con las medidas cautelares que las empresas fueron logrando en la justicia pudieron actualizar los precios”. Este ítem es clave teniendo en cuenta el dramático aumento de precios de servicios esenciales como las obras sociales a partir de movimientos regulatorios de la actual administración. ¿Ocurrirá lo mismo con las comunicaciones?

Los valores esgrimidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dan razones al regulador en este punto: los precios de comunicaciones aumentaron 283.8 por ciento en los últimos 12 meses registrados, algunos puntos por encima de la inflación general (276.2%) informada oficialmente. Algo más: en los últimos seis meses, el sector fue el que más aumentó entre las 12 divisiones que hacen al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En otras palabras, los precios de comunicaciones ya han aumentado en los últimos meses, aun con el DNU en plena vigencia.

Nuevo proyecto “Omnibus”

Tras el traspié en el primer intento, el gobierno volvió a la carga con un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que será revisado por el Congreso. Como novedad para el sector, el nuevo texto no incluye a la estatal de telecomunicaciones Arsat entre las empresas susceptibles de ser privatizadas.

Sí se mantienen otros puntos con impacto en el sector, como la generación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la facultad al Ejecutivo de modificar, transformar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, lo que podría redundar en cambios en los Fondos de Servicio Universal.
En sus primeros meses en el gobierno, Javier Milei anunció la desregulación de los servicios de Internet satelital, lo que luego trajo la llegada de Starlink al país, y anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de importaciones, una medida que también fue celebrada por la industria. El organigrama de decisiones aún se está configurando pero plantea facultades sobre el sector divididas en distintas dependencias y nombres.

A través del Decreto 302/24 publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei modificó la Ley Argentina Digital para establecer que los licenciatarios de servicios TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y aun margen razonable de operación”. Y en el artículo 3 derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 690).

Con esto se pone fin a cuatro años de la norma que impuso el entonces presidente Alberto Fernández durante la pandemia para congelar y después regular las tarifas de los servicios, en una economía hiperinflacionaria. Si bien el control de precios ya no estaba funcionando, gracias a amparos judiciales, la eliminación del DNU era un reclamo del sector al nuevo gobierno.

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La norma publicada esta mañana también elimina el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establece el carácter de servicio público en competencia a las TIC.

El DNU, publicado en agosto de 2020, convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) garantizar “su efectiva disponibilidad”. Con su entrada en vigencia, el regulador pretendió autorizar aumentos máximos en un contexto de acelerada inflación y se generaron planes básicos universales (PBU) que tuvieron poca o nula adhesión por parte de los usuarios. En otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.

Inmediatamente después de publicado el decreto, los operadores grandes y pequeños pidieron su revisión. Su argumento central fue que la medida era inconstitucional pero también que resultaría demasiado complejo ponerla en práctica en un contexto de alta inflación (en ese año superior al 50% interanual, hoy más de 276%) y con el exponencial crecimiento de uso de redes y servicios en el contexto de pandemia. Además, la autoridad pública carecía de capacidad técnica para adecuar definiciones de aumentos realistas con base en costos. Las empresas fueron a la Justicia a pedir libertad tarifaria y distintas firmas consiguieron luz verde para definir su estrategia comercial a través de amparos judiciales.

Los argumentos que solía esgrimir el presidente Alberto Fernández para no atribuirle a su gestión el pésimo desempeño económico que presenta Argentina en los últimos años son los factores externos: la deuda contraída con el FMI por el gobierno anterior, la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía y –aunque no lo dice abiertamente– la discusión política interna de su coalición.

Casi los mismos factores condicionaron la limitada política pública para el sector de las telecomunicaciones durante esta administración, además de un alto componente de malas decisiones y de falta de entendimiento y valorización de la actividad. La promoción de un sector esencial para el desarrollo económico y social del país nunca estuvo en la parte alta de la agenda de prioridades del gobierno, prueba de ello fueron los recambios en la titularidad de la Subsecretaría TIC sin alto rango en el ejecutivo perdida en el esquema de la Jefatura de Gabinete.

Los errores del gobierno en materia de telecomunicaciones van desde el DNU 690, que trató de imponer el control de precios, perjudicó las finanzas de los operadores y recogió el rechazo de todo el sector; hasta una postergada subasta 5G con fines recaudatorios, que al inicio cosechó críticas hasta que mejoraron las condiciones permitiendo que los operadores móviles pudieran participar en la subasta.

La pandemia determinó entonces una mirada sobrereguladora hacia el sector y la economía en su conjunto. Así, la política económica con control de cambio y restricción a las importaciones y la crisis de devaluación monetaria e inflación acelerada –producto de la deuda, la gestión tendente al déficit fiscal, los precios de la energía por la guerra y la sequía que perjudicó las exportaciones– presionaron al sector con caída de los ingresos y dificultades a la importación de equipos.

A esto se suma la interna dentro de las políticas del sector, con un regulador donde coexistían miembros que respondían a Sergio Massa y otros a Cristina Kirchner, y por otro lado la Subsecretaría TIC que respondía más a Alberto Fernández. Las distintas visiones sobre el sector y el enroque sobre la idea del control de precios con la posterior judicialización bloquearon en gran medida el avance sustancial del sector, hasta la conclusión de la subasta de la banda 3.5 GHz.

El DNU 690 de la pandemia

La gran polémica de esta gestión en materia de telecomunicaciones fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, publicado en agosto de 2020 en plena pandemia. Convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) garantizar “su efectiva disponibilidad”. Con su entrada en vigencia, el regulador pretendió autorizar aumentos máximos en un contexto de acelerada inflación y se generaron planes básicos universales (PBU) que tuvieron poca o nula adhesión por parte de los usuarios. En otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.

Inmediatamente después de publicado el decreto, los operadores grandes y pequeños pidieron su revisión. Su argumento central fue que la medida era inconstitucional pero también que resultaría demasiado complejo ponerla en práctica en un contexto de alta inflación (en ese año superior al 50% interanual, hoy más de 140%) y con el exponencial crecimiento de uso de redes y servicios en el contexto de pandemia. Además, la autoridad pública carecía de capacidad técnica para adecuar definiciones de aumentos realistas con base en costos.

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La respuesta de las autoridades fue la cerrazón ideológica y acusaciones infundadas sobre un sector cuyos precios crecen por debajo de la inflación. Las empresas fueron a la Justicia a pedir libertad tarifaria y distintas firmas consiguieron luz verde para definir su estrategia comercial a través de amparos judiciales. Las únicas entidades que cumplieron el alza de precios establecida por el Enacom fueron algunas cooperativas, que en reiteradas oportunidades alertaron sobre su debilitamiento económico a causa del DNU.

El DNU 690 también fue un tema de la campaña electoral. En las Jornadas de ATVC en octubre de 2023, previo a la elecciones, representantes de los distintos partidos políticos (incluso el Massismo) coincidieron en que la situación regulatoria debía sufrir un cambio. Como un broche de oro a la disputa, en la última semana, gracias a un recurso interpuesto por Telecom, la Justicia declaró la nulidad al DNU 690 por su inconstitucionalidad. Entre los argumentos de la sentencia dice que ya no existen las circunstancias excepcionales que autorizaron el dictado del DNU y que un cambio tan profundo como la declaración de un servicio público debería haber pasado por el trámite legislativo del Congreso.

Tensiones internas de la coalición de gobierno

La discusión entre las familias políticas del gobierno también impactó en el manejo del sector. Como gobierno de coalición, las distintas fuerzas pujaron e intentaron imponer su posición –en algunos casos opuesta–, y con una composición contra natura, ya que la principal fuerza, el kirchnerismo, no tenía el sillón presidencial aunque sí la mayoría de Ministerios y la vicepresidencia del Enacom. Por ejemplo, el DNU 690 siempre fue defendido por el ala albertista y cristinista del gobierno, no así por el ala más massista, que por su impronta más liberal siempre fue distante a la idea del control de precio.

Dentro del regulador se destacó el desempeño del vicepresidente Gustavo López, el hombre fuerte del kirchnerismo en el ente, el encargado principalmente de defender en los medios las medidas más populistas del sector.

Las idas y vueltas de la dirección a cargo de las políticas públicas del sector también limitaron el desempeño de una industria transversal a distintos ámbitos. Cuando Alberto Fernández asumió, creó la Secretaría de Innovación (a cargo de Micaela Sánchez Malcolm, quien se mantuvo en su puesto todos estos años), y dentro de ella, la Subsecretaría TIC, a cargo de Martín Olmos. Ambos respondían al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Olmos tuvo poco margen de acción, ya que a los pocos meses de asumir llegó la pandemia, y con ella el DNU 690.

Luego del revés sufrido en las elecciones de medio término, en 2021, el Ejecutivo renovó parte del Gobierno, y Juan Manzur, del peronismo federal, pasó a ser el nuevo Jefe de Gabinete. Manzur nombró a Jorge Neme vicejefe de Gabinete y asumió todas las responsabilidades del sector telco, buscando la desjudicialización del sector (con una salida del DNU 690) y una rápida subasta de espectro 5G, ambas iniciativas frustradas. En ese momento reemplazó a Martín Olmos por Mateo Gómez Ortega. Poco tiempo duró este equipo. Con la llegada de Sergio Massa al superministerio de Economía, en agosto de 2022, Neme dejó la vicejefatura de Gabinete (al igual que Manzur), y el sector “volvió” a la órbita de la Secretaría de Innovación. Pero sólo en los papeles, pues las dos decisiones más trascendentales del último tiempo vinieron desde el Ministerio de Economía: destinar la banda de 6 GHz a servicios inalámbricos y la subasta de espectro 5G.

Por su parte, Martín Olmos regresó como subsecretario de Telecomunicaciones en agosto del año pasado, pero debió renunciar en octubre porque su madre, Kelly Olmos, fue nombrada ministra de Trabajo y cayó en la incompatibilidad. En su lugar, se nombró a Mariano Lombardi, que en todos estos meses no se le adjudicó ningún movimiento ni acercamiento con la industria. Mientras que Micaela Sánchez Malcolm, la secretaria de Innovación, concentró su gestión en la digitalización del Estado (una de sus banderas fue la aplicación Mi Argentina), temas de brecha de género, y la apertura de Puntos Digitales.

Arsat también sufrió los cambios de la interna. Al inicio de la gestión estaba al frente de la compañía pública Pablo Tognetti, presidente histórico, pero luego de las elecciones de medio término se nombró a Matías Tombolini, buscando un giro comercial a la compañía, que finalmente no se terminó dando. Además, en enero de 2022 se nombró a Claudia Bello y Soledad Gonnet como miembros de su directorio, dos perfiles políticos que en su momento fueron cuestionados. Esta decisión correspondió a una designación del propio jefe de Gabinete, Manzur. El de Bello finalmente no prosperó. Con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, Tombolini fue nombrado como secretario de Comercio, y volvió a Arsat el ala más técnica con Facundo Leal como presidente.

6 GHz y 5G

Fue con Sergio Massa que se aceleraron algunas iniciativas del sector. En mayo de 2023, en un acto del ministro con Meta, Intel, Google, entre otras plataformas, se anunció destinar toda la banda de 6 GHz para WiFi, a pesar de que el país había realizado una consulta pública para atribuir sólo 500 MHz. El anuncio de esta “llegada” se convirtió en una foto de campaña del ministro Massa en busca de buenas noticias y de un acercamiento con los Estados Unidos. A pesar de lo apresurado de la medida, aún no hay mayores definiciones de servicios WiFi 6E, e incluso se está debatiendo el destino de dicha banda en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) que se está llevando a cabo en Dubai.

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Luego llegó la tan demorada y prometida subasta 5G. En agosto de este año se conocieron las bases; los 350 millones de dólares por cada bloque de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz resultaron demasiado para las deprimidas finanzas de los operadores, que inmediatamente pidieron revisar las condiciones “dado que en este escenario es imposible el despliegue” de la nueva tecnología. La necesidad de dólares en una economía con mínimas reservas y constantes vencimientos de la deuda externa pudo más que la visión no recaudatoria de la subasta de espectro.

Pero se encontró una solución de consenso para habilitar la realización de la subasta, ya que las autoridades permitieron hacer un enroque con los distintos tipos de cambios que funcionan en el país, que supuso una sustancial mejora en el costo estipulado inicialmente. En otras palabras, en los papeles son 350 millones de dólares, pero los operadores pueden reducir el impacto de este costo a casi un tercio ingresando divisas al tipo de cambio de la bolsa en el exterior y pagando la subasta al dólar oficial. Tras ese cambio, las compañías accedieron a participar, hecho que se concretó a finales de octubre con Claro, Personal y Movistar ganando espectro.

Otra polémica que giró en torno a la subasta fue el bloque de 100 MHz a Arsat, al que se sumaría los 50 MHz desiertos del proceso licitatorio. Habrá que esperar las decisiones del nuevo Ejecutivo con respecto a la empresa pública y al modelo para el uso de esas frecuencias. Las opciones van desde un modelo de eficientización de la empresa pública, una reducción de sus inversiones o incluso la privatización total o parcial de sus activos.

FSU, proyectos e iniciativas

Otra disputa durante este gobierno fue la gestión del Fondo de Servicio Universal. El fondo subsidiario que se financia con 1 por ciento de los ingresos de los operadores tiene por objetivo contribuir al cierre de la brecha digital. Sin embargo, algunas entidades alertaron sobre la falta de transparencia en la adjudicación y balance de resultados de los mismos.

El Enacom destinó gran parte de estos fondos a Arsat, con lo que el Estado financia su empresa pública por esta vía. La situación se agrava al observarse que muchos otros recursos son adjudicados a empresas públicas provinciales o entidades proveedoras de servicios TIC de reciente creación. “Debería manejarse de una manera más transparente, ya que encontramos que hay licenciatarios a los que les dan una licencia y fondos y no vemos que haya control real sobre el destino de ese dinero”, dijo recientemente el titular de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), Rodolfo Bianchi.

“También vemos asignaciones del Fondo de Servicio Universal que generan notorias desigualdades. Los operadores pequeños, medianos y grandes de todo el territorio están obligados a pagar, pero deben afrontar la competencia de los que nunca hicieron aportes, como las SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) y otros que reciben beneficios”, había mencionado Walter Burzaco, presidente de ATVC, en la inauguración del evento Jornadas 2023.

En estos cuatro años, la compañía siguió creciendo y fortaleciendo la Red Federal de Fibra Óptica. A septiembre, la compañía contaba con 34 mil 500 kilómetros de red mayorista, de los cuales 32 mil 800 se encontraban operativos. Asimismo, avanzó en la construcción del satélite geoestacionario SG-1, cuyo lanzamiento se postergó a 2025. También se anunció el SG-2, que hasta el momento no se conocen avances.

En los últimos meses, y para sumar pequeños avances en materia digital, se conocieron algunas novedades del sector. En abril, en un acto donde participó Alberto Fernández, el Gobierno anunció Mi Pueblo Conectado, un plan para dotar de Internet satelital a 370 localidades del país, a través de un presupuesto de 5 millones de dólares (USD).

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Desde la Secretaría de Innovación también lanzó a consulta pública en agosto el proyecto de fortalecimiento a la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en el país, sobre el proyecto que recibió financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Vale aclarar que en estos años, a pesar de la macro desafiante, el Gobierno tuvo un buen acercamiento a los organismos de créditos regionales para financiar iniciativas TIC. Consiguieron un préstamos del BID para: USD 35 millones para la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y la promoción de su inserción laboral; USD 600 millones para el Programa para la Integración del Sistema de Salud Argentino, que incluye receta electrónica de medicamentos y el uso de Inteligencia Artificial para la gestión sanitaria; para financiar el Programa de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas; USD 80 millones para la transformación digital de mipymes. También uno de CAF por USD 20 millones para economía del conocimiento.

En definitiva, los cuatro años del gobierno de Alberto Fernádez en materia digital de alguna forma fueron un pequeño reflejo de lo que ocurrió a nivel macro. Factores externos e internos, y una sobreregulación hicieron que se demoren las buenas intenciones y generaron un conflicto permanente con el sector.

La discusión sobre la regulación de precios y el carácter recaudatorio de la subasta de espectro ocupó todo el espacio de la conversación que no permitió mejoras en materia regulatoria para la promoción de la inversión, facilitar el despliegue de infraestructura, actualizar la fiscalidad o revisar las obligaciones de servicios tradicionales. Pese a ello, las empresas mantuvieron el pulso inversor y la cobertura y acceso a servicios continuaron extendiéndose mientras se produjo la renovación tecnológica que el contexto permitió.

La llegada del nuevo gobierno supone para el sector la expectativa de una política regulatoria más abierta, el fin de la discusión sobre la regulación de precios y un nuevo interlocutor con el que retomar la agenda sobre la necesaria actualización de los marcos normativos que rigen a una industria clave para la vuelta al crecimiento económico en el país.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) recurrirá el falló favorable a Telecom, por el que se declaró la nulidad del decreto 690/2020. Así lo confirmó el vicepresidente del regulador, Gustavo López, ante la consulta de DPL News. El regulador tendrá menos de un mes para avanzar en el proceso, ya que con el cambio de gobierno el 10 de diciembre se esperan también cambios en el ente.

El operador había registrado la novedad ante la Comisión Nacional de Valores, el pasado viernes. “Se informa que la sociedad fue notificada de la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 8 (…), que admitió la demanda iniciada y declaró la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones Enacom 1466 y 1467”, señaló en el escrito.

Entre los considerandos, el texto por el que se declaró la nulidad alega, entre varios puntos, que “pese al largo tiempo transcurrido, el DNU no ha sido ratificado por ambas Cámaras del Congreso” y expone que la normativa aprobada respondía a un contexto determinado, signado por la pandemia.

Telecom se hizo eco de cada paso favorable obtenido de la Justicia en este tema. En su reporte al tercer trimestre de 2023, para citar el último ejemplo,  la firma recordó que por decisión judicial corría por otros seis meses el amparo solicitado, por el que gozaba de libertad tarifaria.

A pesar de la respuesta de Enacom, todo parece indicar que el decreto y sus consecuencias tienen fecha de vencimiento. Distintas medidas anunciadas por el presidente electo Javier Milei apuntan a la eliminación de cualquier tipo de restricción de medidas para los mercados. “La industria pide que volvamos a la situación previa al DNU 690”, había dicho a DPL News el referente de la Libertad Avanza, Rodolfo Bianchi, en una charla previa a las elecciones.

Colsecor

Pamela Bacciocchi, gerenta de la Cooperativa Telefónica de San Genaro, señala que medidas vigentes con el DNU 690 impactan negativamente en el desarrollo de las cooperativas, que son “las únicas que lo aplicaron a rajatabla”.

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