Telefónica presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para exigir la ejecución de un laudo arbitral internacional que condenó al Estado colombiano al pago de una indemnización que, sumando intereses y costas, podría alcanzar entre 450 y 500 millones de dólares. 

De acuerdo con información publicada por El País, la compañía busca que la Justicia estadounidense reconozca y ejecute el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que Colombia no entregara la garantía bancaria internacional exigida para mantener suspendido temporalmente el pago, mientras se estudia una solicitud de anulación del fallo.

El origen de la controversia se encuentra en el proceso de reversión de activos de telecomunicaciones asociado a las concesiones otorgadas en 1994. En 2017, el Estado colombiano exigió a Telefónica y a Claro el pago de recursos relacionados con esos activos y como resultado, Telefónica desembolsó cerca de 379.8 millones de dólares y posteriormente acudió al arbitraje internacional al considerar que las decisiones adoptadas por Colombia vulneraban los compromisos de protección a la inversión establecidos en acuerdos internacionales suscritos con España.

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En 2024, el CIADI falló a favor de Telefónica. En su decisión concluyó que Colombia incumplió obligaciones de protección a la inversión extranjera y ordenó el pago de una compensación de 379.8 millones de dólares, más intereses compuestos del 5% anual y el reembolso de determinados costos legales.

Aunque el Gobierno colombiano presentó una solicitud de anulación del laudo, un comité ad hoc del CIADI rechazó la petición de suspender el pago debido a que el Estado no constituyó dentro del plazo establecido la garantía financiera requerida para respaldar una eventual ejecución del fallo.

Ahora, la demanda presentada en Washington busca que la Justicia de Estados Unidos reconozca el laudo arbitral como una sentencia ejecutable. 

De prosperar, Telefónica podría solicitar medidas para identificar y eventualmente embargar activos del Estado colombiano en territorio estadounidense que sean susceptibles de ejecución conforme a la legislación de ese país.