Los Centros de Datos gubernamentales presentan desafíos, y en América Latina no es la excepción.

Digi Americas publicó el informe Los desafíos de los Centros de Datos gubernamentales en la construcción de infraestructuras digitales resilientes, en el que aborda una paradoja en la política de infraestructura digital de América Latina: la creencia de que construir y operar Centros de Datos propios es la mejor manera de proteger la información sensible.

Si bien los gobiernos de todo el mundo están adoptando cada vez más soluciones de Nube de hiperescala por su rentabilidad y escalabilidad, la región ha sido lenta en este proceso, citando la soberanía de los datos y la privacidad como razones para mantener el control total sobre la infraestructura.

Sin embargo, esta decisión conlleva una serie de desventajas significativas. El ritmo acelerado de la innovación tecnológica, particularmente con el auge de la Inteligencia Artificial, deja obsoletos a los Centros de Datos gubernamentales en poco tiempo, asevera el estudio.

Y es que los procedimientos burocráticos y las restricciones presupuestarias impiden que los gobiernos se adapten a las nuevas tecnologías, lo que crea nuevos sistemas heredados y aumenta las vulnerabilidades.

El informe subraya que, a diferencia de los proveedores de Nube de hiperescala, que invierten grandes sumas en seguridad, la ciberseguridad en estas instalaciones autogestionadas es limitada y más costosa de proteger.

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Digi Americas señala que para 2025, más del 75% de los gobiernos operarán más de la mitad de las cargas de trabajo utilizando proveedores de servicios en la Nube a hiperescala.

De acuerdo con el estudio, la concentración de datos en una sola ubicación también presenta un riesgo de seguridad sustancial, haciéndolos susceptibles a un solo punto de falla.

El documento cita ejemplos notorios. En Indonesia, un ataque de ransomware interrumpió más de 210 servicios públicos, afectando la inmigración y otros servicios gubernamentales.

Por el contrario, en Ucrania, el gobierno se vio obligado a migrar sus datos a la Nube pública justo antes del inicio de la guerra en 2022 para protegerlos de los ataques a sus servidores locales.

Estos casos muestran que, en crisis, la Nube de hiperescala demostró ser la alternativa más segura y fiable, afirma el estudio.

Y es que la decisión de un gobierno de construir su propio Centro de Datos lo convierte en un actor de una industria altamente compleja e intensiva en capital, que se proyecta que alcance los 438,700 millones de dólares a nivel mundial para 2028.

En América Latina, se espera que el mercado de Centros de Datos crezca de 5,510 millones de dólares en 2022 a 8,810 millones de dólares en 2028.

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“Los gobiernos de toda la región están invirtiendo activamente en el fortalecimiento de las infraestructuras digitales públicas de sus países, incluido el desarrollo de Centros de Datos nacionales e iniciativas en la Nube, para mejorar la prestación de servicios públicos y la gobernanza”, apunta el estudio.

El reporte añade que operar en este mercado requiere una experiencia que a menudo no está disponible en el sector público, donde la competencia por el talento digital es feroz.

Destaca también que el costo anual de los ciberataques en América Latina y el Caribe podría superar los 90 millones de dólares para 2025.

Como solución, el informe propone el modelo de colocación híbrida como una alternativa estratégica. Este enfoque permite a los gobiernos aprovechar la infraestructura y la experiencia de los proveedores de Centros de Datos comerciales, lo que les permite mantener los activos más críticos en las instalaciones, al tiempo que aprovechan la escalabilidad, flexibilidad y seguridad de la Nube de hiperescala para otras cargas de trabajo.

Y es que al asociarse con estos proveedores, los gobiernos pueden evitar los altos costos de inversión y mantenimiento, reducir el riesgo de obsolescencia tecnológica y centrarse en su misión principal de brindar servicios públicos.

Finalmente, Digi Americas señala que la colocación híbrida también aborda las preocupaciones de sostenibilidad, ya que los proveedores de Centros de Datos a menudo cuentan con tecnologías de eficiencia energética y se adhieren a estándares ambientales que serían difíciles de replicar para una instalación pública más pequeña.

La adopción responsable de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una prioridad para los gobiernos latinoamericanos, que buscan equilibrar innovación con seguridad en un entorno tecnológico en rápida evolución.

De acuerdo con el reporte Gobernanza de la IA en América Latina, hecho por Digi Americas Alliance, el principio de “seguridad desde el diseño” emerge como una de las medidas más novedosas, al proponer que los sistemas de IA sean desarrollados con transparencia, resiliencia y protección contra vulnerabilidades desde su concepción, y no como un añadido posterior.

El reporte señala que este enfoque permite anticiparse a riesgos cada vez más complejos, como el envenenamiento de datos, la manipulación adversaria o los fallos de sistema.

Asimismo, Digi Americas Alliance afirma que al incorporar estas salvaguardas durante el ciclo de desarrollo se fortalece la confianza digital y se prepara a la región para aprovechar el potencial de la IA de forma sostenible.

“Una gobernanza efectiva de la IA no sólo debe proteger derechos fundamentales como la privacidad, la ciberseguridad, la igualdad y la dignidad humana, sino también permitir el desarrollo y el despliegue responsables de las tecnologías de IA.

“Esto implica incorporar principios de responsabilidad social, mantener altos niveles de ciberseguridad, garantizar la fiabilidad del sistema y la supervisión humana, y promover un diseño inclusivo y multilateral que involucre a gobiernos, empresas, academia, organizaciones internacionales y sociedad civil”, advierte el reporte.

Por otro lado, Digi Americas Alliance señala también que la seguridad tecnológica por sí sola no basta, por lo que los gobiernos de América Latina están llamados a alinear sus políticas nacionales con incentivos claros para el desarrollo ético, y a promover la colaboración entre distintos sectores: industria, academia y entes reguladores.

El reporte asegura que esta coordinación es clave para que la región no sólo adopte, sino que lidere modelos de innovación segura.

En el terreno regulatorio, las estrategias se orientan hacia marcos que protejan tanto a los sistemas de IA como a los usuarios frente a riesgos derivados de su uso.

Una de las propuestas más relevantes de Digi Americas Alliance es la categorización de la IA basada en el riesgo, inspirada en esquemas internacionales como el AI Risk Management Framework del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos.

Bajo este modelo, afirma el reporte, los sistemas de bajo riesgo tendrían menos restricciones, mientras que las aplicaciones críticas en sectores como salud, infraestructura o finanzas estarían sujetas a pruebas rigurosas y certificaciones previas a su implementación.

Otra línea de acción es el fortalecimiento de las normas de integridad de datos. Dado que la IA depende de grandes volúmenes de información, la validación y restricción en el uso de datos no verificados se vuelve esencial para prevenir sesgos y ataques de envenenamiento. En paralelo, plantea reforzar las medidas legales contra la desinformación, los deepfakes y la manipulación en plataformas digitales, estableciendo mecanismos claros para su detección, etiquetado y eliminación.

Las regulaciones adaptativas también aparecen como pieza central de este rompecabezas. Frente a un ecosistema tecnológico en constante evolución, con avances como las computadoras cuánticas a la vista, los marcos normativos deberán actualizarse de forma periódica y flexible. La colaboración intersectorial será vital para mantener regulaciones eficaces y vigentes.

Con estas estrategias, asevera Digi Americas Alliance en su reporte, América Latina se perfila para avanzar hacia un modelo de gobernanza tecnológica que no frene la innovación, pero que garantice confianza, seguridad y resiliencia.