Por lo menos 92 por ciento de la población chilena, equivalente a 15 millones de usuarios, vería afectada la calidad de sus servicios móviles si Claro, Entel y Movistar devuelven parte del espectro radioeléctrico que adquirieron en la subasta de la banda de 700 MHz, como lo ordenó la Corte Suprema de Chile en junio de 2018.

Así lo concluyó un estudio preliminar del Centro de Investigación Dictuc de la Universidad Católica, encomendado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina.

El informe señala que se debe establecer un marco regulatorio para realizar el proceso de enajenación del espectro, a partir de etapas y plazos definidos para minimizar el impacto negativo sobre los consumidores. De lo contrario, se interrumpirán o no se podrán concretar uno de cada cinco intentos de llamada.

Resulta inviable que los operadores móviles entreguen de manera inmediata al Estado la parte del espectro que poseen, sin medidas mitigatorias ni análisis de crecimiento de tráfico que deben soportar las redes, indica el análisis realizado con base en pruebas de campo en la comuna de Melipilla.

Las consecuencias podrían ser una baja de 50 por ciento en la velocidad para descargar un video o una página web, y se tendría que esperar el doble de tiempo para que la red 4G responda; mientras que en 3G las conexiones exitosas caerían de 93 a 56.8 por ciento y el tráfico de datos disminuiría 85 puntos en comparación con el valor promedio.

Además, las redes de las compañías no podrían soportar de manera adecuada los aumentos inesperados de demanda, suscitados en días festivos o situaciones de emergencia.

Por ello, la investigación recomienda que antes de comenzar un proceso de enajenación del espectro se considere la inversión que se deberá realizar, así como las medidas administrativas para agilizar trámites.