El mantenimiento de la política de deducción fiscal para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) ha sido no sólo decisivo para el avance de la transformación digital en Brasil, sino también altamente rentable para las arcas públicas. Así lo señala un estudio del Instituto de Investigación para la Economía Digital (IPE Digital), que evidenció el impacto de la Ley Nº 14.108/2020 sobre la adopción del IoT en el país.

Según el análisis, la política fiscal (que reduce tasas regulatorias como TFI, TFF, CFRP y Condecine) fue responsable del 43.75 % de la demanda adicional por dispositivos IoT entre 2021 y 2025. En total, se activaron 8.78 millones de dispositivos más en ese periodo, en comparación con un escenario sin incentivos.

El impacto económico de esta activación adicional se tradujo en 2.57 mil millones de reales (455 millones de dólares) en recaudación tributaria inducida, más de tres veces el valor estimado de la renuncia fiscal. El estudio demuestra que, al estimular la demanda por dispositivos, la deducción también impulsa los ingresos provenientes de tributos indirectos como ICMS, PIS/Cofins e ISS, además de dinamizar sectores como conectividad, software y servicios.

Las proyecciones del IPE Digital revelan además que, si se mantiene la política fiscal, el país podría alcanzar los 118.4 millones de dispositivos IoT en operación para 2030, es decir, casi el triple de lo esperado en un escenario de retorno a la carga tributaria anterior. Con base en estos datos, el Instituto defiende la aprobación de propuestas legislativas como el proyecto de ley 4,635/2024, que extiende los beneficios de la Ley Nº 14,108/2020 hasta 2030.

El estudio argumenta que esta prórroga no sólo mantendría un entorno favorable a la innovación, sino que también garantizaría un retorno fiscal positivo, mayor productividad y una inclusión digital ampliada.

El pasado jueves 14 de diciembre, durante una sesión conjunta del Congreso Nacional de Brasil, senadores y diputados federales decidieron anular el veto presidencial al proyecto que extiende la desgravación de la nómina a 17 sectores económicos; entre ellos, TIC, TI y telecomunicaciones. Con la anulación del veto, la desgravación se extenderá hasta 2027 en lugar de hasta finales de 2023.

En el Senado, la anulación del veto tuvo 60 votos a favor y 13 en contra. En la Cámara, 378 votos fueron a favor de la anulación del veto y 78 por la retención del veto presidencial. La derrota del gobierno ya era esperada por el líder en el Congreso, Randolfe Rodrigues, ya que incluso la base aliada se posicionó a favor de anular el veto.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó el proyecto argumentando que la desgravación reduce la contribución a la Seguridad Social, considerándola inconstitucional al no demostrar el impacto financiero presupuestario ni indicar la compensación de esas pérdidas.

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El diputado federal Lindbergh Farias criticó la anulación del veto, sugiriendo que el Congreso podría discutir alternativas a la desgravación. Consideró la decisión una provocación al gobierno y destacó que el ministro Haddad estaba dispuesto a negociar una transición para la desgravación.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había defendido que el tema se discutiera en la segunda fase de la reforma tributaria, programada para 2024. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta alternativa.

El senador Rodrigo Pacheco afirmó que la medida puede evitar despidos en los sectores beneficiados. También argumentó que las alternativas a la desgravación deben presentarse con la medida en vigor para proporcionar previsibilidad a los 17 sectores afectados.

El proyecto aprobado por el Congreso en octubre prorroga hasta 2027 la contribución a la Seguridad Social de sectores intensivos en mano de obra, variando entre 1 y 4.5 por ciento sobre la facturación bruta. Antes de 2011, cuando se aprobó esta medida, estos sectores contribuían con 20 por ciento de la nómina a la Seguridad Social.

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Aprobado por el Senado Federal de Brasil a finales de octubre, el Proyecto de Ley 334/2023 que proponía extender hasta 2027 la política de desgravación de la hoja de pagamento para 17 sectores de la economía, incluyendo las telecomunicaciones y la tecnología de la información (TI), fue vetado en su totalidad por el presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Con el veto, la desgravación de la hoja perderá validez en diciembre de este año, y la contribución a la Previdencia Social volverá a calcularse con base en la hoja de pago a partir de enero de 2024. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había defendido que el tema se discutiera en la segunda fase de la reforma tributaria, considerando el proyecto inconstitucional.

En la tarde del viernes 24 de noviembre, las entidades representativas de los sectores de servicios digitales, Internet, innovación y Tecnología de la Información (TI) (Abes, Abranet, Brasscom, Federación Aassepro y Fenainfo), se manifestaron en un comunicado.

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Este advierte sobre los posibles impactos negativos de la decisión, incluyendo la pérdida de competitividad de las empresas brasileñas, una posible fuga de talentos e inversiones a otros mercados más atractivos, además del aumento de los precios de los servicios de TI y la consiguiente reducción del acceso y consumo de tecnología.

Las entidades también cuestionan la alegación de inconstitucionalidad para el veto, considerando decisiones anteriores que afirman la constitucionalidad de la materia. El presidente de ABES (Asociación Brasileña de Software) fue enfático al decir que quien pierde es Brasil, alegando que los costos de los productos informáticos deben aumentar en promedio15 por ciento para el consumidor final.

Ante este escenario, las entidades esperan que el Congreso Nacional revoque el veto presidencial, ya que el proyecto fue ampliamente respaldado y votado para la continuidad de la política de desgravación.

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El Proyecto de Ley 334/2023, que extiende la desgravación del impuesto sobre la nómina a 17 sectores hasta 2027, incluyendo las telecomunicaciones, TIC y TI, fue aprobado el 24 de octubre en el Senado y ahora espera la aprobación o el veto del presidente de Brasil.

Abes, Conexis, Brasscom y otras entidades representativas firmaron un oficio solicitando la programación de una audiencia con el grupo de líderes sectoriales para profundizar en la discusión sobre la necesidad de la aprobación.

Uno de los principales argumentos citados en el documento enfatiza la cantidad de empleos que estos sectores generan, un factor que es una de las principales banderas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Actualmente, esta medida es fundamental para la preservación de estructuras productivas que abarcan 9.24 millones de empleos formales directos, a los que se suman otros millones de puestos de trabajo en sus redes de producción”, especifican.

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En el Senado, donde la medida fue defendida por el presidente de la Casa, Rodrigo Pacheco, se estableció que, para compensar la disminución de la recaudación del gobierno, el proyecto aprobado también prorroga hasta diciembre de 2027 el aumento del 1 al 4.5 por ciento de la alícuota de Cofins-Importación sobre los ingresos brutos, en lugar del 20 por ciento sobre la nómina.

La desgravación de la nómina fue implementada por el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff mediante la Ley 12.546/2011, sustituyendo la contribución patronal a la Seguridad Social. 

Actualmente, los 17 sectores contemplados con la prórroga de la desgravación del impuesto sobre la nómina en el Senado son: calzado, cuero, confección y vestuario, textil, proteína animal, comunicación, tecnología de la comunicación (TIC), tecnología de la información (TI), proyectos de circuitos integrados (chips), transporte ferroviario de pasajeros, transporte por carretera de carga, transporte por carretera colectivo, fabricación de vehículos y carrocerías, construcción civil, construcción y obras de infraestructura, máquinas y equipos.

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que extenderá la desgravación del impuesto sobre la nómina a 17 sectores de la economía durante otros dos años. El primer mandatario hizo el anuncio en una reunión con representantes de los sectores el pasado 11 de noviembre y en su transmisión en vivo semanal.

Según la Federación Nacional de Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones y Computación (Feninfra), el Ministro de Economía, Paulo Guedes, y la Ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina, apoyan la exención.

La medida actual, que finaliza a finales de diciembre de este año, recae en empresas de comunicación, Tecnologías de la Información (TI), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre otras.

Feninfra estima que, si finaliza la exención, 490 mil trabajadores de los sectores de TI y telecomunicaciones podrían ser despedidos.

El proyecto de ley 2,541/21 también se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, encargada de mantener la exención contributiva sobre el pago de los empleados hasta diciembre de 2026. Se reemplaza el impuesto por un impuesto a la renta bruta, que varía del 1 al 4.5 por ciento.

La Asociación de Empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Brasscom) también defiende la aprobación del asunto. Según la organización, el sector ha sumado 143 mil empleos formales desde 2011 y, manteniendo la exención hasta 2026, la proyección es que se crearán 303 mil empleos más.