Reforma Jorge F. Negrete P.

“Toda civilización se considera a sí misma el centro del mundo y escribe su historia como el drama central de la historia humana.” Samuel P. Huntington.

La toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos marca la inflexión que hacía falta en este mundo de autoritarismos. La respuesta americana, está en el mundo digital.

El autoritarismo de derecha e izquierda viene con una sola capacidad: llevar cualquier conversación al extremo. No es una conversación de matices, sino de luz y sombra. Tienen urgencia por resultados y poca paciencia para el debate.

En el mundo digital, el centro del debate está en el ejercicio de los derechos humanos y políticos en este ecosistema. Pero, ¿qué pasa si el debate local se extiende al mundo? ¿Cuáles derechos humanos imperan? ¿La libertad de expresión se aplica de acuerdo a los valores europeos, norteamericanos o latinoamericanos?

La palabra “derechos humanos” se ha vuelto como la palabra democracia, un concepto polisémico que se interpreta de forma distinta en todas las geografías y épocas.

Europa. Regula el mundo digital y persigue las Big Tech en materia fiscal, libertad de expresión, competencia económica, protección al consumidor, datos personales, derechos digitales, creó una ley de mercados y servicios digitales y ahora regula la Inteligencia Artificial. Los derechos humanos son a la europea. Les ha aplicado multas que suman miles de millones de dólares. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un viaje a EUA, visitó a los CEOs de las Big Tech y se dedicó a invitarlos a cumplir las rígidas y complejas leyes de Europa, y al mismo tiempo a invertir. Las Big Tech sienten el asedio de Europa.

Los empresarios. La incorporación de los empresarios y poderosas empresas digitales al gobierno de Trump hablan de una visión conjunta, y ésta es la respuesta a los diversos ataques que sienten del mundo. El primero fue Mark Zuckerberg, quien anunció: “La eliminación de los verificadores de hechos, va regular solo los actos ilegales”. “Vamos a trabajar con el presidente Trump, para hacer retroceder a los gobiernos de todo el mundo que están yendo tras de las empresas estadounidenses y presionando para censurar”. “Los Estados Unidos tienen las protecciones constitucionales más fuertes del mundo en materia de libertad de expresión”. Contrario sensu, “Europa tiene las leyes que institucionalizan la censura y hacen difícil construir algo innovador allá”. “Vamos a trasladar nuestros equipos de confianza, seguridad y moderación de contenido fuera de California y nuestra revisión de contenido de Estados Unidos a Texas”, “restablecemos la libre expresión en nuestras plataformas”.

El presidente Trump mencionó un principio de superioridad científica y tecnológica al señalar: “Pusimos el conocimiento en manos de la humanidad”. Si Biden creó la Ley de Ciencia, Tecnología y Chips para una superioridad en IA y cómputo, Trump anunció que “vamos a enviar a nuestros astronautas para que planten una bandera de EUA en la superficie de marte”. La tecnología de lo diminuto y la tecnología de lo espacial. La ciencia y la tecnología como herramienta de poder económico, geopolítico y soberanía digital. Y manda mensaje al mundo: elimina la Orden Ejecutiva sobre Desarrollo y uso seguro, confiable y protegido de la IA.

La superioridad de los valores jurídicos y derechos humanos de EUA sobre el mundo se subrayan cuando Trump señaló que, “después de años de esfuerzos ilegales e inconstitucionales para restringir la libertad de expresión, voy a firmar una Orden Ejecutiva que pone fin a toda forma de censura, para restablecer la libertad de expresión”. Zuckerberg cambia Meta de California a Texas.

Este choque lo señaló el Dr. Arturo Oropeza respecto de China apoyado en Huntington, pero se confirma en el mensaje de Trump, que el choque se extiende en occidente: ha comenzado el choque de civilizaciones y la materia del debate es la ciencia, la tecnología digital y los derechos humanos.

Presidente de Digital Policy & Law

X: @fernegretep

El Economista Jorge Bravo

La reelección de Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) despertó cuestionamientos porque su gestión, marcada por omisiones en temas clave, expone una preocupante negligencia en la defensa de los derechos fundamentales en situaciones sumamente delicadas, pero también por el olvido de los derechos digitales, un ámbito que debería ser prioritario en la era de la información.  

En 2013, México dio un paso importante al consagrar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha e Internet, como un derecho fundamental en el artículo sexto de la Constitución.

Este logro fue un reconocimiento de la conectividad como un elemento esencial para garantizar otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión hasta el acceso a la educación, la salud, la cultura, la movilidad o la justicia. A más de una década, este derecho sigue sin materializarse para amplios sectores de la población. La CNDH bajo la dirección de Piedra sólo ha mostrado indiferencia.

Con 20% de la población mexicana aún desconectada, aproximadamente 30 millones de personas -en zonas rurales y de sectores vulnerables- permanecen al margen de los beneficios que la digitalización ofrece. Esta exclusión limita el acceso a información y servicios y perpetúa desigualdades estructurales. Cabría esperar que la CNDH tuviera iniciativas para promover el derecho de acceso a las TIC, dado su mandato de salvaguardar todos los derechos humanos, interdependientes e indivisibles, según el artículo 1 de la Constitución.

Una revisión de las acciones de la CNDH revela su falta de compromiso en este ámbito. Desde 2019, el único posicionamiento del organismo fue un comunicado sobre la brecha digital durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, donde exhortó a las autoridades a implementar medidas para reducirla. Desde entonces, la CNDH ha guardado silencio, sin emitir recomendaciones ni desarrollar programas para atender este derecho.

La situación se agrava ante la amenaza de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo encargado de tutelar el derecho de acceso a las TIC. Esta iniciativa, de concretarse, comprometería la conectividad en México y debilitaría los derechos digitales y fundamentales asociados.

Es inquietante que la CNDH no haya alzado la voz ante este riesgo inminente de extinción de entes autónomos como el IFT o el INAI y qué va a pasar con la defensa de los derechos fundamentales que tutelan en materia de conectividad o derecho de acceso a la Información.

El silencio pétreo de la CNDH contrasta con otras instituciones internacionales, como el Defensor del Pueblo en España, que desde hace años aboga activamente por la expansión de la banda ancha como un servicio público esencial. En Chile, el acceso a Internet fue reconocido como un derecho fundamental en 2021, marcando un hito en la región. La CNDH ignora que la permanencia de una desconexión masiva tiene implicaciones para el ejercicio de otros derechos humanos en México.

La gestión de Rosario Piedra ha estado dominada por polémicas y cuestionamientos sobre su independencia y eficacia. Más allá de los debates políticos, su falta de atención a los derechos digitales constituye una omisión grave que afecta directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.

La conectividad no sólo es una cuestión técnica o económica; es un pilar en la era digital. Sin acceso a Internet, millones de personas quedan excluidas de servicios de salud, educación y participación democrática. Las mujeres, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables son los más afectados por esta desconexión. Parece mentira que los operadores de telecomunicaciones fijos, móviles y satelitales, las empresas tecnológicas y las plataformas de Internet tengan más preocupación por los derechos digitales que autoridades como la CNDH.

La CNDH tiene la responsabilidad de reconocer y actuar sobre esta problemática, no como un tema aislado, sino como una pieza clave dentro de su mandato integral. Al no hacerlo, perpetúa una visión limitada de los derechos fundamentales que ignora las demandas y realidades del siglo XXI.

El caso de España ofrece un contraste revelador. El Defensor del Pueblo ha identificado las brechas digitales como un problema estructural y ha emitido recomendaciones concretas para garantizar la conectividad en igualdad de condiciones. Desde 2014, sus informes han señalado la necesidad de políticas públicas efectivas y el despliegue de infraestructura como la fibra óptica. Hoy, España lidera en cobertura de banda ancha móvil, fija y despliegues de fibra óptica, demostrando que un enfoque decidido e integral puede transformar realidades.

Chile ha marcado un precedente al consagrar el acceso a Internet como un derecho fundamental y tratar la conectividad como un servicio público esencial, equiparable a la educación y la salud.

La CNDH debe tomar un rol activo en la defensa de los derechos digitales, incluido emitir recomendaciones informadas y pronunciarse sobre la omisión de políticas públicas que fortalezcan la conectividad y la inclusión digital universal. La CNDH saldría de la era de piedra en la que transita si creara una visitaduría especializada o creara un área enfocada en derechos digitales, brecha digital, alfabetización digital y habilidades tecnológicas en comunidades vulnerables. También tiene tiempo para pronunciarse y defender la autonomía del regulador como un garante esencial de la conectividad.

El derecho de acceso a las TIC no es un lujo, sino una necesidad. La CNDH tiene la obligación constitucional de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de todos los derechos humanos y de que sean una realidad para todos. Seguir ignorando esta responsabilidad es volver a tropezar con la misma Piedra.

X: @beltmondi

Reforma Jorge F. Negrete P.

El mundo de la Inteligencia Artificial (IA) es abordado desde diversas dimensiones de análisis. El número es casi imposible de determinar, debido al carácter circular y omnidireccional de la mente humana y su concepto de inteligencia. Me referiré, por eso, sólo a la dimensión de la política pública.
¿Son la internet, las TIC y los servicios de telecomunicaciones un derecho fundamental? Sí. Habilitan los derechos humanos en el mundo digital, la economía digital y promueven la innovación. Siempre conectado en todas partes. Nace la persona digital.

¿Qué relación existe entre la política pública digital y el Estado? El Estado y los poderes públicos son creados por los humanos para convivir y son, esencialmente, una entidad jurídica. El Estado no sólo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El Estado es un complejo vital de orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la Constitución; y en su concepto dinámico, es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social.

¿Estos derechos fundamentales son garantizados por nueva política pública? Es aquí donde hablamos de derechos fundamentales, en un caso, y gobierno y política pública en otro. Los gobiernos son el ejemplo de esta acción dinámica y evolutiva. Una de las funciones vitales de ellos es el diseño de la política pública: ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? Las grandes preguntas son realizadas por la política pública, su debate es dentro de este marco y las propuestas son apoyadas por datos, evidencia empírica y soluciones modernas, contemporáneas. La tecnología está en el centro del debate y sus oportunidades.

¿Estamos diseñando la agenda de política pública que necesitan nuestros ciudadanos? No, pero esta administración tiene la oportunidad de hacerlo. La política pública más eficiente, medible e inmediata es la digital. La política digital tiene un fundamento constitucional, el derecho de acceso a internet como habilitante de todos los derechos fundamentales. En consecuencia, México necesita política digital para cada derecho fundamental: salud, educación, acceso a la cultura, trabajo, para la seguridad pública, para la movilidad, para la libertad de expresión, acceso a la información pública, para la protección de datos personales y también para la economía, para promover una economía digital.

La política digital y los derechos digitales son el objeto más importante de la nueva esfera pública.

¿Debemos diseñar política digital para la IA? Sí. No es una moda. La carrera por el uso de la IA ya empezó y México va tarde respecto de América Latina y el mundo. Según el Índice Latinoamericano de IA de la CEPAL, México está en el lugar 6 de los países con política pública sobre la materia. Estamos debajo de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. Los primeros tres están en la categoría de Pioneros y nosotros en la categoría de Adoptantes. La ausencia de política digital para la IA es sinónimo de marginación social, educativa y competitiva. Muy rápidamente veremos un formidable sistema de competencia global, donde el uso de esta tecnología será clave para determinar el liderazgo de los países, de su capital humano, económico, industrial y cultural.

Necesitamos cómputo y procesadores, infraestructura digital (conectividad) robusta y significativa y política digital bajo la forma de una Agenda Digital.

En las próximas semanas se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación a cargo de José Merino y Rosaura Ruiz Gutiérrez, respectivamente. Juntos tienen el proyecto más importante de este gobierno: llevar al país a los más altos niveles de innovación, competitividad y justicia social, a partir de la más avanzada política que existe, la digital.

Presidente de Digital Policy & Law

El País CR

El Plenario Legislativo le dio segundo debate, en esta primera legislatura, al expediente 22.617 Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 24 de la Constitución Política para Reconocer como Derecho Fundamental al Acceso a las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Todo el Territorio Nacional.

El parlamentario José Joaquín Hernández destacó que ese párrafo, que declara derecho fundamental el derecho de acceso a las comunicaciones, se fue construyendo entre todos.

La diputada Vanessa Castro dijo que la discusión de esta iniciativa se prolongó por mucho tiempo, pero eso permitió moldear la idea final para elevar a rango Constitucional las tecnologías de información y comunicación.

Agregó que esto pone sobre la mesa un tema de suma trascendencia que se debe amarrar fuertemente al desarrollo y es la de poner a las personas en el centro de la evolución tecnológica, para que no se produzcan grandes diferencias, también en esta materia.

Pero el legislador Carlos Felipe García manifestó su preocupación por a quién le corresponderá hacer frente al pago de esa conectividad y manifestó su escepticismo indicando que la Sala Constitucional se llenará de recursos de amparo presentados por personas que pidan que se les haga efectivo ese derecho.

El parlamentario fue congruente con lo expresado y su voto negativo se reflejó en la votación al ser el único que no lo apoyó.