La iniciativa de norma para reconocer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y la ciberseguridad en la nueva Constitución de Chile seguirá su curso de discusión hacia el Pleno de la Convención Constitucional.

Por unanimidad, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Convención aprobó en general la propuesta presentada por un grupo de académicos y académicas del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Ahora la iniciativa popular será analizada en detalle y podrá pasar a ser debatida por el Pleno de la Convención, para su posible inclusión en el texto final de la nueva Carta Magna del país sudamericano.

El proyecto de norma busca que la Constitución integre un artículo para salvaguardar la privacidad, protección de datos y seguridad cibernética de las personas, familias y comunidades.

La iniciativa formulada por los y las especialistas del CEDI también promueve la creación de un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica para velar por el respeto efectivo de este derecho, y el desarrollo de un marco normativo moderno en materia de privacidad, datos personales y ciberseguridad en el entorno digital.

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Durante el periodo de recepción, que concluyó el primero de febrero, fueron enviadas a la Convención Constitucional un total de 77 propuestas populares de norma y una más presentada por el pueblo afrochileno.

Varias decenas de proyectos buscaban ser admitidos para su análisis en la Convención, pero sólo lograron pasar aquellas que reunieron al menos 15 mil apoyos a través de la plataforma digital de participación popular. La del CEDI fue una de ellas.

El respaldo a esta iniciativa refleja el deseo de la ciudadanía de que la Convención Constitucional reconozca los derechos digitales en la nueva Carta Magna. Un estudio de La Vulca y la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica muestra que casi dos terceras partes (66%) de las personas considera que los derechos digitales deben establecerse en la Constitución.

Si bien la población todavía no comprende por completo el significado de los derechos digitales, creen que son relevantes en su vida, a medida que el uso de las tecnologías impacta cada vez más en la sociedad y la economía.

Un grupo de 14 organizaciones regionales y globales fundaron la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, una plataforma que buscará impulsar el cifrado como una herramienta para la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Las organizaciones miembros son Access Now, ALAI, APC, Artículo 19, Coalizão Direitos na Rede, Derechos Digitales, EFF, Fundación Karisma, IP.rec, IRIS, ISOC Brasil, Nic.br y R3D.

Además, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), participará como integrante observador del nuevo organismo.

El objetivo de la Alianza será avanzar en la implementación de una agenda proactiva para promover y defender el cifrado en la región; fortalecerlo y generar un ecosistema de confianza, seguridad y estabilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la infraestructura crítica de Internet, sus aplicaciones y servicios.

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Para la nueva organización, el cifrado es un elemento clave en la protección y garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales.

El cifrado es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado, lo cual implica que los datos sólo pueden leerse o procesarse una vez descifrados. De acuerdo con Kaspersky, esto hace del cifrado la base principal de la seguridad de los datos.

Los miembros de la Alianza coordinarán esfuerzos a nivel nacional, regional y global, para generar espacios de intercambio y movilización para responder al debilitamiento del cifrado como un mecanismo de seguridad.

El próximo jueves 21 de octubre se realizará el lanzamiento oficial de la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, en un evento virtual abierto al público en el marco de la semana del Global Encryption Day.

Una coalición de organizaciones que defienden los derechos civiles solicitó a la administración de Joe Biden que se abstenga de firmar nuevos contratos con la polémica compañía de tecnología de reconocimiento facial ClearView AI.

En una carta firmada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Fundación Frontera Electrónica, OpenMedia y otras organizaciones, se solicita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dejar de trabajar con el software de la empresa.

Argumentan que “el uso de Clearview AI por parte de las autoridades federales de inmigración no ha sido objeto de suficiente supervisión o transparencia”. Y señalan que “la continua violación de Clearview AI de los derechos civiles y los derechos de privacidad proporciona una amplia razón para descontinuar su uso”.

El texto hace mención a un informe donde se expone que miles de organizaciones gubernamentales, desde departamentos de policía hasta escuelas públicas, han estado usando el software sin reportarlo.

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Además, la carta recalca los problemas de sesgos raciales y de género en los algoritmos del software de reconocimiento facial que la empresa provee. Asimismo, señala sus malas prácticas al construir su base de datos a través del raspado de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube.

Mientras tanto, los legisladores se están movilizando para aprobar una ley que prohíba que las agencias gubernamentales puedan comprar datos de empresas como ClearView AI.

Hasta ahora, el proyecto de ley ha obtenido el apoyo bipartidista de hasta 20 senadores, y si se aprueba, ClearView AI ya no podría usar como defensa la primera enmienda para seguir vendiendo sus datos a las agencias de inteligencia del país.