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La inclusión del derecho digital en el Código Civil brasileño fue uno de los impulsores de la modernización de este conjunto de normativas que orientan los derechos y obligaciones de los ciudadanos en diversos ámbitos de la vida, desde el nacimiento hasta después de la muerte.

En 10 capítulos que abordarán el uso de Inteligencia Artificial (IA), el patrimonio digital y la responsabilidad de las plataformas digitales, el nuevo libro fue presentado este miércoles 17 de abril por la abogada Laura Porto, relatora parcial del área de derecho digital de la comisión de juristas del Senado Federal, establecida en agosto de 2023, por el presidente de la Casa, Rodrigo Pacheco.

“La tecnología ha transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos, trabajamos e interactuamos, y es imprescindible que nuestro marco legal esté alineado con el mundo contemporáneo”, declaró la relatora.

En este sentido, el derecho digital establece deberes y amparo a las personas en el ambiente virtual, creando incluso la posibilidad de indemnizaciones por daños sufridos. Las plataformas digitales pasan a responder civilmente por el filtrado de datos y deben adoptar mecanismos para verificar la edad del usuario (capítulo 4).

Además, deben garantizar la eliminación de enlaces e imágenes en los motores de búsqueda que contengan desnudez o falsa desnudez, especialmente de niños y adolescentes (capítulo 6).

Consulta los capítulos del libro Derecho Civil Digital dentro del nuevo Código Civil:

1. Disposiciones Generales: principios y fundamentos como respeto a la privacidad, libertad de expresión y otros pilares que orientan los capítulos siguientes;

2. Personas Físicas en el Ambiente Digital: reglas sobre inclusión y exclusión de datos personales, neuroderechos e indexaciones;

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3. Situación Jurídica en el Ambiente Digital;

4. Derecho al Ambiente Digital: afecta directamente a las plataformas digitales, que ahora deben demostrar medidas que garanticen la buena fe, seguridad y transparencia, así como la adecuación de sus términos de uso, “de los cuales a menudo quedamos rehenes”, resaltó la relatora;

5. Patrimonio Digital: define el patrimonio digital como perfiles y contraseñas de redes sociales, criptomonedas, cuentas de juegos, fotos, videos, textos y millas aéreas.

El patrimonio digital puede ser heredado y descrito en testamento y los sucesores legales pueden solicitar la exclusión o conversión en memorial de los perfiles en redes sociales de personas fallecidas;

6. Niños y Adolescentes en el Ambiente Digital;

7. Inteligencia Artificial: trata básicamente sobre la creación y difusión de imágenes de personas vivas y fallecidas;

8. Celebración de Contratos por Medios Digitales: principios y regulaciones importantes sobre el tema de los contratos inteligentes;

9.Firmas Electrónicas;

10. E-notariado: regulariza los servicios digitales del notario ya establecidos por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

Esta es la primera vez que el Código Civil cuenta con una comisión formada por mujeres y con la relatoría general de una mujer, la doctora Rosa María de Andrade Nery que, en la ocasión, agradeció la colaboración de todos los que participaron en la renovación del reglamento y parafraseó a la escritora Cora Coralina.

“Este libro: ¿versos? No. ¿Poesías? No. Simplemente una forma diferente de contar viejas historias”.

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Por invitación del ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de Brasil, Ricardo Lewandowski, la doctora Lílian Cintra asume el liderazgo de la Secretaría de Derechos Digitales (Sedig) del Ministerio, reemplazando a Estela Aranha, quien dirigió el Programa De Boa na Rede y la biblioteca virtual desde la creación de la secretaría durante la gestión de Flávio Dino.

Lílian Cintra ha estado trabajando con Lewandowski desde 2021, cuando el magistrado fue ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y lo acompañó al MJSP como su asesora especial.

Doctora en derecho, Cintra está especializada en la regulación y gobernanza de Internet en Estados Unidos y Brasil, como el Marco Civil de Internet.

En la Sedig, Cintra se centrará en el alcance de la Secretaría para este año, que es promover la transparencia y garantizar la democracia en el ámbito digital en las elecciones municipales de octubre.

El Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) publicó este lunes 19 de febrero una nota pública sobre el Proyecto de Ley Nº 113/2020, presentado por el senador Angelo Coronel (PSD-BA), que propone cambios en el Marco Civil de Internet (Ley Nº 12.965/2014). La modificación requeriría el número de identidad de los usuarios al registrarse en las redes sociales, con el fin de evitar la creación de perfiles falsos.

El texto sustitutivo del relator, senador Marcos Pontes (PL-SP), descartó esta medida, y el CGI.br elogió esta exclusión en su nota pública, ya que para el Comité, la obligación de presentar el número de identidad del usuario para la creación de perfiles en Internet podría ampliar de manera desproporcionada los datos bajo el control de los proveedores, aumentando los riesgos de filtración de información personal.

Sin embargo, otros puntos incluidos en el texto del proyecto de ley en cuestión fueron objeto de alerta por parte del CGI.br, como la ampliación del plazo de almacenamiento de datos, que pasaría de 6 meses a 3 años, incluyendo también la geolocalización de los usuarios, así como la autorización de acceso a estos registros por parte de la policía o el Ministerio Público (MP) sin orden judicial.

Estas propuestas, según el CGI.br, contravienen las salvaguardias previstas en el Marco Civil y en la LGPD (Ley General de Protección de Datos) y defendió el mantenimiento legal de la exigencia de autorización judicial para el acceso a los registros.

Además, propuso que el debate sobre el proyecto de ley se amplíe, con la participación de la sociedad y de expertos técnicos, buscando soluciones más proporcionales y efectivas para los objetivos propuestos.

El contenido completo se puede consultar a continuación:

EL COMITÉ GESTOR DE INTERNET EN BRASIL – CGI.br, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto nº 4.829/2003, desea expresar su posición respecto al debate en curso sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley nº 113/2020, presentado en la Comisión de Comunicación y Derecho Digital del Senado Federal, el cual propone modificaciones en los artículos 5º, 10, 13 y 15 del Marco Civil de Internet – MCI (Ley nº 12.965/2014).

CONSIDERANDO:

A – La relevancia del histórico de discusión y participación de toda la sociedad, junto con el Comité Gestor de Internet – CGI.br, para la construcción del Marco Civil de Internet – MCI (Ley nº 12.965/2014) que establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de Internet en Brasil;

B – Asimismo, la importancia del historial y participación de toda la sociedad, junto con el Comité Gestor de Internet – CGI.br, para la construcción de la Ley General de Protección de Datos – LGPD (Ley nº 13.709/2018), que establece límites y parámetros para la recopilación de datos personales, incluidos los datos personales sensibles, como garantía de privacidad y protección de datos personales;

C – El reconocimiento de que es fundamental mejorar el entorno regulatorio brasileño para lograr una mayor seguridad digital;

D – La necesidad de que la obtención de datos requiera autorización judicial para evitar abusos y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de contradicción y amplia defensa;

E – Las propuestas en el texto sustitutivo presentado al Proyecto de Ley nº 113/2020, por el Senador Astronauta Marcos Pontes (PL/SP), proponiendo ampliar el plazo de almacenamiento de registros de acceso de seis meses a tres años; inclusión de datos de geolocalización y el puerto de acceso de la dirección IP en los registros almacenados; inclusión de la posibilidad de acceso a estos registros por parte de Delegados de Policía, miembros del Ministerio Público y otras autoridades administrativas sin previa autorización judicial.

SE DIRIGE AL PÚBLICO EN GENERAL:

1. Saludar la exclusión, en el texto del sustitutivo, de la obligación de presentar el número de CPF o CNPJ del usuario para la creación de perfiles en Internet, medida que ampliaría de manera desproporcional y excesiva los datos bajo control de los proveedores y los riesgos de filtración para los usuarios;
2. Advertir, sin embargo, sobre los riesgos derivados de las propuestas incluidas en el texto sustitutivo al Proyecto de Ley nº 113/2020, presentado por el Senador Astronauta Marcos Pontes en el ámbito de la Comisión de Comunicación y Derecho Digital del Senado Federal, en el sentido de ampliar el plazo de almacenamiento de datos, incluida la geolocalización del usuario, el puerto de acceso de la dirección IP y autorizar el acceso a los registros sin orden judicial, lo que, en nuestra opinión, contradice las salvaguardas previstas en el MCI y la LGPD;
3. Asimismo, advertir que la recopilación y almacenamiento excesivo de datos personales, incluidos los datos personales sensibles, además de significar un gran aumento de costos, pueden facilitar modelos de negocio abusivos, y aumentar el riesgo de exponer estos datos a incidentes de seguridad, complicando aún más las necesidades y capacidades técnicas para el tratamiento adecuado de los mismos, contradiciendo los logros relevantes establecidos en la LGPD.
4. Defender el mantenimiento legal de la exigencia de autorización judicial para acceder a los registros, garantizando así los principios de contradicción y amplia defensa, que, en procesos judiciales, está legalmente establecido y caracterizado por la imparcialidad del juicio, así como su no inclusión como autoridad acusadora.
5. Proponer que el debate sobre la materia se amplíe, en el mismo ámbito de la Comisión de Comunicación y Derecho Digital, con la participación de la sociedad de especialistas técnicos, buscando procedimientos que permitan alcanzar soluciones más proporcionales y efectivas para los objetivos buscados por el Congreso Nacional;
6. Convocar a toda la sociedad a contribuir en los debates y en la defensa de los dictámenes establecidos en el Marco Civil de Internet (Ley nº 12.965/2014) y en la Ley General de Protección de Datos Personales – LGPD (Ley nº 13.709/2018), que se han convertido en legislaciones de referencia y;
7. Reafirmar una vez más nuestra permanente disposición multisectorial junto a las autoridades públicas para colaborar en los debates y diálogos que puedan orientar las decisiones en este tema y en los que conciernen al uso y desarrollo de Internet en Brasil.

La primera reunión de la comisión de juristas del Senado Federal, que revisará el Código Civil de 2002 (Ley 10,406), tuvo lugar este lunes 4 de septiembre y definió siete grupos que se centrarán en los siguientes temas: parte general; obligaciones y responsabilidad civil; contratos; empresa; derecho de familia; sucesiones y derecho digital.

La inclusión del derecho digital es la principal motivación para la actualización del Código Civil, que se presenta como “inevitable” frente a las nuevas dinámicas sociales moldeadas por la transformación digital, según afirmó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en la creación de la comisión.

El comité tendrá seis meses para elaborar y presentar el anteproyecto de ley con las propuestas de actualización.

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Además de los grupos, que trabajarán en sus temas de manera paralela y contarán con sus respectivos subrelatores, se acordó la realización de reuniones mensuales con los actuales 34 miembros del comité (que podría aumentar), así como la celebración de audiencias públicas. La comisión de juristas volverá a reunirse el 28 de septiembre en el Senado.

Compuesto por 2 mil 046 artículos que regulan las normas para las relaciones civiles, el actual Código Civil abarca aspectos como contratos en general, derechos de propiedad, inventario y partición, derecho personal, unión estable, entre otros, y fue promulgado en 2002. Antes, regía el Código de Bevilacqua de 1916.

El panorama legislativo de Brasil pasará por una revisión en los próximos meses. Este jueves 25 de agosto, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, formalizó la creación de una comisión de juristas encargada de actualizar el Código Civil, establecido por la Ley 10,406 en 2002. Se entiende que esta medida se toma ante la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas dinámicas sociales moldeadas por la era digital.

La comisión, liderada por el ministro Luis Felipe Salomão del Superior Tribunal de Justicia (STJ), contará con 34 miembros, incluyendo un presidente, un vicepresidente y dos relatores, y tendrá un plazo de 180 días para elaborar y presentar un anteproyecto de ley que contenga las modificaciones sugeridas para el Código Civil.

Después de este plazo, el texto será remitido por la Presidencia del Senado, en forma de proyecto de ley (PL), para su análisis por parte de los senadores, pasando por las etapas de las comisiones y del Pleno.

Al celebrar los 20 años de la promulgación del Código Civil, Rodrigo Pacheco resaltó que la revisión es inevitable para abarcar las transformaciones traídas por el auge del entorno digital, Internet, redes sociales e Inteligencia Artificial. El presidente del Senado destacó que la ley debe ser sensible a las innovaciones, con el fin de seguir ofreciendo un marco jurídico sólido y confiable.

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Según Luis Felipe Salomão, la actualización es urgente, ya que muchos de los temas presentes en el código actual ya están desactualizados, dado que el texto comenzó su trayectoria en la década de 1970.

La relatoría estará a cargo de Flávio Tartuce, profesor de la Escuela Superior de Abogacía de la Orden de Abogados de Brasil – São Paulo (ESA-OABSP), y de Rosa Maria de Andrade Nery, magistrada jubilada del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (TJSP). Como vicepresidente, estará el ministro Marco Aurélio Bellizze, del STJ.

Al igual que sucedió con otros sectores, la pandemia aceleró la transformación digital en la rama legal. Como prueba de ello se encuentra la creciente adopción de herramientas de gestión jurídica en América Latina.

En DPL News dialogamos con Sergio Acuña, director General para ALyC y España de Amberlo, y Manuel Quiñones, especialista en Éxito del cliente, quienes cuentan que, en los últimos años, el gremio jurídico ha sido impulsado a adoptar herramientas tecnológicas debido a la competencia feroz con otras empresas en el mundo moderno.

“Se han visto obligados a utilizar distintas herramientas para trabajar en equipo y coordinarse. Yo converso con varios socios de firmas de todo tamaño y veo esta necesidad de utilizar la tecnología que cada vez más tienen los abogados”, comentó Acuña, en una reunión virtual desde Lima, Perú.

Enseguida cuenta que, si bien hay distintas competencias y retos en cada país, independientemente de la ubicación geográfica, cada caso tiene un proceso similar de inicio y desarrollo, por lo que estos procesos, que implican actividades repetitivas, pueden optimizarse con herramientas de gestión y colaboración.

Y agrega que, cada vez más, los abogados se están incorporando a la revolución tecnológica, y atribuye este fenómeno a la transición generacional de los despachos, ya que los socios fundadores están pasando la batuta a sus hijos, y ellos cada vez están en más contacto con la tecnología y son más afines para impulsar la transformación digital.

El líder de satisfacción al cliente, Manuel Quiñones, define LegalTech como “aplicar procesos de gestión y tecnología en la función legal”. No obstante, reconoce que este no es un proceso únicamente tecnológico, sino que “es necesaria la transformación de la cultura para que realmente haya una transformación digital”. Por ello, explica que este proceso no solamente implica digitalizar el proceso en vez de hacerlo en papel, sino introducir un cambio de procesos a nivel de gestión.

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Ventajas de la digitalización de la rama legal 

Como principales ventajas de la digitalización del derecho, Sergio Acuña destaca la eficiencia, transparencia, el fácil acceso y la trazabilidad de la información.

“La tecnología los ha ayudado a ser más eficientes: por un lado, los abogados, los socios de firmas de todo tamaño o que recién están saliendo al mercado ya saben que tienen que contar con la tecnología como aliado, porque si no se quedan atrasados a un modelo de trabajo tradicional, que es al que ellos están acostumbrados”, detalla.

En cuanto al primer rubro, Sergio Acuña explica que, con la tecnología –y específicamente las herramientas de gestión basadas en la Nube–, los abogados puedan ser más eficientes con su tiempo y acelerar la toma de decisiones por la tecnología, y enfocar el tiempo que ahorran en captar nuevos clientes.

Además, explica, hay una trazabilidad de distintas acciones a través de la tecnología, porque con una herramienta de gestión de proyectos es posible tener una sincronización integrada con sus propios procesos en un calendario y acceder al mismo sistema para ver los eventos y las tareas que tiene una persona.

Mientras que Manuel detalla que distintas actividades desarrolladas para municipalidades buscan que la ciudadanía tenga herramientas que generen una mayor seguridad jurídica. Además, agrega que permitirá a los equipos ser más ágiles y colaborar de una manera coordinada.

Y finalmente indica que la tecnología permitirá acercar las obligaciones entre el ciudadano y la administración pública, lo que agilizará la velocidad de respuesta del Estado y los ciudadanos van a ejercer más rápido sus derechos, lo que hará posible que estén al tanto de cómo evolucionan sus procesos y solicitudes administrativas, para que recobren la confianza en el Estado.

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Desafíos de la adopción del derecho digital en América Latina

“En Latinoamérica se siente una gran diferencia entre el sector público y el sector privado en el avance de la tecnología”, detalla Sergio, quien afirma que el sector público es el más impactado porque está mucho más desactualizado que el sector privado. Según el ejecutivo, esto ayudará a que destinen menos recursos para generar actividades que no son las correctas. Y finalmente dice que en América Latina no existen muchas herramientas que permitan tener todo en un solo lugar.

Amberlo brinda un software como servicio a través de un modelo de suscripción mensual. Tiene un equipo de desarrollo que saca nuevas actualizaciones cada tres semanas. Y es adaptable, por lo que es accesible para cada tipo de tamaño de firma, en función de la cantidad de usuarios.

La compañía se ha propuesto democratizar la tecnología y hacerla más cercana para la comunidad de Latinoamérica y España. Su incursión en Iberoamérica comenzó a finales de 2021 por la demanda. Tiene oficinas en Perú y México y presencia en Colombia, Chile y República Dominicana. Desde Lima, Sergio Acuña lidera la expansión por toda la región. Tiene clientes de 40 países. Está disponible en español para PC y en móvil tanto para Android como para iOS.

Para este 2023 se ha propuesto crecer tres veces lo que creció en 2022, con lo que espera llegar a más de 350 firmas de la región que usen su software jurídico integral. También busca triplicar su equipo en la región y posicionarse en Centroamérica. 

Amberlo ha recibido 2.6 millones de euros de inversión para desarrollar su plataforma. Esta inversión constó de 500 mil euros iniciales propios de los fundadores y otros inversionistas. Después tuvo una ronda de 1.1 millones y otros 500 mil euros de capital semilla.

Acuña explica que, pese a que los abogados están cada vez más alertas y al tanto, aún hay cierta resistencia al cambio porque las firmas vienen trabajando durante años de manera tradicional. Además, señala que se ha negado actualmente la tecnología por diversas excusas o miedos, como la ciberseguridad. Por ello, asegura que la gestión del cambio tiene que incorporarse y también debe involucrarse la cultura para que estas herramientas se puedan adoptar y la transformación sea rápida y exitosa. 

La regulación de servicios y plataformas digitales debe tener características específicas a la nueva era que hicimos, que es la de la transformación digital.

Expertos en el sector coincidieron durante el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, que no es viable ejercer regulaciones viejas para nuevos servicios.

Guillermo Solomon, country manager USA y director Ejecutivo de Transformación Digital de Negocios en Beyond Technology, apuntó que, en primer lugar, la regulación debe ser flexible dada la dinámica de los mercados que se basan en procesos de innovación para la competencia. Dijo que deben adaptarse al constante cambio del sector y coordinarse con otros sectores participantes.

Lester García, director de Política Pública, Acceso y Conectividad para América Latina de Facebook, coincidió en que la regulación debe ser flexible, pero puso sobre la mesa una segunda característica, y es que dijo que esta debe privilegiar e incentivar la innovación, así como la eficiencia del mercado.

Vicente Roqueñí, director Sénior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de DiDi, dijo, como tercera característica, que la regulación no debe ser discriminatoria, pues aunque pareciera algo obvio, hoy en día ven intenciones de hacer regulaciones a medida de una actividad en específica porque ha impactado a intereses creados.

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Una cuarta característica, de acuerdo con Roqueñí, es que la regulación debe ser innovadora, es decir, que se atreva a romper paradigmas bajo los cuales ha funcionado en los últimos años.

Dijo que la sociedad se transformó a través de la tecnología, y el derecho digital es precisamente una expresión de la evolución de la sociedad, por lo tanto, necesitamos que esa regulación no esté basada en esos viejos paradigmas.

Como una quinta característica, Guillermo Solomon destacó que la regulación debe ser colaborativa, porque al ser así, da entrada a actores para que se consideren todos los puntos anteriores, desde productividad, innovación y flexibilidad, ya que todo impacta a la economía digital.

Solomon añadió que las políticas regulatorias deben rediseñarse sobre sus cimientos y dijo que todo debe rehacerse para lograr un mayor beneficio posible, al menor costo posible, ser más rentable y beneficiar a agentes económicos, empleados y consumidor.

Lester García comentó que la misión de Meta es crear una comunidad para acercar al mundo, utilizar la tecnología para acercar a la gente, y aseguró que desde una perspectiva de conectividad no habría forma de resolver problemas de brecha sino a través de esta.

Durante el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, especialistas presentaron sus definiciones del concepto de derecho digital, su alcance y los desafíos para que las reglas que se apliquen no funcionen como ancla del desarrollo tecnológico. Aunque con distintas variables, los oradores coincidieron en la importancia de aplicar normas que sean flexibles y sean resultado de un diálogo constante entre los distintos actores del ecosistema.

“La aproximación que muchos hacemos cuando abordamos derechos digitales es, ni más ni menos, asegurar que los derechos consagrados en el mundo análogo también se encuentren presentes en el plano digital”, inició Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.

“Chile entendió bien que parte de su desarrollo tiene que ver con transformación digital”, dijo el ejecutivo al hablar del nuevo proceso constituyente que se está desarrollando en el país. También habló de algunos hitos locales, como la promulgación de la primera ley del mundo en neuroderechos, sancionada bajo principios de no alteración de conciencia, respeto de la privacidad e impedimento de lógicas segregadoras, entre otros.

Para José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza In Colombia, el primer reto en la materia es la vigencia, pues “los Estados son más lentos en sus normas que la tecnología en sus avances”. En este contexto, consideró que las reglas deben ser flexibles y dinámicas al tiempo de “potenciar derechos ya consagrados”, amplió coincidiendo con su antecesor.

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Respecto de la realidad de Colombia, López enfatizó que las empresas deben ser autocríticas en el proceso de transformación e hizo hincapié en que “la llegada de una tendencia de izquierda al gobierno genera preocupaciones naturales al empresariado” y pidió seguridad jurídica y protección de lo ya logrado. “Las plataformas de movilidad y reparto generamos 150 mil empleos en Colombia”, expresó.

En su alocución, Patricia Falconi, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), dijo que “hay que tomar el derecho digital como paradigma”, porque eso permite a los involucrados “estar preparados y buscar constantemente nuevas definiciones”. El rol de los abogados, amplió Falconi, también cambió, pues deben dejar de pensar “sólo en la ley e ir más allá y ser esa parte conciliadora que considere el todo”.

Wilma Arellano, profesora e investigadora en la materia, habló de la realidad en Europa y definió al derecho digital como “heredero de otras ramas” y conjunto de normas que regulan el ámbito digital. Aunque en todas las acepciones es “difícil decir desde dónde se parte”, la también consultora sostuvo que sí tiene que ver con todas los ramos, sí debe ser multidisciplinar y sí los que hacen leyes deben nutrirse de la experiencia y conocimiento de otras áreas.

A pesar de las dificultades, los oradores coincidieron en que América Latina “tiene mucho para aportar” a la conversación global en materia de derechos digitales. “Hay que levantar la voz y posicionar a la región”, concluyó Arellano. La conversación contó con la moderación de la abogada Cinthya Gómez, socia de Propiedad Intelectual en Novus Concilium.

Definir todo lo que abarca el derecho digital es un reto importante para quienes estudian las leyes. Durante el panel “En la búsqueda de la convergencia académica”, Joel Gómez Treviño, socio fundador y director de Lex Informática Abogados, esbozó una definición:

“El derecho digital es la rama del derecho que se ocupa del estudio y posible regulación de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse del uso de Internet, las TIC y las tecnologías emergentes. También analiza la interrelación de las diversas ramas del derecho con la informática y las TI”. El especialista apuntó que es un tema que se debe abordar desde una mirada transversal “para lograr un ecosistema digital, sano, confiable y seguro”.

En su intervención en el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, Sandra Milena Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Externado, explicó que en el entorno digital la regulación se debe cambiar y entender las dinámicas de creación y co-creación, además de la relación de nuevos agentes que requieren una nueva interacción y lectura.

“La educación tiene el rol de llevar la discusión académica porque es tan relevante entender las dinámicas asociadas con las tecnologías y la digitalización”, expresó.

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“Una reflexión es determinar cómo la región puede pensar en la configuración de un derecho digital, no en las magnitudes que lo tiene la Unión Europea, pero sí en las aproximaciones atendiendo nuestro contexto local y determinar qué elementos en común podemos hablar para crear mercados digitales”, puntualizó Ortiz.

Para Andrés Piazza, director en IDD LAC, el derecho digital es una convergencia de muchos aspectos informáticos con un grupo importante de desafíos y tendencias. “Está permeando sobre todo el derecho en general: el comercial, el corporativo, el empresarial, los humanos y algunas cuestiones del derecho público están siendo atrapadas por temas de seguridad, privacidad, de Inteligencia Artificial (IA), de libertad de expresión”.

“Todo el derecho está siendo alcanzado por alguna ramificación de esta nueva área convergente”, sostuvo.

Para Piazza, un tema importante para abordar es el de la Inteligencia Artificial. “Hay que encontrar un punto de convergencia o común donde se puedan abrazar las innovaciones positivas que brinda la IA, y al mismo tiempo hay que encontrar una manera de tener una regulación que se centre en la persona y cuide los derechos de los ciudadanos”.

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Sobre este punto, Pablo Pruneda, coordinador del programa de Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló sobre los alcances de ChatGPT, la plataforma de IA de moda. “ChatGPT es el acta de defunción de Google como buscador y le está apostando fuerte a una nueva manera de interactuar”.

Además, según Pruneda, “esto ya empieza a presentar puntos de controversia y enormes retos para el derecho. Esta herramienta se puede usar de manera concreta para evitar el esfuerzo de investigar y generar contenido propio, por su capacidad de análisis”.

En su turno, Héctor Pérez Pintor, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se refirió a la convergencia del derecho a la educación con la introducción de nuevas tecnologías digitales. “Las universidades tenemos más o menos acceso a ciertas tecnologías, pero ahí comenzamos con los retos de la convergencia académica y la educación: qué tipo de tecnología, hasta dónde, qué funcionalidad”, comentó.

Derivado de sus capacidades técnicas como una menor latencia y mayor velocidad, 5G tiene la capacidad de potencializar las capacidades de recolección y procesamiento de datos a una escala mayor, que si bien representa un catalizador de la transformación digital, también trae riesgos para la privacidad y ciberseguridad, señaló Vitor Elisio, director de Relaciones Institucionales de Ligga y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones de Brasil.

En el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, Elisio alertó que se debe estar preparado para los nuevos riesgos de 5G, como la recolección masiva de datos. Consideró que Brasil ha logrado emitir una “ley flexible basada en principios y que ofrece un brazo elástico para abrazar todas las situaciones del día a día en estas nuevas tecnologías”.

Consideró que un enfoque correcto al momento de abordar medidas para la protección de datos es con base en la evaluación de los riesgos, “no simplemente establecer restricciones para acceso, sino identificar si hay riesgo en estos datos”.

“La recolección de datos en tantos dispositivos es lo que genera la necesidad de tener reglas y cuidado especial con el cambio que 5G puede traer a las relaciones jurídicas”, dijo durante su presentación.

En ese sentido, Elisio llamó la atención también sobre la responsabilidad de las empresas, las cuales deben contar con mecanismos para el cumplimiento de las normas de privacidad y demostrar que han establecido procesos de gobernanza sobre los datos, como políticas de transparencia y de evaluación de impacto tras una filtración.