El acceso libre y gratuito al servicio de Internet de banda ancha en espacios públicos ya es un derecho para las personas en la Ciudad de México.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, firmó un decreto que reforma la Constitución Política local, mediante el cual se modifica el artículo 8 para incluir este derecho, que deberá ser garantizado por el gobierno capitalino.

Para garantizar la autosuficiencia en la prestación del servicio gratuito de Internet, el decreto establece que el gobierno llevará a cabo la implementación progresiva de infraestructura de telecomunicaciones en los espacios públicos.

A finales del año pasado, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto de ley que buscaba garantizar el acceso universal, libre y gratuito al Internet de banda ancha en los espacios públicos, incluyendo el transporte público.

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La iniciativa pasó por el análisis de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Pleno del Congreso Capitalino, que dieron su visto bueno. Pero la versión final ya no señala que el servicio también se prestará específicamente en los medios de transporte.

El decreto tampoco detalla cómo el gobierno se encargará de la implementación progresiva de la infraestructura que soportará el servicio de Internet. En la propuesta de Sheinbaum, se planteaba que la Agencia Digital de Innovación Pública podría celebrar contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos con terceros para este fin.

También se contemplaba en la versión original que el servicio debería tener una velocidad de descarga mínima de 3 Mbps. Este planteamiento fue muy criticado, ya que es un nivel de rapidez muy bajo para realizar actividades en línea, como utilizar aplicaciones de video o usar servicios de educación digital, por ejemplo.

Batres destacó que en la actualidad tener acceso a Internet es equivalente a los servicios básicos como la luz, gas y agua, y es un estándar que señala el avance en el desarrollo social de la ciudad.

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De acuerdo con el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, en la capital existen 387 puntos de acceso gratuito a Internet en 99 sitios públicos que registran 2 millones 065 mil 316 conexiones al mes.

Además, hay 20 mil 372 puntos en postes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y tótems del Programa “MI C911E”, con 84 millones 813 mil 680 conexiones.

También existen otros puntos de conectividad gratuita en espacios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, centros de salud, escuelas, universidades, transporte público, colonias periféricas y Unidades Habitacionales.

Esto ―afirmó Martí Batres― “coloca a la Ciudad de México como la ciudad más conectada del mundo”, por encima de otras metrópolis importantes como Nueva York, Estados Unidos, y Buenos Aires, Argentina.

El Nacional

Internet se ha convertido en una necesidad básica. La red de redes se convirtió en algo indispensable ya que nos permite estar conectados con el resto del mundo, enterarnos de acontecimientos y entablar comunicaciones a distancia.

Gran parte de los países de Latinoamérica atraviesan crisis social, política y económica. Tal es el caso de Venezuela, que cuenta con un internet deficiente, solo por encima de Afganistán, Haití y Cuba.

En algún momento, la empresa que manejaba gran parte de los contratos de servicios de internet en el país era la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), reconocida por ser una de las pioneras en la industria de las telecomunicaciones, fundada en junio de 1930. En ese entonces, presumían de ofrecer un servicio de calidad, eficaz y con la última tecnología.

Sin embargo, la compañía pasó a estar bajo el dominio y control total del Estado desde el 21 de mayo de 2007, lo que trajo como consecuencia las desmejora del servicio de conexión, pues según los mismos usuarios, empezaron a reportar fallas hasta el día de hoy, sin poder garantizar un servicio de calidad. Es por ello que muchos venezolanos, en especial los que están ubicados en las zonas rurales, optan por buscar alternativas ya que el servicio de internet es casi inexistente.

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Diversas organizaciones sociales, académicas y empresariales peruanas han advertido sobre los riesgos para la conectividad que implica el proyecto de la Ley General de Internet que se debate en el Congreso de la República.

Mediante un comunicado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de Perú informó que, en caso de ser aprobados los proyectos de ley 878 y 109/2021-CR que se abordarán este viernes 27 de mayo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, paralizarían el despliegue de infraestructura y, en consecuencia, impedirían el acceso a Internet para 3 millones de personas. 

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La AFIN detalló que las múltiples opiniones contrarias no han sido tomadas en cuenta y, ante los proyectos, debido a un profundo desconocimiento del sector, se estaría afectando el ecosistema digital y el cierre de brechas de conectividad, que la pandemia ha exhibido la importancia de cerrar con urgencia. Y aseguró que, por el contrario, las iniciativas van en contra de estas prioridades.

Por esa razón, la asociación recomendó que se forme una mesa de trabajo con los actores especializados del sector para contar con la mayor información posible y el análisis respectivo que contribuya a que los millones de peruanos que actualmente no tienen acceso a Internet, cuenten con este servicio.

A través de su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), manifestó que considera “innecesario e inconveniente avanzar con la aprobación del proyecto de “Ley General de Internet” en Perú a consideración del Congreso”.

Además, detalló que la ALAI y otras 20 organizaciones civiles, académicas y empresariales del ecosistema digital ya han expresado reiteradamente su recomendación de no aprobar el proyecto, por considerar que “generará indudables efectos negativos al desarrollo digital del país, en perjuicio de toda la ciudadanía”.

A través del comunicado “Por un Perú digital”, las organizaciones expusieron su “preocupación por el alarmante atraso tecnológico” y exhortaron al gobierno a priorizar la transformación digital como eje de la agenda pública a partir de ocho pilares: institucionalidad; brecha de conectividad; alfabetización digital; gobierno sin papeles desde tu casa; urna de cristal, datos abiertos y transparencia total; incorporación de tecnologías digitales en la industria; desarrollo de emprendimiento digital, y seguridad.

Proyecto bajo polémica

El proyecto No. 878/2021-CR, de la Ley General de Internet, se presentó el primero de diciembre de 2021 y la Comunicación de Transportes y Comunicaciones lo recibió el 6 de diciembre del mismo año.

Según el propio texto, el objetivo del proyecto es sistematizar la normativa de dos bloques temáticos de Internet: la infraestructura y los aspectos de acceso y los servicios prestados a través de Internet.

El proyecto legislativo está dividido en 11 capítulos que contienen iniciativas como el Acceso a Internet como derecho y servicio público, la promoción de la ampliación y mejora en infraestructura de telecomunicaciones para el acceso a Internet, disposiciones sobre los proveedores de acceso a Internet y neutralidad de la red, la prestación de servicios en Internet y los proveedores de servicios, su responsabilidad e intervención judicial, el comercio electrónico, la economía colaborativa, los nombres de dominio y el correo comercial no solicitado (SPAM).

La República Víctor Jáuregui

Decir que el internet es un derecho humano, tal como lo declaró la ONU en el 2011, no es descabellado. Durante la crisis por la COVID-19, la falta de conectividad nos reveló que este servicio sigue siendo un privilegio. La teleeducación, la telemedicina y el teletrabajo han remarcado la brecha social-digital que aún queda pendiente por atender y que no parece ser una prioridad.

El problema de la falta de acceso al internet tiene muchas aristas y está en todos los niveles. Es cierto, muchas veces el factor geográfico no permite la llegada de conexiones a nivel nacional, pero no es una excusa. Existe un desinterés por parte del Gobierno central para buscar soluciones de conectividad. Esto se traduce en la poca gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, un recurso de más de 13.500 mil kilómetros de fibra óptica desplegados en todo el país y que actualmente no cumple con su propósito de conectar a las comunidades más alejadas.

El reporte de Osiptel (febrero 2022) demuestra la concentración del servicio de internet. Si bien las conexiones fijas han crecido en un 12,9%, Lima continúa siendo el mercado con mayor conexiones de internet, con un porcentaje del 55%. Mientras que el otro 45% se reparte entre las demás regiones del Perú; siendo las menos favorecidas Pasco, Loreto y Madre de Dios con menos del 1%.

Por otro lado, en el Congreso de la República existen quince proyectos de ley relacionados a este servicio. Ocho de ellos coinciden en la importancia de reconocer el acceso al internet como un derecho de los peruanos en la Constitución. Estas iniciativas, que tienen el apoyo de al menos cinco bancadas, siguen en comisión a pesar de que la primera se presentó hace seis meses. Tiempo en el que sigue esperando un dictamen para ser discutida en el Pleno.

Sin embargo, no se puede hablar de conectividad sin mirarse el ombligo. El sinceramiento de planes que ofrecen las empresas privadas también es un punto a tomar en cuenta. El usuario debe saber qué velocidad recibirá realmente al adquirir un plan hogar, para evaluar su permanencia en una red convencional o migrar a nuevas tecnologías como la fibra óptica.

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Pedro Maíz Illatopa estudia en la institución educativa del centro de Chacabamba (Yarowilka, Huánuco) y quiere aprender más rápido, pues a su corta edad es consciente que prácticamente estuvo dos años sin aprender mucho. Por eso el celular que su mamá, la ciudadana Rosa Illatopa compró tras 10 meses de ahorro de 50 soles mensuales, es clave para sus ansias de saber, que sus profesoras y profesores no alcanzan a saciar.

Pero Rosa también necesita de dicho celular, pues allí puede hacer consultas sobre apoyos del Gobierno imprescindibles para reactivar su economía familiar, toda vez que la producción de su chacra aún no alcanza los niveles pre pandemia. Además, necesita estar conectada con las demás madres de familia del quinto grado, vía el grupo de Whatsapp generado por la profesora encargada de la tutoría.

Por su parte, el papá de Pedro, el ciudadano Juan Maíz, que intercala su trabajo en la chacra con el servicio de transporte de carga en un tricimóvil, necesita la Internet para trámites varios ante las distintas mesas de parte electrónicas de varias entidades, conforme la Ley 31170, Ley que dispone la Implementación de Mesas de Partes Digitales y Notificaciones Electrónicas. Así que también ha tenido que ahorrar otros 50 soles mensuales por un año para conseguirse su propio teléfono celular con servicios de Internet móvil.

Antes de comprar los chips para sus celulares tuvieron que acudir a la página de OSIPTEL en donde se indica la cobertura de Internet vía la telefonía móvil a nivel de centro poblado, a fin de saber con qué operador telefónico debían contratar sus líneas. Al acudir a https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# vieron que en Chacabamba y otros centros poblados del distrito, dos operadores llegaban, aunque sólo con tecnología 3g y 3.5g.

Como lo muestran situaciones como las descritas, «es sabido que, con el pasar del tiempo, el internet se ha vuelto en un medio esencial para poder realizar diferentes actividades que son primordiales en el día a día.»^[1] Pero ya desde hace décadas se sabe que hay «una relación directa entre la disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones y el acceso a estas con el crecimiento económico de un país», como lo mostró el Informe Maitland en 1984, citado por Diego Zegarra en su Introducción al Derecho de las Telecomunicaciones (PUCP, 2018). Sobre la base de esa certeza, se ha ido generando la conciencia de que la Internet debería ser un servicio universal, de interés general, y que por tanto debería llegar a todas las personas, con independencia de su ubicación y situación económica.

Mientras eso no ocurra, niños como Pedro y sus padres y madres seguirán dependiendo de la buena o mala voluntad de los gerentes y los servidores del sector telecomunicaciones, para acceder a servicios y productos vía la Internet en igualdad de condiciones con otros peruanos y peruanas. Por ende, constitucionalizar el derecho a la Internet y sus respectivas garantías de realización deberían dejar de ser una novedad política (como lo fue la propuesta de la candidata Verónika Mendoza en las elecciones del año 2021) y pasar a incorporarse al conjunto de contenidos indispensables en una Constitución que contenga el pacto social que los peruanos y peruanas necesitamos en este siglo.

Te compartimos los temas y acontecimientos digitales más destacados seleccionados por DPL News, para que comiences la semana actualizado en información tecnológica.

Congreso de Colombia busca que el acceso a Internet sea un derecho constitucional

El Congreso de Colombia estudia un proyecto de ley para establecer el acceso a Internet como un derecho fundamental en la Constitución, luego de que en 2021 se aprobó una ley que reconoce la Internet como un servicio público, esencial y universal.

La iniciativa, presentada por representantes y senadores de distintas bancadas, plantea modificar el artículo 20 de la Carta Magna para incluir “el acceso, la conectividad y la cobertura de Internet a todos los habitantes del territorio nacional”, lo cual daría al Estado la obligación de garantizar su prestación universal.

De esta manera, se lograría impulsar acciones para satisfacer este derecho y zanjar la brecha digital, especialmente en las zonas rurales del país. El proyecto de ley advierte que la principal barrera para incrementar la conectividad es la falta de asequibilidad del servicio de Internet. Y aunque la ley de 2021 tiene objetivos similares, los congresistas piensan que no es suficiente.

Digicel prepara salida de Panamá

Digicel, operador móvil con operaciones en Centroamérica y el Caribe, anunció que prepara su salida de Panamá mediante la solicitud de una “liquidación voluntaria”. La compañía señaló la venta de Claro a Cable & Wireless (C&W) y los crecientes costos de operación como los principales factores de su salida.

Digicel recuerda que advirtió “repetidamente” al gobierno de Panamá las posibles consecuencias de aprobar la fusión de Claro-C&W, como la aplicación de precios predatorios que ya ejecutó el nuevo operador en el mercado. Digicel también apuntó al creciente precio del espectro y “los costos de renovaciones exorbitantes” que no permitirán una “operación rentable”.

Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) contestó que ejercerá sus facultades para asegurar que la prestación del servicio del concesionario se ejecute de manera ininterrumpida, en tanto duren los procesos legales presentados por Digicel.

Banda de 6 GHz para 5G atenderá creciente tráfico móvil de las ciudades

Derivado de sus características físicas que ofrecen un positivo equilibrio entre cobertura y velocidad, además de abarcar un amplio bloque de espectro, la banda de 6 GHz representa una importante oportunidad para atender la creciente demanda de tráfico sobre las redes móviles, especialmente en entornos urbanos, conforme se extiende la demanda y casos de uso industriales y del hogar sobre redes 5G.

Scott Minehane, director de Windsor Place Consulting, destacó en entrevista la importancia de la banda para el segmento móvil, que ofrece los bloques de espectro contiguos y grandes que requiere la nueva red. Esta banda tendría una importancia especial para América Latina, donde se dificulta la rentabilidad de las bandas milimétricas y el uso de la Banda C aún no está extendido en la región.Actualmente, el principal conflicto para su asignación se encuentra en la disputa por la banda entre la industria celular y la industria del WiFi. Minehan advirtió, sin embargo, que destinar la totalidad de la banda a WiFi limitaría las opciones de espectro para la industria móvil, además de que representa un enorme costo de oportunidad para el cierre de la brecha digital en la región, donde los servicios móviles pueden compensar la falta de cobertura de redes de fibra.

México | Red Compartida, un proyecto fallido que atrasa la conectividad: STRM 

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) un documento en el cual advierte las consecuencias negativas de que el regulador haya dado una prórroga de cuatro años más, hasta 2028, para que Altán Redes cumpla con sus obligaciones de cobertura con la Red Compartida, a la que calificaron como un proyecto fallido.

Y es que el STRM afirma que con ello se retrasa aún más el cierre de la brecha digital en México, además de que distorsiona el mercado y otorga un trato preferencial a Altán y al Promtel únicamente por tratarse de un proyecto por el que apostó no sólo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, sino también el de Andrés Manuel López Obrador.

El Sindicato pidió que el IFT considere abrir el mercado de televisión de paga para Telmex, ya que se trata de una empresa interesada en invertir y desarrollar infraestructura y tecnología, incluso en lugare  donde proyectos como la Red Compartida están tardando en entrar debido a su situación económica que los ha llevado a estar en concurso mercantil.

Colombia | 7 alternativas para eliminar barreras a la compartición de infraestructura

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia está estudiando alternativas regulatorias que ayuden a resolver las barreras para la compartición de infraestructura que soporta el despliegue de las redes de telecomunicaciones, tanto entre los operadores del sector como con empresas de otras industrias.

El proyecto del órgano regulador contempla posibles cambios en siete áreas: en los sectores aún no regulados, los sectores que ya son regulados, la falta de información y transparencia sobre las condiciones de acceso a la infraestructura, la respuesta a las solicitudes de acceso, las tarifas del sector eléctrico, la definición de los puntos de apoyo y la homologación de condiciones de compartición entre distintas industrias.

De acuerdo con la CRC, algunas condiciones actuales en la compartición de infraestructura dificultan o impiden el despliegue eficiente de las redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual no sólo afecta los planes de inversión de los operadores sino también la expansión de cobertura y que los usuarios reciban servicios de mayor calidad.

Argentina | Arsat dotará de Internet a escuelas públicas

El Ministerio de Educación de la Nación firmó un convenio con Arsat para la implementación de un plan por el que se dará Internet a 90 por ciento de los estudiantes –inicialmente se anunció que alcanzaria 100%– de establecimientos públicos de Argentina. En un plan de tres años, se conectará a 9.7 millones de alumnos de 42 mil 630 colegios con una inversión de 400 millones de dólares.

La propuesta se desarrollará mediante la actualización de la infraestructura tecnológica existente y su correspondiente ampliación, además de la utilización de conectividad satelital –bandas Ka y Ku– y el sistema integrado de conectividad terrestre a través de la Red Federal de Fibra Óptica, dijo la compañía. El proyecto podría convertirse en el primer paso de Arsat como proveedor minorista de Argentina, pues al momento sólo daba conectividad a escuelas que dependían de conexión satelital por su ubicación geográfica.

La iniciativa, que busca potenciar el plan Conectar Igualdad, también contempla la instalación y mantenimiento de los pisos tecnológicos que brindarán la conectividad dentro de las escuelas. “El mapa de conectividad es también el mapa de la desigualdad en el país. El convenio propone que el punto de partida sea el mismo para todos alumnos, con las mismas herramientas educativas a lo ancho y largo del país”, dijo el Ministro de Educación, Jaime Perczyk. Por parte de Arsat, el firmante del acuerdo fue su presidente, Matias Tombolini.

Desarrolladores de infraestructura trabajan para que 5G sea la tecnología más verde y limpia

Una de las misiones más importantes dentro de la industria de telecomunicaciones es lograr reducir el consumo de energía en 5G. Huawei, Nokia y Ericsson, los tres principales proveedores de infraestructura a nivel mundial, trabajan en conseguir que la quinta generación sea la tecnología móvil más verde, limpia y amigable con el medio ambiente. 

Además, estas compañías tienen metas de cero emisiones de carbono y de implementación de energías renovables, alientan a sus socios y clientes a ser más ecológicos y poseen planes de economía circular y manejo de los residuos. En el segundo Especial de Sostenibilidad TIC, DPL News realizó un relevamiento de los planes verdes de los principales proveedores. Consulta aquí el nuevo Especial de Sostenibilidad TIC.

México | DiDi invertirá 3 mil millones de pesos para innovación y recompensas

DiDi, plataforma de movilidad y entrega de alimentos con presencia en 70 ciudades, realizará en 2022 una inversión por 3 mil millones de pesos, el triple del monto que destinó en 2021.

Juan Andrés Panamá, director General de Movilidad para el mercado hispanoamericano, indicó que dicho capital será destinado en innovación de seguridad de viajes y recompensas para conductores.

“Es la inversión más grande que hemos hecho en México hasta el momento. Es un año sumamente importante porque la innovación no va a parar. Seguiremos evolucionando”, indicó el directivo.

Un grupo de representantes y senadores presentó un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que busca establecer el acceso a Internet como un derecho fundamental, consagrándolo en la Constitución Política.

Después de que en 2021 se aprobó una ley que reconoce el Internet como un servicio público, esencial y universal, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes examina elevar su rango a un derecho constitucional.

La iniciativa plantea que el artículo 20 de la Carta Magna –sobre la libertad de expresión– también incluya “el derecho al acceso, la conectividad y la cobertura a Internet a todos los habitantes del territorio nacional”.

Por lo tanto, “el Estado proporcionará los mecanismos efectivos para satisfacer este derecho, con especial énfasis a la población rural y un mínimo vital para la población de menores ingresos”, se lee en el documento.

El proyecto de ley fue radicado el 30 de marzo de este año por representantes de diferentes bancadas, entre los que se encuentran León Fredy Muñoz Lopera, del Partido Alianza Verde; Elizabeth Jay Pang Díaz, del Partido Liberal; Gustavo Petro Urrego, de Colombia Humana; Feliciano Valencia Medina, del Movimiento Alternativo Indígena y Social; de la Coalición Lista de la Decencia, entre otros.

Los congresistas argumentan que Internet se ha vuelto indispensable para aprovechar oportunidades sociales y económicas, al permitir que las personas accedan a servicios relacionados con la educación, el trabajo, la cultura o la salud, especialmente durante el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, el país aún no ha resuelto el problema de la brecha digital para propiciar que toda la población pueda beneficiarse de la conectividad. La iniciativa señala que la principal barrera es el costo del servicio de Internet, pues el 50.7 por ciento de las personas desconectadas asegura que el precio elevado les impide contratar una conexión a Internet.

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Otro 27.6 por ciento considera que no es un servicio necesario en su vida; el 7.7 por ciento habita en zonas sin cobertura; 7 puntos porcentuales no saben usar esta tecnología, y el 3.8 por ciento carece de algún dispositivo para conectarse a Internet, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística retomados por el proyecto.

“Y es precisamente hacia la incapacidad de pago por parte de esa población colombiana a la que apunta en gran parte este proyecto, para garantizar el acceso a bienes y servicios del Estado a través de la consagración del Internet como derecho fundamental”, indica el documento.

Los congresistas citan datos de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la inasequibilidad de Internet. En el país, según la OCDE, un paquete de Internet de alto consumo cuesta 20 por ciento más de lo que se paga en promedio en otras naciones, lo cual profundiza la brecha digital.

A pesar de que el nivel de asequibilidad de Internet todavía no se encuentra en un escenario ideal, la Alianza por un Internet Asequible (A4AI) posicionó en 2021 a Colombia como el país donde el servicio es el más asequible en América Latina y el segundo en la comparativa mundial.

No obstante, para garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios de Internet de banda ancha y zanjar la brecha digital “se requiere un cambio radical –en la dotación de recursos, en los mandatos, en la colaboración y la cooperación–”, advirtió la A4AI.

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En julio del año pasado, el presidente Iván Duque promulgó una ley que declara el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal. La nueva normativa determina una regulación especial para promover el acceso y la apropiación de Internet entre la población desconectada y la más vulnerable.

Por ejemplo, la ley señala que los pequeños operadores con menos de 30 mil usuarios están exentos del pago de contribuciones al Fondo Único TIC; se dispondrá de financiamiento para el Internet minorista, y se aplicará el silencio administrativo positivo ante las solicitudes de las empresas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

La nueva ley fue bien recibida en el sector nacional e internacional, por reconocer la importancia de ejecutar acciones de política pública y regulatoria para garantizar la conectividad universal.

Sin embargo, la demanda general es que la normativa no sólo se quede en el papel sino que se concrete en la práctica y se revisen las cargas fiscales y regulatorias que pesan sobre el sector, pues pueden ser obstáculos para que los operadores amplíen la huella de infraestructura para mejorar la conectividad.

¡Excelente lunes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu dosis de refuerzo el día que te corresponda según el calendario de vacunación de tu país. Mientras tanto, comienza la semana leyendo las noticias más importantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1.  OCDE emite recomendaciones para reducir brecha digital en países del G20

Un nuevo documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enumera una serie de recomendaciones para reducir la brecha digital, desde sus múltiples dimensiones.

2.  Uso de Inteligencia Artificial para servicios públicos: Brasil, Chile, Uruguay y Colombia en el top 50 del mundo

Un informe internacional destaca la incorporación de políticas de Inteligencia Artificial por parte de Brasil y Chile en 2021, pero advierte que la región tiene muchos desafíos pendientes. América Latina y el Caribe tiene el tercer peor promedio mundial; su representante mejor ubicado está en el puesto 40.

3. Claro despliega red de fibra óptica en la capital de Puerto Rico

Claro expandió su red de fibra óptica a Viejo San Juan, la capital de Puerto Rico, para conectar con servicios de alta velocidad a la población y a las instituciones públicas que se localizan en esta ciudad.

4. Osiptel propone reducir tope de cargo de interconexión móvil en Perú

El regulador peruano de las telecomunicaciones ha propuesto reducir una quinta parte del cargo tope de interconexión para las llamadas entre diversos operadores móviles, y ahora espera recibir comentarios de las empresas de telecomunicaciones.

5.  Brasil | Destinarán 2.8 mdd para transformación digital en la Amazonia

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI) de Brasil y la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) destinarán 30 millones de reales (5.6 millones de dólares) a empresas de la región Norte del país que desarrollen proyectos en Bioeconomía y Transformación Digital. 

6. Por enésima vez proponen reconocer acceso a Internet como derecho fundamental en Perú

A inicios de este 2022, en el Congreso de Perú se ha impulsado por octava vez en 20 años la intención legislativa de reformar la Constitución para incorporar el acceso a Internet como un derecho fundamental y promover el acceso universal.

7. GSMA y 5G-ACIA establecen colaboración para impulsar 5G industrial

Con el fin de colaborar en la implementación de 5G industrial, la GSMA y la Alianza 5G para Industrias Conectadas y Automatización (5G-ACIA) firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para contribuir en su desarrollo.

8. #DPLTechReview | Samsung Galaxy Z Flip 3: ¿vale la pena cambiar a un teléfono plegable?

Probamos el Samsung Galaxy Z Flip 3, un smartphone que se ha convertido en el plegable favorito del público. Si nunca has usado un gadget de este tipo, aquí te cuento lo mejor de mi experiencia usando por primera vez un teléfono plegable.

En el Congreso de Perú se ingresó un proyecto de ley para reformar el artículo 2 de la Constitución e incorporar el acceso a Internet como un derecho fundamental y promover el acceso universal, lo que constituye el octavo intento en 20 años de aprobar una iniciativa legislativa de este tipo. 

Consulta: Proyecto de ley busca facilitar despliegue de infraestructura y acceso a banda ancha en Perú

La congresista Betssy Betzabet Chavez Chino, del grupo parlamentario Perú Democrático, fue quien introdujo la iniciativa el pasado 24 de enero de 2022.

La iniciativa propone agregar el siguiente numeral en el artículo 2 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho: 

25. Al acceso a Internet libre, abierto e inclusivo. El Estado garantiza el acceso a Internet de forma progresiva y universal para promover el desarrollo científico y tecnológico. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito.

Lee también: Resurge proyecto de ley en Perú que busca garantizar el acceso a Internet libre

Esta es la octava vez que se impulsa un proyecto similar en el Congreso peruano. 

Desde 2002, se han presentado al menos siete proyectos de ley previos en el mismo sentido: 06332/2002: Ley para el acceso y universalización de Internet; 04662/2010: Ley que promueve Internet para todos; 04434/2010: Ley que declara como derecho fundamental el acceso de la banda ancha; 02294/2012: Ley que incorpora como Derecho Constitucional el acceso al Internet de Banda Ancha; 3156/2018: Ley que reconoce el derecho de acceso a Internet como derecho fundamental; 3607/2018: Ley que garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, y 5843/2020: Ley que reconoce el derecho a acceso a Internet como derecho constitucional. 

El 6 de noviembre de 2018, a través del proyecto de ley 3607/2018-CR, el congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas propuso modificar el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución para incluir el siguiente texto: “El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto”.

Y tres años después, el 18 de octubre de 2021, el Consejo Directivo del Congreso actualizó el proyecto y con ello resurgió la iniciativa para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental en Perú y promover la cobertura universal.

Esto va en sintonía con lo que declaró el presidente del país, Pedro Castillo, en su toma de posesión: “En nuestro gobierno, Internet será un derecho, no un servicio”.

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Y sigue acciones de otros países de América Latina, como Colombia, que en 2021 promulgó la ley que reconoce a Internet como un servicio público esencial y universal.

A los 65 años de edad, falleció en Italia el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en la madrugada de este martes por complicaciones relacionadas con la deficiencia de su sistema inmunológico.

Su portavoz Roberto Cuillo confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que murió luego de haber sido internado en un hospital italiano. Se trata del primer funcionario de alto rango en la Unión Europea que fallece mientras desempeñaba su cargo.

Durante su gestión en el Parlamento, Sassoli promovió la idea de que el acceso a las tecnologías e Internet no debe ser un privilegio sino un derecho en los sistemas democráticos, debido al importante rol que tienen en la vida de los ciudadanos.

En julio de 2019, tras ser elegido como presidente del organismo, David Sassoli destacó en su discurso que la revolución digital “está cambiando profundamente los estilos de vida, la forma de producir y consumir”.

Por esa razón, señaló, “se necesitan reglas que puedan combinar el progreso tecnológico, el desarrollo empresarial y la protección de los trabajadores y las personas” en el modelo europeo de economía social y de mercado.

Sassoli se definía a sí mismo como un político comprometido con la democracia y comprendía que la digitalización también debe reflexionarse desde una perspectiva política y legislativa para priorizar el bienestar general.

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“Mi deber como presidente es velar por el buen funcionamiento de una Cámara con representantes provenientes de 27 Estados miembros y que trabaja en 24 lenguas oficiales (…). Y sólo habrá avance de esta si también se democratizan Internet y el entorno digital”, dijo en una entrevista con el Diario Vasco en 2020.

El funcionario, que repuntó su carrera como periodista en la televisión pública, falleció a unos días de que los eurodiputados voten por la persona que lo sucederá en la Presidencia del Parlamento Europeo para la segunda mitad de la legislatura.

Previo a la complicación del estado de salud de Sassoli, la Eurocámara ya tenía agendado la elección del próximo presidente para la próxima semana en una reunión en Estrasburgo.