Un nuevo juicio por presuntas prácticas abusivas en publicidad se lleva a cabo en Estados Unidos en contra del gigante Google. 

Se trata de un nuevo juicio ante el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos, del que Google dice no estar de acuerdo con las acusaciones en su contra.

“No estamos de acuerdo con la decisión inicial del tribunal y la apelaremos, pero el proceso requiere que primero evaluemos los recursos. Los cambios propuestos por el Departamento de Justicia van mucho más allá de la decisión del Tribunal sobre responsabilidad y de la ley, y podrían perjudicar a empresas de todo el país”, dijo la compañía californiana. 

Y es que el tribunal, en un juicio previo, determinó que las adquisiciones de Google no perjudicaron la competencia, sin embargo el DoJ quiere que la compañía se desprenda de Google Ad Manager, una herramienta que ayuda a editores y anunciantes a comprar y vender anuncios Web, de aplicaciones, de TV conectada y de video.

“Desmantelar las herramientas integradas dificultaría a los editores monetizar su contenido y encarecería a los anunciantes la llegada de nuevos clientes, lo que perjudicaría desproporcionadamente a las pequeñas empresas que optan por usar las herramientas de Google para crecer”, aseveró Google en un comunicado. 

En lugar de desprenderse del Ad Manager, Google propone aprovechar la interoperabilidad de dicha herramienta, permitiendo a los editores utilizar opciones de terceros para acceder a sus pujas de anunciantes en tiempo real.

Google añadió que desde el principio del caso, el Departamento de Justicia no ha comprendido el funcionamiento de la publicidad digital e ignora la drástica evolución del panorama, con la creciente competencia y la llegada de nuevos participantes. 

“Implementar las soluciones adecuadas en este nuevo entorno será clave para abordar las preocupaciones sin afectar lo que ya funciona, y esperamos presentar nuestro caso ante los tribunales”, agregó Google.

Dos altos funcionarios de la división antimonopolio del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos fueron despedidos por insubordinación, en medio de mayores tensiones respecto al manejo de la política antimonopolio de la administración del presidente Donald Trump. Los funcionarios habrían mostrado su desacuerdo alrededor de la fusión entre Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Juniper Networks, según revela un informe de Reuters.

Roger Alford, fiscal general adjunto principal, y Bill Rinner, fiscal general adjunto a cargo de la gestión de fusiones, fueron destituidos de sus cargos tras ser puestos en licencia administrativa la semana pasada. Ambos funcionarios se desempeñaban como adjuntos de la fiscal general adjunta Gail Slater, quien dirige la división antimonopolio.

Los despidos se habrían sucedido a partir de desacuerdos por la fusión entre HPE y Juniper, que inicialmente había enfrentado una demanda del DoJ, el cual argumentaba perjuicios a la competencia en el mercado de redes inalámbricas empresariales.

Los despidos habrían sido realizados por Gail Slater, quien permitió la fusión bajo ciertas condiciones a HPE. El acuerdo fue firmado por Slater y otros funcionarios en lugar de los abogados de planta que suelen participar en estos casos, lo que representa un proceso inusual, según señalaron fuentes anónimas a Reuters.

Las fuentes citadas también indican que Chad Mizelle, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, había ordenado a la división antimonopolio que resolviera el caso. Tras encontrar resistencia por parte de Slater, Mizelle presuntamente intentó destituir a sus adjuntos en represalia.

Google presentó el pasado 30 de mayo sus alegatos finales en el juicio que mantiene por presuntos actos monopólicos, en los que advirtió que el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos ignoró temas de privacidad, así como propuestas que realizó la empresa.

“El DoJ ignoró cuestiones de privacidad muy reales, diciendo que se resolverían más adelante. De hecho, un abogado del DoJ dijo: ‘lo único que podemos hacer es dar (a los rivales) más datos”, advirtió Google en un comunicado.

La compañía californiana también advirtió que el Departamento de Justicia ignoró las propuestas que hizo Google para llegar a un acuerdo, o por lo menos no les dio mayor importancia en el momento.

“Cuando se enfrentó a preguntas importantes sin respuesta en sus propuestas (por ejemplo, ¿cuántos datos debería compartir Google por obligación?), el DoJ simplemente dijo que todo podría resolverse mediante un ‘Comité Técnico’ compuesto principalmente por expertos designados por el gobierno”, explicó Google.

La empresa afirmó que la propuesta del Departamento reserva el derecho al gobierno de decidir quién obtiene los datos de los usuarios de Google, y no al Tribunal.

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Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos además solicitó que Google se deshaga de su negocio de tecnología publicitaria, pues aseguró que tiene el monopolio en este rubro.

Incluso, la filial de Alphabet acusó que el Departamento de Justicia no se refirió a los consumidores y cómo podrían beneficiarlos, sino que hizo mucho énfasis en los competidores del navegador Chrome.

“Aunque escuchamos mucho sobre cómo los remedios beneficiarían a varios competidores bien financiados (con repetidas referencias a Bing), escuchamos muy poco sobre cómo todo esto ayudaría a los consumidores”, agregó la empresa.

Es importante mencionar que en el juicio el DoJ ha solicitado que Google se desprenda de su navegador Chrome, pues mantiene un presunto monopolio en el tema de las búsquedas en línea.

“Esperaremos la opinión del Tribunal. Y seguimos creyendo firmemente que la decisión original del Tribunal fue incorrecta, por lo que esperamos nuestra apelación eventual”, agregó la compañía.

Ante la insistencia por parte del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para que Google venda su navegador Chrome, la compañía advirtió que de hacerlo, existirían riesgos a la seguridad de los usuarios.

El DoJ ha sugerido que Google debería poner accesibles grandes cantidades de datos de búsquedas para que los competidores puedan acceder y nivelar su personalización como lo hace Google.

Heather Adkins, vicepresidenta de Ingeniería de Seguridad de Google, aseguró que una desinversión en Chrome requeriría que el comprador encontrara una forma de garantizar que el navegador siga siendo tan seguro como lo era bajo la infraestructura de seguridad de Google, lo que ella calificó de preocupante.

Adkins añadió que Google ha trabajado para superar a sus rivales en términos de seguridad, particularmente en un momento en que los ciberataques patrocinados por Estados se han vuelto más comunes.

Otra de las solicitudes del gobierno estadounidense es que Meta abandone Google Chrome y potencialmente Android, además de que también ha prohibido más acuerdos multimillonarios con Apple y Mozilla, entre otros, sobre motores de búsqueda predeterminados.

El Departamento de Justicia presionó a Adkins sobre el argumento reiterado de Google de que tal separación plantearía problemas de seguridad nacional, para lo cual la vicepresidenta no dio ninguna explicación.

Sundar Pichai advierte consecuencias por separar a Chrome

Sundar Pichai, CEO de Google, aseguró durante la continuación del juicio en contra de su compañía esta semana, que el hecho de terminar con sus acuerdos de distribución exclusiva y obligar a Google a compartir décadas de datos de motores de búsqueda serían una forma inadecuada de estimular la competencia.

De acuerdo con información de Bloomberg, Pichai aseveró que las propuestas harían inviable que Google mantuviera el nivel de inversión en investigación y desarrollo en búsquedas que ha realizado durante los últimos 30 años, en caso de que decidan que debe vender Chrome.

Google afirma que sus acuerdos de posicionamiento favorecen la competencia y benefician a los consumidores, y que su liderazgo en búsquedas se debe a la calidad superior de su servicio en comparación con otros.

Pichai también dio a conocer que su Inteligencia Artificial, Gemini, se integrará a Apple Intelligence, pues se encuentran en negociaciones.

Google continuará su defensa hasta el 9 de mayo.

Google aseveró que las medidas regulatorias impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) podrían poner en riesgo el liderazgo de Estados Unidos en el sector tecnológico.

De acuerdo con Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Google, el desacuerdo que tienen con el DoJ lo han manifestado en diversas ocasiones, por lo que apelarán las medidas impuestas.

La ejecutiva de la compañía californiana aseveró que en el juicio van a demostrar cómo las propuestas sin precedentes del Departamento de Justicia van mucho más allá de la decisión de la Corte y perjudicarían a los consumidores, la economía y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

“La propuesta del Departamento de Justicia de impedirnos competir por el derecho a distribuir (Google) Search aumentaría los precios y frenaría la innovación. Los fabricantes de dispositivos y navegadores web (como Firefox de Mozilla) dependen de los ingresos que reciben de la distribución del buscador.

“Eliminar esos ingresos elevaría el coste de los teléfonos móviles y perjudicaría a los navegadores web que utilizamos a diario”, ejemplificó Lee-Anne Mulholland.

Departamento de Justicia insiste en que Google debe vender Chrome

En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia pidió a un juez ordenar que la compañía californiana se deshiciera de su navegador Chrome, como una regla antimonopolio.

Durante las audiencias que se han celebrado esta misma semana, el DoJ insistió en que Google debe vender su navegador, que es uno de los más utilizados en el mundo.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, los abogados de la compañía californiana solicitaron que la Corte debe enfocarse sólo en los acuerdos suscritos con Apple, Samsung y otras compañías, a través de los cuales posiciona su motor de búsqueda como predeterminado.

Las autoridades habían argumentado el año pasado que el 90 por ciento de las búsquedas que se realizan, se hacen a través del navegador Google Chrome, debido a los acuerdos que tiene la compañía con fabricantes de dispositivos como los antes mencionados.

“La propuesta del Departamento de Justicia de separar Chrome y Android, que desarrollamos a un alto coste durante muchos años y ahora ofrecemos gratuitamente, destruiría estas plataformas, perjudicaría a las empresas que las utilizan y socavaría la seguridad.

“Google mantiene a más personas seguras en línea que cualquier otra empresa del mundo. Separar Chrome y Android de nuestra infraestructura técnica, de seguridad y operativa no sólo introduciría riesgos de ciberseguridad e incluso de seguridad nacional, sino que también aumentaría el coste de sus dispositivos”, agregó  Lee-Anne Mulholland.

Se prevé que el juicio dure unas tres semanas en el Tribunal de Distrito de Washington.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia se impuso en su segundo caso de monopolización contra Google.

En el proceso judicial, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia determinó que Google incurrió en prácticas anticompetitivas al monopolizar los mercados de publicidad digital en la web abierta.

De acuerdo con el fallo, la compañía perjudicó tanto a sus clientes editoriales como al entorno competitivo y a los consumidores de información en línea.

“Esta es una victoria histórica en la lucha continua para impedir que Google monopolice el espacio público digital.

“Este Departamento de Justicia seguirá emprendiendo acciones legales contundentes para proteger al pueblo estadounidense de las intromisiones de las empresas tecnológicas en la libertad de expresión y el libre mercado”, comentó la Fiscal General, Pamela Bondi.

Por su parte, Abigail Slater, fiscal adjunta de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, dijo que el fallo del Tribunal es claro, pues Google es un monopolista y ha abusado de su poder.

“El dominio ilícito de Google le permite censurar e incluso desbancar a voces estadounidenses. Al mismo tiempo, Google destruyó y ocultó información que expuso su conducta ilegal”, comentó Slater.

Añadió que el dictamen confirma el control de Google sobre la publicidad en línea y, cada vez más, sobre el propio Internet.

Dicha resolución se produce tras un juicio de 15 días celebrado en septiembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

En enero de 2023, el Departamento de Justicia, junto con los fiscales generales de varios estados y la Mancomunidad de Virginia, interpuso una demanda civil antimonopolio contra Google por monopolizar tecnologías clave de publicidad digital, conocidas como ad tech stack, de las que dependen los editores de sitios web para comprar y vender anuncios que llegan a millones de clientes.

Según se alega en la demanda, mediante una serie de adquisiciones y la manipulación anticompetitiva de subastas, Google alteró la competencia durante más de 15 años. Como resultado de la conducta anticompetitiva y excluyente de Google, sus competidores en tecnología publicitaria fueron neutralizados o eliminados.

El Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos busca bloquear la posible compra de Juniper Networks por parte de Hewlett Packard Enterprise (HPE), una transacción valorada en 14 mil millones de dólares.

La dependencia presentó una demanda en el Distrito Norte de California en contra de la propuesta de adquisición, en la que alega que la transacción eliminaría la competencia directa entre las empresas, aumentaría los precios, reduciría la innovación y disminuiría la elección para decenas de empresas e instituciones.

“HPE y Juniper son empresas exitosas, pero en lugar de seguir compitiendo como rivales en el mercado de redes WLAN, buscan consolidarse, aumentando la concentración en un mercado ya concentrado”, advirtió el fiscal general adjunto interino, Omeed A. Assefi, de la División Antimonopolio del DoJ.

Omeed A. Assefi argumentó que esta transacción supone una amenaza para industrias vitales en el país, incluyendo a hospitales y pequeñas empresas que dependen de las redes inalámbricas.

Por ejemplo, la tecnología WLAN (red de área local inalámbrica), que incluye hardware, software e Inteligencia Artificial avanzada, posibilita que millones de personas creen y compartan recursos en Internet desde dispositivos inalámbricos.

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Asimismo, las empresas minoristas procesan pagos y registran inventarios utilizando tecnología inalámbrica; los médicos realizan registros y seguimiento de atención vital a través de ella; los estudiantes acceden a la educación en línea; mientras que otros muchos trabajadores se conectan a la red informática de su empleador y a Internet, ejemplificó el Departamento.

De acuerdo con la demanda, una posible compra de Juniper por parte de Hewlett Packard Enterprise consolidaría más un mercado ya altamente concentrado, dejando como resultado un mercado en el que dos empresas controlan más del 70 por ciento del mercado: HPE y Cisco (líder del mercado actualmente).

“Esta reducción sustancial de la competencia en un mercado tecnológico de importancia crítica plantea precisamente la amenaza que la Ley Clayton se propuso prevenir”, señaló el DoJ.

La institución sostiene que Juniper es un jugador innovador, que ha crecido rápidamente. Aunque comenzó como un actor menor, ya es uno de los tres mayores proveedores de WLAN de nivel empresarial en el país.

Juniper ha introducido herramientas innovadoras que han reducido materialmente el costo de operación de una red inalámbrica para muchos clientes. Esto, según el gobierno, ha obligado a HPE a descontar sus ofertas e invertir en su propia innovación.

Por esa razón, el Departamento dijo que HPE ahora está tratando de absorber a un rival que lo presiona e incomoda, al cual a nivel interno consideraba supuestamente como una amenaza que debía destronar del mercado.

Ante las acusaciones del DoJ, Hewlett Packard Enterprise y Juniper Networks respondieron que el análisis de la institución sobre la potencial compra “es fundamentalmente erróneo”.

En contraparte, las empresas dijeron que la transacción brindará a los clientes una mayor innovación y elección; cambiará positivamente la dinámica en el mercado de redes al mejorar la competencia, y fortalecerá la columna vertebral de la infraestructura de redes.

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HPE y Juniper expusieron que la transacción permitirá ofrecer a los clientes una cartera integral de TI impulsada por Inteligencia Artificial y nativa de la Nube, incluida la arquitectura de red para administrar y simplificar sus necesidades de conectividad cada vez más complejas.

La empresa fusionada también traería mayor inversión en investigación y desarrollo para crear nuevas soluciones en toda la gama de redes.

Además, “la transacción creará un sólido proveedor con sede en EE. UU. de infraestructura tecnológica central que puede ayudar a proteger contra los riesgos de seguridad nacional en el mercado tecnológico global”, dijeron las compañías.

HPE y Juniper también citaron las conclusiones de otros reguladores antimonopolio que han revisado el acuerdo. La transacción ya obtuvo luz verde de los reguladores de 14 jurisdicciones, entre ellos la Comisión Europea y la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido.

Todos los reguladores ―a excepción de Israel, que tampoco autorizó el acuerdo― han considerado que la compra reúne dos ofertas de redes complementarias y creará un actor con el alcance y la escala necesarios para competir de manera más efectiva con los incumbentes globales.

Las empresas aseguraron que buscarán seguir adelante en el cierre de la transacción y se defenderán de la demanda promovida por el Departamento de Justicia ante los tribunales.

Apple inició el 2024 con el pie izquierdo. Las medidas antimonopolio continúan contra la gigante tecnológica, que hasta enero fue la empresa más valiosa del mundo. Tras recibir la multa más grande de su historia en Europa, esta vez el revés viene de su propio país de origen.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto a 16 fiscales generales estatales y de distrito, presentó este jueves 21 de marzo una demanda civil antimonopolio contra Apple por monopolizar o intentar monopolizar los mercados de teléfonos inteligentes, lo que constituye una violación de la Sección 2 de la Ley Sherman.

A través de esta demanda por monopolización, el Departamento de Justicia y los fiscales generales estatales buscan alivio para restaurar la competencia en estos mercados vitales.

“Sin importar cuán poderosa, prominente o popular, ninguna compañía está por encima de la ley. Con la acción de hoy, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con este principio”, espetó la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa O. Monaco, en conferencia de prensa tras la presentación de la demanda.

Apple y el monopolio de smartphones

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, alega que Apple mantiene ilegalmente un monopolio sobre los teléfonos inteligentes al imponer selectivamente restricciones contractuales a los desarrolladores y retener puntos de acceso críticos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la compañía socava aplicaciones, productos y servicios que de otro modo harían que los usuarios dependieran menos del iPhone, promoverían la interoperabilidad y reducirían los costos para consumidores y desarrolladores.

Y ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes, entre otros.

Diversas formas de la conducta anticompetitiva de Apple

Según las autoridades, Apple utiliza su control sobre el iPhone para participar en una conducta anticompetitiva amplia, sostenida e ilegal, que ha adoptado varias formas para mantener su monopolio y extraer la mayor cantidad de ingresos posible, entre las que se encuentran:

• Bloquear superapps innovadoras.
• Suprimir los servicios de streaming en la Nube móvil.
• Excluir las aplicaciones de mensajería multiplataforma.
• Limitar las billeteras digitales de terceros.
• Disminuir la funcionalidad de los relojes inteligentes de otras marcas.

Finalmente, la denuncia alega que la conducta de la firma se extiende más allá de estos ejemplos y también afecta a los navegadores web, las comunicaciones por video, las suscripciones a noticias, el entretenimiento, los servicios automotrices, la publicidad, los servicios de ubicación y más.

Tras haber confirmado la compra de Figma en septiembre de 2022, Adobe se ha enfrentado al escrutinio regulatorio, lo cual ha complicado que el gigante del diseño digital complete la adquisición.

El acuerdo se podría enfrentar a una nueva demanda antimonopolio por parte del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos, que se prepara para bloquear la compra fijada en 20 mil millones de dólares.

Según un informe de Bloomberg, a los reguladores estadounidenses les preocupa que la adquisición de Figma reduzca las opciones de software de diseño en el mercado de herramientas para profesionales creativos.

Si la demanda se confirma, sería la segunda vez que Adobe se enfrenta a los reguladores estadounidenses, desde que en la década de los noventa la Comisión Federal de Comercio (FTC) la obligó a deshacerse de un software que competía directamente con Illustrator.

Un portavoz de Adobe dijo que la compañía se encuentra en comunicación con el Departamento de Justicia de EE.UU. y otros reguladores para cooperar en la revisión y ayudar a cerrar la transacción este mismo año.

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El acuerdo de compra de Figma también se encuentra en revisión por parte de la Comisión Europea y la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido. Las investigaciones regulatorias podrían extenderse hasta marzo de 2024.

Figma es una startup desarrolladora de un software gratuito colaborativo basado en la Nube que se enfoca en el diseño de sitios web y aplicaciones. Durante la pandemia, el uso de Figma repuntó dejando de lado a la herramienta Adobe XD, que es similar.

A pesar de que Adobe ha prometido que mantendrá el acceso gratuito al programa de Figma, tanto los usuarios como los reguladores les inquieta que el acuerdo afecte la innovación del software y aumente el costo por usarlo.

Adobe afirma que no existe peligro a la competencia porque Figma no compite directamente con sus productos principales como Photoshop o Premiere. No obstante, la compra ha sido comparada con la adquisición de Instagram por Meta, en donde los grandes se aprovechan del éxito de sus competidores pequeños que amenazan su hegemonía.

La compra de Figma también representa un cambio importante en el negocio de Adobe, ya que el enfoque colaborativo de su competidor abre la puerta para que otras herramientas de la empresa sean mucho más accesibles y fáciles de usar por más tipos de profesionales que no necesariamente sean diseñadores, mejorando el proceso creativo, la curva de aprendizaje y la comunicación entre áreas.

A menos de un mes de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró su impugnación a la ley de neutralidad de la red del estado de California.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó la derogación de la neutralidad de la red en el 2017. Un año después de esta controvertida decisión que algunos estados no apoyaron, California adoptó su propia ley para restaurar las protecciones.

En el 2019, el Departamento solicitó a un juez federal que bloqueara la legislación californiana, bajo el argumento de que violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

Tras la salida del gobierno republicano y de Ajit Pai al mando de la FCC, la decisión de dar marcha atrás a la impugnación podría ser una señal del cambio de visión política sobre la neutralidad de la red. Desde la derogación, los demócratas han querido traer de vuelta estas reglas de la era de Barack Obama.

Jessica Rosenworcel, presidenta interina de la Comisión, celebró que el Departamento de Justicia haya renunciado a la demanda, porque California buscaba llenar los vacíos que había dejado la revocación de la neutralidad de la red.

“Al dar este paso, Washington está escuchando al pueblo estadounidense, que apoya de manera abrumadora una Internet abierta, y está trazando un rumbo para volver a hacer de la neutralidad de la red la ley del país”, afirmó.

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La postura de Rosenworcel es opuesta a la del expresidente de la FCC, Ajit Pai. Durante su gestión, el republicano defendió la eliminación de las protecciones de neutralidad de la red, que velaban por la no discriminación del tráfico de datos en Internet.

Todavía está pendiente un desafío legal impulsado por grupos de la industria de telecomunicaciones contra la ley de California. Habrá una audiencia a finales de este mes para revisar la demanda. A su vez, el estado mantiene una impugnación contra la orden de la Comisión para derogar la neutralidad de la red.