La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) creada por la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (Alesp) para investigar la calidad de los servicios en el sector de telecomunicaciones y el aumento de las quejas de los consumidores, escuchó a ejecutivos de Claro Brasil, quienes criticaron el método de evaluación del Procon, el órgano de protección y defensa del consumidor, para medir una posible precarización del servicio de telecomunicaciones.

Fábio Andrade, ejecutivo de Claro, cuestionó el método del Procon para compilar el ranking de las empresas con más quejas. Indicó que el órgano consolida todas las reclamaciones, independientemente del tipo de servicio prestado (telefonía fija, celular, banda ancha, TV por suscripción, etc.), lo que podría distorsionar la percepción pública sobre el servicio.

Claro sugirió que el ranking se ajuste para evaluar cada servicio de forma separada, de modo que los números reflejen mejor el desempeño específico en cada área. Además, Andrade argumentó que, al considerar la proporción de quejas en relación con el número total de clientes, el porcentaje de quejas sería bajo (0.00011%).

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Él argumentó que esta baja tasa es una evidencia de que los problemas podrían estar siendo sobreestimados en la evaluación del Procon. Además, según Celso Tonet, director de Experiencia del Cliente de Claro, 97% de los usuarios utilizan los canales de atención al cliente de la empresa y logran resolver sus demandas sin necesidad de recurrir al Procon, la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) u otros organismos de quejas.

De esta forma, Claro firmó un acuerdo con el órgano para establecer metas que apunten a la reducción de quejas el próximo año. La empresa también aprovechó la sesión para presentar su impacto económico en el estado de São Paulo, informando que generó 36.5 mil empleos directos e indirectos en 2023, de los cuales 11 mil fueron sólo en São Paulo.

Tercerización

Cuestionado sobre las condiciones laborales en el sector, Andrade aseguró que Claro contrata únicamente empresas certificadas y defendió la creación de un sello de calidad por parte de la Anatel para clasificar a las empresas proveedoras de servicios en telecomunicaciones.

Este sello, propuesto junto con Feninfra (Federación Nacional de Instalación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones e Informática), tendría clasificaciones de calidad (Clase A y Clase B) para las tercerizadas, promoviendo una competencia más cualificada y reduciendo la precarización.

Andrade también sugirió que el número de empresas tercerizadas en el sector podría reducirse a la mitad, concentrándose en las más calificadas y evitando la contratación de empresas que no cumplan con los estándares de calidad.

La sesión también abordaría temas como la regularización de la ocupación de postes, un punto crítico para las operadoras, ya que implica el uso compartido de la infraestructura y su regulación, pero el testimonio de Vivien Suruagy, de Feninfra, fue pospuesto para una próxima sesión.

*Con información de Alesp

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, perteneciente a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó a Mercado Libre y 16 proveedores que operan en la plataforma e-commerce por presunta publicidad engañosa. La imputación se lleva a cabo porque las mismas publicitan productos para las y los consumidores con la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés cuando en realidad tendrían un precio mayor que en pago al contado.

A partir de una investigación de oficio, el organismo público detectó que muchos productos promocionados con la posibilidad de abonar en cuotas sin interés, tendrían publicaciones gemelas del mismo producto y del mismo proveedor, pero sin la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, cuyo valor al contado era menor.

La fiscalización fue realizada en los meses de febrero y marzo de 2022, donde se encontraron publicaciones en Mercado Libre en las que se observaban ofertas destacadas con mensajes y expresiones como “descubrí un universo de descuentos hasta 40% – hasta 12x sin interés” o “hasta 50% off y 12x sin interés”, entre otras. De este modo, se habría inducido a las y los consumidores a la creencia de que se estaba ofreciendo la posibilidad de abonar productos en cuotas sin interés, cuando no sería cierto ya que las publicaciones en cuotas tendrían un precio mayor.

Esta práctica configuraría un presunto incumplimiento a los arts. 4 y 7 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que obligan, respectivamente, a todo proveedor a suministrar en forma cierta, clara y detallada información veraz sobre todo lo relacionado con las condiciones de comercialización de los bienes que provee y sobre las modalidades, condiciones o limitaciones de la oferta que emite.

El derecho a la información implica que la o el consumidor debe ser enterado en forma cierta, detallada y veraz de las características del bien o servicio que se le ofrece, a fin de que pueda decidir en forma libre y razonada si desea acceder a él o no.

Leer más: https://www.argentina.gob.ar/noticias/defensa-de-las-y-los-consumidores-imputo-mercado-libre

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo (DNDC), que depende de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, imputó a Pedidos Ya y Rappi por incluir cargos no solicitados en las tarifas de los servicios prestados en Argentina. Las compañías ya fueron notificadas y presentaron sus descargos, que están siendo revisados para ver si corresponde la aplicación de sanciones.

La imputación surge de una investigación de oficio en la que se descubrió que ambas firmas le imponían a sus consumidores el cobro de una suma de dinero en concepto de propina por la realización de pedidos a través de sus aplicaciones o sitios Web aún cuando ello no fuera solicitado por quien realizó la compra. Esta opción podía cambiarse pero aparecía por defecto. 

Se averiguará aquí la posible violación al artículo 35 de la Ley de Defensa al Consumidor, que declara “la prohibición de realizar una propuesta al consumidor sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.