Desde Córdoba llegó, otra vez, un fallo que promete convertirse en nuevo round entre el gobierno y los operadores de Argentina. En concreto, se dio razón a una empresa que pidió revisión sobre el decreto 690 y se ordenó que se “suspenda la aplicación y ejecución del decreto y toda norma que se haya dictado como consecuencia”. En otras palabras, seguirá la polémica.

El fallo de 21 páginas resuelve hacer lugar a la solicitud de intervención de tercero efectuado en carácter de apoderado de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), encauzar el proceso y dar lugar al pedido de Catrie Televisora Color contra el Estado en su pedido de declarar inconstitucional el decreto firmado en agosto de 2020, por el que las TIC pasaron a ser servicios públicos esenciales en Argentina.

El caso es muy similar al resuelto en febrero, también en Córdoba, a favor de la empresa TV Cable Color. Por entonces, las autoridades dijeron que la decisión era un antecedente muy peligroso. También advirtieron que es un “disparate” interpretar que una decisión particular afectaría a todos los alcanzados por la medida porque el amparo rige para quien lo presenta.

El gobierno argentino defiende con uñas y dientes el decreto 690 y sus medidas adicionales, como la aprobación de aumentos topes y la obligación para los prestadores de dar una prestación básica universal a determinados usuarios. En boca de las autoridades ya se presentaron otras medidas en contra de la decisión, pero con resultado a favor de su aplicación.

La queja de las empresas es acalorada y constante al considerar que la inflación y costos más altos obligan a modificar los precios a los consumidores. El reclamo generó mesas de trabajo entre las partes y ocasionó que el gobierno autorizara otros aumentos, escalonados y según el tipo de empresa, sólo algunas semanas después de que entrara en vigor la medida.

“Los grandes grupos suelen hacer esto: se presentan en 50 juzgados distintos hasta que uno dicta lo que quiere”, había dicho tras el primer revés Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Ahora subió el tono en su cuenta de Twitter: “Cuando licitemos el 5G, el que no cumplió con el decreto 690 no va a poder participar. Ya le hemos puesto sanciones y multas; estamos preparando junto asociaciones una demanda colectiva para que la justicia los obligue a devolver el dinero”.

Telecom Argentina informó el fallo a favor de Catrie Televisora Color ante la Comisión Nacional de Valores e indicó que sus asesores están analizando los efectos de la nueva medida judicial “por ser Telecom Argentina asociada a ATVC” y ante el pedido de la demandante de que se invoque legitimación colectiva del reclamo. Aún sin indicios claros de los efectos que traerán las novedades al mercado local, lo cierto es que la polémica crece en Argentina.

Mediante una reunión virtual, los miembros del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dialogaron con diputados del bloque oficialista, Frente de Todos, de diversas provincias. El objetivo del encuentro fue detallar los ejes del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU) que declara servicio público en competencia a las comunicaciones y congela las tarifas hasta finales de año.

Del encuentro participó el legislador Pablo Carro, que también preside la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, quien manifestó las principales preocupaciones del bloque a la hora de la confección de la reglamentación.

Para el diputado, entre los principales desafíos se encuentran atender las diferencias que existen entre los prestadores, principalmente las PyMES, las cooperativas y el sector comunitario respecto de las grandes empresas; considerar las cuestiones geográficas que dificultan la aplicación de las medidas, y priorizar a los ciudadanos que no poseen un servicio eficiente, pudiendo hacerlo accesible y asequible para todos y todas.

Por su parte, las autoridades del Enacom detallaron los diversos proyectos de conectividad que financia el regulador, respondieron las consultas del bloque y se comprometieron a evaluar e incluir las observaciones que cada diputado presentó en el documento final.