Ámbito

Con consenso de cuatro bloques, la Cámara de Diputados se preparaba para iniciar el camino para que la Argentina tenga un marco regulatorio de inteligencia artificial (IA) y organismos encargados de legislar y promover su uso. Sin embargo, el antagonismo del PRO terminó por prorrogar su discusión por 30 días. Aunque podían imponer su mayoría para dictaminar, los impulsores del proyecto justificaron la postergación a la necesidad de que esta iniciativa se configure como política de Estado.

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Se encendió en las últimas horas el debate en torno al proyecto de ley de Inteligencia Artificial en Chile. La Comisión de Hacienda rechazó un cambio en la iniciativa y, en paralelo, un grupo de entidades del sector tecnológico y económico mostraron su preocupación ante el proyecto, al considerar que el país “necesita una ley de IA que habilite, no que limite”.

Tras el despacho de la Comisión del Futuro de Diputados, la Comisión de Hacienda rechazó el informe financiero presidencial, que contenía un único artículo. Según consignó Diario Financiero, la instancia votó en contra de la creación de un nuevo cargo que implicaría 55.2 millones de pesos chilenos (59.320 dólares) anuales de gasto fiscal para la creación de un puesto de jefe de departamento en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Los diputados que votaron contra la iniciativa señalaron que el informe financiero era “insuficiente” e “inconsistente”. Según el medio local, también argumentaron que no estaban calculados los costos asociados a sandbox ni recursos adicionales en fiscalización y sanción a sistemas IA que infrinjan la ley. Además, indicaron que la incorporación de este recurso no había sido discutido en instancias previas.

Preocupación

Ocho organizaciones manifestaron su “profunda preocupación frente al actual proyecto de ley que regula los sistemas IA”. Aunque valoraron el esfuerzo por establecer un marco que resguarde los derechos fundamentales, advirtieron que tal como está escrito el documento impone restricciones desproporcionadas que “amenazan con frenar el desarrollo tecnológico, la inversión y la competitividad nacional, en directo perjuicio de las personas”.

La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G (ACTI), la Asociación Chilena de Data Centers, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Empresas Fintech de Chile, FINTECHILE y la Asociación de Legaltech de Chile basaron su descargo en los siguientes argumentos:

• Excesiva rigidez normativa, porque se establecen obligaciones técnicas y legales “altamente gravosas y difíciles de cumplir” especialmente para startups y pymes.
• Limitaciones al desarrollo de modelos fundacionales, porque la falta de mecanismos que faciliten el entrenamiento pone en riesgo la capacidad del país para participar activamente de la discusión global.
• Riesgos para el desarrollo tecnológico, porque así escrito el documento impide que los modelos de IA puedan entrenarse con información y datos de origen nacional al tratarse en casos de obras que el derecho de autor protege para otros fines distintos al del entrenamiento de modelos de IA.
• Sobrerregulación, porque la propuesta va “más allá de lo establecido en la normativa europea” y no considera las diferencias estructurales del ecosistema chileno con el otro
• Desalineación con la tendencia internacional, porque mientras algunos países —se menciona a Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea—  “revisan regulaciones asociadas al constatar su ineficiencia”, Chile avanza hacia una norma más estricta aún.
• Impacto negativo en la competitividad regional, porque Chile corre el riesgo de quedar rezagado en la región, cuyos países avanzan con marcos “más flexibles” en materia IA.

Ante esta situación, los firmantes hicieron “un llamado urgente al Poder Legislativo y al Ejecutivo a abrir un espacio de diálogo amplio y técnico con los actores del ecosistema digital para construir una regulación equilibrada, que proteja a las personas sin sacrificar el potencial innovador del país”.

Prensa Senado de Chile

Directo a la Sala enviaron los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el proyecto que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones.

Esto, luego de revisar y aprobar las indicaciones presentadas al articulado de la iniciativa, en segundo trámite, iniciada en mensaje. El sentido de ésta es dificultar el uso de la tecnología en la comisión de delitos, por parte de bandas de crimen organizado. Lo anterior principalmente cuando se trata de transporte de carga, dado que se ve afectada la seguridad de los conductores cada vez que intentan robar su mercancía o el vehículo.

Cabe mencionar que solo quedan exceptuados de utilizar estos inhibidores de señal las policías, las FF.AA., Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Además, la Presidencia de la República, y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

Dichos inhibidores de señal o “jammer” se usan con el fin de interferir una señal telefónica, WIFI, GPS y botones de pánico, entre otros. Ello mediante la emisión de ondas de radio, ya sea, para bloquear o emitir señales falsas que interfieren las legítimas.

La iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones, que ya sanciona su uso malicioso, pero ahora establecería un nuevo tipo penal referido a su tenencia y una figura agravada por utilizar estos dispositivos, para bloquear señales de transporte, telecomunicaciones o de las policías.

Los legisladores revisaron las 16 indicaciones presentadas al texto, las cuáles fueron presentadas por el Ejecutivo y los propios legisladores.

Se generó un debate acerca de la necesidad de generar un sistema de autorización para que particulares constituidos en sociedades, puedan fabricar estos dispositivos, siempre validados por el ministerio que esté a cargo de la seguridad pública que además deberá generar un registro respectivo. En tal sentido, se acordó refundir indicaciones presentadas por el Gobierno y senadores.

Prensa Senado de Chile

La Tercera

La polémica por la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 21.553, que busca regular a las empresas de aplicaciones de transporte (EAT) -más conocida como Ley Uber-, ha sumado un nuevo capítulo. Y nuevas voces.

Y es que durante la tarde de este martes, ad portas de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones expusiera en la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del Congreso Nacional, el Sindicato de Conductores de Aplicaciones (Sincapp Chile), que reúne a cerca de 600 socios de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, entre otros, llegó hasta la sede parlamentaria en Valparaíso. ¿Su idea? Que el gobierno retire de Contraloría el reglamento de la Ley EAT con el fin de incorporar sus demandas, las que, aseguran, no han sido consideradas.

Según explican desde la propia organización, tales requerimientos no guardan relación con cambios sustanciales al reglamento que el pasado viernes 5 de enero el MTT ingresó de manera oficial a la Contraloría para su aprobación, sino más bien el objetivo es solicitar un aumento en los plazos estipulados para cumplir con los requerimientos que la ley y reglamento establecen.

Leer más: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/estamos-a-favor-de-las-exigencias-lo-que-solicitamos-es-un-plazo-prudente-para-cumplir-conductores-de-aplicaciones-de-transporte-entran-al-debate-por-ley-uber/QEOZTBPUEFHVTOCXTX6EJFN4XA/

Prensa Subtel

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), cumpliendo con su misión de mejorar constantemente el sector en beneficio de sus millones de usuarios, inició la discusión para reformar el actual régimen concesional, el que contempla un amplio debate que incluirá a diferentes actores.

Para dar inicio a este ciclo de conversaciones, el subsecretario Claudio Araya se reunió con las ex autoridades de Subtel, Pedro Huichalaf, Pamela Gidi y Francisco Moreno, quienes junto a parte del equipo de la División de Políticas Regulatorias y Estudios conversaron acerca de los principales puntos que debería considerar una futura reforma al régimen concesional.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “los rápidos avances en tecnología nos obliga a actualizar nuestra regulación, la que debe responder además a las necesidades de comunicación de las personas. Gran parte de nuestra legislación fue creada en tiempos en que el acceso a las telecomunicaciones era un lujo y no un derecho básico, cómo lo es hoy. Por eso citamos a ex autoridades de Subtel para compartir algunas de nuestras propuestas y retroalimentarnos de su mirada regulatoria. Agradezco la participación de los ex subsecretarios y replicaremos estas reuniones con distintos actores, ya sean representantes de la industria, la sociedad civil, la academia, etc., para poder consensuar una reforma que permita que Chile actualice su regulación en materia de las autorizaciones requeridas para llegar con servicios de conectividad digital a las personas e instituciones”.

Prensa Subtel

Canal AR

Ayer comenzó en Córdoba la segunda edición del Congreso de Ciencia y Género, un evento organizado por el Gobierno de Córdoba a través de los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las actividades fueron presenciales y se desarrollaron hasta hoy, en el Centro de Convenciones Brig. Juan Bautista Bustos, de la Ciudad de Córdoba, con más de 500 personas provenientes de distintos puntos de la Provincia y del resto del país.

Leer más: https://www.canal-ar.com.ar/31159-Debatieron-sobre-genero-y-nuevas-tecnologias-durante-el-Congreso-de-Ciencia-y-Genero-de-Cordoba.html

Télam

Académicos, periodistas y dirigentes políticos destacaron la importancia de debatir sobre comunicación política en un contexto donde “proliferan los discursos negacionistas” y señalaron que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería ser actualizada en cuestiones como “la concentación de medios” y la “precarización de los trabajadores”, durante un ciclo de charlas organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Leer más: https://www.telam.com.ar/notas/202305/627285-charla-medios-madres-de-plaza-de-mayo.html

Diario Financiero

Al menos 14 países han estudiado por los senadores durante la tramitación del proyecto de ley que, entre otros, crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Los exportos destacan como referentes los modelos de España, Reino Unido, Estonia, Argentina y Colombia.

Leer más: https://www.df.cl/df-lab/transformacion-digital/los-referentes-internacionales-del-proyecto-de-ley-marco-de-ciberseguridad

Infobae

El tratamiento de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay, presentada por el gobierno, comenzó a destrabarse luego de que la coalición aceptará incluir al texto las regulaciones sobre publicidad electoral gratuita planteadas por el senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (CA).

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Europa Press

El Congreso vota este jueves el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como ‘Ley de startups’, tras aprobar más de 70 enmiendas a la norma, si bien ninguno afecta al régimen de incentivos fiscales previsto por el Gobierno. La iniciativa llega a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero al estar avocada al Pleno del Congreso deberá someterse a otra ronda de votaciones en el Hemiciclo para ser aprobada y enviada al Senado.

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