CR Hoy

La Fiscalía General de la República investiga al presidente Rodrigo Chaves Robles y a otros funcionarios por la utilización del llamado “WhatsApp del Presidente”, el cual fue anunciado al inicio de esta administración. El número de teléfono celular aún aparece como público en la página oficial de la Casa Presidencial, aunque actualmente ya no es posible acceder al chat.

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El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, cuyo objetivo es garantizar el uso responsable de la información personal de todos los ciudadanos.

El gobierno informó que, a través de esta ley, fortalece la protección de derecho a la intimidad, la privacidad y el tratamiento adecuado de los datos personales y se alinea a los estándares internacionales en la materia, como las mejores prácticas reconocidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La ley estipula que ninguna empresa o institución, pública o privada, nacional o extranjera, podrá tratar los datos sin una base legal establecida, y brindará una protección reforzada a la información de niños, niñas y adolescentes.

Mediante este hecho, también se creó la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, una unidad desconcentrada del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con autonomía funcional, que será la encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, atender consultas y denuncias y emitir lineamientos para el correcto tratamiento de los datos.

Digitalización y ecosistema digital

El gobierno paraguayo enfatizó que, en un contexto de creciente digitalización, la nueva norma fija reglas claras sobre cómo se deben recolectar, procesar y compartir los datos, y evitar así abusos como las filtraciones, el robo de identidad y el uso indebido de información con fines discriminatorios o comerciales sin la autorización del titular.

No obstante, aclaró que, mediante esta promulgación, fortalece su ecosistema digital al “brindar mayor certidumbre jurídica a empresas, emprendedores e inversionistas” y posiciona a Paraguay dentro del grupo de países que “protegen de manera efectiva los derechos digitales y promueven un desarrollo tecnológico seguro, confiable y centrado en las personas”.

La ley también contempla mecanismos gratuitos para ejercer derechos como acceso, rectificación, oposición, supresión y portabilidad de datos, lo cual incluye la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, exige medidas de seguridad, transparencia y privacidad desde el diseño para garantizar una gestión responsable de los datos.

Información pública y transparencia

Tras la promulgación, el Ejecutivo recalcó que todas las disposiciones relativas a la divulgación de información vinculada a funcionarios públicos, uso de recursos estatales, remuneraciones, declaraciones y otros datos considerados públicos se mantienen íntegras y plenamente vigentes, sin ninguna modificación.

“En consecuencia, la ciudadanía continuará ejerciendo de manera plena el control del gasto público y el acceso a toda la información que la legislación vigente clasifica como pública”, asentó, por lo que arguyó que la nueva ley no constituye un retroceso en materia de transparencia, “sino un avance complementario que convive en absoluta armonía con el régimen de acceso a la información pública”, concluyó.

Fuente: Prensa MinCiencias

En un paso decisivo hacia la modernización del marco legal de protección de datos personales en Colombia, este miércoles fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pretende fortalecer el régimen jurídico relacionado con la protección de datos personales y actualizar la normatividad vigente.

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La República

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció que sancionó a Risks International por infracción al régimen de protección de datos personales. Esta compañía administra una base de datos de cientos de titulares, en la que incorpora información potencialmente negativa como, por ejemplo, antecedentes judiciales, multas de tránsito, incidentes de seguridad, desempeño laboral, entre otras.

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El Economista Jorge Bravo

Vivimos tiempos de disculpas públicas. Morena y la Cuarta Transformación se disculpan con los mexicanos por no proteger los datos personales, la vigilancia, el espionaje y el control político. 

En esta era de contrición forzada, la más reciente es la que el Tribunal Electoral ha impuesto a la ciudadana Karla Estrella: ofrecer una disculpa pública por 30 días a la diputada del PT, Karina Barrera. ¿La ofensa? Haber minimizado sus capacidades y trayectoria políticas.

Es un acto que, en su desproporción, roza lo absurdo. La propia presidenta Sheinbaum ha calificado la sanción de “exceso”. Una asimetría total entre una ciudadana sin fuero ni recursos públicos y una legisladora respaldada por el poder. La presidenta dijo que “el poder es humildad, no es soberbia”.

Mientras se exige a una ciudadana una disculpa a ese “dato protegido” que es la legisladora del PT, el Estado se ha dedicado, con una celeridad asombrosa, a desproteger los datos de millones de mexicanos. El contraste no es una ironía; es una bofetada a la noción misma de privacidad y transparencia.

La Cuarta Transformación es humilde y se disculpa por extinguir el INAI, ese molesto organismo autónomo que se atrevía a pedir cuentas. Sus funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un movimiento que representa la eliminación de un contrapeso crucial.

Morena se disculpa argumentando que el INAI recibía preguntas irrelevantes. El desmantelamiento del INAI no es una reorganización burocrática, es una piedra angular de la agenda más amplia de opacidad y vigilancia. Al absorber el organismo de transparencia autónomo, el gobierno elimina eficazmente el principal mecanismo de supervisión y rendición de cuentas de su propia recopilación de datos y gestión de la información pública.

La 4T se disculpa por las caídas de Compranet, la plataforma que debía transparentar los contratos del gobierno federal. La disculpa más genuina viene con la Ley de Obras Públicas, que permite a las Fuerzas Armadas clasificar sus proyectos estratégicos como “seguridad nacional” para sortear las solicitudes de transparencia. Millones de pesos en obras se vuelven un “dato protegido” para el escrutinio público.

En cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia, la disculpa de la 4T es porque los usuarios enfrentan dificultades para descargar información, el buscador temático no funciona y se han añadido filtros que la hacen poco intuitiva y confusa para nuevos suscriptores o para acceder a información histórica. Usted disculpe porque el derecho a la información en un privilegio para los ya iniciados.

La disfunción de Compranet y la PNT, junto con la clasificación deliberada de obras públicas como “seguridad nacional”, es una estrategia coordinada de obstrucción deliberada a la transparencia. No se trata de fallas técnicas, sino de un diseño intencional para hacer que la información pública sea inaccesible o difícil de obtener, un estado de opacidad de facto. Lo sentimos mucho.

La 4T se disculpa por las “leyes censura” en diversos estados, intentos de coartar la libertad de expresión. Esto se complementa con los ataques a comunicadores y medios en varias entidades. Los esfuerzos legislativos para controlar el contenido digital y el discurso público, combinados con la infraestructura de vigilancia más amplia, representan una erosión significativa de las libertades fundamentales de expresión e información.

Esto crea un efecto amedrentador sobre la disidencia y el periodismo independiente. Transforman el espacio digital para el libre intercambio de opiniones en una herramienta potencial para el control estatal y la censura, un asalto directo a los principios democráticos.

La 4T se disculpa por las violaciones a los derechos fundamentales. La más flagrante son los casos documentados de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército contra defensores de derechos humanos y periodistas. Una disculpa porque la vigilancia ilegal es una práctica continua.

Las nuevas leyes aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones, con sus términos vagos e imprecisos y la ausencia de mecanismos judiciales en la vigilancia, no hacen más que facilitar y legitimar estas prácticas. Crean un fallo sistémico en la protección de los derechos fundamentales que amerita una disculpa. El “Estado de derecho” se retuerce para servir al poder estatal en lugar de proteger a los ciudadanos, una deriva hacia el autoritarismo.

La 4T ha construido el sistema de vigilancia más sofisticado en la historia de México. Lo ha hecho con la complicidad de un marco legal que legitima el espionaje masivo. Mientras los ciudadanos deben ofrecer disculpas por criticar a los poderosos, el Estado se disculpa por no proteger mejor los datos que ahora tiene derecho a conocer, almacenar y analizar.

La ironía es que en un país donde se castiga judicialmente a quien critica a funcionarios públicos, el gobierno tiene derecho a conocer hasta el último detalle de la vida privada de cada ciudadano. Los datos del poder están protegidos; los datos de los ciudadanos son patrimonio nacional.

Te ofrezco una disculpa, ciudadano mexicano, por vivir en un país donde la privacidad es un lujo que ya no te puedes permitir. Lamento haberte convertido en un dato NO protegido en manos de quienes prometieron transformar tu vida, pero no aclararon que sería convirtiéndote en una carpeta digital eternamente monitoreada.

La verdadera disculpa que merece México es por haber permitido que la vigilancia digital se vistiera de modernización tecnológica y que el control social se disfrazara de seguridad pública. Los ciudadanos seguimos siendo datos no protegidos en un sistema que cada día nos conoce mejor, pero que nunca nos rendirá cuentas de lo que hace con esa información.

Nuestra identidad, comunicaciones, movimientos, finanzas, compras, salud y hasta nuestro derecho de exigir transparencia y expresarnos libremente están expuestos o centralizados bajo el control de un andamiaje legal sin contrapesos. Todo apunta a la consolidación de un poder que no teme mirar en cada rincón de nuestra vida digital. Las preguntas son: ¿quién se disculpará con los ciudadanos cuando este sistema esté completo? ¿Quién por haber transformado la promesa de un México más justo en un México vigilado, donde el dato NO protegido es la nueva normalidad y la libertad la excepción?

El Financiero

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, aprobada este martes en el Senado, otorgará al Estado un control sin precedentes sobre los datos personales, biométricos y sobre la regulación de diferentes sectores, sin necesidad de considerar las opiniones de opositores, sean empresas, ciudadanos o agrupaciones, alertaron expertos.

La reforma desaparece a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y ahora el gobierno no necesitará someter a consulta decretos, reglamentos o iniciativas, ni será necesario contar con Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/06/26/estado-tendra-el-control-de-la-regulacion-y-de-los-datos-con-ley-para-eliminar-tramites-burocraticos/

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo observaciones sobre las reformas en México en materia de búsqueda de personas desaparecidas, entre la que destaca su preocupación sobre el acceso directo e irrestricto a bases de datos de particulares por parte de autoridades gubernamentales.

Al respecto, la ALAI señaló que dicho acceso representa una vulneración a derechos constitucionales y principios internacionales en materia de privacidad y protección de datos personales.

“Esta disposición presenta serios problemas constitucionales, legales y prácticos, principalmente en relación con la protección de datos personales, el derecho a la privacidad y el debido proceso.

“Exigir acceso directo sin control judicial vulnera los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución. El artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la protección de datos personales. Asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que el tratamiento de dichos datos debe ser legítimo, informado y controlado”, manifestó la ALAI en un comunicado.

La Asociación Latinoamericana de Internet agregó que el acceso directo e irrestricto contraviene principios internacionales ampliamente aceptados, como la limitación de la finalidad, la minimización de datos, la transparencia y la rendición de cuentas.

“Cualquier mecanismo que permita el acceso automático o en tiempo real sin autorización judicial resultaría inconstitucional”, añadió la ALAI.

La Asociación propone cambiar la redacción al Artículo 12 Bis: “Para efectos de esta Ley, la Plataforma Única de Identidad será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real, se interconectará con bases de datos o sistemas de información que permitan realizar búsquedas continuas entre los siguientes registros:[…] V. Como parte de sus labores, la Plataforma podrá solicitar, previa orden requerimiento de autoridad competente, información de cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos”.

Fuente: Prensa EY

La inteligencia artificial (IA) no es solo una revolución tecnológica: es una transformación de la relación entre las personas, el trabajo y el liderazgo empresarial. Así lo demuestra el EY AI Sentiment Index, un estudio global que revela que, aunque el 82% de las personas están dispuestas a utilizar IA, solo un 57 % la está adoptando plenamente.

La nueva dimensión del liderazgo en la era de la IA

El estudio señala que las personas no temen a la IA como tecnología, sino a los riesgos asociados a la pérdida de autonomía, la privacidad de los datos y la posibilidad de manipulación. Para cerrar la brecha de adopción, las organizaciones deben actuar en tres áreas clave:
• Construir confianza mediante prácticas éticas y transparencia.
• Empoderar a las personas para que exploren y adopten la IA en sus propios términos.
• Presentar la IA como una herramienta que potencia el talento humano, no como su reemplazo.

El informe destaca que el éxito en la adopción de IA no será para quienes impongan su uso, sino para quienes diseñen entornos donde la tecnología amplifique las capacidades humanas.

Confianza y agencia: factores estratégicos para el futuro

El EY AI Sentiment Index, además revela que el 75% de los encuestados teme la desinformación generada por IA, mientras que el 64% expresa preocupación por el uso no autorizado de sus datos personales. Sin embargo, los participantes también reconocen beneficios significativos, como la mejora de la calidad de vida, el apoyo en decisiones financieras, el acceso a diagnósticos médicos y la personalización de servicios.

El liderazgo del futuro, según el estudio, debe equilibrar estas percepciones: aprovechar el entusiasmo tecnológico y, al mismo tiempo, atender proactivamente las preocupaciones legítimas de los usuarios.

La IA como potenciador de habilidades humanas.
Lejos de reemplazar a las personas, la IA —cuando se implementa de manera adecuada— puede fortalecer competencias esenciales como la empatía, la resolución de problemas y la creatividad. Incluso entre los usuarios más familiarizados con esta tecnología, se reconoce su capacidad para enriquecer habilidades sociales y mejorar la calidad de las interacciones humanas.

Más allá de la automatización de tareas, el verdadero valor de la IA radica en liberar a las personas para enfocarse en actividades más estratégicas, innovadoras y creativas.

La IA permite analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y descubrir oportunidades de forma ágil, facilitando la toma de decisiones basada en datos y permitiendo iteraciones rápidas para optimizar productos y servicios. Sin embargo, estos beneficios no provienen únicamente de la tecnología: dependen de la creatividad, la innovación y la capacidad de los equipos para identificar puntos de valor que impulsen una transformación real en la gestión y operación, asegurando la resiliencia y sostenibilidad del negocio en un mercado cada vez más competitivo.

Una nueva licencia para liderar

El estudio concluye que las organizaciones que logren construir confianza, empoderar a sus equipos y mantener el foco en la agencia humana estarán mejor posicionadas para liderar en la nueva era tecnológica.

“En la era de la inteligencia artificial, el liderazgo no se medirá solo por la adopción de tecnología, sino por la capacidad de inspirar confianza, proteger la autonomía humana y transformar la innovación en un motor de crecimiento sostenible”. Concluyó Patricia Patiño, Líder de IA & Data de EY Colombia.

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

La ciberseguridad se presenta como un desafío global, impactando a Paraguay al igual que al resto del mundo. Está vinculada a la evolución de la tecnología, lo que implica una adaptación constante de las estrategias de protección. En ese sentido, desde el Mitic se enfatiza en la importancia de crear contraseñas complejas, al considerar que el usuario de internet está acostumbrado a optar con claves sencillas de adivinar, a partir de nombres, apellidos, fechas de nacimiento u otros datos de acceso público. En esta nota te contamos qué medidas no puedes dejar de implementar y qué error podrías estar cometiendo.

Promover iniciativas para construir un ecosistema digital seguro es uno de los principales propósitos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). En este aspecto, lleva a cabo acciones para que la población adquiera y fortalezca competencias en el ámbito de la ciberseguridad.

Pedro Martínez, director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del Mitic, en entrevista al programa Tribuna de Paraguay TV, señaló los desafíos y la complejidad de este escenario, ligado a la rápida evolución tecnológica.

“Desde ciberseguridad lo que se busca es estar al tanto de todas las tecnologías emergentes, encontrar la manera más efectiva de poder acompañar las evoluciones a través de protecciones que no nos compliquen y nos ayuden a gestionar nuestros datos de manera segura”, sostuvo.

Ante este panorama, refirió que es fundamental adoptar una serie de precauciones para salvaguardar los datos personales y enfatizó en algunos pilares, mencionando como primer paso el contar con contraseñas únicas y seguras. Evitar la repetición de contraseñas en diferentes plataformas es primordial, ya que si una de ellas se ve comprometida, el resto no queda vulnerable.

En este punto también indicó que el usuario de internet está acostumbrado a optar por contraseñas básicas o sencillas de adivinar. “Tenemos que tratar de incorporar cierta complejidad en la elección de las contraseñas para nuestro uso diario. Agregar símbolos ayuda porque existen dos formas de tratar de adivinar las contraseñas, una es por fuerza bruta y otra tomando datos personales que ayuden a generar un candidato. Por ejemplo, nombres, apellidos, fechas de nacimiento”.

Para quienes encuentran difícil utilizar símbolos, sugiere la alternativa de construir frases fáciles de memorizar, pero difíciles de adivinar. Debe ser una frase muy personal e incluso pueden contener elementos de la cotidianeidad referente a la casa, el trabajo u otros que solamente vivan en la memoria del usuario.

VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

Asimismo, agregó que siempre que el portal permita se opte por activar la verificación en dos pasos. Esta medida de seguridad adicional añade una capa de protección, ya que al habilitarla, además de la contraseña, se requiere un segundo factor de autenticación para acceder a una cuenta.

En este aspecto, el director favorece el uso de notificaciones push a través de aplicaciones, ya que el SMS puede ser vulnerable a la clonación de chips. La aprobación mediante una aplicación, a menudo combinada con verificación biométrica (facial o huella dactilar), ofrece una mayor seguridad.

COMPROBAR REMITENTE

Ante la proliferación de mensajes sospechosos a través de diversos canales (SMS, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico), es vital no actuar impulsivamente. La recomendación es tomarse el tiempo para leer detenidamente el mensaje, identificar al remitente y validar su autenticidad.

En caso de dudas, se recomienda verificar la información a través de los canales oficiales de la entidad en cuestión (bancos, instituciones gubernamentales, etc.). Pedro Martínez además advierte sobre la creciente sofisticación de los ataques, impulsados por la inteligencia artificial, que dificultan la distinción entre comunicaciones legítimas y fraudulentas. Añade que se debe estar en alerta sobre las falsas promesas de inversiones con retornos extraordinarios.

ACTUALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS

Otro aspecto en la protección de datos es la actualización constante de los dispositivos y en este punto fue enfático. “Actualizar es sumamente importante. Yo diría que no es negociable. Estas actualizaciones corrigen vulnerabilidades y fortalecen las defensas contra las últimas amenazas”.

Esta recomendación se extiende a todo tipo de dispositivos conectados, como teléfonos móviles, computadoras, electrodomésticos inteligentes (IoT) y vehículos modernos que dependen softwares.

La implementación de estas recomendaciones es esencial para proteger información personal en el entorno digital.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Telecomunicaciones, obligando a los operadores a dar acceso a sus registros de información a las autoridades judiciales.

Publicada en la Gaceta Oficial, la medida, avalada en dictamen afirmativo por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, busca establecer el acceso obligatorio —y en tiempo real— a datos sensibles como localización, registros de tráfico y direcciones IP, a solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Público —y, por delegación, los cuerpos policiales de investigación— podrá requerir a los operadores datos sobre usuarios finales, incluyendo tráfico nacional e internacional, geolocalización, y direcciones IP, públicas y privadas.

Los operadores estarán obligados a conservar esta información por tres años, y, si no cuentan con la infraestructura tecnológica, tendrán un año para adecuarse.

Si las empresas incumplen con las peticiones judiciales, se considerará una “infracción muy grave”, con lo cual se refuerza la presión legal sobre los operadores para colaborar sin demoras.

Destacado: Tribunal de Costa Rica rechaza otra medida cautelar vs. reglamento de ciberseguridad 5G

Además, la reforma crearía la Comisión Interinstitucional para la mejora de las investigaciones judiciales, compuesta por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Superintendencia de Telecomunicaciones y representantes de las empresas de telecomunicaciones.

Si bien su carácter es consultivo, su existencia institucionaliza la coordinación entre actores judiciales y privados para el acceso a información técnica y operativa.

El proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones se propone combatir los llamados “secuestros virtuales”, o extorsiones en las que se simula tener secuestrados o amenazados a familiares o amigos de las víctimas.

Pese a que la medida apunta a reducir la incidencia de este delito, también surgen inquietudes respecto a un posible debilitamiento de la privacidad ciudadana en la era digital.

La iniciativa de reforma señala que la Comisión Interinstitucional no interferirá con la autonomía del Poder Judicial ni con la independencia del OIJ, pero la posibilidad de acceder a información personal por orden del Ministerio Público o los cuerpos policiales genera serios cuestionamientos acerca de quién supervisará que estos datos no se utilicen con fines abusivos, indebidos, o fuera del contexto judicial para el que fue pensado.