La industria se reunió en México 5G (MX5G) y uno de los diálogos de la segunda jornada puso el foco en la inversión y sus catalizadores. Se oyeron viejos reclamos de los operadores, pues bajo el nuevo escenario todavía se necesita seguridad jurídica y un marco regulatorio afín para abrir las puertas a 5G. No hay más tiempo: hay que entender que la digitalización es la senda de crecimiento de América Latina.

“Los sitios con más institucionalidad y mejor regulación reciben más inversión”, dijo Maryleana Méndez, secretaria Ejecutiva de Asiet, dando inicio a un discurso en el que pidió seguridad jurídica, menos barreras para el despliegue y políticas en materia de espectro para que América Latina obtenga los beneficios esperados de 5G. “Acumulamos años hablando de esto y hoy existe un punto de inflexión con la digitalización de las industrias”, comentó.

La ejecutiva llamó a que los Estados tomen el control y ejecuten acciones directas porque parte del desafío está en la transversalidad y consistencia de las políticas públicas. Hay que fomentar casos de uso, facilitar la experimentación y avanzar en la colaboración público-privada, algo que consideró “indispensable”, especialmente en zonas aisladas o de difícil acceso. Lograr los desafíos es posible, agregó, pero “es necesario un convencimiento pleno” de todos los involucrados.

Para Daniel Ríos, de AT&T, 5G nació para apalancar el crecimiento económico y generar una revolución social. El ejecutivo habló de la importancia de “desarrollar el ecosistema” en torno a la nueva tecnología y anunció que, para hacerlo, el operador lanzará en octubre el Fondo AT&T 5G. “Habrá premios de 100 mil dólares para quienes nos puedan ayudar a identificar casos de uso 5G y resolver problemas sociales o económicos”, indicó.

Mientras tanto, la compañia avanza en el despliegue de su red 5G: “Fuimos los primeros en lanzar en México, ayer sumamos 10 ciudades más y queremos terminar el año con una mancha de cobertura más amplia”, agregó.

En su turno, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Mayorista de Telefónica Movistar México, pidió “un marco regulatorio que nos permita prestar a los usuarios servicios de calidad, confiables y habilitadores de otros sectores industriales; que sean herramientas para que puedan ejercer sus derechos”. Las claves para avanzar en ese sentido son, según de Saracho, competencia efectiva, inversiones, compartición de infraestructura y espectro.

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Mario Fromow Rangel, consultor y excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dijo que “siempre 5G fue una materia complicada” y valoró que el regulador haya sido reconocido como de quinta generación por la UIT. El ejecutivo hizo énfasis en que “desafortunadamente no todo depende del IFT” y pidió crear un fondo de cobertura universal porque “el país que invierte en infraestructura de telecomunicaciones no se equivoca”.

El excomisionado consideró que “el andamiaje regulatorio que tiene México es uno de los más sólidos en los puntos debatidos” durante el panel. En su cierre, además, sugirió modificar el artículo quinto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que “no le permiten a los municipios tener una contraprestación con lo que ofrece en cuanto a despliegue de infraestructura: Hay que revisarlo, ese enfoque no dio un resultado eficiente”, consideró.

El caso Chiapas

Chiapas fue el Estado invitado al evento y su secretario de Economía y Trabajo, Carlos Salazar Estrada, habló de desafíos y objetivos del gobierno local en materia digital. “Somos el Estado más desconectado del país. Queremos que en Chiapas pasen cosas distintas”, inició y añadió: “Sabemos que el digital no es un proceso fácil pero aquí estamos trabajando para ver resultados”.

El funcionario insistió en un “fuerte esfuerzo” del gobierno para mejorar la situación del sureste y señaló que trabajan en “alinear” los intereses del Estado con el de las empresas. “El compromiso es establecer una agenda puntual, ser facilitadores a través de la regulación y transitar el camino entendiendo que Internet es un igualador social”, concluyó.

En el panel del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD 2021) dedicado a la inclusión digital, acceso y accesibilidad, que estuvo moderado por Hilda Laura Vázquez Villanueva, fundadora y directora de la consultora Inclusión y Discapacidad A.C., diferentes actores de la industria brindaron sus experiencias de cómo lograr que la transformación digital sea más inclusiva.

“El cierre de la brecha digital es la política más efectiva para poder cerrar brechas sociales”, indicó Daniel Ríos Villa, vicepresidente Asistente de Asuntos Externos de AT&T México. “Las políticas públicas tienen que estar enfocadas al uso productivo de Internet y al desarrollo de las habilidades digitales”, agregó.

Afirmó que la conectividad es un aliado para la inclusión financiera y hay que aprovechar la tecnología “para aplicar soluciones modernas en donde estamos más rezagados, como en educación”. También consideró que los operadores deben incorporar más personas con discapacidad a todos los niveles porque “es la única manera de que podamos crear productos y servicios para toda la población”.

“El trabajo conjunto es la base para poder fomentar cualquier proceso de inclusión digital o mejoramiento de conectividad”, dijo Patricia Falconí Castillo, subsecretaria de Telecomunicaciones y Asuntos Postales del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador.

Un desafío que hay en Ecuador, sostuvo, es que a 2020 el 10.2 por ciento de la población era analfabeta digital. “En esta población nos estamos centrando, no sólo llevamos conectividad”. Sobre este punto, destacó que desde el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) están trabajando en la repotenciación y crecimiento de la red de infocentros.

José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista de América Latina de Telefónica, destacó el modelo implementado en Perú con Internet Para Todos: “Creemos desde Telefónica que es un modelo para conectar a las zonas rurales de forma sostenible”. También indicó que su aspiración es que el modelo se pueda desplegar en otros países.

Sostuvo que para conectar las zonas desatendidas, “primero tenemos que juntarnos todos”, no sólo los operadores y el gobierno; sumar actores de Internet, bancos de desarrollo y vendors.

Al hablar de sostenibilidad, Haro dijo que se deben buscar distintos mecanismos para financiar la conectividad en zonas rurales. “Hay que reconocer que la estrategia de fondo de servicio universal promovida por los gobiernos ha fracasado en nuestra región, en algunos lugares los fondos se recaudan y no se destinan a servicios, en otros, el destino no siempre es mejor”.

En el panel también participó el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, Javier Juárez Mojica, quien reclamó: “Cuando estamos frente a derechos humanos, la meta que nos debemos trazar es la de la inclusión universal. Y esta inclusión la debemos entender en el sentido más amplio, no sólo lo que hace a la cobertura, sino también hay que contemplar la brecha de asequibilidad –que los usuarios puedan adquirir los servicios–, y la brecha de aprovechamiento –que estén en condiciones de hacer uso del servicio”.

En brecha de acceso, sostuvo Juárez, “tenemos que generar las condiciones para que el mercado se expanda todo lo posible. La tarea del Estado para llevar conectividad a todos los lugares va a ser más factible de realizar en la medida en que los usuarios que se tienen que atender sea menor; hay que permitir que el mercado se expanda”.

Para Mario de la Cruz, director Senior para Relaciones con Gobierno para América Latina de Cisco, es preciso la complementariedad tecnológica. “Vimos que una tecnología por sí sola no era capaz de resolver los retos de inclusión que nos planteó la pandemia”, sino que fue un trabajo conjunto entre las tecnologías móviles, satelitales y Wi-Fi.

“Necesitamos trabajar en el tema de habilidades. De nada sirve que la industria ponga la mejor tecnología, que el gobierno ponga mejores condiciones regulatorias, si no tenemos la capacidad de proveerles a las personas habilidades digitales para poder aprovechar la tecnología”, indicó de la Cruz.

Mientras que Ana Veneroso, coordinadora de Programa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), destacó los programas que posee el organismo global en materia de accesibilidad de las TIC, para promover la inclusión de personas con discapacidad. “Se destinan recursos a los países para que avancen en políticas y estrategias de inclusión digital y hacia el usuario final con capacitación”, afirmó.

También comentó la iniciativa America Accesible, un espacio para compartir las mejores prácticas de accesibilidad TIC en un ambiente de colaboración, con una mirada de inclusión digital centrada en los grupos vulnerables y específicamente en las personas con discapacidad.

Las inversiones que se realicen en infraestructura para 5G traerán como consecuencia que México tenga una mayor competitividad en su economía, coincidieron miembros de la industria de las telecomunicaciones durante el panel “Invertir en infraestructura 5G”, en el foro México 5G organizado por DPL Live.

Javier Lizárraga, vicepresidente de Networks para Samsung México, señaló que para que la nación sea más competitiva necesita seguir cuatro puntos principales sobre inversiones y desarrollo de la nueva generación de redes móviles.

“Invertir en infraestructura es hablar de mayor competitividad en el país; nos falta cobertura, pero también evolucionar a nuevos servicios.

“Para que México sea más competitivo necesita, en primer lugar, que exista facilidad de despliegue en todos los lugares, porque se requieren muchos sitios con condiciones diferentes. Eso implica trabajar con los tres niveles de gobierno. Segundo, es necesario tener el espectro adecuado disponible con bandas altas, medias y bajas. Tercero, que las empresas como Samsung tengan la tecnología para hacerlo. Y, finalmente, es definir para qué quiero 5G, cuáles son las aplicaciones que van a explotar estas capacidades de alta velocidad, alta concentración y baja latencia”, dijo el ejecutivo.

Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación, y Mayorista de Telefónica Movistar México, destacó la importancia de que se replanteen los modelos para definir el costo del espectro, que será un insumo esencial para el desarrollo de redes 5G.

“Necesitamos replantear los modelos para definir el costo del espectro, quitarle fines recaudatorios, porque si continuamos con esa política, en este momento son tres bandas las que se van a licitar, pero no son las únicas necesarias. La realidad es que se van a requerir anchos de banda enormes que van a enfrentar estos costos de espectro no sólo en lo que se paga en licitaciones –que a lo mucho representa 20 por ciento–, sino el costo de derechos, que dura 20 años la concesión. Es un tema que si no se empieza por tratar de modificar el formato en el cual se asigne, es difícil plantear modelos de negocio correctos”, aseveró la ejecutiva de Telefónica México.

Daniel Ríos Villa, vicepresidente Asistente de Asuntos Externos en AT&T México, comentó que el ecosistema de redes 5G requiere mayor capital, pues además del despliegue es indispensable la investigación.

“Tiene muchos retos desde el punto de vista de inversión, cuánto inviertes y cuánto toma el ciclo, es mucho más exhaustivo en cuanto a capital. Se trata del propio despliegue de infraestructura para esta red, pero al mismo tiempo en investigación y desarrollo para crear casos de uso”, comentó.

Ana Claudina García, directora Legal y de Asuntos Públicos de American Tower en México, afirmó que las redes 5G no sólo necesitarán torres y antenas tradicionales, sino small cells colocadas en mobiliario urbano, por lo que se requiere de la colaboración de autoridades y homologar reglas en todos los municipios.

“Vamos a requerir otro tipo de infraestructura como small cells, que se pueden instalar en postes, En Ciudad de México ya podemos verlas. También vamos a percibir mucho el tema de mobiliario urbano como paradas de autobús, edificios, parques, en túneles para brindar cobertura, y sistemas para cobertura en interiores. Ello requiere la colaboración de las autoridades”, comentó Ana Claudina García.

Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se refirió a las próximas licitaciones de espectro destinado para 5G este y el próximo año.

Además, dijo que desde el órgano regulador han promovido ante la Secretaría de Hacienda que los pagos de derechos se traduzcan en inversiones en zonas sin cobertura.

Advirtió que el costo del espectro representa un 10 por ciento la parte de las licitaciones y el 90 por ciento es de los derechos anuales.

“En cuanto a la banda de 3.5 GHz, tenemos las herramientas legales y regulatorias para tomar esas decisiones, hay que recordar que estas bandas medias eran utilizadas para otros servicios. En caso de tomar esas decisiones (licitarlas para 5G) tenemos que garantizar el derecho de las empresas incumbentes, como las satelitales. Son cuestiones a analizar a través de una decisión colegiada”, afirmó.