Reforma

Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) abrieron la puerta a la posibilidad de que particulares vendan en sus domicilios electricidad para carga de vehículos eléctricos.

En la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), hay una nueva normativa aprobada por la CRE para que particulares puedan vender a terceros la electricidad que les suministra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para recargar automóviles, informó Guillermo García Alcocer, profesor del Departamento de Economía en el ITAM.

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Reforma Diana Gante

La regulación para la electromovilidad en México podría estar lista en las próximas semanas y vendrá acompañada de una Norma Oficial Mexicana (NOM) de cargadores eléctricos.

Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afirmó que ya se realizaron los ajustes a la regulación propuesta tras los comentarios recibidos en el periodo de consulta pública.

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Reforma Alfredo González y Diana Gante

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) alista un proyecto para que CFE pague a los nuevos usuarios de media tensión, que generen entre 25 y 500 kilowatts, 72 centavos por cada kilowatt inyectado a la red.

Esto representa casi una cuarta parte de los 3 pesos a los que vende CFE cada kilowatt, lo que provocará que las pequeñas empresas tarden más en recuperar la inversión que realizaron en paneles solares, dijeron especialistas.

Víctor Ramírez, experto en temas de energía, dijo que se busca pagar al menor precio posible, que es el esquema de subastas, bajo el pretexto de que si es mayor, quien terminará pagando será el usuario final.

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El CEO Itzel Castañares

La propuesta del senador Ricardo Monreal de concentrar en un órgano único al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía, además de generar incertidumbre, supone también un revés a los acuerdos que se lograron en materia de telecomunicaciones en el tratado México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

La iniciativa del legislador de Morena no solo ‘echa por tierra’ los logros de cada uno de los órganos autónomos especializados, sino que también vulnera algunos aspectos del Capítulo 18 del acuerdo comercial.

Este capítulo plantea que cada una de las partes debe contar con un organismo responsable de la regulación de telecomunicaciones, lo que se quebranta con la iniciativa de Monreal.

Esto, dado que la concentración de tres distintas autoridades en un solo organismo inhibe la capacidad de cada ente especializado de operar y regular de manera independiente al formar parte de un Instituto multidisciplinario, una figura que no se contempla en el capítulo.

En el apartado del acuerdo tendría que hablarse de esa flexibilidad en los cambios que tomen los Estados miembro para poder tomar decisiones que modifiquen dicho acuerdo

 dijo Sandra Rodríguez, abogada especializada en Telecomunicaciones. 

La especialista cuestionó que, ante la propuesta de un órgano multidisciplinario, no hay una estructura definida para el Instituto propuesto, ni el grado de especialización que tendrán los comisionados ni los temas sobre los que tengan manejo.

En el Capítulo 18 se establecen dos artículos de los 27 que lo integran que son esenciales y que dan por sentada la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un regulador autónomo e independiente.

Por un lado, en la referencia a la creación de un Comité de Telecomunicaciones y que estará integrado por representantes gubernamentales de cada parte, los cuales se esperaría, según los analistas, que fueran especializados en la materia.

Entre las principales funciones del Comité está:

Revisar y monitorear la implementación y funcionamiento de este Capítulo, con miras a asegurar la implementación efectiva del Capítulo habilitando la capacidad de respuesta a los avances tecnológicos y regulatorios en materia de telecomunicaciones para asegurar la continua pertinencia de este Capítulo a las Partes, proveedores de servicios y los usuarios finales.

Entre las obligaciones que plantea este capítulo para cada una de las partes está la solución de controversias, que en el caso de recursos señala que:

Las empresas puedan recurrir ante el organismo regulador de telecomunicaciones de la Parte para resolver controversias con un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con las medidas de la parte relativas a distintos asuntos establecidos relativos a obligaciones de proveedores de telecomunicaciones.

¿Y las inversiones?

Si bien el T-MEC es una especie de salvaguarda mayor para las inversiones extranjeras, particularmente de Estados Unidos y Canadá, podría verse afectado por la propuesta del legislador morenista.

Si algo busca implementar un tratado internacional en materia comercial es dar certidumbre; pero si algo se va a desechar, genera incertidumbre

 comentó Michel Hernández, especialista en el sector de telecomunicaciones.

Tal como está planteado el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que suprime el requisito del examen de conocimientos, carga la balanza a los político sobre lo técnico, agregó el especialista.

Para Hernández, el T-MEC es una herramienta que muchos inversionistas pueden hacer valer en México para combatir esta iniciativa.

En el país, la inversión privada en el sector de telecomunicaciones ha tenido ‘altas y bajas’, aunque uno de los años con mayor registro de inversión en infraestructura fue en 2016:

Para garantizar certeza a las inversiones es necesario contar con mecanismos como la autonomía de los reguladores. Sin embargo, tras siete años de la reforma se siguen cuestionando cambios, a pesar de que ya existe un marco que podría garantizar esa autonomía, agregó Hernández.

La iniciativa de Monreal para crear el Imecob prevé un ahorro anual de 600 millones de pesos, que en sus cálculos, equivale a un 22% del gasto de presupuesto.

Sin embargo, para el abogado especialista ese ahorro no contempla los costos que arrastraría el país ante la falta de inversiones, el perjuicio a los consumidores y hasta una posible consolidación de un monopolio.

Las obligaciones del T-MEC

El T-MEC incluye obligaciones específicas para México en relación con el mantenimiento de ley e instituciones adecuadas para evitar que los agentes económicos en su territorio realicen prácticas anticompetitivas, comentó por su parte Lucía Ojeda, especialista en Competencia Económica del CIDE.

Cualquier señal que implique que México relajará el camino hacia una aplicación de la política de competencia efectiva pudiera constituir una amenaza a los compromisos adoptados por México en el contexto del T-MEC

 señaló Ojeda.

Si bien la iniciativa no afectaría la formación del Comité planteado en el T-MEC, en su opinión sí podría generar preocupación y duda sobre la fortaleza técnica del nuevo regulador para cumplir con los compromisos adoptados.

El T-MEC entra en vigor el próximo 1 de julio, mientras que la discusión del proyecto de ley está prevista para realizarse durante el periodo ordinario, que inicia el 1 de septiembre próximo.

Consumo TIC

Proponer la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representa atentar contra los derechos fundamentales en materia de conectividad, es una clara afrenta al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e implicaría un grave retroceso de México en materia regulatoria, sostuvo Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group DPL.

“El único sector que verdaderamente ha funcionado razonablemente bien es el de telecomunicaciones. Esto no quiere decir que el IFT es un órgano impoluto. No estoy de acuerdo con muchas de sus resoluciones en materia de convergencia… La regulación hoy en día tiene que ser rápida, eficiente y operativa, el IFT tiene burocracia, pero eso no justifica su literal desaparición y fusión con otro órgano”.

El pasado de 10 junio, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), fusionando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El INMECOB, señala el documento, sería un órgano constitucional autónomo que contaría con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto es el de integrar a órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características; así se establecería un solo regulador de competencia económica en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético.

Al respecto, Jorge Fernando Negrete sostuvo que el IFT tiene características particulares que lo hacen único a nivel regional, pues es el encargado de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y habilitar otros en sectores clave como la educación, salud, cultura, inclusión digital y financiera, además de regular la infraestructura digital.

“Estamos ante un órgano que ha garantizado algunas de las inversiones más importantes de los últimos años… El IFT es el órgano más robusto por sus características de América Latina, no hay en la región un órgano que regule espectro, competencia, medios públicos, derechos de las audiencias, que sea un órgano convergente y que se encargue de habilitar derechos fundamentales”.

El especialista sostuvo que la iniciativa del senador Monreal atenta además en contra del T-MEC, pues en el artículo 18 inciso 18 del Capítulo de Telecomunicaciones se habla de la figura de un órgano técnico en telecomunicaciones autónomo.

“En el Capítulo de Telecomunicaciones del T-MEC claramente dice que se necesita un órgano técnico de telecomunicaciones autónomo, no fusionado con otros. Esto fue parte de los acuerdos negociados con Estados Unidos, ellos conocieron el órgano regulatorio de México, y nosotros el de ellos, y ahora esto les va a cambiar toda la jugada”.

Dado que la iniciativa, abundó, argumenta principalmente una eficiencia presupuestal, se debiera reconocer el rol que juega el IFT para el Estado, pues se trata de un importante recaudador de ingresos y bienestar social.

“La pregunta no es cuánto cuesta el IFT, sino a dónde vamos y qué queremos. El IFT ha metido miles de millones de dólares en inversión y ha generado empleados a través de las empresas en este país. Ha generado también cientos de millones de dólares por recolección del pago de derechos de espectro”.

En opinión de Jorge Fernando Negrete, quien desde el pasado 5 de junio forma parte del quinto Consejo Consultivo del IFT, una iniciativa de esta índole tiene poco sentido en un país que carece de una estrategia y agenda digital clara.

“Si lo que se quiere es bajar gastos, lo que se tiene que hacer es el estudio económico correspondiente y ver cuánto da a las arcas del Estado y cuánto nos cuesta el IFT y así evaluar. Si lo que se quiere es una acción digital, que nos digan cuál es, no la conocemos tampoco, y no hacer esto prácticamente sin ningún estudio serio detrás”.