Fuente: Prensa CRC

La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral, cada uno en el ámbito de sus competencias, publican circular mediante la cual recuerdan a los operadores del servicio de televisión abierta la importancia de observar el marco constitucional y legal aplicable a la cobertura informativa en desarrollo del proceso electoral a la presidencia en Colombia.

Lee más.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sostuvo un encuentro de trabajo con gremios, asociaciones y operadores del ecosistema digital de Colombia, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y promover iniciativas de modernización normativa.

Durante la jornada, la CRC presentó los proyectos regulatorios en desarrollo e invitó a la industria a participar activamente en su construcción. Por su parte, agremiaciones como Fenapi, CCIT, Una Colombia, Asotic, Piltron, Suma Móvil, ASIET, Andesco, ALAI, entre otros, aportaron sus visiones, propuestas y compromisos de articulación.

Gustavo Larrabure, director para Región Andina de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones ASIET, se refirió al encuentro como una “excelente iniciativa al realizar trimestralmente reuniones de coordinación y trabajo entre los distintos actores del ecosistema digital en Colombia. Un escenario de desregulación efectiva con un adecuado manejo de recursos e impulso a las inversiones tiene el potencial de generar aumentos del PBI, empleo y productividad”.

La Comisión destacó que este espacio reafirma su compromiso de “construir regulación con la industria, y que establezca las bases de una agenda de trabajo compartida, con propuestas y compromisos de articulación”.

Recomendamos: La regulación digital en América Latina responde a un modelo de mercados segmentados que ya no existe

Al respecto, Larrabure enfatizó: “Es indudable aplicar una senda de desregulación que se traduce en un impacto macroeconómico altamente positivo, al liberar a los operadores de costos innecesarios y focalizar esos recursos en inversión y despliegue efectivo”.

Durante el evento, los participantes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de la regulación, abordando temas relacionados con el fortalecimiento institucional, la adaptación normativa y la construcción de políticas públicas más dinámicas.

Coincidieron en la importancia de generar espacios colaborativos que permitan compartir experiencias y buenas prácticas, en línea con tendencias regionales de cooperación entre organismos reguladores.

“Se debe adoptar una regulación ágil y promover un entorno propicio para la inversión y despliegue de infraestructura de nueva generación”, aseguró el ejecutivo de ASIET.

Se espera que encuentros de este tipo se repitan cada tres meses con el fin de construir marcos regulatorios más flexibles y participativos para el sector.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) acreditó que 861 municipios de Colombia ya lograron eliminar las barreras para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Colombia tiene cerca de 1,100 municipios, lo que significa que 78% de ellos ya adoptaron medidas para simplificar trámites, ajustar normas urbanísticas y facilitar la instalación de las redes que soportan la conectividad.

Este avance es significativo si se compara con años anteriores. En 2021, el número de municipios certificados como libres de barreras rondaba los 545. El incremento a más de 860 en 2026 muestra una tendencia sostenida en la adopción de este tipo de medidas.

Sin embargo, la eliminación de barreras regulatorias no necesariamente se traduce de forma inmediata en mayor cobertura o mejor calidad de los servicios. Algunos factores como la rentabilidad de las inversiones, las condiciones geográficas y la demanda local siguen influyendo en las decisiones de los operadores.

No te pierdas: 7 alternativas para eliminar barreras a la compartición de infraestructura en Colombia

Por ello, la CRC y el Ministerio TIC de Colombia también han desplegado otros mecanismos que incentiven la expansión de infraestructura más allá de las zonas urbanas, como las obligaciones de cobertura y la asignación de espectro para que algunas comunidades gestionen su propia infraestructura de Internet.

Aun así, la eliminación de obstáculos a la infraestructura es un paso necesario para ampliar la conectividad, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. No obstante, no es suficiente por sí sola para cerrar la brecha digital.

Uno de los elementos centrales de esta política colombiana es su carácter descentralizado. Son los municipios los que deben modificar sus marcos normativos para reducir barreras al despliegue, lo que implica capacidades técnicas y voluntad política que no siempre son homogéneas en todo el territorio.

En este contexto, la acreditación funciona como un mecanismo de referencia más que como una garantía de resultados. Si bien puede incentivar la adopción de mejores prácticas, su efectividad depende de cómo se implementen los cambios en la práctica administrativa.

Fuente: Prensa CRC

Con su posesión, la CRC fortalece su capacidad institucional y técnica para responder a los desafíos del ecosistema digital, en un contexto de transformación tecnológica, convergencia de servicios y crecientes expectativas por parte de los usuarios. 

En su nuevo rol, que ejercerá a partir del 7 de abril, Vélez Marroquín integrará la Sesión de Comunicaciones junto con los comisionados Claudia Ximena Bustamante Osorio, Felipe Augusto Díaz Suaza y Javier Gutiérrez Afanador, y participará en el diseño e implementación de medidas para promover la competencia, fortalecer los mercados, maximizar el bienestar de los usuarios y garantizar sus derechos en la prestación de servicios de telefonía, Internet, televisión, radio y servicios postales. 

Lee más.

Fuente: Prensa CRC

Bajo el lema “Armonización regional: puentes regulatorios y nuevas fronteras”, el 21° Taller Internacional de Regulación de la CRC se consolida como uno de los principales espacios de discusión estratégica en América Latina sobre el presente y futuro de la regulación del ecosistema digital. 

Lee más.

Fuente: Prensa CRC

La Gobernación de Bolívar convocó una mesa de trabajo en la que la CRC participó como regulador y facilitador del diálogo entre los distintos actores del sector. El espacio permitió evidenciar que los principales retos para la conectividad regional no se limitan a la infraestructura, sino que también involucran desafíos operativos, normativos y de seguridad. La jornada concluyó con acuerdos concretos de seguimiento orientados a destrabar barreras y avanzar en soluciones para mejorar la conectividad en el territorio.
Lee más.

Cartagena, Colombia. Sobre la integridad informativa en contextos electorales se conversó en la segunda jornada de Colombia Digital Summit. Allí, los oradores coincidieron en la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana frente al ecosistema informativo, presentaron buenas prácticas para lograrlo y mencionaron desafíos sobre la mesa, los cuales demandarán de la cooperación entre los distintos actores del ecosistema.

Mauricio Vera Sánchez, comisionado de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia (CRC), presentó como introducción al tema la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales, herramienta desarrollada para enfrentar la desinformación de cara a los comicios locales. El documento tiene como pilares la integridad de la información y el pluralismo informativo y persigue la detección de, por ejemplo, discursos de odio o el uso de Inteligencia Artificial para contenido adulterado.

“Verifiquemos la información, revisemos los datos, denunciemos, utilicemos herramientas gratuitas para verificar imágenes y textos y analicemos la veracidad de las fuentes”, sugirió el funcionario bajo la premisa de que “la democracia es un factor fundamental para garantizar los ecosistemas digitales” y, en ese contexto, “la integridad de la información es un bien público”. Sánchez terminó su participación dando cuenta de que la búsqueda por información veraz en contextos electorales “no se trata sólo de tecnologías sino de principios” y demanda la coordinación y revisión de buenas prácticas de todos los involucrados.

El escenario es desafiante si se contemplan algunos datos esgrimidos en el encuentro, como que únicamente 35% de las personas en Colombia confía en las noticias que consume; 39% considera que la información proveniente de medios tradicionales es confiable, y 62% de los niños, niñas y adolescentes desconfía de información que encuentra en plataformas digitales. Además, 73% de los ciudadanos locales estuvo expuesto a desinformación en el último año, según un estudio recogido por el moderador del panel y director del diario La Opinión, Cristian Verbel.

“Hay que trabajar con corresponsabilidad para poder garantizar la integridad informativa”, insistió en su turno Andrea Muñoz Gómez, comisionada de Contenidos Audiovisuales de la CRC de Colombia. Indicó que en estas elecciones se trabajó en “dar herramientas a ciudadanos, medios y partidos políticos para que sepan dónde están los datos, cuáles son los que se pueden usar, cuáles son las herramientas de denuncias y también recordarles cuestiones fundamentales, como el derecho de todos a recibir información veraz e imparcial”.

Para Muñoz Gómez, a mayor información confiable, mayor posibilidad de que los ciudadanos entiendan que una información no es veraz. “Estamos en presencia de nuevas tecnologías que permiten que la información menos precisa pueda ser privilegiada por el mismo algoritmo. “Contrarrestar la desinformación es misión de todos”, consideró.

Idayris Yolima Carrillo Pérez, procuradora delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, explicó el rol de la entidad que representa en las elecciones y recordó que, ante la identificación de “manipulación de información” de distintas fuentes, se puso en marcha en el país una “estrategia de paz electoral, para defender la premisa de elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, al tiempo que pregona que se respeten los resultados”.

En su turno, Camilo Mancera, asesor del despacho del Registrador y Coordinador del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hizo énfasis en cambios en la estrategia de la desinformación, la cual “también busca afectar la institucionalidad electoral con la circulación de noticias que en el proceso más reciente llegaban a decir que se podían suspender las elecciones”. Ante esta situación, se tomaron medidas para generar mayor confianza ciudadana, como la digitalización y publicación de actas electorales, para que “todos tengan fuentes oficiales que consultar en tiempo real”.

Gabriel Parra, gerente de Asuntos Públicos para la Zona Andina de TikTok, detalló que durante procesos electorales la plataforma intensifica estrategias como políticas para contrarrestar desinformación, acciones para acercar información confiable a la ciudadanía y darle más herramientas a usuarios para la detección de noticias falsas. Esto permitió, por ejemplo, un “muy buen resultado” en aspectos de información y debate en la plataforma durante las elecciones legislativas en Colombia.

TikTok utiliza herramientas de moderación automática y también humana, en particular para los casos que requieren mayor entendimiento local. “Bajo políticas propias de integridad, autenticidad y transparencia eliminamos de forma proactiva 99% del contenido que viola nuestras normas”, dijo el ejecutivo y añadió que trabajan de cerca para acercar información confiable a los usuarios y también verificar cuentas de instituciones públicas en tiempo de elecciones; además, no permiten publicidad política paga.

Así, los oradores coincidieron en que, incluso en un escenario cada vez más desafiante y atravesado por la transformación digital, garantizar la integridad de la información no es sólo una necesidad técnica, sino una condición indispensable para sostener la confianza ciudadana en los procesos electorales y, más aún, preservar la calidad democrática.

Cartagena. El Comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, Sadi Contreras Fuset, presentó una propuesta integral para modernizar la regulación del ecosistema digital alrededor de los contenidos, buscando su adaptación a la presencia de nuevos actores y asumiendo la importancia de protección a las audiencias. Aunque el marco regulatorio se enfoca principalmente en infraestructura, el funcionario consideró que no se puede relegar a un segundo plano la protección de las audiencias, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

En su presentación en el Colombia Digital Summit, Contreras identificó tres desafíos críticos que enfrenta la regulación digital actual. El primero es el desequilibrio regulatorio, mientras se continúa regulando la infraestructura digital (la “autopista”), se descuida el contenido que circula por ella (el “tránsito”). Esta situación genera amenazas particulares para las poblaciones más vulnerables, que carecen de protecciones adecuadas en el entorno digital.

El segundo reto es geopolítico. Cuatro bloques económicos globales —Estados Unidos, Europa, China y Rusia— marcan las tendencias tecnológicas, dejando a América Latina y África como receptores pasivos. Mientras Estados Unidos controla el 43% de la capacidad global de Centros de Datos, regular contenido implica también regular el poder económico, cultural y político a escala mundial.

El tercer desafío aborda el costo social. Según datos presentados por el funcionario, entre 2012 y 2025 se registraron 270,000 reportes por vulneración de derechos de menores de edad, con el 89% ocurriendo en entornos digitales. Además, alertó que el 72% de niños y adolescentes decide por sí mismo qué contenidos consumir.

“No es que las plataformas sean dañinas o que vuelvan a regularse de forma estricta como la TV. Lo que se dice es que si colaboramos, si somos corresponsables y asumimos objetivos de protección a población vulnerable, podemos construir un entorno seguro”, afirmó en su presentación.

La propuesta presentada por el comisionado se basa en cinco principios estructurales: reconocimiento del entorno digital como espacio que impacta directamente a los seres humanos; corregulación, donde las reglas se construyen colaborativamente en lugar de imponerse desde el Estado; corresponsabilidad entre todos los actores del ecosistema; alfabetización mediática e informacional desde edades tempranas; mínimos comunes para protección de audiencias a nivel regional; y medidas específicas, con autorregulación verificada por las autoridades.

Según Contreras, la desregulación solicitada por el sector de las telecomunicaciones no debe significar eliminar la protección a poblaciones vulnerables. Por el contrario, “debe existir una gobernanza y reglas claras. No se trata de intervenir, sino de construir con la sociedad civil, sus términos y condiciones (del entorno digital)”, aseguró.

El comisionado propuso establecer estándares mínimos regionales que incluyan protección efectiva de menores, transparencia algorítmica, verificación de contenidos en plataformas, restricción proporcional basada en riesgo diferenciado y autorregulación verificada.

Cartagena, Colombia. El conversatorio de ciberseguridad y fraude de Colombia Digital Summit 2026 dejó un mensaje claro: se requiere articulación, estrategias continuas y talento para contrarrestar los ataques, que seguirán creciendo en cantidad y sofisticación. La problemática no se resuelve sólo desde el punto de vista técnico y las soluciones deben contemplar el factor humano, responsable de más del 93% de los incidentes.

La problemática avanza conforme aumenta la interacción financiera de las personas en el ciberespacio. “Lo complejo del caso es que el desarrollo y la bancarización de las personas es una constante y es esa misma realidad la que hace que personas y empresas sean cada vez más propensas a los ataques”, inició el debate Pedro Romero, oficial de Ciberseguridad y Privacidad y experto en Transformación Digital de Huawei Colombia, quien actuó como moderador de la conversación.

“El fraude a escala global, solamente en temas financieros, fue de 442 billones de dólares en 2025, y la recuperación fue apenas del 0.25%. La cifra es monstruosa, pero hay algo peor: los atacantes utilizan sistemas y estrategias cada vez más sofisticadas”, indicó Javier Gutiérrez Afanador, comisionado de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC). Agregó como complejidad adicional la trazabilidad de ataques que suceden en el ciberespacio.

“Tenemos que compartir información, porque en caso contrario, los 135,000 casos que están en Fiscalía en el país no pasarán de denuncias. Necesitamos una sola entidad robusta que avance sobre este tema: el fraude es transversal y transnacional y la respuesta sigue siendo sectorial. El impacto no es sólo económico, también afecta aspectos como la confianza, que es fundamental en este terreno, y hasta la seguridad nacional”, añadió.

Por su parte, Francisco Espinosa, superintendente delegado para Riesgo operacional y Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera de Colombia, destacó avances regulatorios en el país e insistió en la necesidad de mayor cooperación: “Tenemos que articularnos, crear un hub de información para alertar a los diferentes sistemas y entidades. Estamos apoyando eso, en lo que estamos bastante tarde”, consideró para luego puntualizar que “60% de los incidentes que le ocurren a las instituciones vigiladas tienen origen en un tercero”.

Alejando Vera, de Asobancaria, hizo énfasis en que se avanzó rápidamente en la reducción de fraude físico, pero el digital presenta otras características que solamente pueden ser contrarrestadas con el compromiso de todos los actores involucrados: “El hecho de que podamos tener facilidad para tener una cuenta o hacer una transacción también favorece el trabajo para los delincuentes. Son 1.3 billones de pesos de pérdidas por fraude el último año, se multiplicó por seis en el último lustro. La proyección es que será de 4 billones de pesos en 2030. El desafío es grande”.

Christiams Valle, gerente de Desarrollo de Negocios Latam de The Campaign Registry, apuntó la necesidad de identificar a los jugadores. “No puede haber agentes sin identificar. La confianza digital es fundamental y está en riesgo”, dijo para luego dejar como mensaje que “hay que poner la tecnología al servicio del ciudadano”.

Al cierre, Alberto Roncallo, CEO de Q-Mission, advirtió sobre la inevitabilidad del fenómeno y la importancia de procedimientos internos innovadores, claros y dinámicos: “El fraude va a crecer. Hay que desarrollar capacidades reales de respuesta. La ciberseguridad no puede ser episódica, tiene que ser parte estructural de los sistemas y procesos”.

La formación de talento fue otro de los ejes del debate, atravesando todas las intervenciones como una condición necesaria para enfrentar este fenómeno. Desde la necesidad de construir “cibercultura” y fomentar el pensamiento crítico en los usuarios, hasta el desarrollo de capacidades técnicas dentro de las organizaciones, los especialistas coincidieron en que el factor humano sigue siendo el eslabón más vulnerable pero también la principal oportunidad de mejora inmediata.

Cartagena. En el marco de Colombia Digital Summit, evento organizado por DPL Group, reguladores de América Latina y Europa coincidieron en la necesidad de adoptar nuevos modelos de regulación inteligente, más dinámicos, basados en evidencia y orientados a la experiencia del usuario, en lugar de los enfoques tradicionales rígidos y basados en el castigo.

Cada uno de los panelistas delineó lo que para ellos significa la regulación inteligente, mencionando aspectos como la adopción de un enfoque que anticipa los cambios del mercado, que gestiona incentivos en lugar de imponer sanciones, y que reconoce las telecomunicaciones como servicios esenciales para el desarrollo.

Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, consideró que la regulación inteligente “busca soluciones y resuelve problemas a la ciudadanía”, evitando regular desde perspectivas tecnológicas específicas y aplicando principios de neutralidad. “La percepción del servicio por el usuario es lo más importante”, afirmó.

Los reguladores coincidieron en la importancia de cambiar el enfoque de la regulación moderna, desde la preferencia por medidas punitivas hacia la adopción de normas que incentiven la calidad y la inversión. Por ejemplo, señalaron que para mantener la calidad de los servicios, la principal herramienta debería ser la de empoderar a los usuarios con información.

Relacionado: Del modelo fragmentado a la regulación convergente ante la transformación digital: el cambio inevitable

Gonzalo Balseiro, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de Uruguay, planteó que el verdadero cambio consiste en “pasar de dictar reglas a gestionar incentivos”, promoviendo la calidad de experiencia mediante mecanismos como rankings públicos y mediciones de calidad real que empoderan a los consumidores.

Al respecto, Felipe Díaz Suaza, director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, enfatizó la necesidad de adoptar mediciones de calidad que funcionen como incentivos para que los agentes puedan mejorar y contribuir al cierre de brechas.

Johnny Marchán Peña, gerente General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Perú, coincidió en que su organismo ha actualizado el reglamento de calidad para transitar del régimen sancionador al informativo, donde “el régimen reputacional es lo que más juega”. Osiptel ha incorporado metas de mejora e indicadores referenciados, priorizando herramientas de monitoreo público sobre las sanciones económicas.

En ese sentido, Carlos Manuel Baigorri, presidente de Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en Brasil, subrayó que “la regulación inteligente es la que está basada en evidencias” y que opera bajo un régimen informativo que proporciona métricas para que los usuarios tomen decisiones informadas, en lugar de que el Estado dicte precios o niveles de calidad.

Cargas fiscales y barreras al despliegue

Aunque los reguladores reconocen no tener competencia directa en asuntos tributarios, coincidieron en la necesidad de influir técnicamente en estas discusiones. Díaz Suaza advirtió que “parece que todavía se tiene la idea de que las telecom son un bien de lujo, cuando son necesarios”.

Alertó, por ejemplo, que en Colombia los operadores se enfrentan a tarifas municipales de alumbrado público que pueden variar hasta 30 veces entre localidades, lo desincentiva el despliegue de infraestructura, pese a los esfuerzos por derribar barreras municipales.

Baigorri reconoció que Brasil representa “una pésima referencia” con cinco impuestos específicos al sector, herencia de la época estatal. En contraste, Balseiro presumió que Uruguay considera las telecomunicaciones un sector clave para el desarrollo, sin impuestos excesivos más allá de los costos de espectro.

Hacia una gobernanza digital equilibrada

Los panelistas coincidieron en que la convergencia tecnológica exige una evolución regulatoria. García Castillejo abogó por organismos que regulen el conjunto de las comunicaciones desde una “perspectiva de 360 grados”, mientras que Díaz Suaza enfatizó que “la infraestructura es la espina dorsal de la economía digital” y requiere articular el ecosistema completo para el bienestar general.

“No se trata de telecomunizar las plataformas de Internet o trasladar cargas de un sector a otro”, aclaró Díaz, “sino de reconocer las asimetrías y articular el ecosistema para que contribuya al bienestar general”.