Se terminó el DNU 690 en Argentina y la industria lo celebra. Quedó sin efecto, mil 328 días después, el decreto por el que, con la pandemia como contexto, se convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y se dispuso que el regulador Enacom fuera responsable de autorizar aumentos máximos; también se dispusieron planes básicos universales. Aunque los amparos en contra lo dejaron sin efecto (o casi) en la práctica, el sector lo observa como signo de una nueva era de reglas claras.

“El decreto promulgado por el gobierno anterior representa un ejemplo más de intervenciones injustificadas que distorsionan las reglas de juego, con un impacto negativo sobre las empresas, que desde entonces tenían que acudir a la Justicia para poder actualizar sus precios. Esta restricción ha tenido efectos devastadores en el sector, socavando la certeza jurídica para los inversores y obstaculizando el desarrollo de nuevos y mejores servicios para las personas y empresas”, manifestó el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

Una “buena noticia”

“Es un tema en el que hay consenso: no debería seguir existiendo”, dijo el presidente del regulador, Juan Martín Ozores, sobre el DNU 690, en el marco del MWC 2024. No se equivocaba. Consultados por DPL News, los actores coincidieron en que la decisión de las últimas horas es “una buena noticia” y puede ser el primer paso para un sector financieramente saludable para sus integrantes, con certidumbre jurídica que se traduzca en beneficios directos para los usuarios de distintos servicios.

“Es una noticia muy esperada por todo el sector. La norma no sólo tuvo un impacto negativo por su contenido, contrario a la libre competencia y la certidumbre jurídica, sino también por su forma. Fue una medida repentina, implementada sin conversaciones previas con la industria. Esperamos que esta decisión marque el camino hacia una política de Estado basada en el diálogo y el trabajo conjunto entre sector público y privado. La conectividad móvil es un aliado clave para la recuperación económica del país. Se necesitan medidas que aporten previsibilidad a largo plazo, incentivos a las inversiones y una mirada integral sobre la brecha digital”, indicó a este medio Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA.

Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet, sostuvo que se trata de “una medida positiva para el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Esta es una industria dinámica, innovadora y en amplia competencia que requiere de un marco normativo y una regulación inteligente que promueva la inversión para el despliegue de redes de cara a promover la extensión del acceso y el uso productivo. En los últimos años, los operadores han trabajado en un contexto de caída de los ingresos (con el menor Ebitda de la región), incertidumbre regulatoria, altas tasas impositivas y dificultades para importar equipos o instalar infraestructura. La libertad de precios en nuestro sector es la norma a nivel internacional, con lo que esperamos que ésta sea la primera decisión de muchas para eliminar la sobre intervención que perjudica el desarrollo de una industria base para la transformación digital. La mejora regulatoria es indispensable para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad financiera que tiene este sector y maximizar las oportunidades que representa para el crecimiento económico del país”.

El operador Claro consideró que se trata de una decisión correcta. “El DNU se encontraba en la práctica inaplicable por múltiples acciones judiciales, pero era necesaria su derogación para posibilitar así un nuevo marco de reglas que alienten el desarrollo de inversiones y mejoras de servicios de conectividad en el país. Las acciones que se están llevando adelante para la estabilización de la macroeconomía es la otra contribución indispensable para potenciar la industria de las comunicaciones en plena competencia”, agregó.

“Se pone punto final a uno de los obstáculos más severos que sufrió la industria en los últimos cuatro años. El gobierno ha dado un primer paso para el crecimiento y desarrollo del sector que redundará en inversiones en beneficio de los clientes. Confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas”, señalaron desde Movistar.

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El presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, consideró que es una medida para festejar: “Nos saca de una situación de incomodidad que tenía toda la industria. Si bien había varias cautelares y procesos que estaban liberando la situación de los precios, define claramente que solamente el servicio básico telefónico es servicio público y los demás dejan de serlo, algo que habíamos solicitado desde la Cámara. Entendemos que esto va a dinamizar más a la industria y permitirá un panorama mejor y con mayor libertad. No creo que los precios aumenten porque la competencia efectiva está en casi todas las localidades del país”.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), señaló: “El congelamiento de tarifas le hizo mucho daño especialmente a las cooperativas, pequeños operadores que en definitiva sin medidas cautelares fuimos los que terminamos cumpliendo con ese esquema que pulverizó los balances de muchas organizaciones. Esto sólo está compensado por lo valioso que se ha transformado la conectividad, y en el caso de Catel, la incorporación de la movilidad a través de imowi, que hoy nos coloca en igualdad para poder competir. Como en otras tantas crisis, nunca dejamos de hacer, de evolucionar sin especular con la coyuntura presente y futura. Estamos convencidos de que podemos liderar en el mundo TIC”.

En su turno, Franco Cecchini, de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes (Catip), consideró que “el DNU fue un error conceptual grave y dictado por autoridades sin conocimiento del segmento y sin ninguna interacción con quienes hacemos las comunicaciones. No logró ningún efecto positivo, sí enormes gastos y efectos negativos para el segmento TIC y toda la población Argentina”.

“Muy positivo para la Argentina la derogación del nefasto 690 mediante el que se pretendió controlar los precios de los servicios de cable, Internet y móvil. Esto, sin duda, generará mayores inversiones y más conectividad para todos”, dijo en su cuenta de X el exdirector del Enacom, Agustín Garzón. La noticia tuvo mucho impacto y repercusiones en redes sociales y medios locales generalistas.

También hubo quienes defendieron la medida. Tal es el caso de Gonzalo Quilodrán, exdirectivo del regulador durante la aplicación del decreto: “El DNU buscó no sólo regular precios, sino principalmente garantizar la conectividad a los sectores más postergados de la sociedad, con proyectos alternativos que permitieron conectar la ruralidad y llegar a localidades de menos de 30 mil habitantes en todo el país”, expresó.

Por su parte, desde el regulador, hoy en proceso de intervención, agregaron a DPL News que “el sector de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país”.

Precios

Enacom manifestó que “no espera una suba en los valores de estos servicios con la derogación del decreto, ya que con las medidas cautelares que las empresas fueron logrando en la justicia pudieron actualizar los precios”. Este ítem es clave teniendo en cuenta el dramático aumento de precios de servicios esenciales como las obras sociales a partir de movimientos regulatorios de la actual administración. ¿Ocurrirá lo mismo con las comunicaciones?

Los valores esgrimidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dan razones al regulador en este punto: los precios de comunicaciones aumentaron 283.8 por ciento en los últimos 12 meses registrados, algunos puntos por encima de la inflación general (276.2%) informada oficialmente. Algo más: en los últimos seis meses, el sector fue el que más aumentó entre las 12 divisiones que hacen al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En otras palabras, los precios de comunicaciones ya han aumentado en los últimos meses, aun con el DNU en plena vigencia.

Nuevo proyecto “Omnibus”

Tras el traspié en el primer intento, el gobierno volvió a la carga con un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que será revisado por el Congreso. Como novedad para el sector, el nuevo texto no incluye a la estatal de telecomunicaciones Arsat entre las empresas susceptibles de ser privatizadas.

Sí se mantienen otros puntos con impacto en el sector, como la generación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la facultad al Ejecutivo de modificar, transformar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, lo que podría redundar en cambios en los Fondos de Servicio Universal.
En sus primeros meses en el gobierno, Javier Milei anunció la desregulación de los servicios de Internet satelital, lo que luego trajo la llegada de Starlink al país, y anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de importaciones, una medida que también fue celebrada por la industria. El organigrama de decisiones aún se está configurando pero plantea facultades sobre el sector divididas en distintas dependencias y nombres.

Aunque los servicios de telefonía e Internet también tienen un carácter público, el reciente anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre tomar el control de los servicios públicos no afectará al sector de las telecomunicaciones.

Desde la Ley 1341 de 2009, por la cual se define el marco normativo de las TIC, se impide al gobierno intervenir en las funciones de regulación de los servicios de telecomunicaciones, responsabilidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), o en la fijación de sus tarifas.

Cristhian Lizcano Ortiz, exdirector ejecutivo de la CRC, explica que dicha ley otorga facultades propias a la CRC, mientras que los reguladores de otros sectores como el gas y el agua tienen facultades delegadas por el Ejecutivo.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las funciones que hasta ahora han cumplido fueron delegadas por el Ejecutivo desde 1994.

Petro argumentó que su medida tiene bases en el artículo 370 de la Constitución y en el artículo 68 de la Ley 142, los cuales establecen que corresponde al presidente señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. 

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Aunque opina que la intervención tarifaria, en lugar de la regulación técnica, no es conveniente en cualquier mercado, Lizcano Ortiz señala que la ley colombiana sí permite al mandatario reclamar esas funciones en los servicios públicos domiciliarios.

Sin embargo, aunque fuera la intención, el marco legal imposibilita que pueda hacer lo mismo en el sector de telecomunicaciones, puesto que la Ley 1341 (luego modificada por la Ley de Modernización TIC de 2019) sacó a estos servicios del régimen de servicios públicos domiciliarios ―aquellos que llegan hasta la casa de la ciudadanía.

Una conexión a Internet o de telefonía también llega a los domicilios de los usuarios, pero su naturaleza es distinta porque, a diferencia de la luz o el agua, las personas no sólo acceden a un recurso sino que también son capaces de enviar información y contenidos, puntualiza el ahora consultor TIC.

Las telecomunicaciones “tienen un regulador con funciones que le asigna la ley, no con funciones delegadas por el presidente, y tienen un marco legal distinto al de los servicios públicos domiciliarios (…) Su regulador no tiene facultades delegadas sino facultades propias”, afirma.

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En 2021, el gobierno del entonces presidente Iván Duque emitió una ley que reconoce el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal. Christian Lízcano comenta que dicha ley le dio a Internet una connotación constitucional, pero no planteó ningún cambio en cuanto a su condición de no domiciliado ni a las facultades de la CRC.

Tras el anuncio del mandatario colombiano, se prendieron las alarmas del sector privado. La industria y especialistas han advertido que la medida sería inadecuada, y generaría afectaciones a la institucionalidad, a las empresas y a la prestación continua de los servicios.

Gustavo Petro aún no ha detallado en qué consistirá su intervención “temporal” en los servicios públicos domiciliarios. Pero sí ha expresado que su interés es el de estabilizar el alza de las tarifas en un contexto de creciente inflación. Cualquiera que sea el caso, Christian Lizcano descarta que esto se extienda a las telecomunicaciones.

En este sector, rige la libertad tarifaria y el órgano regulador sólo puede intervenir ante fallas de mercado. Aunque el gobierno quisiera controlar los precios de los servicios de telecomunicaciones, como sucedió en Argentina recientemente, “jurídicamente no puede”, y para hacerlo tendría que cambiar la ley.

Telecom Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 por la que se decidió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar que le fue otorgada contra el decreto 690 por otros seis meses. La decisión es otro revés para el gobierno, que hace pocas semanas recibió la negativa a su pedido de revisión de la prórroga que le fue concedida a Telefónica.

La semana pasada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se había mostrado en contra de una decisión de la Corte Suprema que atañe al caso: “La CSJN habilitó que el exempleado de Clarín, Roenkrantz, decida si los argentinos tenemos derecho a un servicio de Internet de calidad y a precio justo como estableció el presidente. Esta Corte no sólo tiene doble vara para aplicar la ley; también está de los dos lados del mostrador”, disparó en su cuenta de Twitter.

A pesar de lo dicho por las partes, que se muestran abiertamente al diálogo, el tema sigue en la Justicia. El DNU está vigente hace casi 26 meses y desde entonces su vigencia ha motivado a las empresas a reclamar por considerarla inconstitucional. La realidad del mercado es que buena parte de los prestadores goza de libertad tarifaria, aunque el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sigue, cada tanto, autorizando aumentos para quienes hayan cumplido al pie sus resoluciones previas.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) fijará los topes tarifarios por reconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones, incluidos la telefonía móvil, fija, cable e Internet en Perú. 

Esto tras la promulgación de la Ley No. 31487 por parte del Ejecutivo, publicada este jueves 2 de junio en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, que previamente había sido aprobada por el Congreso de la República.

La reforma incorpora el artículo 39 en la Ley 27336, del Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, sobre la Fijación de tarifas tope:

“El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) fija los topes tarifarios en aquellas tarifas establecidas por las entidades supervisadas por concepto de reconexión del servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso.

La regulación y fijación de las tarifas tope a que se refiere el primer párrafo se efectúan con base en los costos y en el marco de la Ley 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas”. 

La reforma también adecúa lo establecido en la ley al Reglamento General del Osiptel y establece las sanciones que conlleva su incumplimiento.

Sin embargo; algunas asociaciones gremiales han advertido que esta normativa aprobada por el Congreso atenta contra el esquema de regulación del país e implicaría un “peligroso control de precios” por reconexión de servicios de telecomunicaciones.

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Antecedentes

La congresista Lady Carmones Soriano, de Alianza para el Progreso (APP),  presentó el proyecto de Ley No. 893-2021/CR, para otorgarle al regulador la capacidad de fijar los cargos de reconexión tope de los servicios de telecomunicaciones.

El dictamen fue aprobado de forma unánime en la Comisión de Defensa del Consumidor, presidido por el congresista José Luna Gálvez, del partido Podemos Perú (PP), el pasado 1 de marzo.

En la sustentación del dictamen, Luna Gálvez resaltó que la tarifa por reconexión no estaba regulada de forma homogénea en Perú y, por ende, oscilaba entre los 10 y los 30 soles.

Mientras que la congresista Isabel Cortez Aguirre indicó que quienes más se beneficiarán con esta reforma legislativa son los sectores más pobres, pues son quienes más tienden a retrasarse en los pagos y requerir la reconexión.

Voces discordantes: gremio advierte control de precios

Por otro lado, analistas y asociaciones gremiales se han manifestado en contra de la ley, por considerarla perjudicial para la industria.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación y rechazo a la ley por considerar que “invade las funciones del Osiptel”, “viola el fundamento de regulación que señala que el Estado sólo puede intervenir cuando existe una falla en el mercado” y  se trataría de un “peligroso control de precios”.

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Al respecto, el Director Ejecutivo de DN Consultores, Carlos Huamán, comentó al diario Correo que es innecesaria una norma para poner tope al cargo de reconexión, ya que existe una tendencia de reducción de precios en todos los servicios de telecomunicaciones, lo que demuestra que existe una gran competencia que no requiere la regulación.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó nuevos incrementos para la prestación de servicios TIC en Argentina en una nueva resolución que se desprende del DNU 690, que tiene más de un año y medio de vigencia en el país. La decisión, que ya se esperaba, contempla los mismos valores para todos los operadores, independientemente de su tamaño o servicio que prestan.

Los licenciatarios móviles, de Internet, telefonía fija y TV de paga podrán, entonces, aplicar un incremento de 9.5 por ciento a contar desde el primero de mayo, y de otro 9.5 por ciento sobre el valor resultante desde el primero de junio. En el caso de móviles prepagos también se dictaron valores máximos para recargas de 50 MB, segundos de voz y mensajes de texto, tal como ocurrió en resoluciones previas.

Como siempre, el regulador dejó claro que los incrementos están autorizados sólo tomando como referencia lo que permitió hasta el momento el decreto que hizo de las TIC servicios públicos y esenciales. Por lo tanto, “cualquier incremento (…) que supere lo expresamente autorizado deberá ser reintegrado a los usuarios en la próxima factura a emitir, como actualización e intereses”.

A pesar de la idea expresa del gobierno de “desjudicializar” el conflicto con los operadores, buena parte de la industria goza de libertad tarifaria a partir de decisiones judiciales a su favor en la disputa por la constitucionalidad del decreto 690, por el que también se obliga a los prestadores a ofrecer planes mínimos a precios preestablecidos. Esa intención de diálogo es encabezado desde el gobierno por el Vicejefe de Gabinete y Secretario de Coordinación Presupuestaria y Planificación de Desarrollo, Jorge Neme.

En paralelo, Telecom Argentina, una de las firmas que protagonizó rounds más directos con el gobierno por el tema, anunció que la justicia le dio luz verde para mantener por seis meses más su amparo contra el decreto, por lo que mantendrá por ese plazo la libertad de precios que también corre para otros competidores. Así lo informó la compañía en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

¡Excelente lunes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, comienza la semana leyendo las noticias más importantes sobre el ecosistema digital de América Latina. Aquí te las presentamos:

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El gobierno llamó a “desjudicializar” el sector, en referencia a las cautelares obtenidas por algunas empresas en contra del decreto 690. El decreto, por el que se pasó a considerar a las TIC servicios públicos esenciales, lleva hoy 517 días de vigencia y su consecuencia central es un control de precios.

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El gobierno llamó a “desjudicializar” el sector, en referencia a las cautelares obtenidas por algunas empresas en contra del decreto 690. “Tenemos que buscar acuerdos para garantizar la regulación de un servicio básico para los argentinos y también dejar el espacio necesario para que las compañías tengan previsibilidad para avanzar con sus inversiones”, dijo el vicejefe de Gabinete local, Jorge Neme.

El decreto, por el que se pasó a considerar a las TIC servicios públicos esenciales, lleva hoy 517 días de vigencia -la resolución se publicó en agosto de 2020- y su consecuencia central es un control de precios que es eje de constantes quejas por parte de los operadores. La falta de consenso llevó a que algunos de ellos, como Telecom y Telefónica, acudan a la justicia y obtengan cautelares a su favor, lo que se tradujo en que puedan decidir su estrategia comercial.

La cuestión superó las fronteras del sector y hasta hubo palabras del presidente, Alberto Fernández, defendiendo la medida y atacando a las empresas que judicializaron el tema. También, el oficialismo presentó algunos proyectos para convertir el DNU en ley y así asegurar su cumplimiento. En el medio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) llevó a la Corte la decisión judicial que le dio libertad de precios a Telecom.

Lo cierto es que tras casi dos años de polémicas, el gobierno ahora apuesta al diálogo: “Ya hubo intercambios con algunos operadores y se va a continuar en el mismo camino en los próximos días”, indicó Neme, quien señaló a las pymes y cooperativas como una parte relevante de la discusión en el marco del lanzamiento de Imowi. Agregó que “que el sector esté normalizado permitirá un proceso claro hacia 5G”.

Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial hasta hoy, está es la radiografía del control de precios en Argentina.

La industria argentina pide a gritos cambios en la normativa vigente que se traduzcan en reglas a favor de las inversiones en materia de telecomunicaciones. El DNU 690 y sus consecuencias fueron exactamente lo contrario a lo pedido por las empresas, y su continuidad en el tiempo genera a cada momento nuevas batallas entre las compañías y las autoridades. En las últimas horas fue Colsecor, que integra cooperativas locales, la que se quejó de los recientes movimientos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La semana pasada se emitió una resolución por la que se autorizó un aumento de 9.8 por ciento para los prestadores de servicios de Internet, TV y telefonía fija que cuenten con hasta 100 mil accesos. Para Colsecor, la decisión no resulta suficiente y, peor aún, “no concuerda” con lo dialogado con las autoridades. El aumento iba a ser de 10 por ciento y retroactivo a diciembre, indicaron, y “eso no fue lo formalizado” en la resolución 2187.

“Seguiremos expresando con firmeza la importancia de conformar una agenda de trabajo en vista de generar certezas que nos permitan la sostenibilidad de nuestros servicios”, indicó la entidad, que integra prestadoras que dan servicios a 270 comunidades en 21 provincias de Argentina. Además, dejaron claro que a esta reglamentación están sujetos todos aquellos que no fueron a la justicia a pedir libertad de precios –como lo hicieron Telecom, Telefónica, DirecTV y ATVC, entre otros– en un claro pedido de respuestas al regulador por sus acciones.

Desde que entró en vigencia el DNU 690, los pequeños prestadores que no judicializaron aumentaron sus precios amparados por la normativa vigente en cinco oportunidades, en un contexto de inflación anual superior al 50 por ciento. Al 9.8 por ciento autorizado la semana pasada, se suma un máximo de 8 por ciento en enero, hasta 7.5 por ciento en febrero, hasta 7.5 por ciento en marzo y 5 por ciento retroactivo a julio, todo en 2021.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 prorrogó la vigencia de la medida cautelar otorgada a Telecom Argentina por el que se frenan para la empresa los efectos del Decreto 690, que declaró servicios públicos a las TIC y por el que se aplicó control de precios a los prestadores de esos servicios.

El caso es icónico del conflicto entre las autoridades regulatorias y las empresas del sector por la aplicación de la norma, a la que los proveedores tildaron de equivocada y con impacto opuesto a la idea de universalización. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), de hecho, había intentado que se revisara el recurso de Telecom, pero su solicitud fue rechazada.

El caso de Telecom Argentina se suma al de otros proveedores que lograron frenar los efectos de la normativa al considerarla inconstitucional y capaz de hacer peligrar la sustentabilidad de la industria. La Justicia, por ejemplo, ya falló a favor de Catrie Televisora Color y TV Cable Color. También lograron luz verde en su queja Telecentro y DirecTV.

La competencia es un factor clave en la idea de universalización y, en ese contexto, controlar los precios de telecomunicaciones no parece una opción conveniente para solucionar problemas de conectividad, coincidieron los oradores durante un panel de las Jornadas ATVC. Tras las palabras de inauguración, fue momento de revisar qué ocurre en otras latitudes para evaluar la situación de Argentina.

“El avance que ha tenido la regulación no fue de la mano con el tecnológico. Ha intentado seguir la velocidad, pero siempre la tecnología le gana. Hay reguladores que están preocupados por los servicios tradicionales cuando ya son otros los que marcan la pauta”, inició el debate Manuel Cipriano, consultor sectorial con pasado en el Osiptel y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

El panel fue conducido por Paula Bertolini, directora de la Agencia DPL News, quien invitó a los oradores a analizar qué ocurre en otros países de la región. “Brasil y Chile en general no imponen regulación (a los precios). Perú solo aplica asimetría a Telefónica, y México a América Móvil. El caso más similar a Argentina es Ecuador, con una prestación básica, pero destinada a un nicho más específico”, indicó Javier Morales, de Cullen International.

“En Argentina, la prestación básica universal (PBU) son planes un 20 por ciento más económicos que los comerciales y benefician a un alto sector de la población”, amplió el ejecutivo, en referencia al alcance de una de las reglamentaciones del DNU 690, que en boca de la industria no ha tenido mayor uso por parte de la población. En general, el servicio de TV de paga no es alcanzado por medidas de este tipo, agregó como otra diferencia local respecto de lo habitual en la región.

“El control de precios no es el camino correcto. El mercado local no justifica una sobrerregulación y falta análisis del impacto que trajo consigo la medida. La necesidad de actualizar responde a una cuestión macroeconómica y está sobre la mesa que no es un capricho de los operadores”, afirmó Laura Botero, directora Regional para la Comunidad Andina de Asiet.

Por su parte, Alexia González, de la OCDE, inició un largo camino de recomendaciones que es visto como buena práctica en materia de conectividad, entre las que destacó planes nacionales de banda ancha, obligaciones de cobertura en los procesos de asignación de espectro, asociación público-privada y foco también en la demanda con, por ejemplo, subvenciones para el acceso.

“La ampliación de los servicios en una tarea conjunta del Estado y los operadores, además de otros actores”, añadió Botero, quien mencionó la ley colombiana por la que se declaró a Internet como servicio público como buena noticia por sus objetivos y alcance, entre ellos la incorporación de subsidios para sitios rurales y el concepto de silencio administrativo.

Luego, los oradores agregaron otros focos entre los que deben atender las políticas públicas para lograr los objetivos planteados: menos tasas tributarias, simplificación normativa y análisis exhaustivo de las consecuencias directas e indirectas de una nueva regulación. Todo esto sí, control de precios no, fue el claro mensaje que dejó el panel a las autoridades nacionales. ¿Tomarán nota?