El Peruano

Desde su uso obligatorio al cierre del mes de abril de 2022, las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones emitieron un total de 4078 contratos cortos en lenguas originarias, según reportaron al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

En el Día de las Lenguas Originarias del Perú, que se celebra el 27 de mayo de cada año, el ente regulador informó que las empresas operadoras Claro, Bitel y Entel suscribieron en conjunto 2552 contratos en quechua, principalmente en Lima (37.5 %), Cusco (10.6 %), Arequipa (10.9 %), Ica (5.6%) y Huancavelica (5.2 %). Movistar indicó que no emitió ningún contrato a la fecha.

En total, el 99.2 % de los contratos celebrados en quechua por estas empresas fue solicitado para servicios móviles, mientras que un porcentaje menor correspondió a servicios de telefonía fija, televisión de paga o servicios empaquetados.

Desde agosto de 2021, las empresas operadoras están obligadas a suscribir y entregar contratos en quechua a solicitud del usuario. 

Contratos en aimara, asháninka y shipibo-konibo

De enero a abril de 2022, se suscribieron 1526 contratos cortos en aimara, ashaninka y shipibo-konibo, destinados en su totalidad a la contratación de servicios móviles. 

La empresa Bitel emitió 412 contratos cortos en aimara, 488 en ashaninka y 618 en shipibo-konibo. Mientras que Claro proporcionó 8 contratos en ashaninka y shipibo-konibo. 

Los contratos cortos fueron establecidos por el OSIPTEL para facilitar la comprensión de estos documentos a los usuarios, muchas veces engorrosos, pero ahora con un lenguaje sencillo y amigable, de fácil lectura y en lengua materna u originaria.   

Cada contrato está acompañado de una cartilla informativa sobre los derechos de los usuarios, en castellano y en lenguas originarias, para que los ciudadanos de cualquier parte de nuestro país puedan conocerlos y ejercerlos cuando lo requieran. 

Hoy Mayelín Acosta Guzmán

El Gobierno dominicano logró renegociar los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, como resultado de lo cual recibirá un pago de unos US$100 millones, de los cuales se han entregado ya US$27 millones, y en adición, las empresas han asumido el compromiso de llevar la conectividad a áreas en las cuales no hay acceso.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo, destacó que las prestadoras dentro del nuevo contrato se comprometen a llevar servicio de telecomunicaciones a comunidades no servidas.

Expuso que los recursos que recibirá el Estado serán en partidas, ya los primeros US$27 millones se recibieron el mes pasado y al final serán US$100 millones.

Explicó que estos contratos estaban pendientes hace 20 años, pues la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 mandaba que en 1999 fueran renegociados estos contratos.

Red 5G

Arroyo expresó que el año pasado el Indotel licitó los servicios de banda ancha inalámbrica de última generación (5G), que va a generar mejor conectividad y a la vez generar ingresos para el Estado.

Dijo que ya hay dos prestadores que tienen la autorización para desplegar redes de 5G en diversos puntos del país. Y una de las prestadoras ya lo tiene en 27 sectores del Distrito Nacional y otra ya lo inició en la Ciudad Colonial y se irá extendiendo.

“La meta es que en cuatro o cinco años se llegue a la mayor cantidad de áreas, porque es un proceso que va despacio. Esto va a mejorar la competitividad entre las empresas, mayor velocidad de Internet”, destacó. Reveló que desde ya se están preparando para la red 6G.

Programas para personas de escasos recursos

Además expresó que llevan a cabo un programa para conectar a los no conectados con una inversión de RD$150 millones para llevar el servicio a 17 pequeñas comunidades, para que tengan el servicio de Internet.

También implementan un plan de desarrollo digital, que en un primer plan piloto están entregando un aparato celular a 2,200 mujeres de entre 20 y 60 años, madres solteras que no tengan oportunidad y les será financiado por dos años el servicio de Internet y serán capacitadas sobre su uso y las herramientas disponibles para hacer negocio por Internet.

Las beneficiarias deben estar en el programa Supérate, es decir entre los quintiles más bajos de la población.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel explicó que estos programas se desarrollan junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión total de US$115 millones, con miras de mejorar la conectividad para acelerar el acceso, la adopción y la continuidad de servicios digitales.

Tiene tres componentes: ampliar las redes alámbricas de acceso a Internet, expandiendo la Red Nacional de Fibra Óptica (RNFO), y garantizar así la disponibilidad de conectividad internacional; realizar la transición de televisión análoga a digital (de US$30 millones), y capacitar a la ciudadanía en el uso productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Perú 21

Las cuatro principales empresas operadoras del mercado emitieron más de 2.1 millones de contratos cortos para la prestación de servicios fijos y móviles en septiembre, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El empleo de estos contratos cortos representó el 98% del total de contrataciones (2′251.024) anotada ese mes, un nuevo máximo desde su implementación obligatoria establecida en abril del presente año. De esta forma, nueve de cada diez contratos de servicios de telecomunicaciones utilizados correspondieron a un contrato corto.

Las empresas operadoras Entel, Bitel y Claro declararon su uso extendido. Así, Entel entregó 788,813 contratos cortos a sus abonados, tanto en servicios móviles (784,453 contratos cortos) y servicios fijos (4,360 contratos cortos).

Por su parte, Bitel proporcionó 581,377 contratos cortos en el mismo periodo para servicios móviles, mientras que Claro alcanzó 239,059 contratos cortos para servicios móviles (224,371 contratos cortos) y servicios fijos (14,688 contratos cortos). En paralelo, Movistar señaló que en 589,091 contrataciones se usó un contrato corto, equivalente al 92% del total de 641,775 contratos suscritos en todos sus servicios.

Desde su uso obligatorio, las empresas operadoras han emitido más de 12 millones de contratos cortos para la prestación de servicios como telefonía fija, móvil, televisión de paga, Internet, sean brindados de forma individual o empaquetada (en dúos o tríos, por ejemplo).

Con ello, cada vez más usuarios han accedido a información sencilla, clara y esencial, concentrada en pocas páginas, sobre sus servicios fijos y móviles. Además, cada contrato corto está acompañado de una cartilla informativa sobre los principales derechos como usuarios.

A fines de agosto, tras culminar la supervisión de las medidas cautelares impuestas a las operadoras Telefónica y Entel para que adecúen su conducta y empleen los contratos tipo aprobados, el organismo regulador inició los procedimientos administrativos sancionadores a ambas empresas, al verificar que incumplieron dichas medidas.

¿Qué sucede si la empresa no entrega contratos cortos?

Aquellos abonados que no reciban un contrato corto ante la adquisición de su servicio tienen el derecho a iniciar un procedimiento de reclamo por incumplimiento de los derechos reconocidos en la normativa sobre usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, indicó Osiptel.

Así, la empresa operadora tiene un plazo de hasta 25 días hábiles (incluye cinco días hábiles de notificación) para resolver el problema. Al finalizar este tiempo, el usuario debe recibir un documento físico o digital con la solución por parte de la empresa.

De no estar conforme, el abonado puede interponer un recurso de apelación, que debe ser resuelto por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (Trasu) del Osiptel, que es la última instancia administrativa para la solución de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

En noviembre del 2018 una noticia acaparó titulares por lo inusual: el MTC denegó a Telefónica la renovación de uno de sus contratos de concesión debido a la cantidad de sanciones y multas acumuladas. El operador pudo seguir brindando servicios porque tenía otros contratos vigentes, pero se generó un ánimo de zozobra en todo el sector que se tradujo en un pedido de cambio de las reglas por parte del resto de jugadores.

Un año después, el MTC ha publicado para comentarios tres proyectos de normas (decretos supremos) que modifican las reglas del juego en el mercado. Entre las propuestas se incluyen dos temas particularmente sensibles: uno que propone como obligatorio el compartir infraestructura y otro que cambia la fórmula aplicada para evaluar las renovaciones de contratos de concesión.

Este decreto busca zanjar un largo debate que venía sosteniendo la industria con el Gobierno sobre cómo hacer el cálculo de las penalidades e incluye la posibilidad de “canjear” puntos a favor cuando se invierte más de lo pactado en el contrato, comenta Gonzalo Ruiz Díaz, ex presidente del Osiptel.

Lo que se ha propuesto ahora es ajustar y simplificar la metodología vigente, pero sin variarla, aclaran desde el Osiptel. Para el regulador es positivo dar un paso para dejar atrás procedimientos engorrosos y ofrecer alternativas más sencillas y simples.

La propuesta fue recibida como una señal positiva, pero insuficiente, porque se mantiene el estilo “penalizador”, opina Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de la asociación GSMA.

“Los mecanismos de renovación deben ser instrumentos para lograr el fin público de expandir las telecomunicaciones y no afectar la sostenibilidad de los planes a largo plazo de las empresas en el país”, recalca Gallitto.

Si el Gobierno quiere impulsar el despliegue de infraestructura que se necesita para el 5G no debería mantener el método antiguo de reducir en forma desproporcionada los años de renovación de contratos por multas, porque eso genera incertidumbre en la planeación de las inversiones, añade el consultor Alejandro Jiménez, ex gerente del Osiptel.

El sector, agrega, está atravesando por una situación financiera muy crítica que incluso ha llevado a operadores de la talla de Telefónica a replantear sus estrategias en el país. Lo que se necesita es el máximo de estabilidad jurídica, no lo contrario, recalca.

“En mi opinión debería evaluarse la modificación integral del procedimiento y la metodología y no solo la fórmula”, añade Manuel Cipriano, ex director del Osiptel.

La propuesta aun tiene todas las obligaciones de los operadores en un mismo nivel de importancia, cuando deberían darse más relevancia a lo que está ligado a la calidad o continuidad del servicio, refiere Cipriano.

El principio de una multa es que sea correctiva y eso no está sucediendo, agrega Jiménez. En el caso de Telefónica, lo que se logró es generar un clima de inestabilidad ante el temor de que se repita una no renovación en los otros contratos de los otros operadores.

“Lo que debería hacer el MTC es imponer compromisos de inversión para reducir la brecha de conectividad. En todo caso imponer multas fuertes cuando la falta lo amerite, pero no a costa del tiempo de concesión”, recomienda Jiménez.

Las inversiones en infraestructura que demandará el despliegue de la tecnología 5G serán diez veces superiores a las de otras tecnologías. Tener acuerdos para compartirla permitirá sobrellevar los altos costos por asumirse.

EL OTRO GRAN RETO

El volumen de inversión sin precedentes que exige montar la red para ofrecer los servicios 5G requieren de un alto nivel de coordinación público-privada para definir prioridades y dar las facilidades adecuadas, advierte Carlos Huamán, director de DN Consultores.

Es positivo, añade, el giro drástico que se da a la gestión del espectro, pues se establece que los nuevos contratos de concesión del mismo se hagan dando énfasis a la expansión de cobertura del servicio y ya no se priorice la recaudación, como ha ocurrido hasta ahora.

También considera positivo que haya intensión de promover la compartición de infraestructura, es decir, que el titular del recurso lo comparta con otros. Sin embargo, en un entorno en competencia esto no debe imponerse sino facilitarse, más aun cuando hay una brecha por cubrir enorme, agrega Jiménez.

La compartición de espectro o antenas es algo que beneficia a los operadores, pero que recomiendan no sea una obligación impuesta por el Gobierno.

“Hoy estamos en tiempo de incentivar las inversiones, que se están escapando del continente. No espantarlas. Usar esquemas llenos de obligaciones no es de ayuda”, advierte Diego Molano, ex ministro de Tecnologías (TIC) de Colombia, quien participó en un foro de la Universidad Continental. En su país, destaca, se está optando por incluir la compartición como una regla para nuevas licitaciones de espectro, pero no como algo obligatorio.

La tendencia internacional es que esta surja por consentimiento mutuo de los operadores con una mínima intervención de las autoridades de regulación, añade José Otero, VP de la asociación 5G Américas. En la región ya se da de alguna u otra forma, pero en escala muy pequeña y sin imposiciones, añade, tal como ya hicieron Movistar y Entel este año.

Lo ideal sería, agrega Ruiz Díaz, que esto sea regulado en una sola norma en donde se tenga al regulador como una “segunda instancia” frente al desacuerdo entre operadores, para protegerlos de posibles abusos, pero respetando la libertad como prioridad.