Uruguay dio un nuevo paso en contra de la piratería. Se reglamentó el artículo 712 de la ley 19,924 que da luz verde a titulares de servicios de televisión para abonados a presentar denuncias ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ursec) en caso de identificar la difusión pirata de señales a “través de Internet o similares”. El regulador definirá si corresponde la notificación a intermediarios,  la disposición de un bloqueo electrónico temporal u otras medidas.

“Lo nuevo para los operadores es poder presentar las denuncias, algo que hasta ahora no era posible como intermediarios. Fuimos impulsores de esto. Junto a la opción de dar Internet, son los dos grandes temas que esta industria necesitaba solucionar”, dijo a DPL News Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), quien agregó que de esta forma “se está defendiendo a la gente que mes a mes paga su abono y protegiendo a las empresas legalmente establecidas”.

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Las denuncias deben tener datos completos, argumentos legales, individualizar las direcciones a investigar, explicar la presunta violación de derechos y dar constancia de la denuncia del delito en caso de que se hubiera presentado. Ursec tendrá un registro público y actualizado de los bloqueos generados. Entre los argumentos de la novedad, se indica que la evolución tecnológica generó mayor facilidad para poner a disposición contenido de forma ilegítima y que es obligación del Estado velar por la protección del trabajo intelectual y los derechos de autor.

Melo agregó que lo dispuesto en el artículo que generó su posterior reglamentación contó con el visto bueno de todos los partidos políticos durante su tratamiento porque estaba claro que es “una forma de hacer justicia y hacer valor el Estado de derecho en Uruguay”. Sobre lo que viene, el ejecutivo indicó que “queda pendiente lo que se votó en la última Rendición de Cuentas, que ataca la misma posibilidad en contenidos en vivo y con tiempos más acotados. Esto entrará en vigencia en 2023, ahí veremos si se ampliará la reglamentación o se hará otra específica”.

Discusión y debates no faltaron, como resulta habitual, en el proceso de revisión de la Rendición de Cuentas por parte de la Cámara de Representantes de Uruguay. La derogación de la Ley de Medios (19,307) fue protagonista en las negociaciones pero finalmente no prosperó, aunque sí hubo luz verde para cambios en su artículo 56 que, de no mediar cambios en la revisión del Senado, redundará en que los cableoperadores puedan dar Internet.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quería dejar sin efecto la ley que, desde 2014 y por impulso de la ahora oposición, regula la prestación de servicios de radio, TV y otros servicios de comunicación audiovisual en Uruguay. Así lo expresó públicamente y así figuraba en uno de los artículos del texto original de la Rendición que finalmente fue apartado del texto que pasó a revisión. La moción incluso se votó pero no consiguió el mínimo necesario –obtuvo 31 de 96 votos.

Distinta suerte corrió para el aditivo por el que se aprobó con media sanción el cambio en la redacción del artículo 56 de la ley sectorial. La propuesta es que ahora diga lo siguiente: “Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de TV por abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet”. Agrega que podrán hacerlo con redes propias o de terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia.

El texto, contenido en el artículo 219 de la Rendición, es similar al del proyecto de Ley presentado por el legislador Sebastián Cal –el aditivo también lleva su firma– y va en igual sentido que las decisiones judiciales por las que algunos prestadores de TV de paga ya habían logrado autorización para dar Internet en Uruguay, por considerarse inconstitucional el artículo que ahora se pretende modificar. La novedad, aunque aún no definitiva, fue celebrada por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA).

“Esperábamos poder contar con la posibilidad, el cómo no es algo que nos compete. Estamos expectantes a lo que suceda (en el Senado) pero creemos que finalmente se hará justicia con las empresas que hemos quedado relegadas por la imposibilidad de evolucionar hacia donde evolucionó el mundo”, dijo a DPL News el Presidente de la entidad, Washington Melo. CUTA nuclea a más de 80 cableoperadores de Uruguay.

¿Estas empresas ya están listas para dar Internet? ¿Lo harán con redes propias o de terceros? “Se avanzó bastante en fibra, porque tiene mejores prestaciones y también por costos, vale un tercio de lo que vale el cable coaxial. Tenemos que hacer otras inversiones que no ameritaba hacer antes porque no se necesitaban para el servicio de video, pero estamos preparándonos y estarémos listos a la brevedad para dar el servicio”, respondió Melo. Sobre qué redes utilizarán, indicó que cada prestador tomará su decisión.

A quienes seguro no convence la nueva redacción es a los prestadores que ofrecen servicios de TV en Uruguay con tecnologías distintas al cable: especificamente a DirecTV, Claro y Cablevisión, en algunos sitios del país, pues lo hacen vía satélite. El texto que pasó al Senado deja afuera a estos operadores en una situación similar a lo que ocurría con el proyecto de ley de Cal, en ese caso por excluir de la posibilidad a aquellos proveedores con pisada nacional.

Para Observacom, en tanto, esta nueva redacción del artículo supera en alcance al argumento que lo motivó. Así lo consideró Gustavo Gómez, su director Ejecutivo, en diálogo con este medio: “Creemos que las medidas de anticoncentración de la Ley de Medios eran correctas y necesarias. Hubiéramos preferido una modificación que atienda la solicitud de pequeños cableros, que es el fundamento predominante, pero evitar que grupos mediáticos pudieran seguir concentrando poder a través de nuevas concesiones”.

Bloqueo de contenidos

Distintas entidades se habían mostrado preocupadas por los artículos del proyecto inicial por los que se resolvían formas y procedimientos de bloqueo de contenidos ilegales. La revisión de Diputados generó modificaciones en estos puntos aunque el alivio no es completo. En los papeles se eliminaron los artículos 214 y 216 y se aprobó un sustitutivo del 215, ahora 212, que es el que mantiene la tensión de cara a la revisión de la Cámara Alta.

“Vemos positivo que se hayan eliminado dos de los tres artículos, pero el que queda sigue siendo igualmente problemático. Si bien es más específico, se mantiene que las decisiones sean tomadas por vía administrativa, sin debido proceso y que tanto las plataformas como los proveedores de Internet tengan que bloquear los contenidos supuestamente ilegales en menos de 30 minutos. El riesgo de bloquear contenidos equivocados es muy grande, lo cual afectaría potencialmente otros derechos y libertades”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de ALAI.

“También es grande el riesgo de que distintos operadores tomen decisiones diferentes para bloquear el contenido indicado, con la presión adicional del tiempo. Esto puede derivar en una ‘fragmentación de Internet‘, que es que pueda funcionar de manera diferente dependiendo de en qué red estoy conectado. Es un efecto que en todo el mundo trata de evitarse de forma muy explícita. Adicionalmente, este mecanismo de fast track que se crea para proteger el derecho de los propietarios de los derechos, no incluye como debería, un mecanismo igualmente ágil para atender los reclamos o apelaciones de los que pudieran ser injustamente perjudicados”, amplió.

En este contexto, el ejecutivo consideró que, de aprobarse, “esto se convertiría en una muy mala práctica regulatoria que podría ser demandada también por otras industrias de contenidos protegidos. Es un camino equivocado para resolver un problema en el que se podrían conseguir mucho mejores resultados por la vía de la cooperación entre las partes involucradas”. En igual sentido se pronunció Gomez, de Observacom, quien señaló que aun con los cambios, se trata de “un pésimo antecedente porque otros sectores van a recurrir al mismo mecanismo para ampliarlo a otras áreas de Internet y esto puede generar problemas muy graves a los derechos fundamentales”.

Protección de datos personales

Durante el tratamiento, también variaron los artículos por los que se generan cambios en la ley de protección de datos personales. De acuerdo con el texto que pasó al Senado, se modificarán ítems del apartado 13 de esa ley, relacionado al derecho de información frente a la recolección de datos, y del artículo 34, que señala las acciones a cargo del órgano de control –la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Los cambios quedan expuestos en los artículos 61 y 62 del documento a revisión.

Sobre este punto, Echeberría indicó que estos dos artículos fueron modificados en Diputados por sugerencia de la mencionada Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. En este contexto, consideró que “los cambios introducidos son muy positivos y limitan el alcance de los artículos que en su redacción original eran demasiado amplios. Igualmente sería bueno hacerle algunas mejoras adicionales, como aclarar que la transparencia algorítmica debe limitarse cuando se ponen en riesgo los secretos industriales o comerciales”. La entidad hará “sugerencias al Senado en ese sentido”, completó.

Dentro y fuera

Aunque la luz verde para que cableoperadores puedan dar Internet fue tomada por la oposición como una muestra de que el gobierno pretende dañar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), no hubo en esta Rendición de Cuentas algo que esperan hace tiempo los privados en Uruguay: obligaciones para que la empresa estatal comparta su infraestructura.

Tampoco fue parte del texto la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que había formado parte del documento inicial el año pasado, ni hubo mención a la idea de que las transferencias de titularidad de servicios de telecomunicaciones deben contar con autorización previa por parte del Ejecutivo –también se trató en 2021. En Diputados también quedaron fuera algunos artículos incorporados por si se derogaba la ley de Medios, como la obligación de transmitir partidos de la selección.

Fuera del artículado, el gobierno hizo algunas promesas con impacto para el sector en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que ahora sigue su debate. Señaló, por ejemplo, que el plan para Antel será ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta continuar el despliegue de fibra, con foco en el interior, y comenzar a adquirir equipos para el avance de 5G. Adicionalmente, se propone priorizar tres segmentos en materia de innovación: tecnología digital, biotecnología y tecnología verde, bajo la idea de economía circular.

Discusión en el Senado

La acalorada discusión en Diputados del texto original parece haber dejado el camino allanado para un debate menos trabado de los artículos que atañen al sector en el Senado. No prosperó la idea del oficialismo de derogar la Ley de Medios y, aunque el gobierno no desistirá, al momento no hay indicios de que su intento vuelva a ponerse oficialmente sobre la mesa en esta segunda etapa parlamentaria. La Cámara Alta revisará por 45 días el texto, que puede volver a Diputados por única vez.

El viejo reclamo de los pequeños cableoperadores será, todo indica, saldado y la discusión se concentrará en el alcance del nuevo artículo 56 de una Ley de Medios que, al parecer, seguirá rigiendo en Uruguay. No habrá cambios para Antel ni el país se agregará al largo listado de sitios de América Latina que cuentan con fondos de servicio universal.

A esas conclusiones se le suma otra: los plazos y el enorme listado de temas que se tratan en la Rendición local no parece el escenario ideal para tratar políticas del sector con el detalle que se merecen. El tema sigue, ahora en el Senado.

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco cableoperadores a dar Internet fue sólo el comienzo de una nueva etapa de debate sectorial en Uruguay. Ahora, el gobierno presentó su proyecto de Rendición de Cuentas e incluyó en él, tal como lo había prometido, la propuesta de derogar la Ley de Medios vigente. Aunque la iniciativa es la de mayor impacto, no es la única que atañe al mercado y que, por incorporación u omisión, avivará las llamas en una discusión que recién comienza.

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Fue el pasado 30 de junio que el gobierno envió al Parlamento su propuesta para que sea discutida por la Cámara de Diputados primero y el Senado después. Son 304 artículos que, según sus defensores, garantizarán un refuerzo para los sectores como la educación, ciencia y tecnología y la educación pública. En la exposición de motivos hay un apartado específico de innovación y se contempla a las telecomunicaciones dentro de las misiones en materia de infraestructura. También se proponen cambios en la Ley de Protección de Datos Personales.

Derogación de la Ley de Medios

El artículo 206 es el que estará en el centro del debate en materia sectorial. Es el que proclama expresamente la derogación de la Ley 19,307, así como sus disposiciones modificatorias, concordantes y reglamentarias. En el siguiente apartado (207) se restablece la vigencia de las disposiciones afectadas por dicha ley y en el posterior (208) se indica que las concesiones otorgadas durante su vigencia se mantendrán en los términos establecidos en los actos administrativos correspondientes.

La derogación de la Ley de Medios promulgada por la administración de José Mujica fue una de las promesas del gobierno actual, incluso desde antes de convertirse en oficialismo. La discusión parlamentaria promete poner trabas a la continuidad de estos artículos dentro de la propuesta pero, si prospera, redundará, por ejemplo, en que ya no exista la prohibición para que cableoperadores ofrezcan Internet, en que no haya limitaciones a la titularidad de servicios de TV para abonados y que ya no exista el límite de 25 por ciento que hasta ahora aplica como máximo de suscriptores que podrá tener un único operador del servicio.

Lo que sigue llena, al menos parcialmente, los espacios que dejaría la eliminación de la normativa vigente. El artículo 210 proclama que las personas con discapacidad deberán tener derecho a la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual para lo que, entre otros aspectos, se incorporarán sistemas de subtítulos, lenguaje de señas o autodescripción (artículo 211), en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Además, se avanzará en fomentar la producción de contenidos nacionales y la formación de profesionales afines, según el borrador.

Otro punto relevante: aunque quede sin efecto la Ley de Medios, seguirá vigente su artículo 39, pues el proyecto de Rendición de Cuentas propone que se mantenga la transmisión de partidos de las selecciones de fútbol y básquet por TV abierta. ¿Cómo lo especifica? Advierte que “no correrá exclusividad de transmisión” en encuentros internacionales de estos seleccionados. Esos eventos, si son transmitidos por TV, “deberán estar disponibles a través de un servicio de radiodifusión de TV abierta”. Tendrá que estar disponible en vivo y en directo –no diferido–.

Bloqueo de contenido ilegal

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea, indica el artículo 215. Para esto debe haber una denuncia del titular de los derechos o su representante, a partir de la cual se podrán dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutarán temporalmente, por un plazo no mayor a 30 días. Los proveedores de acceso a Internet o intermediarios deberán retirar las emisiones ilegales lo más rápido posible hasta un máximo de 30 minutos desde la notificación.

Sobre este punto, se agrega que “a efectos de evitar el bloqueo de contenido legal, la Ursec deberá promover el bloqueo del acceso completo a un servidor que aloja servicios y contenidos legales, sino únicamente al contenido ilegal”. También se pregonará la cooperación entre ISP y titulares de derechos. El artículo previo, el 214, hace énfasis en que si bien los intermediarios o ISP no son responsables por los datos almacenados o transmitidos, “deben actuar con prontitud para retirar el contenido o hacer que el acceso a él resulte imposible” en cuanto tenga conocimiento de que se haya ordenado retirarlo. Más tarde se busca sustituir el artículo 712 de la Ley 19,924, que atañe a la difusión de contenidos a través de Internet o red similar con fines comerciales por parte de personas no legitimadas a ofrecer dicho contenido.

Planes para Antel y otros

En la exposición de motivos hay detalles sobre los planes para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel),  empresa en la que, según el texto, se alcanzó un 37 por ciento de ejecución del plan previsto de inversiones para la actual administración –de 811 millones de dólares. La estatal apuntará a ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta seguir con el despliegue de fibra óptica, con foco en el interior del país y se propone “comenzar a adquirir parte del equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de la tecnología 5G”.

También en la exposición de motivos, el apartado con foco en la innovación señala que “teniendo en cuenta las capacidades existentes en el país, se entiende que hay áreas donde el país debe apostar a fortalecer y desarrollar ecosistemas dinámicos y empresas de alto valor agregado”. En consecuencia, se propone priorizar tres segmentos: la tecnología digital aplicada a innovación; la biotecnología, aplicada a la salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, la vacuna y la farmacéutica y la tecnología verde: las energías renovables, los nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular.

Hay otros artículos con impacto indirecto en el sector, entre ellos los significan la reasignación de presupuesto para áreas audiovisuales, el que crea un fondo con destino a la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación liderado por jóvenes y aquél por el que se da al Ejecutivo facultad para constituir el Fondo de Desarrollo Audiovisual y Cultural para los Medios Públicos. También se indica que los funcionarios públicos con más de cinco años de actividad en Ursec podrán solicitar su incorporación definitiva.

El apartado 290, en tanto, indica que la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, conjuntamente con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) suscribirán un acuerdo de complementación técnica y de servicio de tecnología para asegurar la continuidad operativa y los planes de trabajo en el marco del Programa Salud.uy. Se encomienda, en este sentido, al Ejecutivo que determine la fecha de suscripción del acuerdo entre las partes.

Quejas

“Nos preocupan los artículos 214, 215 y 216”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI). “El objetivo es compartido pero, tal como fueron propuestos, aportan más riesgos y problemas que beneficios”, indicó para luego agregar que “si bien es claro que se busca atacar la transmisión ilegal de señales televisivas, el texto actual refiere a un conjunto mucho más amplio de contenidos audiovisuales, lo cual es negativo”.

Para la asociación, los puntos abordados en esos ítem requieren “mucha más discusión”. Adicionalmente, considera que los mecanismos de bloqueo de contenidos en tiempo real “no ofrecen suficientes garantías y ponen responsabilidad excesiva en los hombros de distintos participantes de la cadena”. La propuesta de ALAI es no modificar al momento el artículo 721 de la ley 19,924 ni agregar nuevos mecanismos que ya fueron considerados y desechados tras el debate de esa normativa.

En los mismos artículos (y en otros) concentraron sus quejas otras entidades. El Director Ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, señaló en su cuenta de Twitter que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”. En este contexto, coincidió en que “la Rendición de Cuentas no es el lugar (ni da tiempo suficiente) para analizar y debatir cuestiones tan complejas”. También señaló que derogar la Ley de Medios generaría un serio retroceso en materia de libertad de expresión.

“No obstante, tal como se propone el artículado, es importantísimo que se generen mayores instancias de cooperación público-privada y entre los privados en ese tema. En eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno”, retomó Echeberría, que se mostró optimista en poder conversar sus comentarios en las instancias venideras. Mientras tanto, analizarán las implicancias de otros artículos, como aquellos que introducen modificaciones a la ley de protección de datos personales. “La discusión recién comienza, hay tiempo para tener posiciones más concluyentes”, concluyó.

También presentó su postura la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA), la cual consideró que “la derogación de la ley de Medios implicaría un grave retroceso en distintos ámbitos: mayor concentración de medios en pocas manos, discrecionalidad y, por tanto, menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; eliminación del derecho a la objeción de conciencia, se acabaría la autonomía de los medios públicos y regresarían las obsoletas facultades para cerrar medios de comunicación que, por ejemplo, afecten 'la imagen y el prestigio de la República'”.

En una carta firmada por su presidenta, Beatriz Solíz Leree, la entidad hizo énfasis en un punto que fue el más discutido fuera del debate puntual en materia sectorial: “Como lo han advertido diversas organizaciones en la sociedad de Uruguay, (de aprobarse el proyecto) se restituirían normas aprobadas durante la dictadura en los años setenta y ochenta y que son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información que se han impulsado a través de distintos mecanismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En cuanto a los derechos de las audiencias, agregó AMDA, “una mayor concentración (...) y el debilitamiento en la autonomía de los medios públicos tiene una afectación muy grave en la pluralidad, diversidad y la inclusión de los contenidos y es fuente para alentar lo que ha combatido desde hace décadas como los discursos de odio y discriminación, entre otros. (...) También se modificaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias y las bases fundamentales para su tutela”. En este contexto, la asociación pidió que “se impida esta acción antidemocrática y la reforma a la ley de Medios sólo se centró en los artículos que de acuerdo a la Corte tuvieron problemas de inconstitucionalidad”.

Impacto por omisión

No aparecen en la propuesta dos artículos que sí fueron parte de la partida el año pasado, pero que no se mantuvieron tras el trámite parlamentario. No figura en esta nueva propuesta la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones ni tampoco aparece el apartado que disponía que las transferencias en la titularidad de los servicios de comunicaciones –incluido acciones– deberían contar con previa autorización del Poder Ejecutivo.

También hay que hablar de omisión de un viejo reclamo de los privados: la propuesta del gobierno ni siquiera menciona la posibilidad de incluir obligaciones de compartición a Antel. El punto quedará, al menos con esta redacción, entre los pendientes de una eventual nueva Ley de Medios, que se ha debatido también largamente en Uruguay aun con otra normativa como parte de la legislación vigente.

Lo cierto es que hay una larga lista de artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que rozan el sector. El corto tiempo que existe para el debate y lo complejo de los temas a tratar –y que estos no han podido resolverse en discusiones más específicas– es el alma de las quejas y un arma que podría terminar por declinar la posibilidad de que los ítems mencionados permanezcan en el documento definitivo. Los que sí sean incorporados se sumarán a la normativa del sector, que está en proceso de cambios en Uruguay.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA), con el objetivo de hacer que las grandes empresas de tecnología rindan cuentas por el contenido que los usuarios encuentran en Internet. La ley fue propuesta originalmente por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2020.

Se espera que la ley tenga un amplio alcance sobre múltiples empresas y servicios de Internet, desde oferentes de computación en la Nube, motores de búsqueda, comercios en línea, hasta plataformas de redes sociales.

Mediante la Ley de Servicios Digitales, la UE espera dar más control a los usuarios de Internet sobre lo que ven en línea: con más información sobre por qué se les recomienda un contenido específico, así como opciones para evitar la creación de perfiles con su información personal o de navegación. Incluye también la prohibición de publicidad dirigida a menores de edad y no se permitirá el uso de datos sensibles como orientación sexual, religión o etnia.

También ayudará a proteger a los usuarios de contenido dañino e ilegal, mejorará significativamente la eliminación de contenido ilegal; abordará el contenido dañino como la desinformación política o relacionada con la salud, e introducirá mejores reglas para la protección de la libertad de expresión.

La Ley de Servicios Digitales es un complemento de la Ley de Mercados Digitales, adoptada a finales de marzo, con el objetivo de imponer una regulación más eficiente sobre las grandes empresas tecnológicas, en especial, sobre aquellas consideradas gatekeepers, que operan grandes plataformas como redes sociales, buscadores o comercio electrónico.

Ambas regulaciones están dirigidas principalmente a plataformas con más del 10 por ciento de alcance de los 450 millones de consumidores de la Unión Europea y que, por lo tanto, se consideran que tienen mayor responsabilidad para frenar el contenido ilegal en línea.

La DSA también contendrá reglas que garanticen que los productos vendidos en línea sean seguros y sigan los estándares más altos establecidos en la UE, incluyendo más información a los consumidores sobre el vendedor.

“La creciente influencia del ambiente en línea en nuestras vidas no es sólo para mejor: los algoritmos desafían nuestras democracias al difundir el odio y la división, los gigantes tecnológicos desafían el acceso a igualdad de condiciones, y los mercados en línea desafían nuestros estándares de protección al consumidor y la seguridad de los productos. Esto tiene que parar. Por esta razón, estamos construyendo un nuevo marco, para que lo que es ilegal fuera de línea también lo sea en línea”, señala Christel Schaldemose, eurodiputado líder en la Ley de Servicios Digitales.

La DSA entrará en vigor en 2024, con la excepción de las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea muy grandes que aún no han sido definidos por las instituciones europeas. Una vez hecho esto, se les aplicará la ley cuatro meses después de su designación.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, celebró en un mensaje en Twitter el acuerdo político que se logró firmar en la UE, y afirmó que se trata de una mejora respecto a la propuesta original.

“A medida que la ley se finalice e implemente, los detalles importarán. Esperamos trabajar con los legisladores para obtener los detalles técnicos restantes y garantizar que la ley funcione para todos”, compartió Google en un comunicado con Reuters.

El Tribunal de Distrito de Tagansky multó a Google con 7.2 mil millones de rublos (unos 98.4 millones de dólares) y a la empresa matriz de Facebook, Meta, con 2 mil millones de rublos (27.2 millones de dólares) por su reiterado incumplimiento al no eliminar contenido prohibido por la leyes del país.

El regulador de comunicaciones del Estado ruso, Roskomnadzor, dijo en un comunicado que Google y Meta fueron multados por no eliminar material considerado ilegal. Por ejemplo, contenido que promueve la ideología extremista, que insulta las creencias religiosas y fomenta el comportamiento peligroso de los menores, entre otras cosas.

Se trata de la mayor sanción que los tribunales rusos han impuesto hasta ahora contra las empresas de tecnología extranjeras, según informó la agencia AP. Aunque este año ya se habían impuesto multas más pequeñas contra Google, Facebook y Twitter, la más reciente sentencia marcó la primera vez que la magnitud de la sanción se calculó en función de los ingresos de las empresas.

Este cambio surge luego de que en el mes de septiembre, Roskomnadzor advirtió que las empresas que no eliminaran el contenido ilegal podrían enfrentar multas del 5 al ​​20 por ciento de sus ingresos locales anuales.

Rusia ha aumentado constantemente la presión sobre las plataformas de redes sociales e Internet extranjeras, con la bandera de defender su “soberanía digital”. 

Las autoridades también exigen a las empresas almacenar los datos personales de los ciudadanos rusos en servidores ubicados en el país, amenazándolos con otras formas de castigo por incumplimiento, incluyendo la ralentización del tráfico y el bloqueo total de las plataformas.

Los sitios de contenidos en Argentina tienen una potencial pérdida de ingresos anual de, al menos, 176 millones de dólares a manos de la ilegalidad, señala entre sus conclusiones un informe de Cet.la que mide el impacto de la piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina, con foco en lo que ocurre en ese país. Del otro lado, el negocio ilícito local representa una ganancia potencial de hasta 113 millones de dólares.

El 45 por ciento de los URLs analizados en el informe conducen a contenidos o servicios ilegales en Argentina, lo que lo ubica incluso por encima del promedio regional, y los dominios ilegítimos obtuvieron un 729 por ciento más de resultados que los legales. En cuanto a los sitios, los de transmisión en vivo son la clave del problema: tan sólo televisionlibre.net genera cuatro millones de visitas al año.

Los dominios ilegales presentan un mejor rendimiento SEO, lo que ha permitido a algunos de los que cambiaron su dominio recuperar visitas y relevancia rápidamente. Como en todo América Latina, en Argentina también “las redes sociales son suelo fértil de la piratería”, pues palabras claves llevan directamente entre los primeros 10 resultados a publicaciones que enseñan cómo consumir piratería.

“La piratería en Argentina tiene 632 millones de visitas y 26 millones de visitantes únicos por mes”, marca el informe y agrega que “los sitios ilegales tienen tres veces más acceso total de usuarios únicos que los legales”. En tanto, los marketplaces son otro escenario que propician la ilegalidad y es un tema a atender, aunque en Argentina “el acceso a contenido pirata es menor al promedio regional” en este apartado en específico.

En promedio, los usuarios tienen que hacer tres clics para reproducir una película o serie en dominios ilegales y casi un tercio de ellos mostraba contenido adulto como publicidad. Argentina se encuentra, además, dentro de la media regional respecto de la cantidad de visitas a sitios ilegales sobre los legales, con una proporción del 53 por ciento a favor de la piratería.

Adicionalmente, se realizó un webinar en el que se habló de las conclusiones del informe y de la forma más eficiente de abordar la problemática que provoca pérdidas potenciales por 733 millones de dólares a la región. “Los procesos de transformación digital presentan grandes retos, tanto en la generación de contenidos como en la necesaria actualización regulatoria. Resulta fundamental que se sigan profundizando esfuerzos coordinados en combatir el consumo de contenido ilegal”, dijo la Directora de cet.la y Secretaria General de Asiet, Maryleana Méndez.

Los participantes se mostraron de acuerdo en que la forma de combatir el contenido ilegal son acciones judiciales, acuerdos de la industria, legislación acorde y fomento a través de la capacitación. También se habló de otros conceptos clave, como la concientización de los consumidores y la importancia de combatir la piratería como única forma de “asegurar la sostenibilidad del entretenimiento”, agregó el Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Argentina, Francisco Barreto.

Un tribunal de Moscú multó nuevamente a Google con 6 millones de rublos (80 mil 881 dólares) por no eliminar contenido que Rusia considera ilegal. Esta es la segunda sanción que se le impone al gigante tecnológico en menos de una semana, de acuerdo con Reuters. 

En medio de un enfrentamiento con las Big Tech, Rusia golpeó a Google y otras empresas durante el año pasado con una serie de pequeñas multas, algunas relacionadas con contenido prohibido y otras por no localizar los datos de los usuarios en territorio ruso.

Moscú también busca obligar a las empresas de tecnología extranjeras a abrir oficinas en Rusia.

El Tribunal de Distrito de Tagansky de Moscú dijo que Google había recibido tres multas administrativas de 2 millones de rublos cada una. Google confirmó las multas, pero no ofreció comentarios.

Se agregó una sanción a una multa total de 14 millones de rublos por la misma infracción.

Google también está sujeto a una orden judicial de Moscú que lo obliga a desbloquear una cuenta de YouTube propiedad de un empresario ruso autorizado. La audiencia de apelación está programada para el 20 de septiembre.

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La Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES) eliminó 59 mil 779 anuncios, enlaces y sitios web con contenido ilegal en el primer semestre de este año. El material dio acceso a archivos que violan los derechos de autor y propiedad intelectual de los miembros de la entidad.

Hasta junio, ABES había eliminado 58 mil 154 enlaces, mil 563 anuncios y 62 sitios que ofrecían descargas ilegales de software. Según la Asociación, las cifras para 2021 apuntan a un aumento del 189 por ciento en la cantidad de enlaces retirados, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“En los últimos años hemos visto que los sitios de subastas han invertido mucho en acciones eficientes y alianzas contra la piratería, por lo que decidimos enfocarnos más en eliminar los enlaces alojados en Internet, que tienen un gran impacto en la piratería en su conjunto”, comenta Carolina Marzano, oficial de Cumplimiento y asesora de los comités de ABES.

La entidad monitorea continuamente Internet y, cuando detecta algo ilegal, notifica a los portales de comercio electrónico y proveedores de acceso. Además de proteger el contenido, la acción protege a los consumidores, que pueden estar expuestos a virus, malware y secuestro de datos cuando acceden a contenido ilegal.

El seguimiento se realiza a través del PPPI – Programa de Protección de la Propiedad Intelectual, fundado junto con Mercado Libre hace 18 años.

Empresas de software en Brasil

El estudio Mercado Brasileño de Software – Panorama y Tendencias 2021, realizado por ABES con datos de IDC, muestra que, en 2020, la industria tecnológica creció 22.9 por ciento e invirtió alrededor de 200.3 mil millones de reales, considerando los mercados de software, servicios, hardware y exportaciones del segmento. Esto revela que el sector está ganando cada vez más relevancia en el país.

Brasil ahora representa el 2.1 por ciento del mercado mundial de TI y el 44 por ciento del mercado latinoamericano. Para la entidad, el crecimiento del sector de software se puede atribuir a la forma en que las empresas se vieron obligadas a cambiar su estructura de trabajo, debido a la pandemia de Covid-19”.

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A Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) removeu 59.779 anúncios, links e sites da web com conteúdo ilegal no primeiro semestre deste ano. O material dava acesso a arquivos que violam o Direito Autoral e a Propriedade Intelectual dos associados da entidade.

Até junho, a ABES contabilizou 58.154 links removidos, 1.563 anúncios retirados do ar e 62 sites que ofereciam downloads ilegais de software derrubados. Segundo a associação, os números de 2021 apontam para um aumento de 189% no número de links removidos, em relação ao mesmo período do ano passado.

“Nos últimos anos constatamos que os sites de leilão têm investido bastante em ações e parcerias eficientes contra a pirataria, por isso, decidimos focar mais na remoção de links hospedados na Internet, que possuem grande impacto na pirataria como um todo”, comenta Carolina Marzano, Compliance Officer e assessora de comitês da ABES.

A entidade faz um monitoramento contínuo da Internet e, quando percebe algo ilegal, notifica os portais de e-commerce e os provedores de acesso. Além de proteger o conteúdo, a ação protege os consumidores, que podem estar expostos a vírus, malwares e sequestro de dados ao acessarem conteúdos ilegais.

O acompanhamento é feito por meio do PPPI – Programa de Proteção à Propriedade Intelectual, fundado junto com o Mercado Livre há 18 anos.

Empresas de software no Brasil

O estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021, realizado pela ABES com dados do IDC, mostra que, em 2020, a indústria de tecnologia cresceu 22,9% e investiu cerca de R$ 200,3 bilhões, considerando os mercados de software, serviços, hardware e as exportações do segmento. Isso revela que o setor está ganhando cada vez mais relevância no país.

O Brasil passou a representar 2,1% do mercado mundial de TI e 44% do mercado da América Latina. Para a entidade, o crescimento do setor de software pode ser atribuído à forma como as empresas foram obrigadas a mudar sua estrutura de trabalho, devido à pandemia de Covid-19”.

Google deberá pagar una multa por 4 millones de rublos (54 mil 500 dólares) por no eliminar el contenido que Moscú considera ilegal, además de ser advertido por el Organismo de Control de Comunicaciones del país (Roskomnadzor) que su tráfico podría ser ralentizado si en 24 horas no quita dicho contenido, informó la agencia de noticias TASS.

Esta medida forma parte de las acciones que Rusia tomará para frenar a los gigantes tecnológicos occidentales y reforzar la soberanía de Internet. Tal como sucedió con Twitter, quien fue multado por no descartar contenido prohibido.

Roskomnadzor señaló que ha enviado más de 26 mil llamados a Google pidiendo la eliminación del contenido ilegal, incluidos videos sobre drogas o violencia y material de organizaciones extremistas. La multa va de los 800 mil a los 4 millones de rublos si no acata la medida, y en caso de reincidir será castigado con un pago del 10 por ciento de sus ingresos anuales totales.

Otra de las acusaciones en contra de Google es por presuntamente restringir el acceso de YouTube a los medios de comunicación rusos, incluidos RT y Sputnik. “Esta censura de los medios rusos y el apoyo específico a las actividades de protesta ilegales en realidad hablan del matiz político de las actividades de Google en Rusia”, aseguró el regulador.

En respuesta, el gigante tecnológico estadounidense interpuso una demanda judicial contra Roskomnadzor por pedirle que elimine el contenido prohibido, en específico, 12 enlaces de YouTube que alientan a menores a unirse a protestas no autorizadas para apoyar a Alexei Navalny y su oposición al gobierno.

De acuerdo con documentos del Tribunal de Arbitraje de Moscú, la demanda fue presentada por Google el 23 de abril de 2021, pero fue aceptada el 11 de mayo por problemas administrativos. La audiencia está programada para el 14 de julio.