La República – Asuntos Legales

El abogado Juan Sebastián Ramírez demandó ante la Corte Constitucional la ley 2088 de 2021 en donde se reglamenta el trabajo en casa y la cual empezó a regir en 20221, expedida en el Congreso, en el marco de la pandemia.

El abogado asegura que la ley debió tramitarse en el Congreso como una ley estatutaria, ya que se trata de una regulación de aspectos centrales del derecho al trabajo, sobre derechos salariales y prestaciones y hasta las garantías sindicales.

La demanda asegura que la ley modifica de manera tácita y adiciona al Código Sustantivo de Trabajo y normas laborales de los empleados públicos y dice que el Congreso omitió el deber que fija el artículo 53 de la Constitución, al expedir un estatuto del trabajo.

En respuesta al recurso, que reposa en el despacho del magistrado Alejandro Linares, el Gobierno solicitó a la Corte que no acoja las pretensiones de la demanda. En un concepto enviado al alto Tribunal, la Presidencia justificó la necesidad de la ley por la pandemia del covid-19 y aseguró que la misma obligó a los trabajadores a laborar desde casa.

Así mismo, el Gobierno aseguró que contrario a lo dicho por el demandante, esta ley no toca el núcleo esencial del derecho fundamental al trabajo y no crea una especie del derecho laboral nueva.

“Esta norma se desarrolló dentro del amplio margen de configuración con el que cuenta el legislador”, afirmó el Gobierno, al señalar también que no siempre se requiere de una ley estatutaria para regular aspectos laborales.

Para la Presidencia y el Ministerio del Trabajo no es cierto que se esté adoptando el trabajo en caso como una nueva “especie del derecho laboral”, ya que la ley deja en claro que se trata de una alternativa al trabajo presencial “cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales, especiales o transitorias”.

Así mismo, las entidades aseguraron que la ley se limita a regular los servicios contratados por fuera del lugar de trabajo, sin modificar la naturaleza del contrato.

El Colombiano – Ángel Castaño Guzmán

El 23 de noviembre, el representante a la Cámara por Boyacá Rodrigo Rojas se grabó a sí mismo a las afueras del Congreso de la República: en un video de 47 segundos le anunció al país la aprobación del proyecto de ley “Entornos seguros de aprendizaje” con el que pretende regular el uso de dispositivos tecnológicos personales –celulares y tablets– en los salones de clase de escuelas y colegios.

La iniciativa comenzó su camino por los vericuetos legislativos en agosto de 2018. Sin embargo, la contingencia del covid-19 la archivó, a pesar de contar con el visto bueno en Cámara y Senado. A principios de junio de 2021, Rojas la radicó de nuevo. Esta vez fue la vencida: el articulado recibió el respaldo de los legisladores. Por el momento, falta la firma del presidente Iván Duque para que la norma sea ley. Antes de final de año –piensa Rojas– lo será.

Parte de los argumentos a favor de la propuesta fue tomada por el político del trabajo académico “Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, realizado en 2017 por el Grupo de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales de Eafit. Las pesquisas ofrecieron datos interesantes, dicientes: a la sazón el 41 % de los niños en Colombia navegó en exceso por internet mientras el 35 % vio contenido sexualmente explícito y el 20 % recibió mensajes con contenido sexual.

Aunque no hay registros recientes, muchos de los entrevistados para esta nota coinciden que se disparó la cantidad de tiempo de los adolescentes en el mundo virtual. El avance de la tecnología –veloz, imparable– casi nunca coincide con las normas y las convenciones para evitar sus riesgos. “Una docente de la Universidad de Harvard decía que así como debíamos asimilar los avances tecnológicos, también teníamos que avanzar en términos de legislación para prevenir los riesgos que conlleva este avance”, responde el representante Rojas al ser preguntado por el origen del proyecto.

Silvana de Pía, rectora del Colegio Bilingüe Leonardo Da Vinci, es tajante: “Para mí, el proyecto se demoró mucho”. Y, en seguida, cuenta que Italia hace años reglamentó el uso del celular en los espacios educativos.

A primera vista, la tarea de restringir la presencia de los dispositivos móviles en cualquier sitio es ir contra el río del tiempo.

No obstante, algunas instituciones educativas lo han hecho con éxito. En el claustro regentado por de Pía hay una caja en la entrada para depositarlos al inicio de la jornada y recogerlos al final. “No hay necesidad del celular. Es un lujo que entorpece la atención de los muchachos”.

Una experiencia similar viven los estudiantes de la institución educativa Tomás Carrasquilla, de Medellín. Andrea Gutiérrez –docente de ciencias naturales en dicho colegio– tampoco cree necesario el celular en las aulas: “En nuestra institución nunca hemos permitido el uso de celulares, desde siempre”. Ambas coinciden en calificarlo de distractor en el proceso educativo. “En la clase no es correcto usar el celular porque los estudiantes no tienen la suficiente madurez y capacidad para manejar los tiempos”, dice Gutiérrez.

Además de causante de la falta de concentración, lo consideran una barrera para la interacción entre los compañeros. De alguna manera, ambas chulean la propuesta legislativa.

Por su parte, Jaime Pinzón –profesor del Antonio José de Sucre, de Itagüí– lee con luz distinta la incidencia del móvil en el proceso formativo. En lugar de proscribirlo, lo suma a sus metodologías de enseñanza. “El celular permite que los jóvenes puedan consultar, profundizar, participar de manera diferente y eso hace, inclusive, que algunos se motiven”. Eso sí, aclara de inmediato, la compañía del profesor y la claridad en los acuerdos son vitales para no sucumbir a las salidas fáciles de la internet.

“Se requiere de mucho control, mucha dirección de grupo en el momento que se utiliza y unos acuerdos muy específicos”. Aún más, no soslaya la responsabilidad de los padres de familia y de la planta docente en el uso desmedido de las redes sociales: “Si el joven se distrae es porque sus intereses están en otro lado. Ya no es problema de la tecnología sino del joven y del docente”.

La pregunta vital del asunto es la de ¿cómo enseñarles a generaciones crecidas con las narrativas de la web?

El futuro inmediato

En todo caso, una vez la firma presidencial refrende la ley “Entornos seguros de aprendizaje”, el Ministerio de Educación Nacional tendrá seis meses para ajustar los detalles de su puesta en marcha: modificaciones de los manuales de convivencia y lineamiento generales.

Tal cosa no se traducirá en el destierro de los celulares y de las tablets de los pupitres y los patios de recreo. La telefonía móvil –expresa el parágrafo del artículo cuatro del texto legislativo– solo en casos excepcionales y en determinados horarios podrá ser vedada de tajo. Lo de verdad importante –según el representante Rojas y los maestros consultados– es la consciencia de la responsabilidad compartida en “el uso adecuado de las herramientas tecnológicas”.

Para Rojas la importancia del proyecto radica en que “abrió el debate frente a la responsabilidad que deben tener los padres de familia en el buen uso de estas herramientas. Muchas veces los padres delegan su papel en este tipo de herramientas”. La ausencia de un contexto propicio para la formación integral de la ciudadanía del futuro es una realidad palpable para los docentes. “La comunidad educativa necesita una mayor participación de los padres”, concluye Pinzón.

Infobae

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, confirmó que retiró las denuncias contra tres de los cuatro congresistas citados a indagatoria por una posible partición en el escándalo de la unión temporal Centros Poblados.

El líder del organismo ciudadano publicó un tuit en el que manifestó que “Por caso MinTIC-Centros Poblados hoy a las 9 a. m., ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia declarará sobre posible participación de parlamentarios incluido Armando Benedetti”.

Sin embargo, fue precisamente ese último senador, hoy aliado de Gustavo Petro en la Colombia Humana, quien no quedó exento de las declaraciones de Bustos, que sí se retractó sobre las acusaciones levantadas contra Daira Galvis y Antonio Zabaraín de Cambio Radical; y Mauricio Gómez Amin del Partido Liberal.

Fue el propio jefe de la red de veedurías quien lo confirmó durante las últimas horas de la tarde al señalar que “ofrece disculpas ante la Corte Suprema de Justicia a senadora Daira Galvis, Mauricio Gómez Amin y Antonio Zabaraín dado que a la fecha no militan en su contra pruebas de responsabilidad en el caso Mintic-Centros Poblados, distinto a Armando Benedetti”.

También señaló, a través de esa red social, que durante su audiencia con el magistrado Rodríguez solicitó que se reciba la declaración Emilio Tapia y demás vinculados de Centros Poblados a cambio de beneficios penales, con el objetivo de conocer la información que estos han asegurado tener, durante las últimas semanas, sobre otros congresistas, y en general políticos, que habrían participado del entramado de corrupción que terminó en la pérdida de 70.000 millones de pesos entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación en calidad de adelanto.

Valga recordar que la semana pasada se conoció una carta en la que Tapia, también conocido como el Zar de la Contratación le ofrecía a la Fiscalía entregar información privilegiada sobre los actores involucrados en la creación de Centros Poblados y las posteriores maniobras que les permitieron hacerse con un contrato para llevar conexión de Internet a los colegios públicos de 15 departamentos del país.

Según reza la misiva: “manifiesto mi plena disposición para comparecer a efectos de dar a conocer, de manera amplia, detallada y circunstanciada cuanto conozco del caso. Por lo tanto, solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad. Ello, sin perjuicio del DERECHO DE PETICION que presento para que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Nacional, se me informe qué despacho adelanta la mencionada indagación, cuál es su número de radicado y si en la misma figuro como indiciado, eventualidad ante la cual tampoco me asiste ningún reparo para comparecer y dar cuenta de todo cuanto está a mi conocimiento”.

Así las cosas, el único parlamentario que continúa en proceso ante el alto tribunal es Armando Benedetti pues, según la exministra Karen Abudinen, fue este quien la llamó para solicitar la cancelación de la audiencia de revocatoria del contrato.

En ese sentido, el senador barranquillero deberá prepararse para rendir indagatoria ante el mismo magistrado. Dependiendo de si puede, o no, demostrar su inocencia, deberá enfrentarse a una investigación formal por el delito de tráfico de influencias. Las fechas para dicha diligencia todavía no han sido estipuladas.

Infobae

A propósito de la moción de censura que enfrentará mañana en el Congreso de la República la Ministra de las TIC, Karen Abudinem, señalada como la responsable de un escándalo de corrupción que sacude al país por la pérdida de 70.000 millones de pesos, que se le entregaron a la firma Unión Temporal Centros Poblados, como adelanto para la llevar internet a zonas rurales, un maestro del Tolima se tomó la tarea de exigir, por medio de la recoleccion de firmas, que no quede impune este accionar.

El objetivo de este maestro de informática, que además representa la voz de los más de 110.000 docentes de las zonas rurales que hoy no pueden dictar clase con normalidad por falta de Internet y simboliza la frustración de más de 2′400.000 estudiantes que no cuentan con garantías dignas para estudiar, pues el acceso a banda ancha que les prometieron nunca llegó, es reunir para mañana 20.000 firmas por medio de la campaña ‘Por El Internet Rural’ y así entregarlas directamente en la sesión de moción de censura que tendrá como protagonista a la ministra Abudinem.

Hasta el momento, en poco menos de 24 horas el profesor Leonardo ha logrado reunir más de 14.700 firmas digitales por medio de la plataforma digital Change.org. Con este apoyo masivo de la ciudadanía, el docente espera generar la suficiente presión para que la Ministra le responda al país sobre cuándo y cómo va a cumplir con la promesa incumplida de darle un internet, que realmente funcione a los estudiantes de las escuelas y colegios rurales en Colombia.

Vale recordar que la jefa de cartera de la tecnologías, prometió antes de octubre de este año que se tendrían 8.786 colegios conectados con internet de alta velocidad, entre ellos la institución educativa donde labora el profesor Leonardo, pero hasta la fecha un enorme entramado de corrupción ha hecho que 110 niños y niñas, que estudian allí, hayan recibido instalaciones de pésima calidad y, por otro lado, que la mayoría de estos planteles educativos, como el del profesor, ni siquiera se hayan podido conectar.“En nuestro caso, aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, cuestiona el docente, según información divulgada por la plataforma Change.org

De acuerdo con denuncia del maestro Leonardo, el internet que le instalaron a su colegio no funciona y la interventoría y el prestador del servicio durante meses han hecho caso omiso a los reportes de deficiencia del servicio y nada ha mejorado o cambiado.

Es por ello, como menciona en la petición que él mismo está liderando, se cansó de seguir esperando y por eso se decidió a alzar la voz de protesta por sus estudiantes y por todos aquellos que hoy no tienen condiciones dignas para estudiar por falta de acceso a internet.

Leonardo espera que la Ministra Abudinem responda por la conectividad que prometió y que nunca llegó y que por medio de las firmas, la voz de todos los ciudadanos que apoyando su campaña sea realmente escuchada.

Los que deseen apoyar esta causa, puede ingresar a la campaña: Change.org/PorElInternetRural