La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina resolvió a favor de Telefónica en la medida cautelar en la que la empresa solicitó la suspensión del DNU 690 y sus consecuencias. El fallo en segunda instancia –la primera lo había desestimado– es un nuevo golpe al gobierno a 16 meses de la declaración de las TIC como servicio público aunque, en la práctica, los operadores ya no cumplen a rajatabla con los alcances de la medida.

“Estamos convencidos que todo el ecosistema necesita reglas claras que den previsibilidad y permitan la sostenibilidad de la industria; motor estratégico para el crecimiento del país y desarrollo de la sociedad”, dijo la empresa tras celebrar la medida que, como en otros casos, se aplicará inicialmente por el plazo de seis meses.

La nulidad alcanza específicamente a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto y también declara la inaplicabilidad de la resolución 1466/2020, que disponía límites máximos en los aumentos; la 203/2021, de adecuación de precios minoristas para proveedores de servicios móviles; y de la 204/2021, de adecuación de precios minoristas para otros servicios, entre otros.

El caso de Telefónica se suma al de otras empresas que ya han logrado fallos favorables por este tema. El más resonante, por el ida y vuelta que provocó con el gobierno, fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos el de Telecentro y DirecTV. El listado de fallos en su contra llevó al gobierno a presentar proyectos para convertir el Decreto en ley, un objetivo que todavía no superó la etapa de debate.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 prorrogó la vigencia de la medida cautelar otorgada a Telecom Argentina por el que se frenan para la empresa los efectos del Decreto 690, que declaró servicios públicos a las TIC y por el que se aplicó control de precios a los prestadores de esos servicios.

El caso es icónico del conflicto entre las autoridades regulatorias y las empresas del sector por la aplicación de la norma, a la que los proveedores tildaron de equivocada y con impacto opuesto a la idea de universalización. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), de hecho, había intentado que se revisara el recurso de Telecom, pero su solicitud fue rechazada.

El caso de Telecom Argentina se suma al de otros proveedores que lograron frenar los efectos de la normativa al considerarla inconstitucional y capaz de hacer peligrar la sustentabilidad de la industria. La Justicia, por ejemplo, ya falló a favor de Catrie Televisora Color y TV Cable Color. También lograron luz verde en su queja Telecentro y DirecTV.

La competencia es un factor clave en la idea de universalización y, en ese contexto, controlar los precios de telecomunicaciones no parece una opción conveniente para solucionar problemas de conectividad, coincidieron los oradores durante un panel de las Jornadas ATVC. Tras las palabras de inauguración, fue momento de revisar qué ocurre en otras latitudes para evaluar la situación de Argentina.

“El avance que ha tenido la regulación no fue de la mano con el tecnológico. Ha intentado seguir la velocidad, pero siempre la tecnología le gana. Hay reguladores que están preocupados por los servicios tradicionales cuando ya son otros los que marcan la pauta”, inició el debate Manuel Cipriano, consultor sectorial con pasado en el Osiptel y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

El panel fue conducido por Paula Bertolini, directora de la Agencia DPL News, quien invitó a los oradores a analizar qué ocurre en otros países de la región. “Brasil y Chile en general no imponen regulación (a los precios). Perú solo aplica asimetría a Telefónica, y México a América Móvil. El caso más similar a Argentina es Ecuador, con una prestación básica, pero destinada a un nicho más específico”, indicó Javier Morales, de Cullen International.

“En Argentina, la prestación básica universal (PBU) son planes un 20 por ciento más económicos que los comerciales y benefician a un alto sector de la población”, amplió el ejecutivo, en referencia al alcance de una de las reglamentaciones del DNU 690, que en boca de la industria no ha tenido mayor uso por parte de la población. En general, el servicio de TV de paga no es alcanzado por medidas de este tipo, agregó como otra diferencia local respecto de lo habitual en la región.

“El control de precios no es el camino correcto. El mercado local no justifica una sobrerregulación y falta análisis del impacto que trajo consigo la medida. La necesidad de actualizar responde a una cuestión macroeconómica y está sobre la mesa que no es un capricho de los operadores”, afirmó Laura Botero, directora Regional para la Comunidad Andina de Asiet.

Por su parte, Alexia González, de la OCDE, inició un largo camino de recomendaciones que es visto como buena práctica en materia de conectividad, entre las que destacó planes nacionales de banda ancha, obligaciones de cobertura en los procesos de asignación de espectro, asociación público-privada y foco también en la demanda con, por ejemplo, subvenciones para el acceso.

“La ampliación de los servicios en una tarea conjunta del Estado y los operadores, además de otros actores”, añadió Botero, quien mencionó la ley colombiana por la que se declaró a Internet como servicio público como buena noticia por sus objetivos y alcance, entre ellos la incorporación de subsidios para sitios rurales y el concepto de silencio administrativo.

Luego, los oradores agregaron otros focos entre los que deben atender las políticas públicas para lograr los objetivos planteados: menos tasas tributarias, simplificación normativa y análisis exhaustivo de las consecuencias directas e indirectas de una nueva regulación. Todo esto sí, control de precios no, fue el claro mensaje que dejó el panel a las autoridades nacionales. ¿Tomarán nota?

Después de varios días de tensa calma, declaraciones del presidente Alberto Fernández reactivaron la puja por los precios en Argentina. El primer mandatario ratificó que Internet será servicio público en el país “para que no roben con las tarifas”, y el sector, particularmente las pymes, reaccionaron.

“Se enojan porque dije que Internet es servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo así para que llegue a todos y todas las argentinas y para que no nos estafen y roben con las tarifas”, fueron las palabras textuales que utilizó Fernández sobre el tema en el marco de la presentación de Argentina Programa.

Así, el funcionario dejó claro que no es idea del gobierno dar marcha atrás con el DNU 690 y sus reglamentos, a pesar de que varias instancias judiciales fallaron a favor de los operadores, dando vía libre a estos para fijar precios. El caso más resonante fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos DirecTV y Telecentro.

El primero en recoger el guante fue el Presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer. “Para que la conectividad llegue a todos de nada sirve declarar Internet como servicio público (…), como el gas y el agua potable que no llegan a todos, a pesar de serlo hace décadas. ¡Se necesita una industria competitiva y reglas claras!”, expresó.

Fue justamente Graizer quien en un evento reciente dijo que los accesos a Internet seguían creciendo en el país, pero a un ritmo más bajo que antes y que, en las condiciones actuales, llevaría 12 años cumplir con la idea de universalización del servicio. “Les pedimos que no nos ayuden tanto”, había bromeado otro ejecutivo en el mismo encuentro.

Desde la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (Cacpy) publicaron: “Que Internet sea un servicio público no garantiza achicar la brecha. Controlar los precios perjudica inversiones y baja la calidad de servicios. Las empresas que brindamos servicios TIC no robamos ni estafamos a nadie. Invertimos a riesgo propio”.

La Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) fue la más dura en la respuesta y hasta pidió a Fernández revisar sus dichos. “El presidente nos trató (a los prestadores) de ladrones, ni más ni menos. Si eso piensa, señor presidente, radique la denuncia correspondiente. Hay expresiones desafortunadas que no tienen retorno. Recapacite”, señaló.

No acusaron recibo, por su parte, los prestadores de mayor tamaño del país, a quien a todas luces en realidad iba dirigido el mensaje de Fernández. Las autoridades locales ya se habían pronunciado en contra del accionar de empresas de mayor tamaño cuando Telecom recibió el primer visto bueno de la justicia en su puja con el gobierno por este tema.

En el marco de la presentación de resultados trimestrales que tuvo lugar antes de las declaraciones de Fernández, el CEO de Telecom Argentina, Roberto Nobile, señaló que el gobierno “pone en juego hasta 4.5 puntos del PBI regulando precios”. Los dichos de una y otra parte sólo prometen mantener encendida una disputa que parecía haber bajado el tenor en las últimas semanas.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a licenciatarios un aumento de hasta un 5 por ciento en sus tarifas minoristas, retroactivo al primero de julio de 2021. Los incrementos, advirtió, sólo podrán ser aplicados por aquellos que hubieran cumplido con las disposiciones previas, lo que mantendrá vigente la polémica por los precios en Argentina.

La anuencia para subir tarifas fue dada a los proveedores mediante la resolución 862/2021, en la que también se expone que los aumentos previstos “no abarcan ni alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU)” y otras medidas coyunturales. La medida se publicó en la mañana de hoy y entrará en vigencia este jueves 15 de julio.

El artículo 1 es el que habilita el aumento para planes prepago y pospago en móviles, tomando como referencia los precios autorizados por resolución 1466/2020 y 203/2021 (ver infografía al final). El siguiente establece en 25 pesos el valor máximo de recarga de 50 MB de datos móviles por día, en 0.38 pesos el segundo de voz y en cinco pesos el precio del SMS para prepagos.

El artículo 3 da vía libre al incremento de hasta cinco por ciento para licenciatarios de Internet, telefonía fija y televisión (mediante vínculo físico y DTH), en este caso con referencia a los precios vigentes según resolución 1466/2020, 27/2021, 28/2021 y 204/2021 (ver infografía al final). Las empresas tendrán 15 días para avisar al regulador cambios en su esquema de precios.

El artículo 5 dispone que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiera sido aplicado por licenciatarios y supere los valores autorizados deberá ser reintegrado a los usuarios en la próxima factura a emitir”. Además indica que, en esos casos, los prestadores no podrán proceder a suspender el servicio ante falta de pago. La ejecución de esta práctica dará lugar a la aplicación de sanciones, advierte.

La polémica por los precios en Argentina se encendió el año pasado, cuando el Ejecutivo declaró a las TIC servicios esenciales y públicos (DNU 690/2020) y dictó medidas adicionales: topes de aumentos y prestaciones mínimas obligatorias. Inmediatamente las empresas se quejaron de las disposiciones, en un contexto de aumento de costos para prestar servicios y alta inflación.

Los operadores fueron a la justicia por esta situación y varios de ellos lograron autorización para aumentar precios más allá de lo dispuesto por el decreto 690 y sus posteriores. El caso más resonante es el de Telecom Argentina, pues luego de que la justicia fallara a su favor el gobierno recurrió la medida, aunque una instancia superior denegó el recurso.

La sala II del Tribunal Contencioso Administrativo Federal de Argentina decidió este miércoles brindarle una medida cautelar a DirecTV y Telecentro que suspende, por seis meses, los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declaró servicios públicos a las comunicaciones y fijó un control de precios.

La cautelar también incluye las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) número 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021.

El tribunal concluye, de acuerdo con un análisis, que “la configuración de circunstancias que prima facie colocan bajo serio y fundado cuestionamiento el estándar de razonabilidad y la legitimidad del decreto 690/20 y de las resoluciones del Enacom adoptadas en consecuencia, por la directa afectación que generan a los derechos de propiedad de las accionantes” (DirecTV y Telecentro).

Esta cautelar se suma a la que ya había logrado Telecom Argentina a finales de abril pasado por el mismo Tribunal. Esta medida fue recurrida por el Enacom, recurso que fue denegado ayer.

También hubo otros fallos emitidos por la justicia cordobesa a favor de Catriel Televisora Color y de TV Cable Color, y de la justicia misionera a favor de Video Color Campo Grande.

De esta forma, la industria de telecomunicaciones sigue cosechando victorias en el camino judicial contra la norma que impuso el control de precios en Argentina.

“Vamos a presentar mañana un recurso extraordinario federal ante la Cámara para poder llevar a la Corte esta medida cautelar adversa. Consideramos que tenemos los argumentos suficientes para hacer valer la constitucionalidad del DNU 690”, dijo Diego Leiva, director General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en una conferencia en la que el Estado argentino presentó sus argumentos en contra del fallo que le dio a Telecom posibilidad de fijar sus condiciones de comercialización por seis meses.

En la conferencia participaron autoridades nacionales y representantes de organismos de defensa de usuarios y consumidores. En la emisión vía Zoom se veían carteles a favor del decreto, mostrando particular apoyo a la decisión de declarar servicios públicos a las TIC. Hubo voces en un tono más suave y otras más determinantes, como la del Vicepresidente del Enacom, Gustavo López. La presentación se extendió por unos 50 minutos.

“La preocupación en esta pandemia fue garantizar servicios de calidad a los que menos tienen. La conectividad pasó a ser importante, a ser imprescindible, y tomamos medidas al respecto; algunas empresas acompañaron y otras no. El Estado está presente donde se lo necesita. Uno de los grupos más importantes interpuso un recurso, llegamos a una instancia de cautelar y queremos que todos sepan cuál será nuestra estrategia”, inició el Presidente del regulador, Claudio Ambrosini.

La palabra pasó a Leiva, quien dio cinco argumentos que serán eje de la defensa del Estado ante el máximo tribunal:

1. “No es una medida cautelar más. La Corte tiene que intervenir porque esto trasciende el mero interés de las partes, porque está en juego un servicio para todos los habitantes”.

2. “La Cámara falla bajo principios dogmáticos, no fundados en las pruebas que hay en el expediente. Los balances de las empresas muestran que el DNU no significó perjuicio para las empresas”.

3. “Sugieren que el (decreto) 690 no sería necesario por el decreto 311, por la oportunidad que tienen los usuarios de que no le corten el servicio. Ese argumento no es correcto, porque el 311 dejó de estar vigente el año pasado”.

4. “El Plan Básico Universal (PBU) es un derecho consagrado que da respuesta a las necesidades de los sectores vulnerables. La Cámara considera que hay otros instrumentos para llevar a cabo estas acciones, pero esa elección corresponde a las autoridades”.

5. “Se habla de incompatibilidad entre la declaración de servicio público y competencia, pero son dos conceptos compatibles y hay fallos que lo demuestran. También se indica que el DNU viene de forma disruptiva a intervenir en precios. Esa libertad de precios nunca fue tal, siempre aplicó la idea de que tienen que ser justos, por lo que no vemos que exista un cambio abrupto”.

Luego de la palabra de distintas asociaciones que dejaron claro que acompañarán al Estado en su defensa del DNU, Gustavo López hizo énfasis en que “el fallo en ningún momento habla del ciudadano. El único argumento es un supuesto quebranto de la empresa que no es tal”. El funcionario también expuso, como sus compañeros, que el fallo en contra fue por decisión dividida, sugiriendo que esto podría ser una ventaja en la defensa.

“Así parece que al que incumple se lo premia y al que incumple se lo castiga”, avanzó López más en consonancia con el tono que presentaron las asociaciones. En el discurso de la Asociación Civil de Bancarios Argentinos (Acuba), por ejemplo, se habló de “mala fe procesal” del demandante y se consideró que como ocultó “malisiosamente información, la resolución no tiene los elementos completos de relevancia jurídica”.

Al cerrar, Ambrosini respondió a una pregunta de DPL News, señalando que “mantendrá el diálogo con todos los actores” y que no cambiará esa postura, aunque en paralelo harán “lo necesario desde lo legal para que se cumpla la medida”. Sobre esto se indicó más tarde que no se autorizaron aumentos para mayo y que evaluarán en las próximas horas si se permitirán o no incrementos en junio.

Cuando la charla estaba culminando, las autoridades se refirieron a otro tema de larga data entre el gobierno y Telecom Argentina, la devolución de espectro que debe ejecutar la empresa por su proceso de fusión con Cablevisión: “Nos estamos ocupando de eso. Se envió una intimación la semana pasada, otorgando el plazo de 10 días hábiles para cumplir con la devolución”, disparó Ambrosini, dejando claro que serán semanas determinantes para el futuro inmediato del sector en Argentina.

Se suma un nuevo documento al listado que compone la fuerte disputa entre el gobierno y los operadores por el decreto 690 y sus reglamentaciones en Argentina. Luego de la resonante celebración de Telecom Argentina, esta vez Video Color Campo Grande logró una cautelar, también por el plazo de seis meses.

El demandante había solicitado que “se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 1 a 6 del DNU 690 y sus reglamentos por ser violatorios de preceptos constitucionales afectando el derecho a la propiedad, el ejercicio de industria lícita, la libre competencia, la seguridad jurídica y el principio de razonabilidad de las leyes”.

Tras revisar los pormenores, el Juzgado Federal de Eldorado (Misiones) dio lugar al pedido de la compañía y, como consecuencia, dispuso la suspensión del decreto. El documento al que tuvo acceso DPL News tiene 25 páginas y la firma del juez federal Miguel Ángel Guerrero.

Seguramente no sea este el último revés para el gobierno por su decisión de declarar públicos y esenciales a los servicios TIC, poner tope a los aumentos y crear planes básicos universales de prestación obligatoria. También hubo varios a su favor. Lo cierto es que los casos son como rounds ganados para uno y otro lado en una lucha que, al parecer, se definirá por puntos.

Telecom logró ganar una batalla en la pelea por el control de precios en Argentina, luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo Federal admitiera una medida cautelar para frenar los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690.

Si bien el fallo le permite sólo a Telecom Argentina recuperar la libertad de fijar sus precios por seis meses, no sería raro que los demás operadores pidan tratamiento igualitario ante la Justicia.

Rápidamente, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) emitió un comunicado diciendo que no se sorprendió por el fallo y que “tomará las medidas legales correspondientes e interpondrá un recurso federal para elevar el tratamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Esta resolución no modifica lo que venía ocurriendo en la práctica desde la promulgación de dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple el mismo desde hace más de ocho meses”, afirmó el regulador. Y es que Telecom Argentina mantuvo los aumentos de precios amparándose en los fallos emitidos en tribunales provinciales, como los de Catriel Televisora Color y otro de TV Cable Color.

“Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, Enacom reforzó la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias, protegiendo siempre la competencia y las necesidades comerciales, y abriendo canales de diálogo permanentes con todos los actores involucrados, incluyendo a los operadores del mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, desde el primer momento, Telecom Argentina optó por el incumplimiento y la judicialización de todas las medidas dictadas en favor de las y los usuarios”, explicó el regulador.