Conexis Brasil Digital entregará a los candidatos a la Presidencia de la República una agenda con propuestas para el próximo ciclo de gobierno, cuyo principal eje es la ampliación del papel del Ministerio de Comunicaciones (MCom), que pasaría a actuar como coordinador de la política digital del país.

La entidad sostiene que Brasil debe avanzar de la expansión de la conectividad hacia una estrategia nacional de digitalización, capaz de generar ganancias de productividad, competitividad y crecimiento económico.

Según Conexis, la consolidación de la economía digital puede añadir entre 700,000 millones de reales (aproximadamente 134,000 millones de dólares) y 1.3 billones de reales (249,000 millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB), siempre que el país adopte políticas públicas orientadas al estímulo de las inversiones, la modernización regulatoria y el desarrollo de un ecosistema digital más competitivo.

El documento está estructurado en tres ejes. El primero reúne propuestas para ampliar la seguridad jurídica y regulatoria, incentivar las inversiones y garantizar la sostenibilidad económica del sector.

Entre las medidas figuran una mayor previsibilidad para las subastas de espectro, el fomento al uso compartido de infraestructura entre operadores, el fortalecimiento del combate a los delitos contra las redes de telecomunicaciones y la ampliación del uso de los recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust).

El segundo eje aborda la integración de las telecomunicaciones al ecosistema digital y propone ampliar el papel del Ministerio de Comunicaciones, que pasaría a desempeñar una función de coordinación de la agenda digital del gobierno federal.

La entidad también defiende el fortalecimiento del papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la reducción de las asimetrías regulatorias entre operadores y plataformas digitales y una mayor seguridad jurídica para la negociación comercial entre empresas de telecomunicaciones y grandes proveedores de contenido.

El tercer eje concentra propuestas orientadas a la transformación digital del país, entre ellas, programas de alfabetización digital, formación de talento, ampliación de los servicios públicos digitales, fortalecimiento de la ciberseguridad y acciones para reforzar la soberanía tecnológica.

A Conexis Brasil Digital entregará aos candidatos à Presidência da República uma agenda com propostas para o próximo ciclo de governo que tem como um dos principais pontos a ampliação do papel do Ministério das Comunicações (MCom), que passaria a atuar como coordenador da política digital do país.

A entidade defende que o Brasil avance da expansão da conectividade para uma estratégia nacional de digitalização, capaz de gerar ganhos de produtividade, competitividade e crescimento econômico.

Segundo a Conexis, a consolidação da economia digital pode acrescentar entre R$ 700 bilhões e R$ 1,3 trilhão ao Produto Interno Bruto (PIB), desde que o país adote políticas públicas voltadas ao estímulo aos investimentos, modernização regulatória e desenvolvimento de um ecossistema digital mais competitivo.

O documento está estruturado em três eixos. O primeiro reúne propostas para ampliar a segurança jurídica e regulatória, incentivar investimentos e garantir a sustentabilidade econômica do setor. 

Entre as medidas estão maior previsibilidade para os leilões de espectro, estímulo ao compartilhamento de infraestrutura entre operadoras, fortalecimento do combate aos crimes contra redes de telecomunicações e ampliação do uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

O segundo eixo trata da integração das telecomunicações ao ecossistema digital e propõe ampliar a atuação do Ministério das Comunicações, que passaria a exercer um papel de coordenação da agenda digital do governo federal. 

A entidade também defende o fortalecimento da atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a redução das assimetrias regulatórias entre operadoras e plataformas digitais e maior segurança jurídica para a negociação comercial entre empresas de telecomunicações e grandes provedores de conteúdo.

Já o terceiro eixo concentra propostas voltadas à transformação digital do país, incluindo programas de letramento digital, formação de talentos, ampliação dos serviços públicos digitais, fortalecimento da segurança cibernética e ações para reforçar a soberania tecnológica.

Tele.Síntese
A Conexis Brasil Digital anunciou a nomeação de Bruno Cavalcanti para a Diretoria Jurídica, Tributária e de Governança e de Jeferson Fued Nacif para a Diretoria de Regulação e Políticas Públicas. Os dois passam a integrar a diretoria executiva da entidade ao lado do presidente-executivo Marcos Ferrari.
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Teletime
A Conexis, que representa as grandes operadoras de telecomunicações, esteve esta semana em reunião com o deputado Juscelino Filho (PSDB/MA), presidente da Frente Parlamentar das Telecomunicações e Serviços Digitais, para discutir o Projeto de Lei 3.220/2019, que também será relatado, na Câmara, pelo deputado. Segundo apurou este noticiário, as operadoras apresentaram uma proposta de ajustes ao projeto, manifestando apoio a alguns dos aspectos aprovados no Senado, mas pedindo algumas mudanças no texto a ser votado na Câmara.
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El dictamen de la Abogacía General de la Unión (AGU), que reconoció la obligatoriedad de la cesión del espacio en postes entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, no puso fin a la disputa en torno al uso compartido de la infraestructura en Brasil.

Incluso después de que el entendimiento jurídico desbloqueara la interpretación de la nueva resolución conjunta elaborada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), entidades del sector continúan defendiendo la aprobación del PL 3220/2019, que tramita en régimen de urgencia en la Cámara de Diputados.

Conexis Brasil Digital calificó el texto aprobado por el Senado como un “avance en favor de una solución estructural” para el uso desordenado de los postes, un problema que, según la entidad, afecta el paisaje urbano, aumenta los riesgos para la población y compromete la calidad de los servicios prestados por los operadores regulares.

La asociación defendió la preservación de puntos considerados consensuales en el Senado, como la libertad para que las distribuidoras definan si la gestión de la infraestructura será realizada directamente o por terceros, la previsión de un periodo transitorio de regularización con precio máximo, la prohibición de subsidios cruzados entre energía y telecomunicaciones y la prohibición de que el eventual “gestor de postes” también actúe como prestador de servicios de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, Conexis afirmó que el proyecto aún requiere “mejoras” durante su tramitación legislativa y regulatoria, especialmente en la definición de directrices objetivas para precios basados en costos, mecanismos de financiamiento y plazos adecuados para la regularización de la infraestructura.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) afirmó que el dictamen de la AGU representa un paso importante para reducir la inseguridad jurídica del sector, al reconocer la obligatoriedad de la cesión del espacio en infraestructura de distribución.

Para la entidad, este entendimiento refuerza que los postes son activos esenciales para la expansión de la conectividad y que su uso compartido no puede depender de interpretaciones facultativas.

Sin embargo, Abrint sostuvo que el dictamen no sustituye la necesidad de una solución regulatoria y legislativa más amplia. Según la asociación, la obligatoriedad de la cesión debe ir acompañada de reglas claras de gobernanza, responsabilidades objetivas entre los agentes, mecanismos efectivos de ordenamiento, fiscalización proporcional, plazos ejecutables y una metodología de precios orientada a costos.

La entidad también afirmó que sigue de cerca la tramitación del PL 3220/2019 y defendió la aprobación de la propuesta con ajustes que garanticen el equilibrio entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, reduzcan los litigios y eviten costos desproporcionados para los proveedores.

Aunque parten de preocupaciones distintas, las posiciones muestran que el debate sobre los postes ha pasado del ámbito jurídico al económico y operativo.

El dictamen de la AGU redujo la divergencia sobre la posibilidad de cesión obligatoria de la infraestructura, pero no eliminó la disputa en torno a la implementación del modelo, la gobernanza de la entidad gestora, la definición tarifaria y la distribución de responsabilidades entre distribuidoras, operadoras y proveedores regionales.

O parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) que reconheceu a obrigatoriedade da cessão do espaço em postes entre os setores elétrico e de telecomunicações não encerrou a disputa em torno do compartilhamento da infraestrutura no país.

Mesmo após o entendimento jurídico destravar a interpretação da nova resolução conjunta construída entre Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), entidades do setor continuam defendendo a aprovação do PL 3220/2019, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados.

A Conexis Brasil Digital classificou o texto aprovado pelo Senado como um “avanço em prol de uma solução estrutural” para o uso desordenado dos postes, problema que, segundo a entidade, afeta a paisagem urbana, aumenta riscos à população e compromete a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras regulares.

A associação defendeu a preservação de pontos considerados consensuais no Senado, como a liberdade para que as distribuidoras definam se a gestão da infraestrutura será feita diretamente ou por terceiros, a previsão de um período transitório de regularização com preço máximo, a vedação de subsídios cruzados entre energia e telecomunicações e a proibição de que o eventual “posteiro” também atue como prestador de serviços de telecom.

Ao mesmo tempo, a Conexis afirmou que o projeto ainda demanda “aprimoramentos” durante a tramitação legislativa e regulatória, especialmente na definição de diretrizes objetivas para preços baseados em custos, mecanismos de financiamento e prazos adequados para a regularização da infraestrutura.

Já a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) afirmou que o parecer da AGU representa um passo importante para reduzir a insegurança jurídica do setor ao reconhecer a obrigatoriedade da cessão do espaço em infraestrutura de distribuição. 

Para a entidade, o entendimento reforça que os postes são ativos essenciais para a expansão da conectividade e que seu compartilhamento não pode depender de interpretações facultativas.

A Abrint, no entanto, sustentou que o parecer não substitui a necessidade de uma solução regulatória e legislativa mais ampla. Segundo a associação, a obrigatoriedade da cessão precisa vir acompanhada de regras claras de governança, responsabilidades objetivas entre os agentes, mecanismos efetivos de ordenamento, fiscalização proporcional, prazos executáveis e metodologia de preços orientada a custos.

A entidade também afirmou acompanhar a tramitação do PL 3220/2019 e defendeu a aprovação da proposta com ajustes que garantam equilíbrio entre os setores elétrico e de telecomunicações, reduzam litígios e evitem custos desproporcionais aos provedores.

Embora partam de preocupações diferentes, os posicionamentos mostram que o debate sobre os postes migrou do campo jurídico para o econômico e operacional. 

O parecer da AGU reduziu a divergência sobre a possibilidade de cessão obrigatória da infraestrutura, mas não eliminou a disputa em torno da implementação do modelo, da governança da entidade gestora, da definição tarifária e da distribuição de responsabilidades entre distribuidoras, operadoras e provedores regionais.

El crimen organizado estaría controlando el acceso a Internet en 313 municipios de seis estados brasileños, afectando a cerca de 6 millones de personas, según representantes del sector de telecomunicaciones escuchados en una audiencia pública en la Cámara de Diputados esta semana.

De acuerdo con Conexis Brasil Digital, las facciones criminales vienen restringiendo la actuación de operadores y proveedores locales, en algunos casos mediante la intimidación de técnicos, el vandalismo de redes y el secuestro de infraestructura, como cables y equipos. El impacto alcanzaría un área equivalente a casi dos veces el territorio del estado de São Paulo.

De acuerdo con el sector, la actuación del crimen organizado se ha expandido con rapidez en determinadas localidades. En Fortaleza (CE), por ejemplo, representantes informaron que las facciones pasaron a controlar el acceso a Internet en áreas que corresponden entre 5% y 10% de la población en apenas una semana, alcanzando cerca del 25% en menos de un mes.

La Asociación Brasileña de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivas (Telcomp) sostiene que la escalada del problema requiere una respuesta coordinada entre la Unión y los estados, con enfoque en inteligencia y represión.

Entre las propuestas, se encuentra la inclusión de las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica en la PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) de Seguridad, lo que permitiría una mayor coordinación federal en las acciones de investigación y combate.

El sector también señala la necesidad de endurecer las penas para delitos como el robo y la receptación de cables y equipos de telecomunicaciones. El tema ya es objeto de un proyecto de ley en trámite en la Cámara, que prevé la exigencia de comprobación de origen legal para la reventa de materiales de telecomunicaciones.

El Ministerio de las Comunicaciones evalúa que la represión del problema también depende de una mayor integración con las policías civiles estatales y de mecanismos regulatorios más estrictos, incluida la posibilidad de revocación de licencias a empresas eventualmente vinculadas a organizaciones criminales.

El debate reaviva la discusión sobre las vulnerabilidades de la infraestructura digital en el país y los límites de la actuación estatal en áreas con presencia consolidada del crimen organizado, especialmente en servicios considerados esenciales como la conectividad.

Las inversiones del sector de telecomunicaciones en Brasil sumaron R$ 36.3 mil millones (US$ 7.1 mil millones) en 2025, según datos de Conexis Brasil Digital. El monto representa un aumento del 5.2% frente a 2024, pero, descontada la inflación, el crecimiento fue del 0.2%.

Los recursos se concentraron principalmente en la expansión del 5G y de la fibra en la banda ancha fija. Sólo en el cuarto trimestre, las inversiones alcanzaron R$ 10.5 mil millones (US$ 2 mil millones), con un avance del 4.7% en la comparación interanual.

En la práctica, este movimiento se refleja en la ampliación de la cobertura. El número de antenas 5G creció casi un 40% en el año, pasando de 37,639 a 52 mil. Por su parte, la base de usuarios con acceso a la tecnología aumentó de 40 millones a 58.2 millones.

El 5G también avanzó en número de ciudades: pasó de 812 municipios a finales de 2024 a 1,420 en diciembre de 2025.

En banda ancha, fija y móvil, se activaron 11.1 millones de nuevos accesos a lo largo del año, lo que equivale a 21 conexiones por minuto.

Los ingresos del sector alcanzaron R$ 338 mil millones (US$ 66.3 mil millones) en 2025 y volvieron a crecer por encima de la inflación, impulsados principalmente por la expansión de la banda ancha.

Os investimentos das operadoras de telecomunicações somaram R$ 36,3 bilhões em 2025, segundo dados da Conexis Brasil Digital. O valor representa alta de 5,2% em relação a 2024, mas, descontada a inflação, o crescimento foi de 0,2%.

Os recursos seguiram concentrados na expansão do 5G e da fibra na banda larga fixa. Só no quarto trimestre, os aportes chegaram a R$ 10,5 bilhões, com avanço de 4,7% na comparação anual.

Na prática, esse movimento aparece na ampliação da cobertura. O número de antenas 5G cresceu quase 40% no ano, passando de 37,6 mil para 52 mil. Já a base de usuários com acesso à tecnologia subiu de 40 milhões para 58,2 milhões.

O 5G também avançou em número de cidades: saiu de 812 municípios, no fim de 2024, para 1.420 em dezembro de 2025.

Na banda larga, fixa e móvel, foram ativados 11,1 milhões de novos acessos ao longo do ano, o equivalente a 21 conexões por minuto.

A receita do setor chegou a R$ 338 bilhões em 2025 e voltou a crescer acima da inflação, puxada principalmente pela expansão da banda larga.

Madri, Espanha. Mesmo diante das pautas latentes em tramitação no Congresso que impactam o setor de telecomunicações, o debate sobre o fair share ainda busca espaço pela sua viabilização. “O tema não está esquecido. Para nós é importante equalizar os níveis regulatórios entre os diferentes elos da cadeia”, disse Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital (que representa Claro, Vivo e TIM), em conversa com a DPL News.

Para Ferrari, é fundamental barrar o Projeto de Lei 469/2024 que altera o Marco Civil da Internet para proibir qualquer cobrança por parte dos provedores de internet pelo aumento do tráfego de dados. “Esperamos que a Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais inclua essa pauta como primordial ainda para 2026”, enfatizou.

A Frente, no entanto, tem no momento mirado a aprovação do ReData que, não só definirá o tratamento que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) dará aos data centers, como se choca com definições tributárias que transversalmente atingem outros setores da cadeia digital, o que tem gerado uma série de debates.

Outro ponto que o executivo vê como prioritário para a Frente dar andamento ainda este ano, é o Projeto de Lei Complementar (PLP 81/22), que proíbe o governo de bloquear os recursos orçamentários do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), garantindo o financiamento estável de políticas do setor.