El Economista Jorge Bravo

El Inegi publicó por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, una tarea que antes realizaba el extinto (por la 4T) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El informe revela que la pobreza en México disminuyó de 43.2% en 2016 a 29.6% en 2024, lo cual equivale a 13.7 millones de personas menos en esta condición.

Sin embargo, persisten desafíos como las brechas entre entidades federativas, ámbitos rurales y urbanos. Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo los estados con mayor pobreza; también son los más desconectados. Surge la pregunta de si el acceso a Internet, la tecnología y las habilidades digitales contribuyen a erradicar la pobreza multidimensional. Este vacío cobra relevancia en un mundo cada vez más interconectado. La respuesta está en la invisibilidad de lo digital como un derecho social.

El Inegi analiza seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación. Todas estas dimensiones están vinculadas con el acceso a la tecnología.

La penetración de Internet en México ha crecido, pero persisten brechas. Según el Inegi, más de 100 millones de personas usaron Internet en 2024 (83.1% de la población) y 73.6% de los hogares cuenta con conexión a la red. Estas cifras nacionales ocultan desigualdades. En el ámbito urbano, 86.9% de la población de seis años o más es usuaria de Internet, frente a 68.5% en zonas rurales. Mientras 79% de los hogares del quintil de ingreso más alto tiene Internet, sólo 32% del quintil más bajo lo tiene.

A nivel estatal la divergencia es similar. Entidades con menor rezago como CDMX, Sonora o Nuevo León superan 83% de hogares conectados, pero en Chiapas apenas llega a 50.7% (Oaxaca 55.5% y Guerrero 58.9%). Los datos muestran que los mexicanos más pobres, rurales o mayores de edad quedan rezagados del acceso digital, limitando su participación plena en la Sociedad de la Información.

El acceso desigual a Internet tiene un impacto directo en otras dimensiones de la pobreza. En educación, la conectividad es esencial; la educación a distancia depende de ella. Durante la pandemia, 738,400 alumnos no concluyeron el ciclo escolar 2020-21 y 68% de quienes abandonaron la escuela señalaron la educación a distancia o la falta de recursos (como Internet) como causa de su deserción.

La ausencia de conectividad en hogares rurales (donde el rezago alcanza 32.2%, frente a 14.8% en zonas urbanas) limita el acceso a plataformas educativas y recursos digitales. Según la UNESCO, 60% de los estudiantes sin Internet durante la pandemia no pudieron continuar su aprendizaje. La brecha digital educativa (la llamada “brecha de tareas”) dejó claro que los estudiantes sin Internet pierden herramientas de aprendizaje clave y agravan el rezago educativo en hogares vulnerables.

La banda ancha también abre oportunidades en salud. La telemedicina y el acceso a información sanitaria dependen de la conectividad. La telemedicina podría reducir esta carencia en estados como Chiapas, donde 83.3% de la población no tiene acceso a servicios de salud.

La provisión de servicios sociales y trámites gubernamentales se realizan cada vez más en línea. Un estudio del Banco Mundial destaca que la conectividad impulsa la productividad, pero también facilita la provisión de servicios de salud, educación y gubernamentales a través de Internet. Sin acceso digital, amplios sectores quedan excluidos de estos derechos y se afecta su bienestar general. El organismo subraya que sin Internet ni habilidades digitales “miles de millones de personas quedan excluidas del mundo moderno”.

La tecnología móvil y las plataformas digitales también ofrecen nuevas fuentes de ingreso que benefician a sectores populares. Ayer se publicó un estudio de DiDi que calcula que la operación de esta plataforma generó indirectamente 132,608 empleos en México, 0.22% de la población ocupada. La contribución al PIB fue de 0.47%, equivalente a 118 mil millones de pesos.

Los conductores y repartidores afiliados a DiDi reportaron en promedio un aumento de 20% en sus ingresos tras incorporarse a la plataforma, un claro beneficio económico para trabajadores de bajos ingresos. Según DiDi, 45% de los viajes inicia o termina en zonas con marginación media-alta o alta. Es decir, buena parte de su actividad se concentra en áreas urbanas rezagadas, conectan residentes y pequeños negocios con clientes y transporte. Estos ejemplos de economía digital muestran cómo la conectividad ofrece oportunidades de empleo y aumento de ingresos para comunidades vulnerables.

Existe abundante evidencia nacional e internacional de que la conectividad digital está estrechamente vinculada al desarrollo económico y social. Estudios globales señalan que incrementar la penetración de banda ancha impulsa el crecimiento del PIB y el bienestar. Indagaciones del Banco Mundial y Ericsson documentan que un aumento de 10% en la penetración de banda ancha en países en desarrollo elevó el crecimiento económico 1.34%.

Sabemos por organismos internacionales que el aumento de 1% en la penetración de banda ancha móvil en países de América Latina genera un aumento de 0.23% en el PIB (CEPAL, 2022). Mil nuevas conexiones de banda ancha generan 80 nuevos empleos (Ericsson-Arthur D. Little). Duplicar la velocidad de Internet hace crecer el PIB 0.3% (Ericsson). Con 10% de incremento en penetración de telefonía móvil, el PIB crece 0.5% (Ericsson).

Los gobiernos deben incluir el acceso a Internet en sus objetivos de desarrollo. En México, la expansión de la conectividad beneficiaría zonas rurales y comunidades con rezago, reduciendo la pobreza y creando oportunidades y prosperidad.

Ahora que el INEGI mide la pobreza multidimensional por mandato constitucional, resulta oportuno que incorpore el acceso a Internet, la infraestructura y las habilidades digitales como una nueva dimensión en la medición oficial de la pobreza. En la era digital, la falta de conectividad equivale a una desventaja estructural en el bienestar económico y social. Incluir esta variable permitiría captar mejor las limitaciones que sufre la población más rezagada para ejercer plenamente derechos como el acceso a las TIC, educación, salud y para insertarse en la economía del conocimiento.

El Universal Rubén Migueles

El acceso a los beneficios de Jóvenes Construyendo el Futuro es limitado para quienes habitan en zonas rurales o son hablantes de lengua indígena debido a la falta de internet y equipos de cómputo, advirtió el Coneval, al dar a conocer la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 de dicho programa.

En el análisis, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoció que ha sido un acierto del programa hacer uso de las nuevas tecnologías de la información para acercar sus servicios a una generación cada vez más digitalizada.

Sin embargo, sería deseable minimizar los obstáculos que representa para esta población rural e indígena acceder al programa, y con ello propiciar una mayor oferta y demanda de capacitación en esas zonas, eliminando el riesgo de que sean asistidos por algún actor externo a la intervención, dijo.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro considera a un grupo de población (18 a 29 años) que ha presentado dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, priorizando a jóvenes que viven en contextos de marginación alta o muy alta.

El Coneval recomendó incorporar en los instrumentos normativos los principios de progresividad y equidad.

El primero alude al diseño de mecanismos efectivos para favorecer que la inversión social se destine a los estratos de población de menores recursos; mientras que el segundo, al reconocimiento de la existencia de sectores de la población que enfrentan barreras diversas que obstaculizan su acceso a los bienes y servicios necesarios para promover su desarrollo.

En el ejercicio fiscal 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un presupuesto original de 40 mil millones de pesos, el cual se modificó a 23 mil 915 millones de pesos. En 2020, el programa dispone de un presupuesto aprobado de 24 mil 956 millones de pesos.

Al cierre de su primer año de operación (2019), Jóvenes Construyendo el Futuro logró atender a un millón 120 mil 543 personas, superando su meta prevista de un millón de beneficiados.

Sin embargo, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría del Trabajo, el número se redujo a 570 mil jóvenes, en medio de la pandemia de coronavirus.

El programa dispone de información para determinar si un joven cumple con los criterios de elegibilidad, pero no para caracterizarlos socioeconómicamente de manera precisa, y tampoco para conocer si pertenecen a alguno o varios de los grupos que son considerados población prioritaria de atención, expuso el Coneval.

Al respecto, sugirió generar los mecanismos y la información que permitan dar cuenta de los resultados en materia de seguimiento al objetivo de la capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El consejo también advirtió que la evaluación ya incidió en un cambio, ya que en la posición institucional el programa menciona que durante el proceso implementó mejoras que coinciden con las recomendaciones realizadas.

El Universal Carla Martínez

Las entidades del sureste del país tienen una menor aceleración en la madurez digital frente a otros estados, mostró el Índice de Preparación Digital Global de Cisco.

Aunque todos los estados se encuentran en etapa de aceleración digital, algunos presentan un grado bajo, medio y otros alto, dijo Mauricio Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Cisco México.

“¿Dónde están los niveles de aceleración más bajos? En los estados del sur. Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca resultaron los estados con el Índice de Madurez Digital más bajo”, señaló Moreno en conferencia de prensa.

En esas entidades se debe trabajar en lo básico, en la conectividad, en el bienestar social y en el descubrimiento de mecanismos para incorporar a la gente a la digitalización y bondades de la tecnología, expuso.

La media tabla está distribuida entre el Bajío, los estados del centro-norte y las penínsulas.

“Donde encontramos la mayor madurez digital, además de la Ciudad de México, un poco en la Península de Yucatán, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa”.

Para el análisis Cisco utilizó fuentes adicionales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El directivo destacó que ningún estado cayó en el nivel de “activar”, que es el previo al de aceleración.

A escala nacional, México alcanzó 12.34 puntos de 20.26 posibles en cuanto a su madurez digital, de acuerdo con el índice de Cisco.

Moreno explicó que esto significa que México se encuentra en un nivel alto de aceleración.

“México ya estaba en este rango de acelerar alto, continuamos en ese rango, lo cual habla de que tenemos una tarea pendiente sobre todo en consolidar una agenda digital nacional que tenga la contribución de los tres grandes sectores, el público, privado y la academia”.

Dijo que hay una alta correlación entre la madurez digital, el ingreso per cápita, el ecosistema ambiental y el nivel de felicidad del país.

Para definir el nivel de madurez de una nación se analizaron las necesidades básicas, inversión pública y privada, facilidad de hacer negocios, capital humano, ambiente de startups, adopción e infraestructura tecnológica. De manera que la escala general va de cero a 25 puntos y se limitó de 4.32 hasta 20.26 puntos.

México se ubica por debajo de siete países de América Latina: Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Panamá, Trinidad y Tobago y Colombia, pero por encima de Brasil.