Reforma Alejandro González

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá reabrir una investigación que determinó cerrar sobre el caso entre Comercializadora Nacional Telefónica (Conatel) y Telmex, en donde la primera denunció prácticas anticompetitivas de la firma de Carlos Slim.

Silvia Cerón Fernández, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinó que se deje sin fundamento el acuerdo del Pleno del IFT y emita otro ya que hubo violaciones al proceso.

“Al haberse demostrado que como lo indicó la parte quejosa en su demanda, la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales al no haber motivado suficientemente el Acuerdo P/IFT060219/68 , es inconcuso que el concepto de violación analizado resulta fundado y suficiente para conceder el amparo”, advierte la sentencia.

En 2016, Conatel realizó ante la Autoridad Investigadora (AI) del IFT una denuncia en contra de Telmex que presuntamente vendía a Conatel el servicio de telefonía pública con una renta fija de 150 pesos por línea en cada caseta, lo que ocasionaba que sus tarifas al usuario fueran superiores a las que Telmex ofrecía en sus casetas.

Sin embargo, el IFT decidió cerrar la investigación en 2018, a pesar de inconsistencias que denunció la propia Conatel.

Manuel Paniagua, propietario de Conatel, afirmó que además de la renta fija a Telmex, debía pagarle 1.80 pesos por llamada a celulares, por lo que la tarifa a sus clientes es de 5 pesos, en tanto que la empresa de Carlos Slim cobra 1.50 pesos por llamada.

La sentencia detalla que el Pleno del IFT no realizó un estudio y sólo se limitó a hacer una breve síntesis de lo que refirió la Autoridad Investigadora del propio regulador.

“Se advierte que para adoptar su decisión, el Pleno del Instituto únicamente se limitó a hacer una breve síntesis de lo referido por la Autoridad Investigadora, y en tan sólo unas líneas se pronunció respecto de las cuatro conductas que habían sido materia de la investigación, sin realizar un estudio propio de las constancias que integraban el expediente administrativo de marras, ni menos aún analizar las conductas denunciadas desde la perspectiva económica que se requería para pronunciarse respecto de su actualización”, advierte la sentencia.

Las conductas anticompetitivas a las que se refiere la sentencia y que denunció Conatel ante el IFT fueron depredación de precios, discriminación de precios, obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda, y estrechamiento de márgenes.

El Heraldo de México – Alberto Aguilar

La discrecionalidad con la que opera el IFT ya motivó una iniciativa en el Congreso que presentó apenas en febrero la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, esto para modificar el artículo 28 de la Constitución.

Y es que se considera que al final de cuentas la actual mecánica de operación de ese órgano autónomo no cumple cabalmente con el espíritu que motivo la reforma de telecomunicaciones en materia de competencia.

Dicha entidad que comanda Gabriel Contreras tendría que identificar y corregir vicios anticompetitivos que merman a la postre al consumidor al tener que pagar sobreprecios por los servicios que recibe.

De ahí que la legisladora proponga que la elección del responsable de la autoridad investigadora del IFT se lleve también al Senado como sucede con los comisionados.

Ahora mismo esa posición hoy a cargo de Paulina Martínez Young recae en los comisionados, situación que termina por generar un vínculo que sesga el sentido de las investigaciones, al grado de que sin transparencia muchas de éstas simple y llanamente se concluyen, “sin que nadie pueda pedir cuentas”, explica Barrera Badillo.

Hace unos días le platicaba del caso de la compañía de telefonía pública Comercializadora Nacional de Telefonía (CONATEL) cuyo expediente fue desechado por el IFT y en particular por la autoridad investigadora.

Manuel Paniagua, propietario de dicha empresa telefónica, que depende y compite con Telmex de Carlos Slim Helú, enfatiza que Martínez Young en sus criterios rehusó definir un mercado relevante y también el determinar las llamadas que les vende la telefónica protagónica como insumo esencial.

De haberlo hecho, agrega el empresario, no habría tenido forma de no acreditar las prácticas monopólicas.

CONATEL ya solicitó un amparo que se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, luego de que la autoridad investigadora rechazó su expediente “sin realizar un análisis exhaustivo”.

El propio Paniagua hace ver que en su caso no se ha logrado conseguir el soporte del IFT, vaya ni siquiera una audiencia con Contreras Saldívar, pese a que su petición se formuló a través de la Oficialía de Partes, para que éste interviniera con el fin de que el IFT pueda empujar el desarrollo de forma eficiente de las telecomunicaciones.

CONATEL forma parte la industria de la telefónica pública, o sea las casetas, que están gravemente amenazadas por el celular.

En su caso sus ventas cayeron del 2009 al 2017 en un 95%, ya que su situación se agrava por la forma en que Telmex cobra su servicio bajo el esquema de renta fija más el consumo, mecanismo con el que, dice Paniagua, “Telmex ha competido durante año de forma desleal, puesto que vende las llamadas a celular a un precio menor al que lo hace a la telefonía pública”.

CONATEL está en concurso mercantil desde octubre del 2015 y tiene un adeudo impagable de 58 mdp con Telmex que lleva Héctor Slim Seade. Paniagua denuncia un trato “aplastante” de esta última incluso con actitudes intimidatorias a su persona, lo que le obligó a dejar en garantía la casa en la que vive.

El IFT era la esperanza. Sin embargo el órgano autónomo optó por desechar el expediente, el cual podría representar un eslabón para mejorar la situación que vive la telefonía pública. De ahí la iniciativa de Morena puesto que hay otros casos que preocupan.