El Tribunal de Justicia de São Paulo, Brasil, decidió el 14 de agosto prohibir que WhatsApp comparta datos de los usuarios con Facebook e Instagram con fines publicitarios. Meta, propietaria de las tres plataformas, deberá permitir que los usuarios elijan si aceptan o no consentir con su política de privacidad y tiene 90 días para adaptarse a la nueva regla.

Con la decisión, la empresa tendrá que pagar una indemnización por daños morales colectivos alrededor de US$ 2.19 por cada uno de sus más de 147 millones de usuarios de WhatsApp, es decir: 310  millones de dólares. Además, si no cumple con el mecanismo de aceptación o rechazo de las políticas por parte de los usuarios, tendrá que enfrentar una multa diaria de 36 mil 500 dólares.

La decisión surge de una acción presentada en julio por el Ministerio Público Federal (MPF) y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec), acusando a Meta de violar la Ley General de Protección de Datos (LPGD) con las actualizaciones de sus políticas de privacidad en 2021.

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En los autos (resoluciones judiciales), las partes interesadas alegaron que no se aclaró adecuadamente a los usuarios sobre el tratamiento de datos y no se les proporcionaron los elementos necesarios para ejercer sus derechos fundamentales de protección de datos.

El MPF y el Idec también acusaron a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de negarse a compartir información básica, dejando de cumplir su papel como regulador.

Para ellos, la ANPD se ha revelado como “una institución que se ha comportado de manera opaca, contraria a cualquier accountability pública”. La acusación afecta la confiabilidad del regulador en un momento en el que se le ha atribuido el poder de órgano fiscalizador en el Marco Legal de Inteligencia Artificial, que se encuentra en trámite en el Senado Federal.

El gobierno del Reino Unido presentó nuevos planes para facilitar la firma de acuerdos internacionales de compartición de datos. Las nuevas reglas a ser emitidas por el gobierno relajarían las medidas de privacidad impuestas por la Unión Europea, por lo que también podrían presentar un riesgo de flujo de datos entre el Reino Unido y Europa.

El plan pretende facilitar la compartición de datos entre el Reino Unido y otras naciones, como parte de las medidas del país para aprovechar las oportunidades del análisis de datos en sectores como el comercio internacional, ahora que no está obligada a adherirse a las reglas de privacidad de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con un comunicado, el gobierno revela que está delineando los primeros territorios con los que priorizará las asociaciones de “adecuación de datos”, como Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Singapur, el Centro Financiero Internacional de Dubai y Colombia. También confirma que está dando prioridad a las futuras asociaciones con India, Brasil, Kenia e Indonesia.

“Ahora que hemos dejado la UE, estoy decidido a aprovechar la oportunidad desarrollando una política de datos líder en el mundo que generará un dividendo del Brexit para las personas y las empresas en todo el Reino Unido”, dijo Oliver Dowden, secretario de Estado para lo Digital, Cultura, Medios y Deporte.

“Eso significa buscar nuevas y emocionantes asociaciones de datos internacionales con algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, en beneficio tanto de las empresas británicas como de los clientes británicos”, agregó Dowden.

Según la Secretaría, las estimaciones sugieren que existe un comercio por valor de 11 mil millones de libras (15 mil millones de dólares) que no se realiza en todo el mundo debido a las barreras asociadas con las transferencias de datos.

Las transferencias internacionales de datos son vitales para las actividades cotidianas, como la navegación GPS, videollamadas, banca en línea, aplicaciones de energía, comercio minorista y actividades administrativas de las empresas, explica la dependencia.

Las nuevas reglas diferirían del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, por lo que el reto del Reino Unido se encontrará en lograr el balance entre preservar un nivel similar de privacidad al establecido por la UE, mientras logra un marco legal que facilite la compartición de datos con otras naciones.

El gobierno del Reino Unido afirma que las nuevas reglas estarán sujetas a evaluaciones para asegurar los más altos estándares de privacidad, al mismo tiempo que favorecerán la innovación y permitirán un intercambio de datos más fácil.

“Trabajará de la mano con los acuerdos comerciales del Reino Unido y apoyará la ambiciosa agenda comercial del país para desbloquear los flujos de datos y minimizar las barreras o condiciones injustificadas”, agrega en el comunicado.

Para la nueva tarea, la Secretaría ha propuesto el nombramiento de John Edward, actual comisionado de Privacidad para Nueva Zelanda, quien asumiría el puesto de Comisionado de la Información. Como comisionado de Información, “estará facultado para ir más allá del papel tradicional del regulador de centrarse sólo en proteger los derechos de datos, con un mandato claro para adoptar un enfoque equilibrado que promueva una mayor innovación y crecimiento económico”.

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A partir del 13 de agosto, las instituciones financieras comenzaron a poder compartir la información de registro y transacciones de sus clientes entre sí, con el consentimiento de los usuarios. Esta es la segunda fase de la banca abierta (open banking) en Brasil.

En la primera fase las instituciones sólo divulgaban información estandarizada a los clientes sobre sus canales de atención y las características de los productos y servicios que ofrecen.

El nuevo paso permite a los usuarios solicitar la disponibilidad de sus datos de registro y transaccionales en sus cuentas, tarjetas de crédito y productos de crédito contratados. Cada persona también puede determinar durante cuánto tiempo se compartirá la información. Sin embargo, la implementación de este paso será escalonada:

De acuerdo con el cronograma del Banco Central de Brasil (BC), entre el 13 de agosto y el 12 de septiembre, sólo se pueden compartir los datos de registro, durante 10 horas al día. Las instituciones pueden autorizar al 0.1 por ciento de sus clientes.

Del 13 al 26 de septiembre del mismo mes también se podrá disponer de información sobre cuentas corrientes, de ahorro y prepagas. La cantidad de autorizaciones emitidas aumentará al 0.5 por ciento de la base de clientes.

Después de este periodo, hasta el 10 de octubre, entran en alcance los datos de las transacciones relacionadas con tarjetas de crédito y operaciones de crédito. En este intervalo, el tiempo para compartir será las 24 horas del día los jueves y viernes, y el límite de clientes que pueden autorizar este servicio aumenta al 1 por ciento para cada institución.

Entre el 11 y el 24 de octubre, el horario autorizado para el servicio será las 24 horas, todos los días de la semana, y hasta un 10 por ciento de los clientes podrán solicitar la disponibilidad de sus datos.

La tercera y cuarta fase está programada para comenzar el 30 de agosto y el 15 de diciembre, respectivamente.

Beneficios

El Banco Central argumenta que, con el cambio, el ecosistema tendrá más innovación, competitividad y racionalización de procesos. Porque los clientes podrán recibir ofertas de productos y servicios más adaptados a sus perfiles, “a costes más asequibles y de forma más ágil y segura”.

En un video difundido por el BC, Otávio Ribeiro Dámaso, director de Regulación, garantiza que el modelo abierto es seguro, ya que “sólo las instituciones reguladas, autorizadas y supervisadas por el BC participan en el open banking“, que deben seguir la Ley de Secreto Bancario.

Además, afirma que el desarrollo de la banca abierta en Brasil se llevó a cabo siguiendo los “mejores estándares de seguridad de la información”.

Convergencia Digital

Por meio de um comunicado, publicado no seu site – www.ibge.gov.br- o IBGE reporta que recebeu a decisão da Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deferiu medida cautelar suspendendo a eficácia da Medida Provisória (MP) 954 sobre acesso a cadastro das telefônicas para fins de pesquisas estatísticas de apoio ao combate à Covid-19 e informa seu imediato cumprimento.

No informe, a Instituição reitera seu compromisso com a produção estatística no Brasil e assim seguirá empenhada em cumprir sua missão e responsabilidades perante a lei de modo a ampliar seus esforços para permitir ao país buscar e conhecer dados e números capazes de socorrer os brasileiros em meio a pandemia que a cada dia exige mais informação e mais conhecimento, a favor das autoridades sanitárias dentro e fora do país e em benefício da saúde e da vida da população.

Leer más: https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=53479&sid=11

Teletime – Marcos Urupá

A Liderança do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) solicitou à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados uma nota técnica sobre o Decreto 10.046/2019, que cria a política de compartilhamento de dados na administração pública federal e institui o cadastro base do cidadão. No documento, a Consultoria da Câmara enxerga uma série de problemas no Decreto, que estariam colidindo com os princípios trazidos na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

O primeiro problema apontado pela Consultoria é a forma de unificação dos sistemas de informação para a efetivação do compartilhamento de dados na administração federal. O Decreto não especifica como o cidadão poderá ter acesso ao modo de como o governo operacionalizará o Cadastro Base do Cidadão, que será composto por diversos dados pessoais.

Leer más: https://teletime.com.br/19/12/2019/consultoria-aponta-problemas-no-decreto-de-compartilhamento-de-dados-do-governo-federal/

Teletime – Marcos Urpá

O deputado André Figueiredo (PDT-CE) apresentou na última terça-feira, 15, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 661/2019, que anula o Decreto 10.046/2019, publicado pelo Poder Executivo na última quinta-feira, 10. O decreto do governo federal estabelece a política de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados e é dirigido a todas as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além dos demais Poderes da União. O PDL ainda não foi despachado pela Mesa Diretora da Câmara e, por isso, não se tem ainda as comissões por quais tramitará.

Segundo o parlamentar, os motivos e as finalidades de compartilhamento das informações pessoais elencadas pelo governo federal no decreto são imprecisos. “O texto aduz tão-somente uma previsão geral de compartilhamento total dos dados para prestação de serviços públicos ou execução de políticas públicas não definidas, carecendo de transparência para o cidadão”, diz na justificativa do PDL o deputado e ex-ministro das Comunicações André Figueiredo.

Leer más: https://teletime.com.br/16/10/2019/pdl-anula-regras-de-compartilhamento-de-dados-publicada-pelo-governo/

Brasil estableció la política de intercambio de datos dentro de la administración pública federal, que incluye atributos biográficos, biométricos, genéticos, entre otros.

El intercambio de datos por parte de las entidades de la administración pública federal debe seguir ciertas pautas. En el caso de la información estatal, dicho intercambio debe ser lo más amplio posible, sujeto a restricciones legales, requisitos de seguridad de la información y la comunicación, y las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD).

El decreto 10.046/2019 publicado en el Diario Oficial de la Unión tiene el propósito de simplificar la provisión de servicios públicos; guiar y optimizar la formulación, implementación, evaluación y monitoreo de políticas públicas; promover la mejora de la calidad y confiabilidad de los datos en poder de la administración pública federal; e incrementar la calidad y eficiencia de las operaciones internas de la administración pública federal.

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En el caso de datos confidenciales, será necesario que el destinatario de los datos acepte las obligaciones de confidencialidad y auditabilidad impuestas al custodio de datos.

El decreto garantiza que, en el caso del procesamiento de datos personales, se respetará el derecho a la preservación de la privacidad y la privacidad de la persona física; la protección de los datos, las normas y procedimientos previstos en la ley; y que la recopilación, el procesamiento y el intercambio de los datos de cada organismo del gobierno federal se realizarán de conformidad con las disposiciones de la LGPD.