Proceso Jorge Bravo

La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones, abre una nueva oportunidad de rehacer la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el objetivo de alcanzar un México con inclusión digital universal, significativa e innovador. Pero también replicar riesgos del pasado. 

El diseño institucional de la CRT recuerda la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y hereda esquemas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por ello conviene preguntarse qué errores no repetir si la nueva CRT aspira a ser moderna, técnica y confiable.

Primero: la independencia no es un capricho burocrático, es la condición para tomar decisiones técnicas creíbles. La Cofetel operó históricamente con un diseño institucional que permitía fuertes influencias políticas. Esa falta de blindaje erosionó su capacidad técnica y su legitimidad ante los actores del mercado.

Aprender de ello obliga a la CRT a diseñar salvaguardas frente a cambios de dirección política y garantizar mandatos, nombramientos y remociones que prioricen la estabilidad técnica por encima de la conveniencia política. Sin instituciones que resistan la presión oficialista, las políticas públicas y la regulación se convierten en reacciones ideológicas y no en instrumentos para la conectividad y la competencia.

Segundo: la evidencia y los datos deben ser el corazón de cada resolución. El IFT logró en su vida institucional avances normativos y herramientas técnicas que impulsaron competencia y transparencia; sin embargo, también fue objeto de señalamientos por una narrativa oportunista al no resolver casos como el poder sustancial en TV de paga o hacer análisis de competencia con datos añejos, lo que derivó en un debilitamiento de su capacidad para tomar decisiones con datos.

La CRT debe tomar en serio la cultura de la evidencia empírica (consultas públicas, indicadores claros y abundantes, acceso a datos históricos y recientes, metodologías públicas y evaluaciones constantes) para que sus decisiones resistan el escrutinio público, la judicialización y la reinterpretación política. Los datos y la transparencia metodológica son la mejor defensa contra la arbitrariedad y la retórica.

Tercero: evitar la tentación de apretar tuercas regulatorias sin diagnósticos certeros. Ajustar el mercado es legítimo cuando hay fallas documentadas, pero es destructivo cuando se hace de manera indiscriminada o sin calibrar los impactos y costos de la regulación.

La experiencia del IFT muestra que regulaciones exorbitantes e intervencionistas como la preponderancia generan litigios, pereza regulatoria, incertidumbre y, sobre todo, desalientan la inversión y el avance digital. La CRT debe ser predecible mediante consultas públicas, reglas claras, procesos con plazos razonables, mecanismos de diálogo y recursos técnicos para que las empresas entiendan cómo cumplir y por qué es necesario.

Cuarto: la relación con la sociedad y los mercados no puede reducirse a comunicados de prensa. La Cofetel fue criticada por “funcionar” como una caja cerrada de decisiones técnicas desconectadas del ecosistema (operadores, academia, sociedad civil y usuarios). Si la CRT reproduce esa distancia social e industrial, será percibida como soberbia y ajena a problemas reales de conectividad e industriales.

Participación pública significativa mediante consultas transparentes y foros con representantes de la industria, usuarios y otros sectores deben ser rutina, no excepción. La interacción con la prensa, la academia y la presencia en foros fortalece las capacidades internas, las mejores prácticas y legitima decisiones complejas.

Quinto: fomentar la inversión privada y pública debe ser una prioridad normativa. La mejor regulación no es la que constriñe sino la que crea condiciones: certeza jurídica, reglas de juego estables y predecibles, esquemas de incentivos para despliegue de fibra y espectro y modelos regulatorios que permitan la innovación.

La CRT debe evitar crear ventanillas burocráticas que encarezcan proyectos o trámites que paralicen despliegues; en su lugar, debe diseñar rutas ágiles para concesiones y colaboración público-privada que aceleren la cobertura, digitalización e innovación.

Sexto: participación internacional y aprendizaje constante. La experiencia de la comunidad regulatoria mundial ofrece lecciones y estándares que aumentan la calidad técnica de las decisiones. El aislamiento internacional es un grave error porque disminuye la capacidad de dialogar, comparar, validar metodologías y adoptar mejores prácticas. La CRT necesita reconstruir redes de cooperación y participar activamente en foros multilaterales para estar a la vanguardia.

Finalmente, la estructura interna importa mediante perfiles técnicos robustos, diversidad de formación en economistas, ingenieros, abogados y comunicadores, así como órganos consultivos. Además, estrategias de comunicación social que traduzcan decisiones técnicas en beneficios tangibles para los usuarios son imprescindibles para ganar legitimidad.

La CRT tiene una ventana de oportunidad al rehacer la institucionalidad sin repetir los vicios de la Cofetel ni reproducir la soberbia que llevaron al desfase del IFT. La lección es clara y exige humildad institucional y regulatoria mediante independencia técnica respaldada por transparencia, evidencia empírica, datos, fogueo internacional y diálogo permanente con la sociedad y los mercados.

El Economista Jorge Bravo

El pasado 1 de junio, por primera vez en la historia la ciudadanía votó directamente para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados, incluidos los de Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El proceso estuvo marcado por un altísimo abstencionismo. Apenas 13 % (84,266 sufragios) de los empadronados eligieron a los ministros de la SCJN y una cantidad similar, 12.92 % (83,974 votos), para designar a los jueces de los tribunales colegiados.

Lo que está en juego no es el relevo burocrático, sino el control sobre el Poder Judicial y la concepción de justicia: ¿debe impartirse conforme al ideal romano (con más de 2000 años de historia jurídica en Occidente) de “dar a cada quien lo que merece”? Por el contrario, ¿la justicia se supeditará a la “voluntad del pueblo”, al designio mayoritario de quien elige y nombra a los nuevos jueces?

La respuesta, al menos en el discurso, parece inclinarse hacia el populismo. Hugo Aguilar Ortiz, electo presidente de la SCJN por voto popular (6.2 millones de sufragios, 5.3%), proclamó que “será una SCJN de todas y todos. La Corte estará cercana a la ciudadanía, al pueblo, y cumplirá su mandato constitucional para dar certeza a todas y todos. Llegó el día en que el pueblo manda. Llegó el día en que los pueblos pueden decidir”.

Sin embargo, quienes seguimos de cerca el devenir de la justicia especializada en competencias técnicas sabemos que, particularmente en los ámbitos de telecomunicaciones y radiodifusión, el modelo romano no puede enterrarse tan fácilmente con menos de 85,000 papeletas.

Los jueces y magistrados de estas materias requieren, independientemente de la “legitimidad democrática”, las virtudes clásicas de la tradición romana: vivir honestamente, no causar daño a otros, darle a cada quien lo suyo, ser independientes e imparciales, ostentar autoridad judicial, ejercer la diligencia (estudiar a fondo cada asunto) y garantizar eficacia, celeridad y plenitud judicial (es decir, resolver el conflicto en su totalidad).

El sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión es uno de los más litigiosos y técnicamente complejos del país. Según los informes trimestrales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre septiembre y diciembre de 2013 el IFT heredó de la extinta Cofetel un total de 405 litigios, entre juicios de amparo, recursos administrativos y juicios de nulidad. Al primer trimestre de 2023 esa cifra ascendía a 823 asuntos. Y en marzo de 2025 aún se mantenían 638 litigios en curso.

Los principales temas que ha dirimido el Poder Judicial son desacuerdos de interconexión, preponderancia, lineamientos, regulación asimétrica, sanciones, prórroga de concesiones, controversias constitucionales y muchos otros asuntos como la banda de 2.5 GHz y la Televisión Digital Terrestre.

La mayoría de las resoluciones (incluidas las más relevantes como controversias constitucionales y juicios de amparo) han recaído en el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales especializados o la SCJN, porque los agentes regulados no se quedan conformes con las decisiones del regulador.

Es de esperar que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones no sólo herede los expedientes no resueltos por el IFT, sino que se sumen nuevos litigios derivados de la incertidumbre jurídica que introducirá la nueva Ley Telecom recién aprobada en un periodo extraordinario de sesiones.

La lógica de someter a sifón electoral los órganos judiciales pretende acercar la justicia a la ciudadanía, pero se enfrenta a varios riesgos. Con menos de uno de cada siete ciudadanos participando, ¿puede llamarse “voluntad popular” un proceso que decide claves judiciales especializadas con un respaldo efecti­vo de apenas 13 % del padrón?

Lo más riesgoso es el populismo judicial. Al estar los jueces y magistrados sujetos a la aprobación del electorado, crece la presión para emitir resoluciones “populares” en lugar de decisiones técnicas, imparciales y agnósticas.

Los tribunales de competencia y telecomunicaciones requieren conocimientos profundos en ingeniería de redes, economía de mercados, regulación y actualización constante. El populismo judicial ya desplazó a los juristas que estaban preparados desde que la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013 creó dichos tribunales especializados.

Para evitar el desvío hacia el populismo judicial, los nuevos jueces deberán abrazar los principios del derecho romano. Más allá de la especialización técnica, la justicia especializada demanda independencia e imparcialidad: no estar supeditados a intereses partidistas o corporativos. Diligencia y profundidad: estudiar con rigor pericial cada aspecto económico y técnico. Celeridad y plenitud: asegurar resoluciones prontas, completas y resistentes a amparos sucesivos.

De los 26 candidatos propuestos por el Senado, quedaron 14 aspirantes para integrar los tribunales colegiados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ninguno alcanzó un porcentaje significativo, lo cual pone en entredicho la fuerza del “mandato popular”.

La renovación por voto popular de los tribunales especializados puede ser positiva si se prioriza la excelencia técnica, exigiendo formación y experiencia en economía, ingeniería, regulación y aspectos periciales. Si se protege la independencia judicial, al evitar renovaciones anticipadas o adscripciones arbitrarias que socaven la estabilidad de los jueces. Si se refuerza la transparencia, al publicar sentencias fundamentadas, periciales y motivaciones plenas para contrarrestar la opacidad. Si se evalúa el desempeño: midiendo celeridad, cumplimiento de objetivos regulatorios y calidad de las resoluciones.

La justicia en materias de competencia económica, radiodifusión y telecom no tolera impulsos populistas ni decisiones políticas. Su complejidad técnica y el interés público que protege exigen magistrados que encarnen las virtudes de la justicia desde tiempos inmemoriales: honestidad, imparcialidad, diligencia y eficacia.

El experimento de la elección judicial fue un fracaso en sí mismo. Pero ofrece la oportunidad de restaurar salvaguardas que garanticen la calidad y la legitimidad técnica (no populista) de las sentencias: proteger los derechos fundamentales y a quien le asista la razón en uno de los sectores más estratégicos del país. Con togas manchadas de tinta, no de consignas, los nuevos jueces especializados en telecom reconstruirán una legitimidad que el abstencionismo erosionó.

El Economista Jorge Bravo

Telefónica, el gigante español de las telecomunicaciones, ha emprendido en los últimos años un proceso de desinversión y desmantelamiento en América Latina que ha dejado atrás un rastro de preguntas sobre su estrategia, su capacidad de adaptación y su cada vez más estrecho futuro en la región.

Un operador que alguna vez dominó el continente con una fuerte presencia en mercados como Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, hoy es un fantasma que ha preferido retirarse de la mayoría de los territorios y enfocarse en un puñado de mercados europeos y Brasil.

Telefónica ha enfrentado una presión financiera significativa, con una deuda de más de 26 mil millones de euros en 2024, pero que llegó a ser superior a 50 mil mde durante la gestión de César Alierta. Para aliviar esta carga, la compañía vendió activos no estratégicos en América Latina.

La estrategia de desinversión comenzó hace más de una década, pero se aceleró bajo el liderazgo de José María Álvarez-Pallete, quien asumió el cargo de CEO en 2016. Pallete priorizó la reducción de deuda y el enfoque en mercados más rentables como España, Alemania y Reino Unido. Emilio Gayo es el nuevo Consejero Delegado de Telefónica tras la sorpresiva salida de Álvarez-Pallete el 18 de enero de 2025.

La desinversión paulatina de Telefónica es el reflejo de una estrategia errónea que ha dejado una lección clara para el resto de los operadores: la falta de adaptabilidad y la ausencia de inversiones tienen consecuencias inevitables en una industria intensiva en inversiones y constante cambio tecnológico.

La estrategia de Telefónica en América Latina siempre fue deficiente. En una región caracterizada por un bajo ARPU (ingreso promedio por usuario), la empresa nunca logró ajustar su modelo de negocio para operar de manera sostenible. A diferencia de otros jugadores que sí apostaron por esquemas de bajo costo y una expansión agresiva de infraestructura, Telefónica prefirió mantener una estructura costosa sin el nivel de inversiones que el mercado requiere. El resultado: pérdida progresiva de competitividad.

En México, la compañía optó por una estrategia beligerante en la regulación, presionando siempre al regulador (Cofetel, IFT) para establecer medidas más estrictas contra su principal competidor, América Móvil. El regulador (ahora extinto) siguió inopinadamente las demandas de Telefónica, aplicando medidas asimétricas a Telcel, pero no se tradujo en un beneficio real para la empresa española ni en mayores inversiones para el país.

Con una participación de mercado reducida y sin recursos suficientes para expandirse, Telefónica decidió devolver sus frecuencias al gobierno y transformarse en un Operador Móvil Virtual, utilizando la infraestructura de AT&T. De ser un competidor fuerte, pasó a depender de la red de otro operador.

Hay que darle la razón a Telefónica respecto de los exorbitantes costos del espectro radioeléctrico en México y que fue un operador que siempre cuestionó el modelo de la Red Compartida y que se le haya asignado la totalidad de la banda de 700 MHz, un espectro que sigue subutilizado.

El abandono de Telefónica en la región ha sido progresivo y constante. La empresa ya ha vendido sus operaciones en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Recientemente, cerró la venta de su operación en Argentina y ayer en Colombia, mercados de gran relevancia histórica para la compañía. Va en el mismo camino en Perú y, eventualmente, en México, algo que debería acelerar.

En Perú, donde aún mantiene presencia, la compañía exploró un modelo de negocio diferente con el proyecto Internet para Todos, en asociación con Facebook y el banco CAF. La iniciativa busca llevar conectividad a zonas rurales con un modelo mayorista de compartición de infraestructura.

La única excepción es Brasil, donde Telefónica mantiene su filial Vivo como su principal apuesta en la región. Sin embargo, este mercado también enfrenta una competencia feroz y altos costos regulatorios.

El cambio de CEO de Telefónica y la adquisición de 9.9% de la compañía por parte del grupo saudita STC han generado inquietudes sobre el futuro de la empresa. La reacción del Estado español ha sido de preocupación, debido a la relevancia estratégica de Telefónica para su economía y expansión. El gobierno español ha intentado blindar la compañía de una posible toma hostil y garantizar que siga siendo una entidad con influencia ibérica.

Mientras tanto, Telefónica se ha focalizado en cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Curiosamente, varios años atrás intentó vender su operación O2 en Reino Unido, pero no tuvo éxito. El enfoque en mercados rentables deja claro que Telefónica no tiene la capacidad o el interés de competir en mercados emergentes. Prefiere jugar en terrenos donde se siente cómoda, aunque no con un gran margen de crecimiento.

El caso de Telefónica en América Latina deja lecciones para la industria telecom. La primera es que la falta de inversión tiene consecuencias. Telefónica no apostó lo suficiente en infraestructura, redes de fibra y tecnología 5G en la región. Mientras operadores como América Móvil, Millicom, Liberty o Entel están haciendo esfuerzos considerables en redes de nueva generación, Telefónica no tuvo la capacidad o el interés de competir con inversiones y redes, pero sí con presiones regulatorias.

Precisamente, el entorno regulatorio no lo es todo. Telefónica confió demasiado en apretar las tuercas regulatorias para endurecer las condiciones contra América Móvil, pero no le garantizó el éxito. La regulación puede nivelar el terreno de juego, pero no reemplaza ni la inversión ni la innovación.

La adaptabilidad es clave. Los operadores deben evolucionar en un mercado telecom que cambia rápidamente y enfrenta múltiples presiones competitivas, ahora de las plataformas de Internet.

La descolonización de América Latina por parte de Telefónica es más que simbólica: es la prueba de que no basta con ser un operador tradicional para garantizar el éxito en la región. La competencia requiere inversión constante, modelos de negocio flexibles y una visión estratégica más allá de la regulación.

X: @beltmondi

Reforma Ailyn Rios

Tener un regulador de telecomunicaciones que opera desde la sombra de una Secretaria no funciona, abre el paso a intereses políticos, advirtió Mony de Swaan, ex comisionado presidente de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Aseguró que durante el periodo en el que trabajó en Cofetel, sufrió de presiones y limitaciones, además de cambios abruptos dentro de la Comisión, como la desaparición inesperada de personal, plazas o la disminución de presupuesto.

“No se puede regular un sector con tal poderío como es el de telecomunicaciones, y con tal influencia en la opinión pública como es el de radiodifusión si no tienes todos los elementos para hacerlo.

Leer más: https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagina.html?seccion=negocios&fecha=20210115&referer=–7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a–

El Economista Nicolás Lucas

Ángel García Castillejo es doctor en leyes por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialidad en derecho constitucional y otra en comunicación audiovisual. En un tiempo fue asesor sobre esas áreas en el Ministerio de Comunicación de España y después fue a la subdirección de asuntos audiovisuales, a la de servicios telemáticos e interactivos y a la subdirección de ofertas en el mercado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para especializarse en todo ese tipo de conocimientos antes de convertirse en comisionado de esa entidad reguladora.

La CMT fue sustituida el 7 de octubre de 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y entonces García Castillejo se convirtió en exregulador de telecomunicaciones y radiodifusión. Desde su posición como director en el Despacho Madrid Espacio Legal Abogados construye informes especializados sobre el trabajo regulatorio de la CNMC y ha reunido elementos que prueban la necesidad de volver a los órganos reguladores por ramo industrial.

Mencionado también en 2018 para dirigir a Radio y Televisión Española (RTVE), Ángel García Castillejo narra en esta entrevista el contexto español que dio vida a la CNMC por iniciativa del Partido Popular (PP) y por qué el adversario histórico de éste, el PSOE, se decanta por volver a los órganos reguladores que existían antes de 2013; porque el andar de la CNMC ha demostrado que su creación fue una estrategia política, porque el trabajo regulatorio perdió calidad, sus costos de operación se incrementaron 65% y porque los directamente afectados son los consumidores españoles.

—Ángel, la novedad en México es la intención del grupo político del presidente para reformar dos artículos constitucionales con el fin fusionar tres órganos reguladores en uno solo. El ahorro de recursos y el trabajo regulatorio de la CNMC son los argumentos, ¿qué le parece?

—La noticia aquí es que cuando nos comunicábamos para esta entrevista, la candidata a presidente de la CNMC citaba la intención del legislativo mexicano de modernizar a sus reguladores. De esa manera ha sido su intervención, hablando de la iniciativa de la legislatura mexicana, queriendo hacer otra CNMC.

—Lo habrán tomado como un respaldo no a propósito desde aquí para ese organismo, ¿pero, recomendaría usted una CNMC para México? Le cuento, la propuesta se sustenta en una promesa de ahorros y mejoras para la competencia.

—Aquí, los cinco candidatos han sido declarados idóneos para la CNMC por el Congreso ahora mismo. Es una propuesta consensuada con los grupos políticos parlamentarios. La nueva presidente ya tiene camino allanado e igual los demás candidatos a consejeros. Ahí tienes tú una pista importante. ¿Lo recomendaría? Siempre el trabajo especializado debe hacerlo un órgano fuerte, dedicado a una sola área profesional y con experiencia técnica demostrada, porque no hacerlo así lo que se pierde es capacidad regulatoria; se pierden oportunidades, el costo es mucho en el tiempo y lo carga siempre el consumidor.

—Llanamente, ¿tiene que ver esto con aquel refrán de que el que mucho abarca, poco aprieta?

—Un macro regulador no siempre es fuerte. El principal argumento aquí siempre fue un supuesto súper poder para observar a varios regulados. En la práctica la creación de un órgano regulador integrado de competencia y sectores regulados ni se ha traducido en una mayor eficiencia, ni en una mayor capacidad de carácter regulatorio y desde luego, que es una de las grandes falacias de los impulsores, tampoco ha supuesto un incremento del ahorro de presupuesto para las arcas públicas; revisen si eso no pasa en México con su propuesta. Por el contrario, los problemas técnicos han sido muy notables en estos últimos meses.

Los costes objetivos son los mismos; no ha habido disminución y con el caso español, con algunas agravantes, pues algunos de los reguladores que terminaron integrándose en la CMNC, como es el caso de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, resultó otra historia. En la CMT no nos financiábamos con recursos públicos venidos del presupuesto del Estado, sino que nos financiábamos con las tasas que girábamos directamente a los operadores y por lo tanto no les suponíamos coste al presupuesto del Estado e incluso generábamos patrimonio propio para el Estado.

—¿Cuál es el contexto por el que se creó la CNMC? Entiendo que es autónoma, pero que a la vez está ligada al Ministerio de Economía…

—El gobierno del Partido Popular, en el momento en que impulsa la ley de creación de los mercados y la competencia en España, utilizaba el argumento de la eficiencia y ahorro económico. Y el proyecto de creación de la CNMC venía a plantear un final para las situaciones de divergencias, de enfrentamientos e incluso de confrontaciones en las industrias y con los organismos de supervisión y los organismos sectoriales, que hacía parecer una situación de inseguridad jurídica en el mercado y todo eso se pretendía resolver con un macro regulador fuerte que agrupase a todos del área.

La CNMC es autónoma, pero en el caso español, más que argumentos de pro-competencia y regulación, su creación fue una excusa política de concentración y control por parte del gobierno en aquel momento, del PP, pues resulta que en regulación y supervisión de competencia, lo que se ha venido a demostrar es que la calidad regulatoria, desgraciadamente, a lo largo de estos siete años se ha visto resentida y la pérdida de especialización ha terminado afectando de alguna manera la regulación ex ante. La regulación sectorial se ha visto aminorada, porque la realidad es que se ha experimentado una pérdida de recursos humanos y económicos para realizar las funciones.

—¿Esto de la calidad regulatoria que se pierde tendría que ver con aquello de que la CNMC un día regula tarifas de energía, al otro cartón para papel higiénico y al siguiente sobre interconexión de redes?

—Si vamos al ámbito de la conformación y la toma de decisiones, yo creo que cualquier legislador lo sabrá ver con mucha más claridad. La estructura de la CNMC dispone de diez miembros y se divide en dos consejos, dos salas; de competencia y de consejo de asuntos regulatorios. El consejo de competencia se dedica a los expedientes de competencia, con cinco miembros y lo preside el presidente de todo el organismo. El consejo de asuntos regulatorios son cinco miembros y lo preside el vicepresidente del organismo.

Para que se den una idea: la comisión de asuntos regulatorios se reúne con una periodicidad semanal y los cinco consejeros tienen que tomar decisiones sectoriales de regulación de los mercados de telecomunicaciones, de audiovisual, de energía, del transporte aéreo, del transporte ferroviario y del sistema postal. Tienen que ver semanalmente todos los asuntos regulatorios de esos mercados regulados y tienen que sacar resoluciones de todos esos asuntos.

Un antiguo consejero dedicado toda la vida a la energía, citaba: “Yo me considero un experto en recursos energéticos fósiles, petróleo y gas, y de lo demás de energía y los demás mercados, me declaro un ignorante, porque además de temas energéticos que desconozco, ahora tengo que saber de telecomunicaciones, de audiovisual, de ferroviario”.

¿Qué resulta? Que es imposible tener un regulador fuerte. Y el que prometen para México (el Inmecob) parecería un regulador todavía menos fuerte que la Cofetel y creo, pensaría, que tendría más dientes por estar solamente dedicado a telecomunicaciones.

No hay especialización en el planeta que permita abarcar sectores que viven y beben de filosofías regulatorias similares; de aplicación del derecho ex ante y ex post en materia de competencia, pero que son sectores muy diversos que demandan una alta especialización muy puntual y por lo tanto, la falta de esa especialización con un macro regulador en todas las áreas termina trasladando una caída a la calidad regulatoria y afectando al consumidor. Esto obviamente lo hemos vivido en España.

—¿Tendría un ejemplo de una situación de telecomunicaciones muy compleja que le haya costado trabajo resolver a la CNMC?

—Tenemos uno muy resiente y que ha dado la alarma por el Covid-19: le ha resultado muy costoso para la CNMC resolver todo lo relativo al roaming y la adecuación de la regulación del roaming en este último periodo. Entonces allí nos hemos encontrado con dificultades y que eso signifique que haya tenido retrasos en la toma de decisiones.

Y en cuanto al audiovisual, lo que hemos encontrado es una dejación de cumplimientos de funciones, en accesibilidad para personas con discapacidad; en seguimiento y vigilancia en transmisión de contenidos audiovisuales, pero al final, en muchas ocasiones, las dificultades se han intentado capear como barco en tormenta.

—Eso derivó entonces del achicamiento de los recursos humanos y económicos, ¿es así?

Los recursos destinados a la regulación de telecomunicaciones, desde el punto de vista que es el gran capital de especialización técnica se ha visto disminuido, al igual que en el caso de energía y en el caso del audiovisual. Pongo un ejemplo, la dirección del audiovisual tiene destinadas ocho personas para la regulación audiovisual de toda España, dime tú si con ese número de recursos alcanza para regular a todo México en sólo ese rubro.

Entonces, no hay comparación posible con ningún otro organismo regulador europeo no comunitario o de la Unión Europea; incluso, los reguladores del audiovisual que existen en España en dos comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña, tienen diez veces más que la subdirección del audiovisual que se supone es para toda España; dónde está el ahorro así, quitar aquí para que brote allá mucho más. La pregunta si es lo que quieren hacer en México. Eso no es ahorro ni conocimiento, por como lo quieren hacer y lo han hecho aquí.

Hoy, en las memorias de la CNMC, se pueden apreciar la judicialización contra las resoluciones de la CNMC, que son elevadísimas esas judicializaciones y con muy mala resultante, porque ha perdido un número importante de recursos frente a los regulados.

—¿Qué de bueno podría comentar de la CNMC de España que dé esperanzas al Inmecob de México? Esto, porque el grupo político del presidente, Morena, está a 15 votos en el Senado de lograr la reforma constitucional, aunque de mientras congele esa iniciativa de reforma.

—Comentaría que México debe seguir por delante con esos órganos de regulación que ya tiene. Son garantes de la inversión y protección de sus consumidores. Si sigue México por delante con esa otra propuesta regulatoria, yo creo que no debe ser el argumento el gasto, porque se puede provocar una pérdida de la capacidad y claridad regulatorias y por tanto, el buen funcionamiento de los mercados y la economía mexicana. Hay que procurarse que esos organismos dispongan de recursos necesarios para que hagan un trabajo de calidad. Hay ocasiones en que lo integrado no funciona como se pensó.

—Se han conocido noticias respecto a que en España quieren ir para atrás con la CNMC, a siete años de su creación…

—Cuando el PP propuso la creación de la CNMC y de integrar todos los órganos reguladores y de competencia en uno solo, desde de mi punto de vista y que además es una opinión generalizada, no fue un real argumento de buscar eficiencias. Se buscó por un lado eliminar a los órganos reguladores existentes y por otro, alinear la dirección de ese nuevo organismo regulador con el nuevo gobierno del Partido Popular. El PSOE no participó en la primera elección de consejeros, en protesta por esa acción.

Cómo sería la cosa, que nos hemos encontrado con una situación paradójica, que yo creo que también debería ser tenida en cuenta en México, ahora es el propio PP que hace tres a cuatro años propuso una consulta pública para consultar la posibilidad de volver a dividir a la CNMC en al menos dos entes, uno para competencia y otro para sectores regulados. Así, el PP se planteó dar paso atrás y volver a separar la regulación ex ante de la regulación ex post.

Y bien, con los temas de los procesos electorales, la moción de censura, la disolución de las Cortes y procesos electorales locales, es consulta quedó muerta, aunque el PSOE ha tenido la posición de volver a un modelo de órganos reguladores especializados separados. Veremos ahora qué sigue con su nueva dirigencia.

—Esto será leído en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ¿qué diría a ese órgano ante la posibilidad de que, como la CMT, también sea sustituido por el Inmecob?

—Su trabajo es impecable como pocos en su región. Al legislativo… Y teniendo realidades distintas, pero con mis años de experiencia en el trabajo de las áreas de telecomunicaciones y las audiencias, puedo decir en voz alta que en América Latina sólo hay dos organismos reguladores con una regulación sectorial altamente especializada  que destacan con claridad entre el resto de países tanto por su capacidad técnica y recursos para desarrollar su actividad con rigor, que son los casos de Colombia, recientemente, con la nueva CRC y sin lugar a dudas el IFT con toda su trayectoria. Son estos los dos grandes referentes en América Latina. El IFT no tiene nada que ver con la Cofetel y la hipotética desaparición del IFT sería una mala, desagradable, noticia a nivel latinoamericano en el mundo regulatorio, de precedente.

“El 10 de agosto [de 1996] era la fecha fatal para la apertura a la competencia en larga distancia. Nunca en mi vida he trabajado más que en esos meses. Había pasado la Ley, se habían otorgado concesiones a los entrantes, se habían emitido las reglas para la competencia. Sin embargo, nadie había pensado en la agencia reguladora. En vez de quedarme como Subsecretario, me gané la rifa del tigre y el Presidente Zedillo me mandó a Cofetel. El día que se abrió la competencia, perdí mi oficina con peluquería y comedor privado en la Secretaría y me mandaron a un rincón en la torre de telecomunicaciones donde mi escritorio era una caja de cartón. La Oficialía Mayor me mandó decir que tenía que devolver de inmediato mi computadora. Así fue el inicio de este largo proceso. Sin oficinas, sin comisionados, sin personal, sin presupuesto, sin computadora y, por supuesto, sin autonomía…”^[1]

Así nacía la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). El 9 de agosto de 1996^[2] se publicaba el decreto presidencial que la crearía como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonomía técnica y operativa, la cual tendría las atribuciones para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, las comunicaciones vía satélite y el espectro radioeléctrico (distinto de aquel utilizado para la radio y televisión abierta).

La Cofetel tuvo a su cargo la instrumentación de la nada sencilla apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones, estableciendo las reglas que permitieron dar los primeros pasos firmes sobre caminos hasta entonces inexistentes en el mapa jurídico de nuestro país.

A lo largo de su existencia y hasta su extinción en septiembre de 2013, la Cofetel adoleció siempre de autonomía plena, cuestión que la llevó, no pocas veces, a una confrontación directa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en temas que inevitablemente pasaban de una necesidad regulatoria a ser temas de interés político del Ejecutivo.

Temas que, debido a la importancia de las inversiones en el sector, se manejaban a través del mecanismo conocido como “doble ventanilla”: si una empresa no encontraba la respuesta que esperaba en la “ventanilla” de la Cofetel, acudía entonces a la “ventanilla” de la SCT, convirtiendo así un tema regulatorio en un tema de interés político, desvirtuando por completo la naturaleza de las decisiones propias de un órgano regulador.

Si bien en 2006 se realizaron importantes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión^[3], siendo la más relevante aquella que otorgó a la Cofetel de manera exclusiva las facultades que en materia de radio y televisión tenía hasta ese momento la SCT, estas reformas no sólo no solucionaron el tema de la doble ventanilla, lo acrecentaron al establecer en ley, sin modificaciones sustanciales, atribuciones que antes se encontraban en el Reglamento Interno de la propia SCT.

La reforma constitucional de junio de 2013 dio vida al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo primordial es la “regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales”^[4], eliminando  casi por completo el nocivo efecto del mecanismo de la “doble ventanilla”.

Muchas decisiones que ha tomado el IFT desde su nacimiento han sido cuestionadas por unos y enaltecidas por otros, pero es innegable que contar con un ente regulador autónomo y fuerte es esencial para seguir avanzando como país en temas de gran relevancia para el futuro, como lo es la conectividad y la inclusión digital de cada vez más mexicanos.

Pero no basta con un regulador autónomo e independiente. Cómo lo he mencionado en entregas anteriores, México padece de la ausencia de políticas públicas estructuradas encaminadas a lograr la transformación digital de la sociedad. Y transformación digital es más, mucho más que sólo conectividad y asequibilidad de servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, el pasado 8 de mayo, en su acostumbrada “mañanera”, el Presidente de la República dijo que  “la moda era crear organismos autónomos, como el Ifetel, que debe tener unas 40 o 50 direcciones generales y que cuesta más de mil millones de pesos (…) ¿ya no hay monopolios en la comunicación?, ¿ya no hay actores preponderantes? No es nada personal contra los consejeros, son técnicos y especialistas, pero se debe de crear conciencia en los ciudadanos sobre la defensa de sus derechos”.^[5]

La pregunta obligada aquí es: ¿el Gobierno Federal no sólo será omiso en la política pública de transformación digital a la que está históricamente obligado, sino que además presenciaremos acciones cuyo objetivo sea mermar la autonomía del IFT?

Con errores y aciertos los avances en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han sido indiscutibles; han tomado años en concretarse y el aprendizaje y formación de capital humano por parte del ente regulador mexicano durante su evolución ha sido sustancial. No es momento de regresar a esquemas antiguos y poco funcionales, no es tiempo de volver a caminar lo ya caminado.

Siempre se puede ser más eficiente, siempre se puede ser mejor, la dinámica tecnológica y económica de las tecnologías digitales así lo exigen, pero restarle capacidad de acción al único organismo del Estado que está haciendo algo positivo en el complejo ecosistema de la transformación digital, sería involucionar hacia la “detransformación digital” de la sociedad.

No debemos permitirnos ese lujo, totalmente innecesario, en aras de la austeridad republicana, sencillamente, no debemos.

^[1] Declaración de Carlos Casasús, primer presidente de la Cofetel, del 9 de agosto de 2012, al celebrarse el XVI aniversario del organismo. Citado en Telecomunicaciones y Sociedad, “Cofetel: creación, evolución y desafíos judiciales”, 21 de mayo de 2013. Disponible en: http://telecomysociedad.blogspot.com/2013/05/cofetel-creacion-evolucion-y-desafios.html. Fecha de consulta: 22 de mayo de 2020.

^[2] Poder Ejecutivo Federal (1996). Decreto de creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto.

^[3] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión. Diario Oficial de la Federación, 11 de abril de 2006.

^[4] Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 1996.

^[5] Karen Ballesteros, “López Obrador critica sueldos de consejeros del Ifetel, 8 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/08/lopez-obrador-critica-sueldos-de-consejeros-del-ifetel/. Fecha de consulta: 22 de mayo de 2020.

El Economista Nicolás Lucas

Teléfonos del Noroeste (Telnor) fue sancionada con dos multas que suman 18.2 millones de pesos por el incumplimiento de las metas mínimas de calidad en entregas de enlaces dedicados de larga distancia nacional e internacional para periodos bien definidos de 2013 y 2014 por una norma creada por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para esa empresa y Teléfonos de México (Telmex), pero que hoy fue considerada como no eficiente por los reguladores.

Entre 2010 y 2011, la Cofetel diseñó y aplicó una norma que regularía la entrega de enlaces de dedicados de Telmex/Telnor y con el fin de propiciar un ambiente reforzado de competencia en el mercado de telecomunicaciones. De esta manera, Telnor y Telmex tendrían que atender con la misma calidad y celeridad la entrega de enlaces dedicados a empresas del mismo grupo, así como a terceros concesionarios que les solicitaran ese tipo de enlaces.

La norma, que funcionó hasta el año 2014, establecía como parámetro mínimo de éxito el cumplimiento del 100% de las entregas por parte de Telnor en los enlaces requeridos. De acuerdo con el expediente P/IFT/040919/449, este nivel de acreditación mínimo que estableció en su momento la Cofetel fue resultado de una demanda del resto de la industria para obligar a Telmex y Telnor a ser parejos en la entrega de enlaces con sus propias filiales y terceros concesionarios.

Entonces se estableció que para los enlaces dedicados con instalación en 120 días hábiles, Telnor debería cumplir al 100% con las metas mínimas de calidad; lo mismo para aquellos enlaces que debían entregarse de manera efectiva en 36 y 26 días hábiles. Al respecto de esas tres delimitaciones, Telnor acreditó un cumplimiento del 98.81% de los casos para el primer rubro; de 99.07% para el segundo y de 98.81% para el tercero.

El no cumplimiento conforme los resolutivos que establecía el ordenamiento de metas mínimas de calidad llevó a la Unidad de Cumplimiento del IFT a proponer al pleno de comisionados la imposición de dos multas a Telnor: una por 72,855 pesos y otra por 18 millones 135,765 pesos, correspondientes incumplimientos detectados en los ejercicios de 2013 y de 2014.

Las sanciones, que fueron aprobadas en lo general y con reservas en lo particular por los comisionados del IFT, generaron una polémica entre los reguladores con profesión de ingeniería y abogacía contra los de carreras de economía.

A decir de los comisionados especializados en materia técnica y uno en temas jurídicos, es prácticamente imposible que una empresa, independientemente de que fueran Telmex y Telnor las sancionadas, pueda acreditar el 100% de los parámetros técnicos, pues siempre pueden ocurrir fenómenos naturales y casos fortuitos que dificulten los cumplimientos.

Para ello, uno de los comisionados exhibió que un concesionario solicitante de enlaces a Telnor sufrió los impactos del huracán Odile en su planta externa, lo que malogró esa entrega particular de enlaces. Mientras, otro concesionario solicitó un enlace a Telnor en Tlaquepaque, Jalisco, pero enfrentó problemas en sitio y atribuibles a sus propias operaciones, por lo que tampoco pudo entregarse el enlace. Y hubo otro caso más de una tercera empresa que también se acreditó como no culpa de Telnor, según los comisionados.

Todo ello trajo a las discusiones la idea de que esa norma presentaba deficiencias en su ejecución y exigencia de niveles mínimos necesarios para acreditar el éxito en la entrega de enlaces, por lo que se planteó la posibilidad de redefinirse. Pero por mayoría de cuatro votos, uno en contra y dos diferenciados, se acordó que los incumplimientos quedaron demostrados en tiempos de vigencia de la norma y bajo los criterios establecidos por la misma norma.

AMX defenderá a Telmex y Telnor en el caso de los enlaces

El caso de Telnor, discutido el 11 de septiembre en el IFT, está relacionado con otro mismo acerca de Telmex del 18 de diciembre de 2018. Aquella ocasión, el regulador aplicó una sanción de 2,543 millones 936,879 pesos con 63 centavos por incumplir también con los ordenamientos de la norma de Cofetel para el lapso 2011-2014.

América Móvil (AMX) sostuvo aquella vez que los ordenamientos de Cofetel habían quedado abrogados cuando el IFT, como nuevo regulador de telecomunicaciones, emitió en 2014 los nuevos parámetros de calidad para Telmex como parte de las medidas de preponderancia por ser ésta la empresa incumbente del mercado.

Ahora, AMX podría, con base en este argumento, intentar echar abajo la multa por considerarla resultado de una obligación que entonces ya no estaba vigente.

La megamulta de diciembre a Telmex por este particular equivale a 128 millones de dólares, superior a lo dirigido por la empresa al despliegue de inversiones a redes de infraestructura en el tercer trimestre de ese año.