El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) envió una propuesta en la Cámara de Diputados de México para crear la nueva Agencia de Competencia del Bienestar, que absorberá las funciones de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el documento, la nueva Agencia de Competencia del Bienestar busca ser ágil, transparente y con sólo cinco comisionados en lugar de siete, con el objetivo de hacerla más asequible.

La iniciativa propuesta por legisladores de Morena busca fortalecer la vigilancia, sanción y regulación de mercados estratégicos, y ampliar la capacidad de acción en sectores clave como energía y telecomunicaciones.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó la iniciativa para la “Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica“, que consiste en 165 artículos.

Se destaca la creación de un organismo único y más eficiente para regular la competencia en todos los sectores, integrando las funciones de la Cofece y el IFT, organismos eliminados en la reforma de simplificación orgánica.

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La nueva ley busca mejorar la transparencia y rapidez en la toma de decisiones, reducir plazos de investigación y resolución, aumentar sanciones y multas por prácticas anticompetitivas, y ampliar el control sobre alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración. También reforzará la regulación asimétrica para evitar barreras de entrada a nuevos competidores.

La nueva autoridad asumirá el control de la competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizando una competencia real.

Se reducirá el número de comisionados de siete a cinco, en busca de optimizar la toma de decisiones y reducir costos operativos, y se establecerán criterios más estrictos para la selección de comisionados.

La reforma de simplificación orgánica aprobada en diciembre del año pasado dio paso a la extinción de siete organismos autónomos, incluyendo el IFT y la Cofece, y estableció la creación de una nueva autoridad en materia de competencia económica con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia técnica y operativa.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es cumplir con el T-MEC, que exige órganos independientes con facultades para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en los tres países.

Reforma Jorge F. Negrete P.

La siguiente oleada de reformas del actual gobierno y el Congreso van para el IFT y el órgano de competencia económica (Cofece). La intención fue comunicada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien salió la semana pasada a comentar en diversos medios que “fortalecer el bienestar de las familias requiere combatir los monopolios en telecomunicaciones y mayor competencia para para proteger al consumidor”. Argumentó que “los niveles de concentración y de control de los mercados en nuestro país resultan perjudiciales para el bienestar de los consumidores”, “si se quiere elevar el nivel de bienestar de la población, se necesita crear la agencia antimonopólica”, “se logrará el impulso y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, además del control del mercado de telecomunicaciones”.

En una entrevista con Leonardo Curzio fue más enfático. Mencionó la palabra “monopolio” y dos veces “la concentración en telecomunicaciones”. El diputado quiere legislar en materia de competencia económica, telecomunicaciones y quiere entrar al tema de concentración en este último sector. ¿Su discurso y afirmaciones son correctas? Si son generalidades, sí. Si ellas reflejan un análisis profundo que llevará a modificar la legislación del sector de las telecomunicaciones, hoy infraestructura digital, no. Precisemos. 

Antecedentes

• Felipe Calderón. El periodo se caracterizó por un caos en el sector de la conectividad. Tres secretarios de Comunicaciones y cuatro subsecretarios explican la falta de una continuidad que desató la falta de liderazgo en el sector. Empresas enfrentadas entre sí y sin una visión de conectividad para el país.
• Peña Nieto. El 11 de junio de 2013 se publicó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Hace 11 años comenzó el despliegue de 4G; hoy, iniciamos el lanzamiento de 5G. El periodo del ex presidente presentó una reforma robusta que buscaba la consolidación del sector y promover inversiones en el sector de la conectividad. ¿Su aporte más importante? La institucionalidad del sector. ¿La pérdida más significativa? La destrucción sistemática de estímulos a la conectividad en áreas rurales. El triunfo de la competencia sobre la inclusión digital y su sentido social.
• AMLO. No diseñó una visión digital y detuvo la inclusión al mantener los precios del espectro radioeléctrico más caros de América Latina. El oligopolio de 3 operadores móviles se volvió duopolio al entregar Movistar su espectro y vender su infraestructura. La concentración del sector es responsabilidad de la 4T.

El mundo cambia. La infraestructura digital necesita escala. Brasil tiene 3 operadores móviles, EUA 3 operadores, China 3 y México 2. Junto a la iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar, es vital que el IFT y el gobierno realicen la licitación 5G, bajen los precios del espectro y surja una demanda agregada de fibra óptica. 

Urge una Agenda Digital y, finalmente, desaparecer al asesino de la inclusión digital: la preponderancia. Esta se encuentra en el terreno moral, una confusión entre mercado y límite moral del mercado: entre competencia e ideología. Eres malo por grandote. La falta de incentivos a invertir genera un preponderante que no quiere más usuarios y mantiene su porcentaje de mercado. La preponderancia mata el despliegue de infraestructura digital, desincentiva la inversión, vuelve perezosos a los operadores y adictos a la regulación asimétrica. Cumplió sus objetivos y se consolidó el sector.

México tiene los dos operadores móviles más grandes de hispanoamérica: AT&T y Telcel, y 4 operadores de fibra que invierten más que el sector fijo y móvil de Colombia y Perú juntos. Tierra de gigantes.

Altán. Hay que dotarla de capacidades económicas, jurídicas, transparencia, buen gobierno y alejarla de la competencia desleal. Ya es adicta a la regulación asimétrica y busca un régimen jurídico especial.

¿Es un buen momento para una reforma? Sí, que busque inclusión, pero con política digital y visión social.

El Economista

En las últimas semanas, hemos presenciado un movimiento inusual entre algunos de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Estas instituciones, enfrentadas a una posible desaparición, han lanzado campañas en medios de comunicación electrónicos para dar a conocer a la ciudadanía su importancia y el papel que desempeñan en la vida pública del país.

La campaña del INAI, bajo el lema #ElINAImeSirve, se centra en historias que ilustran cómo una ciudadana ejerce su derecho a la información y la función del instituto en proteger y hacer valer estos derechos ante quienes niegan la información.

El IFT lanzó su campaña “El IFT está de tu lado”, la cual muestra las actividades de la institución para mejorar los servicios de telecomunicaciones y aumentar la conectividad, destacando la importancia de su labor para que más mexicanos tengan acceso a Internet y servicios de calidad.

La Cofece también se ha sumado a la estrategia con su campaña “Con competencia tú eliges”, que da a conocer su papel en la defensa de la competencia económica y los derechos de los consumidores, y cómo la competencia saludable en los mercados beneficia directamente a los ciudadanos.

Estas campañas no son una casualidad. Con la propuesta de AMLO de eliminar estos y otros organismos autónomos, estos tres entes se han visto en la necesidad de acercarse a la ciudadanía para justificar su existencia, demostrando que su labor trasciende los asuntos técnicos y afecta directamente a las personas.

Estos organismos habían estado alejados de la vida cotidiana de los mexicanos, percibidos como entidades técnicas que se movían en esferas de regulación, transparencia y competencia. Sus decisiones, aunque fundamentales, pasaban desapercibidas para una gran parte de la ciudadanía, lo que permitió que creciera una percepción de desconexión entre estas instituciones y las personas a las que sirven. No han hecho lo suficiente para promover entre la población los derechos que tutelan y se les percibe distantes o hasta a favor de las empresas o los gobiernos.

El INAI, que desde su creación ha jugado un papel central en la protección del derecho a la información y la transparencia, ha sido fundamental en la consolidación de un Estado más transparente. Sin embargo, muchos ciudadanos desconocen los beneficios de su trabajo diario.

Del mismo modo, el IFT, encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión, se percibe como un ente técnico cuya función se limita a regular a oligopolios del sector.

La Cofece trabaja en la promoción de la competencia económica y combate prácticas monopólicas, protegiendo los derechos de los consumidores, pero su labor es percibida como algo distante de los intereses cotidianos.

La propuesta de reforma del presidente López Obrador ha generado un intenso debate en torno a la autonomía de estos órganos y la conveniencia de su existencia. La iniciativa, que ha avanzado en comisiones de la Cámara de Diputados y espera su aprobación en el Pleno de esa Cámara y su resolución en el Senado, plantea la desaparición de estos organismos autónomos en favor de una estructura centralizada.

Aunque los detalles de la propuesta inicial plantean una desaparición total de estos entes, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, ha matizado. Declaró en entrevista que lo que se busca es la fusión del IFT y la Cofece en una sola agencia antimonopólica. La fusión permitiría unificar las áreas de competencia de ambos organismos en una sola institución fuerte, con capacidad de investigación y sanción en el ámbito de la competencia y la regulación de telecomunicaciones.

Este modelo, inspirado en ejemplos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, responde a la necesidad de austeridad y reducción de costos. España reestructuró sus órganos reguladores para consolidarlos en una sola entidad que supervisa la competencia en todos los sectores, generando ahorros y optimizando recursos.

En el caso del INAI, Ramírez Cuéllar propone fragmentar sus competencias: que la protección de datos se transfiera a un nuevo instituto enfocado exclusivamente en ese derecho, mientras que la transparencia e información pública se integraría a otra entidad distinta.

Las campañas de estos organismos autónomos reflejan un cambio de enfoque: reconocer que la legitimidad de una institución no sólo deriva de su mandato legal, también de su capacidad para conectarse con la ciudadanía. La autonomía de estos entes ofrece una regulación más técnica y especializada y menos libre de interferencias políticas, lo que permite que el IFT y la Cofece operen sin estar supeditados a los intereses de la administración en turno.

La supervivencia de los órganos autónomos requiere eficiencia y transparencia, pero también una estrategia comunicacional que los aproxime a la sociedad. Las campañas que he mencionado son un esfuerzo tardío en esa dirección. Finalmente han reconocido la necesidad de que los ciudadanos comprendan el impacto permanente de estas instituciones en su vida diaria.

El destino de estos organismos aún no está decidido. En caso de que prospere la propuesta de fusión, la nueva agencia antimonopólica representaría un cambio en cómo México regula sus mercados y telecomunicaciones. Independientemente del desenlace, queda claro que las instituciones necesitan acercarse más a la ciudadanía para garantizar su relevancia y permanencia en el tiempo, ser más accesibles, cercanas y comprensibles para los ciudadanos. Pero les ha faltado ser aún más directas y explicarle a la población que están en peligro de extinción.

Twitter: @beltmondi

El Financiero

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tardaría hasta dos años en resolver la investigación que inició contra Amazon y Mercado Libre por imponer posibles barreras a sus competidores en el comercio electrónico en México.

“La investigación está en la segunda etapa, donde le damos la oportunidad a Amazon y Mercado Libre de hacer valer sus argumentos (…) esperamos que la resolución del caso tarde entre año y medio y dos años en resolverse por la naturaleza del procedimiento que implica a empresas digitales”, afirmó Pedro Alcalá Berhouague, director general de Mercados Digitales de la Cofece.

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/09/25/cofece-tardaria-hasta-dos-anos-en-investigar-a-amazon-y-mercado-libre-de-que-los-acusa/

Proceso Jorge Bravo

La aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha generado un profundo y polarizado debate sobre sus consecuencias, en este caso en sectores estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el sector digital.

La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca “democratizar” el acceso a la justicia a través de la elección popular de las autoridades judiciales. Este enfoque radical ha suscitado preocupaciones sobre la captura política del sistema judicial. La elección de jueces llevaría a una politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para impartir la justicia y proteger los derechos fundamentales.

Estas industrias, altamente reguladas y con fuertes operaciones internacionales, requieren un marco jurídico predecible y confiable para atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar el acceso a derechos humanos, como el acceso a las TIC. Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital dependen de una regulación estable que permita el desarrollo de infraestructura y servicios bajo un marco de competencia equitativa.

Esto se refleja en la creación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo objetivo es procurar la imparcialidad y el correcto funcionamiento del mercado.

La elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular plantea desafíos, particularmente en la percepción de imparcialidad y especialización en la resolución de controversias altamente técnicas y tecnológicamente complejas que afectan a estas industrias definidas por la innovación.

Los litigios en telecom, radiodifusión, mercados digitales y competencia económica suelen implicar análisis complejos de normativas técnicas, competencia regulatoria, acuerdos internacionales, propiedad intelectual y protección de derechos fundamentales. La influencia de intereses políticos en la designación de jueces compromete la capacidad de estos tribunales para resolver disputas con objetividad y con el nivel de experiencia necesarios.

En cuanto al impacto directo, se generan condiciones de mayor incertidumbre en la resolución de controversias que involucren, por ejemplo, disputas por el espectro radioeléctrico, fusiones de empresas, licitaciones o la interpretación de cualquier normativa relacionada con lo digital. Esta incertidumbre puede disuadir a los inversionistas extranjeros de comprometer recursos en el país, ante el temor de una politización del sistema judicial y el costo regulatorio que implica.

Un aspecto clave es la posibilidad de que esta reforma judicial lleve al siguiente paso, la desaparición de organismos como el IFT y la Cofece, creados como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 para garantizar un sector competitivo y promover el acceso universal a servicios de calidad.

Dicha reforma establece, entre otras cosas, que los actos, omisiones o normas generales emitidos por estas instituciones sólo pueden ser impugnados a través de juicios de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión de los efectos. Esto otorga una protección jurídica robusta a las decisiones de estos organismos, refuerzan su autonomía y reducen la posibilidad de interferencia política.

A la pérdida de especialización de los jueces, la extinción del IFT y de la Cofece generaría un vacío institucional en la regulación y supervisión de sectores clave, y plantea dudas sobre qué entidades asumirían todas sus funciones. Un escenario es la transferencia de estas atribuciones a dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica una reducción de independencia en las decisiones regulatorias.

Esto acarrea un incremento en la discrecionalidad del gobierno sobre temas técnicos y económicos, lo cual afecta la competencia y la neutralidad regulatoria. Además, la desaparición de estos órganos socavaría la confianza en la seguridad jurídica en áreas estratégicas como la infraestructura digital.

Aunque la elección popular de jueces y ministros de la SCJN no cambiaría la estructura legal existente, sí introduce riesgos. Las leyes que regulan las telecomunicaciones, TIC y la competencia económica podrían permanecer intactas en primera instancia, pero la interpretación de estas normas por parte de jueces y tribunales influenciados por dinámicas políticas o populistas alterarían su aplicación y efectividad.

A corto plazo, el impacto podría ser limitado en términos de cambios normativos. Sin embargo, a mediano y largo plazos la influencia del voto popular en la designación de jueces generaría fallos judiciales inconsistentes o guiados por intereses políticos, lo cual debilita la certidumbre jurídica que tanto necesita el sector tecnológico y de telecomunicaciones. El resultado sería un sistema judicial menos técnico y más proclive a favorecer decisiones populistas.

La incertidumbre jurídica comenzaría a reflejarse en decisiones judiciales erráticas en casos técnicos y en estrategias legales populistas, afectando la confianza de los inversionistas. Existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influidas por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente legales, lo cual afecta la previsibilidad de las resoluciones.

La rotación de jueces y magistrados lleva a cambios en la interpretación de leyes, reglamentos y jurisprudencias, todo un ambiente de incertidumbre para las empresas del sector. La elección popular resulta en la designación de jueces con menor experiencia o conocimiento en temas de telecomunicaciones y competencia económica, lo cual ha llevado una década construir.

La previsible extinción de organismos autónomos como el IFT y la Cofece provocaría además un vacío regulatorio y un incremento en la discrecionalidad del gobierno. Esto afecta la neutralidad competitiva y la regulación independiente del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Un sistema judicial politizado no es un escenario deseable al generar incertidumbre y comprometer la defensa de derechos digitales fundamentales.

Twitter: @beltmondi

El Economista Jorge Bravo

Hoy está prevista la reunión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para discutir y en su caso aprobar el dictamen que extinguiría siete órganos constitucionales autónomos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En un país que ha avanzado lentamente en su transición democrática, la autonomía de los órganos reguladores debería ser un pilar fundamental para el equilibrio del poder. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador y el Congreso de la Unión dominado por Morena y sus aliados han puesto la mira en instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado regulador.

La propuesta de extinguir el Inai, el IFT y la Cofece es un golpe mortal a esas instituciones y un retorno al centralismo, el control político y la opacidad. Los entes autónomos se crearon con un objetivo claro: regular sectores estratégicos con independencia del Poder Ejecutivo para que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos y no políticos.

La misión del Inai es proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a resguardar los datos personales. Sin el Inai, la transparencia del gobierno está en riesgo, lo cual debilita la rendición de cuentas y abre la puerta a más corrupción y abuso de poder.

El IFT es útil para el desarrollo de un sector dinámico como las telecomunicaciones. El control estatal directo podría derivar en censura, manipulaciones políticas en el otorgamiento, revocación y refrendo de concesiones y una mayor subordinación de los medios electrónicos a los intereses del gobierno.

La Cofece tiene el mandato de promover la competencia económica en todos los sectores. Su labor evita prácticas anticompetitivas para que las empresas operen bajo reglas justas en beneficio de los consumidores. Su labor consiste en evitar que las empresas controlen los precios y limiten la innovación, afectando a los consumidores y la economía en general.

La mala idea de extinguir estos tres entes bajo la justificación de austeridad es un intento de concentración de poder. El control sobre la transparencia, las telecomunicaciones y la competencia económica sería absorbido por el gobierno, subordinando decisiones técnicas y especializadas a intereses políticos. Este esquema ya lo conocemos: un gobierno con control absoluto sobre sectores clave, donde las decisiones se toman de manera discrecional, sin consultas públicas y sin contrapesos.

El riesgo es evidente: un regreso a la centralización del poder, donde la supervisión y la regulación quedan a merced de quienes detentan el poder político. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que se protegen sus derechos fundamentales en un sistema donde el gobierno que debe ser vigilado controla a los vigilantes?

En el caso del Inai, su extinción sería un golpe fatal a la transparencia y al acceso a la información pública. Sin un ente independiente que supervise la entrega de documentos gubernamentales, las dependencias y sus administradores actuarían sin rendir cuentas. La corrupción, que sigue siendo un problema en México, se agravaría, pues el escrutinio público sería casi imposible.

Quien asuma las funciones reguladoras del IFT dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inyectaría incertidumbre jurídica en un sector altamente competitivo, innovador y estratégico para el desarrollo del país.

La Cofece, al dejar de ser autónoma, perdería su capacidad de proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas, con impactos en los precios y la calidad de los bienes y servicios.

También es necesario criticar a estos organismos autónomos que podrían dejar de existir tan pronto como los representantes de la Cuarta Transformación en el Congreso consoliden una mayoría calificada.

Aunque su labor es fundamental para el equilibrio del poder y la tutela de derechos fundamentales, la mayoría de las personas que los han integrado han fallado en acercarse a la sociedad y en comunicar su importancia. Estos entes se han manejado en su seno como feudos de poder, donde el diálogo con los ciudadanos y los usuarios ha sido escaso. La percepción pública sobre estas instituciones es que están alejadas de las preocupaciones reales de la gente y que operan en un limbo técnico que pocos entienden. Si desaparecen, es probable que muchos ciudadanos no se enteren y a otros no les importe o les resulte indiferente.

El Inai, aunque ha sido clave en la lucha por la transparencia, no ha logrado posicionarse como una herramienta necesaria para el ciudadano común. Pocos entienden cómo y por qué es importante.

Al IFT le ocurre que la regulación de las telecomunicaciones es vista como un tema técnico, sin implicaciones en la vida cotidiana de las personas, a pesar de que afecta el acceso a Internet, la calidad de los servicios y la libertad de expresión. La desconexión entre el IFT y la sociedad ha permitido que el gobierno justifique su desaparición con el argumento de que es un organismo caro e ineficaz.

La Cofece ha sido cuestionada por su tortuguismo para investigar los mercados, su lentitud en actuar y por no tener un impacto visible en el día a día de los consumidores.

Pero eliminar estos organismos sería un grave retroceso. La transparencia, la competencia y la regulación de las telecomunicaciones quedarían a merced de quienes ocupan y sirven a la silla presidencial. Un Estado regulador independiente es esencial para garantizar que los derechos estén protegidos frente a los abusos del poder, pero la 4T está más interesada en debilitar los contrapesos que en fortalecerlos.

La extinción del Inai, el IFT y la Cofece no es una cuestión de austeridad o eficiencia, sino de control. Las instituciones no son perfectas, deben ser más cercanas a la sociedad y estar sometidas al escrutinio y la crítica permanentes, pero su desaparición sólo beneficiará a quienes el control absoluto, el centralismo y ejercer el poder sin rendir cuentas.

X: @beltmondi

A raíz de que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) publicara el pasado 6 de febrero el dictamen preliminar correspondiente a una investigación por supuestas barreras a la entrada del comercio electrónico minorista en México, con énfasis en los llamados marketplaces, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) pidió a la institución mexicana preservar los beneficios del e-commerce en el país.

Explicó que el comercio electrónico representa una opción más para él consumidor, gracias a los esfuerzos y las inversiones realizadas por los marketplaces.

Además, para las pequeñas y medianas empresas, el comercio electrónico ha abierto un canal de venta atractivo, mientras que en el dictamen de la Cofece se indica que “aprovechan la visibilidad y reputación del marketplace para llegar a una amplia base de compradores. También buscan optimizar sus costos operativos, dado que vender en un marketplace puede implicar menores gastos en comparación con tener una tienda física o en línea de manera independiente”.

La Asociación destacó que gracias a los canales digitales, y particularmente los marketplaces, los consumidores tienen acceso a una mayor selección de productos, a precios bajos y con mayor conveniencia.

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Asimismo, las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a un mercado mucho mayor, de alcance hasta internacional, con menores costos y con soluciones de logística y pago que ayudan a las pymes a enfocarse en mejorar su producto, agregó la ALAI.

“Es por estas razones que los canales digitales han impulsado la competencia en el comercio minorista. Por ello, al analizar el dictamen preliminar y emitir una resolución final, es indispensable que el Pleno de Cofece preserve los beneficios de los marketplaces para la competencia y para el bienestar de consumidores y pequeñas y medianas empresas.

“En particular, debe mantenerse la capacidad de los marketplaces para proveer eficientemente los servicios a compradores y vendedores que constituyen el corazón de su propuesta de valor”, señaló la ALAI.

Agregó que es crucial que la resolución que eventualmente emita el Pleno sea congruente con el objetivo de la política de competencia, de proteger la eficiencia de los mercados por encima de intereses específicos de actores particulares.

“Creemos que la mejor estrategia para lograrlo involucra basarse en evidencia empírica sólida tanto de los efectos económicos de las conductas investigadas como de las medidas propuestas por la autoridad”, añadió.

Los agregadores de pago enfrentan barreras a la competencia en América Latina. 

El entorno anticompetitivo en México, identificado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no es endémico del país; sino que sus homólogos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia atraviesan procesos similares, revela un nuevo estudio desarrollado por la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (Asamep) en conjunto con KPMG México.

El estudio expone que, en forma análoga a lo que ha hecho la Cofece en México, agencias de competencia de otros países latinoamericanos han realizado investigaciones en el sector de medio de pagos para identificar barreras para los participantes.

Como resultado de las investigaciones, en Argentina se obligó a comercios, empresas y profesionales a aceptar pagos con tarjeta de débito; en Brasil se aprobaron cambios regulatorios para promover la interoperabilidad y el acceso sin discriminación a los servicios de pago; en Chile se hicieron cambios normativos para limitar el actuar conjunto de emisores, y en Colombia se separó el negocio de adquirencia y compensación.

El estudio El sector agregador en México, de la Asamep y KMPG México, sintetizó el panorama del sector en esos cinco países que, en conjunto, agrupan 81 por ciento de las Fintech y tienen el mayor PIB de América Latina.

Aumento de inclusión financiera

La Reforma Financiera de 2014 definió a los agregadores como intermediarios entre la banca y los comercios y los reconoció como participantes en las Redes de Medios de Disposición. Desde su nacimiento formal como industria han aportado tecnología y seguridad al sector y facilitado el acceso a los comercios para el pago con tarjetas de crédito. En este periodo, se duplicó el porcentaje de comercios que aceptan pago con tarjetas, al pasar de 22 por ciento en 2014 a 45 por ciento en 2022.

Según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2023 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los agregadores tuvieron un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 55.4 por ciento e instalaron 74.7 por ciento de las terminales punto de venta (TPV) en México en 2022, nueve veces lo que los otros actores.

En el transcurso de esta década, los agregados remontaron a la banca y se erigieron como líderes en la colocación de TPV: ahora triplican las terminales, con 3 millones 641 mil 839 hasta 2022, frente a un millón 233 mil 241 de los bancos.

Myriam Cosío, presidenta de la Asamep, resaltó que los agregadores han tenido un impacto positivo, principalmente en algunos sectores como el comercio minorista y las pymes, en cuestión de crecimiento, ventas y resiliencia al brindarles múltiples opciones de pago en momentos de crisis, como la pandemia de Covid-19.

El vicepresidente de American Express, Patricio Mendoza, expuso que, de las más de 4 millones de terminales punto de venta que hay en México, una buena parte de los pagos en los comercios activos, alrededor del 50 por ciento, son procesados por los agregadores, a los que Amex les brinda un programa estándar para afiliarse.

No obstante, si bien se ha hecho un avance relevante en este decenio, aún queda mucho por hacer, pues aún faltan 7 millones de comercios por afiliar, tanto formales como informales, advirtió Cosío.

Beneficios e incremento de uso

De forma paralela, en el transcurso de esta década se abrieron más cuentas y se incrementó el uso de tarjetas: 75 por ciento las de crédito y 50 por ciento las de débito, reveló Carlos Millán, socio del grupo de Estrategia Global de KPMG México.

Cosío expuso que la meta es que, para 2024, el 77 por ciento de la población tenga algún producto financiero y, como el porcentaje ahora ronda el 50 por ciento, ‘aún estamos lejos y queda mucho trabajo por hacer’.

Millán agregó que el panorama es aún más importante hacia el futuro, ya que hay un crecimiento esperado del 33 por ciento en el mercado del comercio electrónico en México, lo que representa una gran oportunidad de expandir la transaccionalidad.

KPMG elaboró el estudio El sector agregador en México, en el que analizó siete elementos de la industria: 1) Estrategia, 2) Regulación, 3) Comercial, 4) Entorno internacional, 5) Modelo operativo, 6) Tecnología y seguridad y 7) Experiencia del usuario.

Entre las contribuciones de los agregadores, el estudio identificó: la promoción financiera en poblaciones marginadas, las estrategias diferenciadoras, atender a los clientes sin sucursales, esquemas de costos simplificados y el propio onboarding digital.

Respecto a las operaciones con tarjeta presente, Cosío expuso que los agregadores están presentes en 93 por ciento de municipios del país y hay 223 en donde son los únicos que están presentes.

Retos persistentes

La vicepresidenta de Mastercard, Analicia García, señaló que las tres mayores prioridades son: la colaboración, la adopción de pagos sin contacto (contactless) y el Tap on phone, una solución que permite aceptar pagos tarjeta contactless o un wearable en tablets o teléfonos inteligentes.

“La colaboración público-privada es fundamental, sobre todo para generar y aumentar la adopción, que sigue siendo un reto bastante importante”, sentenció Alehira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas de Mercado Libre.

También enfatizó que un reto que tienen como agregadores es seguir trabajando en las cuotas de intercambio, ya que para ellos son mucho más elevadas que otros jugadores del ecosistema, lo que se convierte en una barrera de entrada para seguir haciendo el trabajo que han venido haciendo a lo largo de varios años.

El (eterno) desafío de la competencia

Pese a este crecimiento, el estudio también identificó que los agregadores enfrentan barreras a la competencia en el sector financiero, una alta dependencia de las cámaras de compensación, de relación con los adquirientes y en el contrato de intercambio doméstico.

“En cuestión de competencia, no tenemos un piso parejo, no permite seguir fortaleciendo a todos los participantes del ecosistema”, declaró Maricarmen García, socia de Asesoría de Riesgos de Servicios Financieros de KPMG México, quien destacó el papel relevante que tienen los reguladores y el gobierno para revertir esta situación. 

Desde 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre la competencia en el sistema de pagos. En julio de 2023 determinó la falta de competencia efectiva en las transacciones domésticas y emitió recomendaciones para eliminar las barreras y restaurar la competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta, en una resolución que emitió hasta septiembre.

Y, dos meses más tarde, el 29 de noviembre de 2023, la Cofece emitió una opinión (OPN-002-2023), cuya primera recomendación a la CNBV y Banxico fue flexibilizar el mecanismo para implementar la tasa natural por excepción, “lo que permitiría que menores cuotas de intercambio se traduzcan en menores tasas de descuento para los comercios”.

Cosío calificó este hecho como un ‘paso en la dirección correcta hacia la promoción de la competencia’ y aseguró que estas medidas ‘sientan las bases para un mercado más competitivo’.

Mientras que, entre los desafíos que aún persisten, Cosío destacó las barreras de entrada y, sobre todo, de escala. Por ello, llamó a fortalecer la confianza, continuar con la colaboración y la inversión y seguir trabajando con autoridades, reguladores y legisladores para continuar fortaleciendo el sector.

Reforma Verónica Gascón

En la investigación de casos que involucren plataformas digitales, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sufre la falta de regulación actualizada y de una coordinación con otras instancias gubernamentales para abordar el problema de manera integral, aseguró su titular Andrea Marván.

Actualmente, señaló, 25 por ciento de las investigaciones que están abiertas tienen que ver con economía digital.

La titular de Cofece manifestó que el principal reto es que debe haber coordinación con otros organismos (como Profeco, el INAI y el IFT) que actualmente trabajan con distintos criterios para abordar estos casos.

Leer más: https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagina.html?seccion=negocios&fecha=20240228

El Economista Jorge Bravo

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) busca regular los marketplaces Amazon y Mercado Libre. Su Autoridad Investigadora (AI) indagó y encontró posibles barreras a la competencia en el mercado del comercio minorista. De confirmar su dictamen, impondría presuntas soluciones correctivas como desasociar servicios de streaming y cualquier otro que no tenga relación con el mercado del comercio digital, pero sus criterios y análisis parten del desconocimiento de la tecnología.

La adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la innovación, el crecimiento de Internet y la confianza de los usuarios en las plataformas de comercio electrónico han llevado a empresas como Mercado Libre y Amazon al lugar de preferencia que actualmente ocupan.

La AI de la Cofece plantea preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista. Sostiene que existe alta concentración, efectos de red y barreras a la entrada como inversiones, tecnologías, publicidad, mercadotecnia y relaciones públicas, es decir, el valor del servicio aumenta conforme lo usan más personas, cuando ese es el objetivo.

Con estas afirmaciones, la AI de la Cofece demuestra que todavía tiene un desconocimiento de las características y los beneficios de las tecnologías digitales y que todavía no ha comprendido los servicios digitales, a pesar de que cuenta con una unidad que analiza los mercados digitales.

¿Desde cuándo la inversión, la tecnología, las estrategias de mercadotecnia o las relaciones públicas han sido motivo de regulación en materia de competencia económica? La AI de la Cofece estaría castigando la innovación, la eficiencia y la preferencia de los usuarios sobre dichos marketplaces. Las ventajas que ofrece la tecnología a quienes desarrollan y utilizan plataformas de intermediación entre la oferta y la demanda van a ser potenciadas aún más con el uso de la Inteligencia Artificial. ¿También se va a regular?

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento significativo desde el inicio de la pandemia y es fundamental para que los pequeños y medianos comercios puedan ofrecer sus productos a una mayor cantidad de consumidores. Si no existieran las plataformas de comercio electrónico, muchísimos productores y fabricantes no llegarían al usuario final.

Amazon, Mercado Libre y otros marketplaces han creado un ecosistema y han contribuido a la economía digital apoyados en la tecnología, impulsados por la innovación y sostenidos por la confianza del consumidor, quien se siente seguro de compartir sus datos personales con las plataformas de Internet.

Esa ventaja competitiva sólo la ofrece la tecnología, los datos, las búsquedas algorítmicas inteligentes, las reseñas y recomendaciones de otros consumidores y los servicios de logística y entrega de mercancías que han facilitado los marketplaces.

El mundo digital es un reflejo del mundo físico, con las diferencias que otorga el uso de las TIC. La AI de la Cofece ve con malos ojos analógicos que existen otros servicios incluidos en los programas de lealtad como el streaming Amazon Prime Video o Meli+ de Mercado Libre, como si las tiendas departamentales o los supermercados no ofrecieran monederos electrónicos con dinero “gratis” para intercambiar por productos de esas mismas tiendas, programas de puntos por cada compra que se realiza y hasta expedición indiscriminada de tarjetas de crédito para fidelizar a sus clientes.

A la estrategia de asociar servicios de streaming la AI de la Cofece le llama “artificialidad”, porque incide en el comportamiento de los compradores, un argumento tan artificial como lo que busca remediar.

El regulador sostiene que falta transparencia en los algoritmos que gestionan las ofertas dentro de los marketplaces, porque seleccionan y destacan una oferta en particular presentándola como la mejor.

Los algoritmos son una ventaja competitiva y un secreto industrial. Los consumidores también ignoramos por qué un supermercado coloca ofertas a la vista, no existe transparencia en las tiendas para que veamos ciertos productos y no otros más económicos. Los compradores ignoramos los acuerdos de los grandes almacenes con las grandes marcas para mostrar ciertas mercancías promocionadas.

Asimismo, la autoridad también ve con desagrado que los marketplaces no permitan que sus vendedores elijan libremente la empresa de logística de su preferencia. Una vez más, la AI de la Cofece no reconoce que las plataformas de comercio electrónico se han transformado en empresas de logística, habilitadas por las eficiencias que arroja el análisis de datos, el uso de Inteligencia Artificial y la eficiencia en costos.

La irrupción de Amazon en 1994 hizo que surgieran otros marketplaces como Mercado Libre (1999), que fabricantes y productores crearan sus propias tiendas digitales independientemente de los grandes marketplaces. También provocaron una transformación en las empresas tradicionales de entrega de paquetes, ineficientes y abusivas, cobrando al cliente por gramo y centímetro cuadrado, pero la tecnología y los efectos de red cambiaron su modelo de negocio. Incluso, el comercio electrónico ha hecho que las viejas oficinas de correo justifiquen su existencia gracias al envío de paquetería que se contrata por Internet.

Afortunadamente, el dictamen de la AI de la Cofece es preliminar: debe ser analizado en sus efectos contraproducentes y desechado por el Pleno de comisionado(a)s de la Cofece.

El regulador debe comprender los beneficios de las tecnologías y las características de los nuevos modelos de negocio y mercados digitales. La regulación debe ser cuidadosa para no obstaculizar la innovación y el crecimiento de estos mercados, al tiempo que garantiza una competencia justa.

Las medidas regulatorias basadas en el desconocimiento de la tecnología siempre traen coletazos imprevistos que afectan no sólo la innovación y los modelos de negocio, también a los usuarios.

¿Quiénes se verían beneficiados de desasociar los servicios de streaming creando mercados más consolidados? ¿Los remedios regulatorios provocarían un aumento en los costos de transacción y en las comisiones que los marketplaces cobran a los vendedores? ¿Modificar los criterios algorítmicos cambiarían los acuerdos entre las plataformas y los vendedores para privilegiar ofertas? Toda regulación debe considerar los supuestos beneficios, pero también los perjuicios que desataría.

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