Proceso Jorge Bravo

En la reciente Convención Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció (sin que nadie se lo pidiera explícitamente) una invitación formal para que la cúpula de la radiodifusión dialogue con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y revise “los tiempos que tanto les importan: los mensajes de los partidos, su duración, su impacto en los medios y en la audiencia”.

La escena fue celebrada con aplausos por la CIRT. La mandataria subrayó que su gobierno está “totalmente abierto a escuchar y construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”. El gesto no es un diálogo inocuo, huele a una tregua política, a un guiño institucional que confunde la democracia y el derecho a la información con la cooptación de la opinión pública.

Sheinbaum constituyó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez y que agrupa a figuras del gabinete y del círculo de confianza de la Ejecutiva, entre ellas Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy, además de otros colaboradores con peso institucional, como José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esa comisión tiene la facultad de proponer cambios electorales profundos que pueden comprometer la autonomía del INE, la permanencia de los legisladores plurinominales y ahora sabemos que la revisión de los tiempos oficiales que el Estado utiliza en radio y televisión. La invitación a la CIRT no puede leerse sino como un paso para congraciarse con la cúpula de la radiodifusión, modular la narrativa pública y debilitar aún más a la oposición partidista.

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo y la radiodifusión acuerdan reducir los “tiempos oficiales”. Éstos están conformados por el “tiempo fiscal” (11 minutos en TV y 21 minutos en radio, decreto de Hacienda de 1968 modificado en 2002 por Fox y modificado en 2020 por AMLO) y por los “tiempos de Estado” (30 minutos diarios previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).

El origen de los llamados “tiempos fiscales” se remonta al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Fue en 1968 cuando el Ejecutivo decretó el cobro en especie a los concesionarios mediante el uso de tiempos en radio y televisión, tras la importancia que adquirieron esos medios electrónicos durante los acontecimientos de represión del 2 de octubre y los Juegos Olímpicos de ese mismo año.

Aquella figura legal (creada en un contexto de control informativo sobre el país) permitió al Estado ocupar espacios en la radio y la TV a manera de impuesto en especie. Con las alternancias partidistas, la práctica fue objeto de reformas y decretos. En 2002 Vicente Fox redujo drásticamente esos tiempos. En 2020 López Obrador publicó un decreto que volvió a modificar los minutos que deberían entregarse, lo cual desató una polémica legal e institucional.

Con AMLO el tiempo fiscal pasó de 18 a 11 minutos en TV y de 35 a 21 minutos en radio. Esa condonación del “tiempo fiscal” atentó contra el derecho a la información en plena pandemia.

El Instituto Nacional Electoral elevó ante la Suprema Corte una controversia constitucional sobre la legitimidad y el impacto de aquel “decretazo” de abril de 2020, que recortó los tiempos fiscales y atentó contra el modelo de comunicación política y la equidad informativa. El INE promovió la controversia y buscó la suspensión, procedimientos que dejaron en evidencia la tensión entre el Ejecutivo y el órgano autónomo encargado de la vida democrática. La SCJN discutió la constitucionalidad y resolvió su validez. El episodio dejó una nueva certeza jurídica pero, sobre todo, una lección política: los “tiempos oficiales” son moneda de cambio.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión preserva las disposiciones sobre los tiempos gratuitos para el Estado y los mecanismos mediante los cuales se asignan minutos y formatos que, en la práctica, se traducen en influencia y capacidad de agenda del gobierno.

Además, el artículo 41 constitucional estipula que “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión”. Estos 48 minutos son el resultado de los 30 minutos de “tiempos de Estado” previstos en la LMTR más 18 minutos de los “tiempos fiscales” del decreto de Hacienda de 1968-2002-2020.

Los ‘tiempos oficiales’ es la cuerda que sostiene la equidad electoral entre actores políticos y el acceso a la radiodifusión en la disputa por la atención ciudadana. Alterarla o diluir su ejercicio bajo la excusa del diálogo con la industria sería poner en riesgo la democracia misma, porque los ciudadanos se verían limitados de tomar una decisión político-electoral informada.

Que la presidenta convoque a la CIRT a dialogar con la Comisión Electoral no es un gesto de cortesía corporativa. Evidencia una nueva relación de conveniencia. El poder regulatorio y político del Estado se sienta a la misma mesa con quienes moldean la opinión pública día a día.

No es irrelevante que la CIRT aglutine a quienes operan medios de alcance masivo, ni que su capacidad para construir agendas sea una palanca valiosa en cualquier campaña. Esas plazas mediáticas no son meros negocios, son plataformas de influencia. La Ejecutiva que las convoca a reunirse con la Comisión Electoral corre el riesgo de legitimar la patronalización de la información versus el derecho a la información.

Existe una aritmética incómoda que conviene comprender. La industria de la radiodifusión mueve sumas relevantes de 100,000 millones de pesos de ingresos al año. En cambio, el sector de las telecomunicaciones factura cifras aún mayores, con ingresos de 500,000 mil millones de pesos anuales. La diferencia radica en que la radio y la televisión no sólo venden servicios y espacios; venden audiencias, atención y narrativa pública.

Ésa es la razón por la cual los gobiernos, uno tras otro, acuden a las convenciones de la CIRT y abren diálogos de intercambio de favores, mientras que otras industrias (más importantes en términos de inversión y fiscales como las telecomunicaciones) permanecen en segundo plano.

Si la reforma electoral que prepara la Comisión Presidencial es genuinamente plural y democrática, debe incorporar con urgencia mecanismos de transparencia, distanciamiento y reglas claras sobre el rol de los concesionarios en los procesos electorales. Invitarlos a la mesa para dialogar está bien; privilegiarlos no. El riesgo es que, detrás de los aplausos en la Convención de la CIRT, se fragüe un nuevo pacto entre el poder público y mediático que termine por acordar quién decide la agenda informativa en los tiempos electorales.

Twitter: @beltmondi

El Universal

De acuerdo con el organismo empresarial que cuenta con más de mil 600 afiliados en el territorio nacional, será hasta después de que concluya el análisis de la iniciativa cuando se emitirá la postura del sector.

Leer más: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cirt-ya-analiza-ley-propuesta-por-la-presidencia-evita-por-ahora-dar-postura/

Milenio Arturo Gómez

Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca concentran 70 por ciento de las estaciones de radio piratas detectadas en México, reveló la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

En entrevista con MILENIO, José Antonio García Herrera, presidente del consejo directivo de la agrupación, dijo que estas se ubican principalmente en municipios de alta incidencia delictiva como son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Apatzingán, este último ocupando el décimo lugar nacional en tasa de homicidios dolosos.

En Guerrero, que se sitúa en el noveno lugar nacional en tasa de homicidios dolosos, es frecuente la detección de emisoras irregulares o ilegales, principalmente en Acapulco.

Leer más: https://www.milenio.com/negocios/cirt-70-estaciones-radio-piratas-5

El Economista Ma. del Pilar Martínez

Los trabajadores de radio y televisión tendrán un incremento salarial diferido para este 2023. El primero será de 5% y se aplicará a partir de este primero de febrero; y un segundo incremento de 3% a partir del primero de agosto.

Patricio Flores Sandoval, dirigente nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR), afirmó que hay un compromiso de los industriales de este sector para mantener la planta laboral.

Con el acuerdo alcanzado se da por terminado el trámite de la Comisión Revisora del Contrato Ley de la Industria de la Radio y Televisión, en cuanto a la revisión salarial, asimismo queda conjurado el emplazamiento a huelga de más de 30,000 trabajadores de este sector.

José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) comentó que este es un buen arreglo, muestra de madurez de los sindicatos y los empresarios para seguir trabajando de manera conjunta.

También estuvieron presentes los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), Ricardo Acedo Samaniego; así como Miguel Ángel Palomera de la Ree, Secretario General del Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras y Televisoras, Similares y Conexos de la República Mexicana (SIEMARM).

Finalmente las partes coincidieron en buscar conservar los puestos de trabajo y se respeten las conquistas laborales de este sector.

El Financiero

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), manifestó su preocupación de que el Estado ejerza presión indebida respecto a la información noticiosa, tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las reformas de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRYT).

Con la resolución, se busca devolver al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las facultades para que sea el encargado de regular los derechos de las audiencias, en lugar de que lo hagan los propios medios de comunicación que tienen una concesión de radio o televisión.

“La resolución abre la posibilidad de que el Estado mexicano, mediante cambios impulsados vía el Congreso de la Unión, ejerza presión indebida a la radio y la televisiónrespecto de la información noticiosa que transmiten”, advirtió la Cámara en un comunicado.

Agregó que, en caso de ser necesario, la CIRT recurrirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la libertad de expresión en México.

“La CIRT informa que en caso de ser necesario recurrirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para hacer valer sus profundas preocupaciones sobre las medidas incompatibles con la garantía de la libertad de expresión.”, dijo.

Apuntó que, bajo el pretexto de hacer efectiva una obligación solo a las concesiones de radio y televisión mexicanas estarían obligadas a diferenciar entre información y opinión.

“Las desproporcionadas sanciones por el incumplimiento a esa disposición que desdibuja la libertad de expresión son otro elemento que se convierte en una amenaza injustificada en contra de la labor periodística y de comunicación en nuestro país. La sola amenaza de su imposición inhibe dicha labor y el ejercicio del más elevado derecho para expresarse con plena libertad. Su presencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión generará censura previa, una práctica que no debe ocurrir en México a partir del abuso de controles oficiales, conforme lo dispone el artículo 7o de nuestra Constitución, y que es contraria al espíritu y letra de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, refirió la CIRT en su comunicado.

Ven vació legal

Por otra parte expertos dijeron que la decisión de la Corte de invalidar las reformas de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y luego aclarar que eso no significaba que entraban en vigor los cambios a la Ley del 2014, se dejó en un vacío legal a las empresas de radio y televisión.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), aseguró que esto implicaría que las empresas de radio y televisión, así como las audiencias, queden huérfanas de derechos.

“La Ley de 2014 es la que debe estar vigente, pues la Corte sólo invalidó las reformas de 2017, las invalidó porque se aprobaron tras un proceso legislativo sin debate; es decir que sólo se quitan las modificaciones de 2017, pero los artículos de origen establecidos en la Ley de 2014 son los que norman los derechos y obligaciones de las empresas y las audiencias”, indicó el presidente de la AMEDI.

Jorge Moreno Loza, abogado especialista en Telecomunicaciones, detalló que con este vacío legal se dejó en el limbo a las empresas de radio y televisión.

“No puede existir un vacío de ley, se debe tener claro que sólo se dejaron sin efecto las modificaciones hechas a la legislación establecida en 2017, por ende, se regresa al régimen anterior puesto que la SCJN no decretó la eliminación de todos los artículos previstos en la Ley de 2014″, puntualizó el analista.

Agregó que, por ahora, lo que queda pendiente es que el Congreso de la Unión afine los procesos para la expedición de nuevas legislaciones a la LFRYT; sin embargo, mientras esto ocurre, las empresas tienen que estar reguladas por la Ley de 2014.

“El Legislativo tendrá que examinar el alcance de la decisión de la SCJN y, por consecuencia, revisar si se necesita la expedición de otro marco normativo o si se quedan con el ya existente de 2014″, añadió Moreno Loza.

La Jornada Enrique Méndez y Georgina Saldierna

En los foros de parlamento abierto para la reforma electoral, especialistas en comunicación lamentaron que en la propuesta presidencial esté ausente el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías y que prácticamente no se toque el de los medios de información.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García, aprovechó para pedir que se desregulen los medios electrónicos tradicionales en lo que toca a los procesos electorales, pues enfrentan una sobrerregulación que continuamente los lleva ante el Instituto Nacional Electoral y el tribunal electoral.

En comparación, resaltó que el uso de plataformas digitales no está regulado y ello propicia que se sigan usando aun en veda electoral, lo que no sucede con los medios electrónicos, que son sancionados por transmitir en ese periodo las conferencias matutinas del Ejecutivo federal.

Gabriel Sosa, defensor de las audiencias del Canal 22, recordó que la sobrerregulación se estableció porque había inequidad en el acceso a los medios de comunicación. Todos se volcaban con el candidato del PRI. Después, las elecciones se convirtieron en gran negocio, pues quien tenía recursos podía contratar tiempo en radio y televisión, y se volvía a la inequidad.

Consideró importante mantener el actual modelo de comunicación, aunque deben revisarse algunos aspectos. Por ejemplo, destacó que la espotización desincentiva al electorado. También se requiere aterrizar la prohibición constitucional de hacer pasar propaganda como información. Puntualizó que hay un vacío sobre redes sociodigitales en el que hay que meterse.

Sancionar la desinformación

En el foro realizado en el formato debate en el Canal del Congreso, Roberto Ruz, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, consideró necesario sancionar la ­desinformación.

Explicó que una noticia falsa transmitida por WhatsApp en el tiempo que dura la veda electoral puede alcanzar hasta a 3.5 millones de personas. Estimó que los medios de comunicación podrían contrarrestar su efecto, pero no se les permite entrar al tema electoral durante la veda. Por ello ese periodo llamado de reflexión, permite que ganen protagonismo las fake news.

Apuntó que las autoridades electorales tendrían que negociar con las representantes de las plataformas digitales para que muestren las propuestas y la información de todos candidatos y así superar el sesgo propiciado por los algoritmos.

Sosa dijo que es necesario promover la alfabetización mediática de manera intensa, para que la gente sepa distinguir las noticias falsas, y establecer un tope en el gasto de los partidos en medios digitales.

El presidente de la CIRT pidió cancha pareja entre medios electrónicos tradicionales y los digitales y que haya criterios formales sobre lo que se considera propaganda e información.

Milenio Luis Pablo Segundo

Con la finalidad de buscar una mejor operación de los medios de comunicación en México, diputados y senadores podrían poner en la mesa de análisis, de nueva cuenta, el costo que pagan los operadores para uso del espectro radioeléctrico y eliminar la sobrerregulación que enfrentan.

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional de la Radio y la Televisión 2022 organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que ya están en la mesa diversas propuestas de ley listas para entrar en discusión.

“Hay una iniciativa y otra modificación a la ley que esta en Cámara de Diputados que no se ha aprobado, yo espero que todas esas iniciativas se reactiven en el periodo de sesiones que comenzará el primero de septiembre”, comentó Monreal sin revelar mayores detalles.

Durante la inauguración del evento, José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, demandó “piso parejo” para que la radio y la televisión en México cuenten con regulaciones más reflexibles en sus operaciones.

“La falta de certeza jurídica, la injusta sobrerregulación que pesa sobre la industria, el costo excesivo del espectro, el exceso de tiempos fiscales, electorales y oficiales, el no tener la suspensión provisional de los amparos que promovemos, las prácticas de la radiodifusión ilegal ponen en desventajas a las empresas comprometidas con la prestación de servicios de comunicación, información y entretenimiento”, lamentó Herrera.

De acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el pago que realizaron los operadores en los últimos seis años en México se triplicó, al pasar de 6 mil 874 millones de pesos al cierre del 2015 a 18 mil 283 millones de pesos al término del 2021.

“La industria está pasando por un mal momento, hay que reforzarla, hay que fortalecerla para que esta siga generando empleos y siga generando opiniones y objetivos para beneficio de todos los mexicanos”, aseguró Monreal, quién también se comprometió en atender las demandas del sector.

Milenio Tzuara de Luna

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) consideró que imponer las disposiciones jurídicas que buscan regular la distribución de contenidos en radio y televisión puede poner en desventaja estos canales frente a las nuevas plataformas, como las de streaming.

En entrevista con MILENIO, José Antonio García, presidente del organismo, expresó que, de ponerse en marcha, sería un retroceso para la libertad de información en México, además de que va en contra de un país democrático.

“Si esta sentencia se aplica, por supuesto que sí (estarían en desventaja), y estaríamos en grave peligro la televisión y la mexicana… Yo confío en que el ingrediente principal de una democracia es la libertad de expresión, entonces yo no quisiera más regulación para nadie, pero tampoco para la radio y la televisión”, aseveró.

El pasado 19 de enero, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), bajo la sentencia del amparo en la carpeta 1031/2019, ordenó a medios de comunicación, que transmiten por radio y televisión, dejar en claro cuándo sus contenidos son información y cuándo son opinión, así como dejar sin efecto sus códigos de ética, esto según en atención a los derechos de las audiencias.

Asimismo, contempla que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenga las facultades para imponer lineamientos que protejan los derechos de las audiencias, a través de personas impuestas por el mismo Estado, bajo el argumento de la protección de derechos de las audiencias y la libertad de expresión.

Ante este escenario, García ha sostenido charlas con seis ministros, esperando que se den otros dos encuentros en esta semana. Agregó que si bien, la resolución estaba prevista para marzo, por los asuntos que ha atendido en fechas recientes la SCJN, espera que se cuente con ello para finales del mes en curso.

“A ningún otro medio de comunicación le quieren imponer esta regulación, solamente a la radio y televisión mexicana… En la radio y la televisión nos dedicamos a hacer crítica de lo bueno y de lo malo en los gobiernos, en cualquier nivel de gobierno, después lo que tratan es de controlarnos y obviamente es mucho más fácil tratar de controlarnos a través de un órgano regulador, que ya de por sí nos otorga las frecuencias para poder explotarlas, que cualquier otro medio”, agregó.

En tanto, destacó que, al ser el IFT el encargado de otorgar las concesiones para utilizar las frecuencias de radio y televisión, pocos países cuentan con un esquema similar.

“Sabemos que prácticamente en el mundo solo hay muy pocos países que tienen este tipo de regulación, países que no son democráticos como, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, entonces lo que nosotros no queremos es acabar como un país de ese tipo y esta es la lucha que estamos dando, y la daremos tanto en la Corte como en el Congreso”, añadió.

Reforma Ailyn Ríos

La decisión que se pueda tomar en la Corte sobre la inconstitucional de la reforma de 2017, con la que el Congreso quitó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de audiencias preocupa a la CIRT.

En 2017 el Congreso reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y quitó la facultad del IFT para expedir los lineamientos de las audiencias, lo que permitió a los concesionarios generar sus códigos de ética en un marco de autorregulación, sin estar sujetos a permisos ni convalidaciones posteriores de ninguna autoridad.

Empresas del sector estiman que habría limitaciones a la libertad de expresión e imposibilidad práctica para aplicar los lineamientos.

El Pleno de la Supre Corte discutirá, después de Semana Santa, la acción de inconstitucionalidad que senadores de oposición presentaron contra esta reforma hace cinco años, por lo que la reforma de 2017 podría ser revertida.

“Puede pasar que se declare constitucional la reforma de 2017 que dejaría sin efectos los amparos. También podría declarar inconstitucional la ley, por la forma en la que se legisló en su momento en el Congreso.

“Con eso la Corte tendría que ordenar al Congreso volver a legislar en materia de las audiencias, quedaría en suspenso la aplicación de los amparos y no tendrían efecto las imposiciones de los amparos (de diferenciar opinión de información).

“El último supuesto que no nos gustaría sería que la Corte declare inconstitucional la ley de 2017 y además de eso instruya al Congreso el legislar y cómo hacerlo en materia de audiencias. De ser así invadirían las facultades del Congreso”, dijo José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en entrevista.

El Ministro Alberto Pérez Dayán propone invalidar la reforma, pero no por cuestiones de fondo, sino por vicios durante el proceso legislativo y falta de consultas previas a varios sectores, entre otras razones.

En mayo de 2021, la Segunda Sala de la Corte confirmó una sentencia de un juez de Distrito que le daba 30 días al Congreso para derogar la reforma, pero únicamente en la parte del artículo 256 que borró la facultad del IFT de fijar lineamientos de derechos de las audiencias.

Ese amparo no ha sido ejecutado por estar pendientes recursos de algunas televisoras.

Sin embargo, la semana pasada el Pleno de la Corte notificó la versión final de otra sentencia del amparo en la que se dejó fuera la obligación del Congreso de volver a legislar en materia de audiencias por la reforma de 2017.

“Hemos estado platicando con los Ministros para expresarles nuestra preocupación en los efectos que tendría en contra la radio y televisión mexicana, porque otros medios como streaming y las redes sociales ejercen plenamente sus derechos de libertad de expresión”, indicó el presidente de la CIRT.

Propuesta de origen

Estos son algunos de los puntos incluidos en los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el IFT propuso en 2016.

DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN:

· Que los contenidos de audio o audiovisuales se transmitan en alguna lengua nacional.

· Contar con un defensor.

DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y/O AUDIO RESTRINGIDOS:

· Recibir la retransmisión de señales radiodifundidas.

· Recibir información sobre clasificación y horarios de programación.

· Recursos visuales o sonoros que indiquen productos o servicios no disponibles.

Fuente: IFT

Milenio Luis Pablo Segundo

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar con detenimiento las disposiciones jurídicas que busca regular la distribución de contenidos en radio y televisión. En conferencia de prensa, José Antonio García, presidente del organismo, manifestó que las normas del máximo órgano judicial, las cuales se prevén se resuelvan en marzo de este año, atentan contra la libertad de expresión de todos los medios de comunicación.

“Hoy estamos muy preocupados por el marco sensor que se impone sobre la radio y televisión mexicanas y sobre nuestros comunicadores, y desde luego contra el periodismo nacional que ha visto números récord en el número de compañeros muertos y amenazados”, manifestó.

Se tiene previsto que en marzo del presente año el pleno de la Suprema Corte discuta el proyecto que contempla obligar a todos los medios de comunicación a diferenciar los contenidos informativos y de opinión en cada uno de sus espacios.

Además, se estima que todos los códigos de ética de cada uno de los medios de comunicación de radio y televisión sean avalados por el propio Estado; y que cada medio cuente con defensores de audiencias los cuales deberán ser nombrados por el mismo gobierno federal, explicó García.

Lamentó que la propuesta del ministro de la SCJN, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, pretende negar el derecho a toda la población mexicana de estar debidamente informada, además de una censura oficial para todos los medios de comunicación de radio y televisión.

El representante de los medios comparó que dichas normas ponen sitúan a la industria en los tiempos donde gobernaban los expresidentes Luis Echeverría y Ernesto López Portillo. Posteriormente, en entrevista con medios García advirtió que uno de los riesgos que se corren con estas disposiciones es la desaparición de los mismos medios de comunicación, debido a que estos se volverían inoperantes.

A la par de una posible extinción de los medios, también estarían en peligro más de 30 mil empleados sindicalizados, y más de un millón de trabajos de confianza en indirectos. De cuartearse la libertad de prensa, García manifestó la Cámara que agrupa a más de mil 400 emisoras privadas de radio y televisión mexicanas, prevé tomar acciones legales ante instancias internacionales para revertir dicha resolución.

Respecto a esta postura y señalamiento de la CIRT, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un reconocimiento constitucional de los derechos de las audiencias, por lo que no se atenta contra la propia libertad de expresión.

“Los derechos de las audiencias protegen la pluralidad de ideas, perspectivas y opiniones -naturales de la sociedad democráticas-, con énfasis en la dimensión social de la libertad de expresión: el derecho a la población de recibir información de calidad y libre de discriminación que le permita participar en la vida pública, forjando sus propios criterios”, apuntó la AMDA.