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El papel de CFE Telecomunicaciones como un jugador de la industria de la conectividad coloca al Estado en una posición inédita: no solo como proveedor de telefonía, sino también como custodio directo de datos personales derivados del registro de líneas móviles, que inició operaciones el pasado 9 de enero.

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En algunos puntos, aquellos en los que aún se mantienen, forman parte del paisaje cotidiano, aunque ya no se les preste atención al caminar. Sin embargo, para muchos —sobre todo en las grandes ciudades del país— resulta difícil pensar que, hasta hace poco más de una década, las cabinas telefónicas fueron uno de los principales servicios para realizar llamadas nacionales e internacionales, mediante tarjetas con saldo a partir de 30 pesos.

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La CRT, CFE Telecom, Promtel y Altán Redes son instituciones lideradas por cuatro mujeres que buscan, desde su encargo, cerrar la brecha digital que aún existe en México.

El Economista Jorge Bravo

Por primera vez en la historia del sector mexicano de conectividad, cuatro mujeres lideran las instituciones del estado que apuntalan la infraestructura digital: Norma Solano Rodríguez al frente de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Zaira Yvette Pérez Salinas en la Dirección General de Altán Redes, Elizabeth Sosa Hernández al frente del Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel) y Brenda Escobar Méndez dirigiendo CFE Telecom. 

Su presencia conjunta en el México Digital Summit 2025 fue la imagen de una alineación estratégica entre regulación (CRT), oferta mayorista de servicios de telecomunicaciones (Altán), despliegue público de infraestructura (CFE Telecom) y promoción de inversión (Promtel). La cumbre merece celebrarse y exigirse al mismo tiempo.

Un día antes, en el mismo evento, estuvo presente el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, quien bocetó las acciones de digitalización que está llevando a cabo esa secretaría de Estado. También asistió el senador Javier Corral, artífice no sólo de los conversatorios, sino de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los organizadores reunieron lo más granado de la nueva institucionalidad de conectividad y digitalización de México hoy.

Lo que amalgamó a las cuatro lideresas fue una visión compartida de que la conectividad es un habilitador de derechos y un instrumento de inclusión social. Todas coincidieron en que el objetivo no es tender fibra, construir torres o encender estaciones base, sino garantizar acceso asequible y de calidad para que la educación, la salud y la participación ciudadana dejen de depender del condiciones geográficas o económicas.

Sobre esa base común cada institución trazó acciones concretas. La CRT impulsa un marco regulatorio orientado a facilitar el acceso a espectro, simplificar trámites municipales y activar incentivos (incluido un descuento de hasta 50% en derechos de espectro a cambio de despliegue en zonas no atendidas) para acelerar la cobertura.

Altán apuesta por robustecer su red compartida mayorista, sostener acuerdos de compartición de infraestructura y bajar precios mayoristas para proveer capacidad a 160 operadores móviles virtuales que ya operan sobre su red.

Promtel se propone catalizar proyectos con banca de desarrollo, descuentos de desarrolladores de tecnología y un programa para pequeños operadores que haga sostenibles sus despliegues.

CFE Telecom declara que pivotará su despliegue público, actualmente con cerca de 5,000 torres de telecomunicaciones y 21,000 km de fibra hacia 50,000 localidades objetivo, puntos de acceso en teleescuelas y clínicas y mayor compartición de infraestructura con Altán.

Los datos, acciones y estrategias que se mencionaron en el panel dan la medida del reto y de la oportunidad. Más de 13 millones de personas sin conectividad; alrededor de 126,000 localidades y más de 17,000 tramos carreteros sin cobertura.

Altán reportó una cobertura poblacional territorial superior a 87% y es el único operador de capacidad 4G en 44,000 localidades. CFE Telecom calcula beneficiar a 3.2 millones de personas con la extensión a decenas de miles de localidades. Proyectaron metas ambiciosas de pasar de 50% de cobertura 5G a niveles cercanos a 85% hacia 2030 mediante una licitación que incluya bloques y zonas pequeñas para operadores regionales. Estos números obligan a combinar política pública, inversión y coordinación interinstitucional.

La relación entre estas cuatro instituciones es sinérgica. La CRT de Norma y el resto de comisionadas quiere habilitar incentivos y reglas asimétricas para atraer actores regionales. El Promtel de Elizabeth busca traducir esas reglas en proyectos financiables y acompañar a los pequeños operadores. Zaira de Altán ya provee capacidad mayorista y políticas de no discriminación para que nichos de negocio se especialicen. Brenda de CFE Telecom aporta cobertura pública e infraestructura crítica en sitios donde la rentabilidad privada no llega.

Si este engranaje funciona, la multiplicación de actores y la compartición de activos públicos permitirán economías de escala y una cancha competitiva más diversa. Este optimismo debe ir acompañado de algunas preguntas. ¿Cómo se garantizará la sostenibilidad financiera de los proyectos sociales que prometen conectividad para poblaciones con ingreso insuficiente? ¿Qué métricas sociales y de calidad se usarán para medir el retorno de la inversión pública?

La burocracia municipal sigue siendo un obstáculo. Una ventanilla única digitalizada, que Norma de la CRT y sus pares proponen, es imprescindible y requerirá poder de coordinación federal-estatal-municipal que no es trivial.

El apoyo a pequeños operadores exigirá más que subvenciones: acceso a espectro (no sólo en bandas libres saturadas), formación técnica y cadenas de suministro asequibles. ¿Quién auditará la transparencia en ofertas mayoristas y en las reglas de compartición? ¿Cómo se evitará que la urgencia de conectividad social trastoque la neutralidad competitiva o genere preferencias indebidas?

También hay un desafío técnico y financiero monumental para Altán. Modernizar redes hacia 5G y, al mismo tiempo, ampliar cobertura en zonas rurales con topografías difíciles; todo eso en un entorno de inversión intensiva y con necesidades de economía de escala.

Que estas cuatro lideresas hayan estado juntas por primera vez en una cumbre abierta a todos los actores del ecosistema digital marca un antes y un después. Es valioso e imprescindible que ese gesto se convierta en diálogo permanente como convocatorias regulares con la industria, espacios de participación ciudadana, publicación de datos de cobertura y calidad, adopción de mejores prácticas internacionales y mecanismos claros de rendición de cuentas. Transparencia, datos compartidos y comunicación son los mejores aliados.

Les deseo éxito a Norma, Zaira, Elizabeth y Brenda. México merece una industria de telecomunicaciones vista al más alto nivel como estratégica y que atraiga capital para sostener los saltos tecnológicos que se avecinan. Se trata de inversión pública y privada intensiva que debe traducirse en retorno social (educación, salud, productividad y derechos digitales). Tienen la enorme responsabilidad de transformar su liderazgo en resultados. El reto es mayúsculo; la oportunidad, histórica.

X: @beltmondi

Ciudad de México. Cuatro de las principales instituciones de telecomunicaciones en México, son lideradas hoy por mujeres, quienes coincidieron en que trabajarán en conjunto para cerrar la brecha digital que aún existe en el país.

Durante el Mexico Digital Summit 2025, organizado por DPL Live, coincidieron Norma Solano Rodríguez, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT); Elizabeth Sosa Hernández, directora general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel); Brenda Escobar Méndez, directora de CFE Telecom, y Zaira Yvette Pérez Salinas, directora general de Altán Redes, en donde hablaron de los objetivos de conectividad por los que trabajarán.

“Por un lado, es un enfoque técnico, pero también un enfoque social, porque lo que nos mueve es llegar a conectar a los más de 13 millones de personas en el país que no están conectados por cobertura o asequibilidad”, señaló Norma Solano Rodríguez, presidenta de la CRT.

Por su parte, Brenda Escobar, de CFE Telecom, señaló que por primera vez dentro del sector telecom en México, desde lo público se está integrando una sola agenda a nivel de plan de conectividad.

“Los esfuerzos que están haciendo desde la cancha que nos está tocando se integran de manera sectorizada en la agenda. Desde la CFE en la Coordinación Telecom, haremos un esfuerzo social para llegar a zonas donde no puede ser rentable para operadores comerciales, y también para cubrir espacios públicos a través de servicios como Internet gratuito, como en CDMX, pero ahora tenemos el encargo de hacerlo a nivel nacional”, apuntó Brenda Escobar.

Elizabeth Sosa Hernández, directora general del Promtel, explicó dos proyectos que impulsará desde su posición para reducir la brecha digital: “uno es el de pequeños operadores. En este proyecto estoy tratando de bajar recursos con la Banca de Desarrollo, tener acuerdos con vendors para acceder a descuentos.

“Otro proyecto es uno social. Hace poco me dijeron que Internet era ya una canasta básica, pero dije: si alguien no tiene dinero para comer y tiene que elegir entre comida e Internet, va a elegir la comida. Por eso estoy comprometida con un programa social para conectar a personas de bajos recursos”, comentó Sosa Hernández.

Zaira Yvette Pérez Salinas, directora general de Altán Redes, comentó que actualmente tienen más de 87% de cobertura poblacional en zonas alejadas. Detalló que en 44 mil localidades son el único operador con 4G y en 19 mil son el único operador.

“Altán tiene más del 70% de cobertura poblacional en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Somos el operador con más cobertura poblacional, son estados donde la orografía lo hace bastante retador.

“Altán hoy tiene más de 160 OMVs (operadores móviles virtuales), y lo que más me apasiona es cuando se lleva la conectividad a zonas rurales. Hoy Altán busca generar esta conectividad en donde no haya barreras, que no exista distinción en la calidad en zonas urbanas y zonas rurales”, agregó la directora de Altán.

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CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) fue eliminada este año como resultado de la reforma constitucional que convirtió a las empresas productivas del Estado en públicas, pero la estatal aún debe aclarar irregularidades y posibles pagos indebidos en sus proyectos de conectividad.

Leer más: https://expansion.mx/tecnologia/2025/10/28/cfe-telecom-pago-starlink-internet-que-no-funciono-asf

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos informó nuevos avances en su plan para llevar conectividad a las zonas más apartadas de México.

De acuerdo con la empresa estatal, se han desplegado 4,907 torres de telecomunicaciones con tecnología 4G LTE y 21,449 kilómetros de fibra óptica como parte de la Red Nacional de Agregación y Acceso (RENAyA).

La estatal también reportó la instalación de 102,329 puntos de acceso gratuito a Internet, que operan con distintas tecnologías, entre ellas 4G LTE, ADSL y conexión satelital.

Además, señaló que ha habilitado más de 3.3 millones de servicios de telefonía móvil y banda ancha inalámbrica en las 32 entidades federativas, dentro de las zonas donde cuenta con concesión.

No te pierdas: CFE Telecom ejerce prácticas monopólicas que pueden afectar la conectividad rural

Para finales de 2025, CFE Telecom prevé sumar 6,663 puntos de acceso adicionales, lo que ampliaría su cobertura a 111.6 millones de personas en aproximadamente 53,000 localidades.

A través de CFE Telecom, el gobierno busca reducir la brecha digital en las regiones rurales y marginadas del país, donde tradicionalmente la inversión privada en telecomunicaciones ha sido limitada por factores económicos y geográficos.

Sin embargo, aunque las cifras reflejan un avance importante en infraestructura, la empresa estatal no brinda detalles sobre la calidad del servicio, las velocidades de conexión reales, ni cómo se medirá el impacto social de su programa de conectividad o cuántos de los usuarios potenciales podrán acceder de manera efectiva al servicio.

Reforma Jorge F. Negrete P.

La oficina de comercio de Estados Unidos (USTR) presentó la semana pasada un catálogo de conceptos y análisis económicos que explican la aplicación de aranceles o estiman riesgos con cada uno de sus socios en el mundo: 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.
En el capítulo reservado a México, hay un rubro sobre telecomunicaciones. El documento señala tres elementos de preocupación en el sector que, por su redacción y contrastando otros países a los que aplica aranceles, parece peccata minuta, incluso no menciona a Altán Redes y CFE Telecom. Los explico:

Preponderancia. “Los nuevos participantes en el mercado aún deben competir con el proveedor dominante tradicional, que ha mantenido una participación de mercado cercana a 70% y fue designado como agente económico preponderante”.

México mantuvo la preponderancia para quedar bien con Estados Unidos (EU). La argumentación regulatoria a partir del concepto de preponderancia ya es inútil en estos días. La regulación ex ante de este concepto no está registrada en ninguna legislación o literatura del planeta, ni en EU. Es una regulación fuera de toda proporción que castiga a los no conectados, genera marginación digital, viola derechos fundamentales como el derecho a la información y construye un congelamiento regulatorio que inhibe la innovación y retrasa el crecimiento de todos los indicadores de inclusión y transformación digital. Vuelve perezoso al sistema de competencia.

Desde 2014 el mercado móvil sumó 35.7 millones de líneas, de las cuales apenas 12% se sumaron a la red de Telcel. Es decir, en 11 años de regulación, Telcel incrementó sólo 12% de nuevos usuarios y Telmex ha sido golpeado en su línea de flotación frente a su competencia. Algo ridículo para una empresa que debe crecer a dos dígitos su base de usuarios cada año.

El analista de DPL News, Efrén Páez, ha señalado que “en el largo plazo, la regulación de preponderancia es insostenible dado que limita el pleno aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones, hoy compuestas por fibra óptica con la capacidad de entregar cualquier tipo de servicio y plataforma de forma digital. La mejor forma de impulsar la competencia es permitir el uso y aprovechamiento de las redes del siglo 21 mediante la plena convergencia de los servicios y sus participantes”.

Regulador independiente. “Una reforma constitucional… que elimina ciertas agencias reguladoras… en México, incluido el IFT, ha suscitado preocupación sobre el cumplimiento continuo de México con sus obligaciones en el marco del T-MEC”.

La reforma sucedió y tendremos un regulador muy parecido al estadounidense, porque no es autónomo constitucional y la selección de los comisionados es parecida al de la FCC. Confío en la designación de su Pleno y el carácter técnico del mismo. Deberemos esperar su funcionamiento, así como el regulador de Competencia Económica. Con relación a la Agencia de Transformación Digital, soy optimista. Tenemos una secretaría de Estado en los hechos, para diseñar política digital. Mil veces mejor que el gobierno pasado. Además, la revisión de la ley de telecomunicaciones fue un buen mensaje para el sector.

Espectro radioeléctrico. “Es uno de los más caros de Latinoamérica. El gobierno de México desestimó varias propuestas para reducir los costos presentadas por el IFT y el sector privado. Estados Unidos continúa presionando a México para que considere cambios en sus normas que reducirían los costos generales del espectro.”
Sí, pero el precio del espectro debe bajar para todos no sólo a un operador. La inversión que necesita México es épica, marginar espectro, margina al ciudadano. Todos deben participar en las mismas circunstancias en la nueva licitación, incluido Altán Redes.

He sostenido por años mi rechazo al modelo de la Red Compartida, pero después de enormes inversiones, ya es un bien público que hay que proteger. Tiene una nueva directora, solvente y comprometida.

El sector de infraestructura y el digital (TIC) están preparados para invertir.

Presidente de Digital Policy & Law
X: @fernegretep

Proceso Jorge Bravo

Nicolás Maquiavelo, pensador agudo del Renacimiento, jamás supo de 5G, plataformas digitales ni fibra óptica. Pero si hoy leyera la iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus frases cobrarían vigencia. Este artículo imagina al autor de El príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio analizando la propuesta que pretende redefinir el ecosistema digital de México.

“El primer método para conocer la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor”. La iniciativa fortalece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y deposita en una sola figura la política, regulación y ejecución técnica del sector. No hay debate colegiado, no hay contrapeso, no hay independencia regulatoria. 

Maquiavelo hubiera levantado una ceja: un príncipe prudente confía en consejeros sabios, un príncipe temerario gobierna rodeado de silencios. La concentración de poder en la ATDT no es signo de fortaleza, es vulnerabilidad institucional.

“El príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres sabios”. El diseño de la ATDT carece de consejo técnico y especializado. Sin voces diversas, las decisiones regulatorias se vuelven un monólogo. Ningún gobernante (por astuto que sea) posee todo el conocimiento que exige el ecosistema digital: desde órbitas satelitales hasta inteligencia artificial pasando por preponderancia. Rodearse de especialistas no erosiona la autoridad, la legitima.

“Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos”. Un artículo faculta a la ATDT a bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos, sin orden judicial ni ley específica. El mensaje es claro: la autoridad prefiere ser temida (capaz de apagar el interruptor de cualquier aplicación incómoda) que ser amada por respetar la libertad de expresión y los derechos. La historia enseña que el miedo dura mientras se tenga el control del interruptor; la innovación encuentra rutas para esquivarlo.

“La ambición es tan poderosa que hace que todos los engaños parezcan honrosos”. Bajo el eufemismo de “protección al usuario”, la iniciativa introduce un registro de usuarios móviles. Ya antes la Suprema Corte declaró inconstitucional un padrón similar por violar la privacidad y exponer datos biométricos. Cambiar de nombre al mismo mecanismo no disfraza su esencia: vigilancia preventiva. La ambición de control se viste de seguridad, pero termina desnuda cuando se han filtrado bases de datos o se persigue al disidente.

“Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”. La neutralidad de la red (garantía de que el proveedor no discrimine contenidos ni velocidades) aparece debilitada en la propuesta: las definiciones se borran, los lineamientos se vuelven difusos. En un país donde la conectividad es la puerta a educación, trabajo y entretenimiento, alterar la ecuación podría costar caro. El ciudadano puede tolerar un debate ideológico, pero no perdonará que le ralenticen el video que usa para entretenerse, estudiar o vender.

‘La naturaleza de los pueblos es voluble; es fácil persuadirlos, pero difícil mantenerlos persuadidos’. La ley exige permiso previo de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos financiados por gobiernos y organismos extranjeros. Es la reedición de la censura previa: un filtro político disfrazado de soberanía. Los gobernantes pueden persuadir momentáneamente a la opinión pública de que “protegen al país”, pero cuando los canales internacionales desaparezcan y las voces críticas queden fuera del espectro, el desencanto será rápido. La volatilidad de las audiencias digitales aconseja prudencia, no mordaza.

“El fin justifica los medios” (máxima apócrifa, pero útil). Quien redactó el capítulo de revocación de concesiones abraza esa lógica: si el Estado cree que un medio se tuerce, podrá retirar la licencia por “finalidades distintas” a las solicitadas. El concepto es tan elástico que cabe la arbitrariedad. La seguridad jurídica (oxígeno de la inversión) queda supeditada al humor del príncipe regulador.

“Nada grande se ha hecho jamás sin peligro”. Mover al Estado para cerrar la brecha digital es una causa noble. El peligro surge cuando los operadores estatales abandonan su misión social de conectar para competir donde ya hay cobertura. Altán Redes y CFE Telecom deben tender redes donde nadie más invierte, no disputarle el mercado a quienes ya arriesgaron capital. De lo contrario, ni los privados expanden cobertura ni los públicos cumplen su propósito. Se pierde el riesgo emprendedor y no gana la inclusión digital universal.

“Las guerras no se evitan; sólo se posponen para beneficio del adversario”. La guerra mexicana contra los altos precios del espectro radioeléctrico lleva años pospuesta. La iniciativa incluye remedios como el “acceso dinámico” y la “compartición” de frecuencias, pero esquiva el problema: las tarifas más altas de la región. Mientras Hacienda vea el espectro como cajero automático, las redes se construirán tarde, 5G llegará lento y la digitalización seguirá rezagada. Posponer la batalla verdadera termina por beneficiar a otros países que ya redujeron costos y aceleraron su conectividad.

“El pueblo se contenta con la apariencia: basta que no le falte la forma”. Entre las “formas” que desaparecen están los principios de la radiodifusión pública: independencia editorial, financiamiento, participación ciudadana. Sin esos baluartes, los medios públicos corren el riesgo de ser tribunas gubernamentales. Maquiavelo advertía que la apariencia puede bastar para el aplauso inicial, pero la realidad termina imponiéndose. Cuando un noticiero de un medio público elogia sin matices al poder, la audiencia cambiará de canal buscando voces libres.

Si Maquiavelo caminara por los pasillos del Senado donde se discute la ley telecom, diría que “los Estados que quieren prosperar deben fundarse en buenas leyes y buenas armas; las armas de la era digital son la innovación, la inclusión, la pluralidad y la libertad”.

El desafío no es redactar una ley que centralice controles, sino una que convierta la infraestructura digital en el cimiento de una sociedad sin discriminación, donde todos ejerzamos plenamente nuestros derechos en línea. El príncipe moderno no teme la crítica; la escucha, la regula con independencia y la transforma en progreso.

La historia enseña que los gobernantes que abrazan la censura y la concentración quizá sobrevivan un tiempo, pero los pueblos conectados (como las aguas del Arno que Maquiavelo observaba) siempre encuentran cauces para fluir.

Twitter: @beltmondi

El Economista Jorge Bravo

La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enfrentó al régimen de la Cuarta Transformación, a Morena y al gobierno de Sheinbaum con una realidad distinta a la hora de aprobar una nueva ley: el autoritarismo de los cambios, las prisas legislativas, el desconocimiento de un sector y la ideología se enfrentaron con una comunidad de telecomunicaciones, tecnológica y digital preparada, técnica, con datos y con una visión clara de país digital. 

No recuerdo una iniciativa que haya despertado tanto rechazo como la Ley Telecom sin que mediaran “argumentos” o ataques ideológicos de por medio. No existe una legislación que haya hecho a la Ejecutiva Federal detenerse y llamar a un diálogo legislativo para analizar la propuesta, que reconociera el error y pidiera eliminar un artículo polémico y mal redactado, que se detuviera la aprobación fast track en el Senado (típico de Morena y sus aliados) y que incluso -invadiendo la esfera del Poder Legislativo-, un funcionario público directamente involucrado en el proceso esté proponiendo cambios al texto del dictamen.

Sí, todo eso provocó una Ley Telecom que amenaza por igual a todo el ecosistema digital: usuarios, plataformas, empresas. Porque tanto el gobierno que la propone como quienes nos oponemos a su contenido e implicaciones, no tenemos otros datos y hechos (como dijera López Obrador), sino que compartimos los mismos: 16.9% de la población no es usuaria de Internet y los sucesivos gobiernos no han logrado cerrar la brecha digital.

Cuando la ideología se topa con datos, estadísticas y un análisis técnico y especializado, no le es tan fácil a sus apologistas lograr cambios legislativos tan perniciosos como los que propone la Ley Telecom. El debate emocional incendió la discusión en redes sociales y medios y rechazó de tajo la censura y la concentración de poder en una sola entidad; pero el análisis con evidencia empírica, las mejores prácticas internacionales y el conocimiento especializado son el fundamento del debate y han hecho retroceder a los defensores de la ideología.

Por razones políticas e ideológicas la 4T logró extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el principio de autonomía constitucional, pero el gobierno no puede justificar y menos convencernos de que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) deba tener tantísima concentración de poder y de atribuciones de política pública, regulación y digitalización en una sola persona.

Esa persona, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, tuvo que salir en la conferencia de prensa matutina para, sin concluir los conversatorios en el Senado ni el proceso legislativo en esa cámara, explicar y anunciar cambios a la Ley Telecom: el principal: no concentrar tantas facultades y proponer un órgano desconcentrado sectorizado a la ATDT con independencia técnica e integrado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.

La comunidad interesada en los sectores telecom, radiodifusión, tecnológica y digital sabe que ha logrado un éxito preliminar en el rediseño institucional que debería tener la nueva ley. Partimos del hecho de que ya no tiene remedio la extinción del IFT (en ese tema ganó la política y la ideología), pero es un grito unánime la necesidad de contar con un regulador que (aunque no sea autónomo), sí sea técnicamente independiente y sus decisiones se tomen de forma colegiada y transparente.

La aplanadora legislativa de Morena y la 4T no puede contra ese clamor de contar con un regulador distinto y separado técnicamente de quien diseña las políticas públicas para las industrias telecom, radiodifusión y digital.

Pepe Merino también tuvo que explicar el rol del Estado como operador de servicios de telecomunicaciones. Ante la evidente ausencia de neutralidad competitiva en la Ley Telecom, el responsable de la ATDT aclaró que el espectro radioeléctrico para uso comercial que se le asigne al operador estatal CFE Telecom, será en igualdad de condiciones que los proveedores privados.

Hay que reconocer que el organizador y moderador de los conversatorios en torno a la Ley Telecom en el Senado, Javier Corral, ha propiciado un debate de altura, técnico, especializado y respetuoso. La simulación y la prepotencia legislativas no tienen cabida en un ecosistema digital que tiene claro que el acceso a Internet es un derecho, que las tecnologías habilitan todos los demás derechos fundamentales, que la infraestructura digital es la base del desarrollo, que la conectividad tiene múltiples beneficios, que la transformación digital es irreversible y que queremos un México conectado y digital ya.

También es un logro del ecosistema digital que el gobierno haya decidido eliminar el nefasto artículo 109 que propone bloquear temporalmente plataformas digitales, por razones fiscales y de la ley del IVA. A la 4T y al gobierno les duele que los vinculen con prácticas autoritarias y censura, pero eso es exactamente el significado de bloquear plataformas de Internet.

Permanece la intención de prohibir la propaganda extranjera pagada, pero debe eliminarse de la iniciativa la autorización previa por escrito de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos extranjeros.

A diferencia de procesos legislativos previos como la Ley Televisa (que en 2006 se aprobó en sólo 7 minutos), la legislación secundaria de 2014 que distorsionó la reforma constitucional de 2013 o la contrarreforma a los derechos de las audiencias de 2017, en la Ley Telecom de 2025 no están detrás de la reforma los poderes económicos fácticos y los grandes consorcios, operadores y televisoras, sino que la amenaza provino directamente del Estado y de la vocación centralista, concentradora y anti deliberativa del gobierno y sus aliados en el Congreso a la hora de aprobar e imponer leyes.

Por vez primera queremos, esperamos y exigimos una visión, legislación, políticas tecnológicas y regulación de Estado. Que elimine privilegios como la convergencia sólo para algunos, distorsiones como la preponderancia por sector y las discriminaciones de todo tipo (socioeconómicas, geográficas y generacionales) en el acceso a las tecnologías y la banda ancha. La iniciativa de Ley Telecom es una lección para todos: la razón apoyada en datos, el análisis técnico y la experiencia internacional son capaces de detener y hacer retroceder la ideología rampante, la descalificación al pensamiento del otro y el autoritarismo excluyente al discutir una iniciativa tan trascendente como la Ley Telecom.