El Organismo Supervisor de Inversión Privada (Osiptel) de Perú prohibió los servicios de telecomunicaciones y ordenó su corte y el bloqueo de los celulares dentro de los centros penitenciarios.

Así lo estipula la Resolución N° 000139-2025-CD/OSIPTEL, publicada el 31 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial El Peruano, que estableció nuevos criterios de geolocalización para detectar inmediatamente las líneas telefónicas ubicadas dentro de los penales, incluso sin que realicen llamadas telefónicas.

El órgano regulador informó que, de esta manera, se superan las limitaciones del sistema anterior, que utilizaba métodos probabilísticos basados en patrones de consumo para la detección del uso ilegítimo de líneas móviles.

La nueva norma estipula que las empresas operadoras deberán implementar un monitoreo permanente de las estaciones de radiocomunicación con cobertura en los establecimientos penitenciarios, centros juveniles y zonas restringidas o de alta seguridad mediante herramientas de geolocalización para identificar las líneas y equipos que operen dentro de estos recintos.

Una vez verificado el uso prohibido, las empresas estarán obligadas a realizar el corte del servicio móvil y el bloqueo del equipo terminal.

Los operadores deberán informar al Osiptel y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un plazo máximo de 24 horas sobre cada corte, bloqueo, reactivación o desbloqueo de servicios y equipos. Y están obligadas a conservar los registros por un mínimo de tres años.

Asimismo, en la norma se implementó un sistema de alertas para la población que, cuando se detecte un intento de comunicación proveniente de un posible centro penitenciario y aún no se haya ejecutado el corte del servicio, el destinatario recibirá un mensaje advirtiéndole que la llamada podría originarse desde un penal, lo cual busca prevenir estafas, extorsiones y otros delitos.

La norma entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Diario Oficial y su incumplimiento será considerado infracción administrativa, sujeta a sanciones de acuerdo con la Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el Osiptel.

El Congreso de Colombia presentó el proyecto de ley 381 de 2024, que busca implementar la identificación biométrica obligatoria para la adquisición de tarjetas SIM en el país, con el objetivo de frenar delitos relacionados con el uso indebido de líneas móviles, tales como la suplantación de identidad y la extorsión telefónica.

De acuerdo con cifras presentadas en el documento, durante 2023 se registraron 4 mil 766 casos de extorsión a través de llamadas telefónicas, lo que representa 43.02 por ciento de los casos en total, seguido por la extorsión directa con 26.92 por ciento (2 mil 982 casos) y a través de redes sociales con 13.45 por ciento (mil 490 casos).

Para atender la creciente cifra de llamadas de extorsión en el país, el proyecto de ley (PL) propone dos estrategias: el registro de identificación biométrico cuando alguien compra una SIM, e identificación y alertas de llamadas provenientes de centros penitenciarios.

Registro obligatorio de datos biométricos

El proyecto de ley 381 de 2024 establece que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales (OMV), estarán obligados a registrar datos completos de los usuarios al momento de la compra de una tarjeta SIM.

Estos datos incluirán el nombre completo, número de identificación, tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, NIT o tarjeta de identidad), número de móvil, código IMEI del dispositivo, correo electrónico y, especialmente, datos biométricos para verificar la identidad de los usuarios y prevenir posibles casos de suplantación o uso fraudulento de dispositivos móviles.

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El documento hace un especial énfasis en el rol de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los OMV, dado que “son quienes tienen un papel esencial en la lucha contra el delito, pero que a pesar de las regulaciones y acceso a la información que deben proveer a la fuerza pública, no existen medidas para controlar la venta y acceso a tarjetas SIM o tecnologías similares en Colombia”.

De ser aprobado, el proyecto propone que si se incumplen estas medidas por parte de los operadores sería “considerado una infracción al régimen de telecomunicaciones, lo que resultará en sanciones, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, que regula el sector de las TIC en Colombia”.

Identificación de llamadas desde centros penitenciarios

Según estadísticas del Ministerio de Defensa, el primer semestre de 2024 ha sido el periodo con más denuncias de extorsión telefónica en los últimos tres años, registrando un incremento del 275 por ciento en comparación con el mismo semestre de 2023. Gran parte de estas extorsiones provienen de centros penitenciarios, donde los internos utilizan teléfonos móviles y tarjetas SIM ingresadas de manera ilegal.

Al respecto, el PL busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y el Ministerio de Justicia, desarrollen una estrategia que permita identificar de manera tecnológica las llamadas que se originan desde los centros penitenciarios y carcelarios.

“Esta medida no sólo alertará a los usuarios cuando reciban una llamada desde una prisión, sino que también facilitará la labor de las autoridades para rastrear y neutralizar las redes de extorsión que operan desde dentro de estos establecimientos”, detalla el documento.

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El proyecto de ley cita cifras de la GSMA, que en 2016 reportó que 160 países han implementado algún tipo de registro obligatorio para la compra de tarjetas SIM, y más de 30 exigen la recopilación de datos biométricos, como huellas dactilares o escaneos faciales.

Y ahora, ¿qué sigue?

Aunque la propuesta propone estrategias y soluciones puntuales por parte de los operadores móviles y de otros actores del sector como el Ministerio TIC, aún no es muy claro cuál será el rol de las autoridades penitenciarias y otras instituciones encargadas de controlar directamente lo que sucede dentro de los centros de reclusión.

Si bien los operadores de telecomunicaciones pueden ayudar a identificar y bloquear llamadas sospechosas o proveer datos cuando se requiere, la responsabilidad principal de impedir que los internos tengan acceso a teléfonos móviles y SIMs ilegales recae en las autoridades penitenciarias.

Sin un control estricto al interior de las cárceles, los mecanismos tecnológicos y las normativas impuestas a las telecomunicaciones pueden ser insuficientes.

Esto podría ser uno de los puntos a agregar en los debates sobre este proyecto que iniciarán en los próximos días.

El Mundo CR

A raíz de la aplicación de bloqueos de las señales de los teléfonos celulares en los centros penitenciarios, los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, denunciaron que se están violentado los derechos de los vecinos de los alrededores, quienes sufren también la caída en las telecomunicaciones.

La diputada del Partido Liberación Nacional, Alejandra Larios, pidió explicaciones sobre la estrategia de las autoridades de Justicia para impedir el ingreso de drogas, celulares y dinero a los centros penitenciarios.

La legisladora del Partido Nueva República y presidenta de la Comisión, Gloria Navas, resaltó que el problema tiene que ver con una ruta de trabajo integral con los conocedores, Gobierno, Poder Judicial y especialistas para mejorar las leyes y estas problemáticas.

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, aseguró que se está cumpliendo con la ley para que adentro de los centros no haya señal celular que lo están aplicando las operadoras de telecomunicaciones.

Dijo que se trabajó en el bloqueo de las señales de internet en las cuales se planean hasta los ajusticiamientos de personas.

Campos destacó ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que ₡1.400 millones se habían estafado a los costarricenses por medio de teléfonos celulares. Resaltó que las autoridades llegaron a acuerdo con las operadoras para que en 15 minutos quede bloqueado cualquier teléfono ingresado a los centros penales. «Se han bloqueado más de 600 mil intentos de comunicación vía celular».

Debido a las consecuencias sufridas por los vecinos, el ministro comentó que los vecinos tiran aguas negras a los centros penitenciarios. Llegó a un acuerdo con el Concejo Municipal para impedir acceso de aparatos por medio de filas de visita a los centros penitenciarios. «Estamos evitando las estafas desde una cárcel. Ningún costarricense será estafado desde un celular en una cárcel resaltó el ministro».

Informó que se pasaron 488 personas al Ministerio Público por introducir droga e intentos de introducir celulares y dinero. «Sí hay situaciones de amenazas».

La diputada del Partido Liberación Nacional, Dinorah Barquero, manifestó que no acepta que una falta se cobra por otra con respecto a los que padecen los vecinos. «Nunca un daño social a la ciudadanía debe ser una por otra. La limitación de los ciudadanos de todo el distrito de San Rafael de Alajuela se extiende hasta las Ruta 27, lugar donde se vuelve a tener señal celular de nuevo».

Barquero denunció que se ven afectadas empresas, trabajos a distancia, personas enfermas y niños que se quedan incomunicados. «Es un problema de intramuros y sí viene a limitar los derechos a la ciudadanía, lo cual significa que no funciona el control de cárceles, aseguró la legisladora. Los ciudadanos tienen derecho al libre tránsito y libre comunicación y lo que falla es la Seguridad del Sistema Penitenciario», reclamó la parlamentaria.

El congresista del Partido Unidad Social Cristiana, Horacio Alvarado, comentó que se ha consultado técnicamente que se pueda limitar la señal. «La pregunta es porqué los privados de libertad tienen teléfonos celulares. O falta el dinero para poder controlar que no haya teléfonos o hay policías delincuentes que introducen los teléfonos en los centros penitenciarios».

El ministro negó que haya dicho que se da una por otra. «He exigido que la ley se cumpla que las operadoras bloqueen el acceso. La ley no permite coordinar el bloqueo que es deber de las operadoras, añadió y manifestó que en los centros penitenciarios hay 400 vuelos de drones que tiran droga, plata y celulares. Los operadores no pueden exponer la parte técnica. No se puede controlar el espectro radioeléctrico. Las 21 cárceles están bajo el contrato de cobertura. La solución de punta que es escalable, en consecuencia, se pueden arreglar los problemas. Se desarrolló una aplicación para aplicar a los vecinos en las zonas de los centros penitenciarios para que la descarguen y eviten el tema de los bloqueos», concluyó el jerarca.