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Las autoridades hondureñas avanzan en la búsqueda de soluciones para controlar las llamadas satelitales que salen de los centros penales y facilitan actividades ilícitas desde el interior.

La medida busca cumplir con la ley de bloqueo de señales de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios.

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A través de la resolución 69/23, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (Conatel) ordenó a los operadores de servicios de Internet, telefonía fija, transmisión y conmutación de datos, servicios de televisión por suscripción por cable o medios inalámbricos la suspensión de la prestación y operación de los servicios ubicados en un perímetro que va de 50 a 500 metros de los centros penales del país.

La resolución detalla 25 penitenciarías que hay a nivel nacional donde los operadores tendrán que bloquear el servicio, en algunos casos con hasta 500 metros de perímetro de exclusión.

Además, dice que en caso de que existan suscriptores dentro de este perímetro, las compañías deberán darlos de baja con una fecha límite del 31 de diciembre próximo.

También detalla que los operadores no estarán obligados a resarcir a los suscriptores o usuarios que sean suspendidos.

El año pasado, el regulador de Honduras anunciaba que iniciaría el bloqueo de llamadas de entrada y salida desde las cárceles del país. Esto fue porque la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas (DIPAMPCO) solicitó una regulación sobre la comercialización de chips en estos centros debido a la multiplicación de llamadas de extorsión.