Durante las jornadas de protestas del Paro Nacional que iniciaron el 28 de abril, el Estado colombiano llevó a cabo 21 mil 675 horas de ‘ciberpatrullaje’ para monitorear contenidos “falsos” sobre el desarrollo de las protestas, desprestigio de las fuerzas públicas e instigación al odio, con el objetivo de combatir a un supuesto “terrorismo digital”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento de esta medida en su visita de trabajo al país del 8 al 10 de junio de 2021. Y advirtió con preocupación que las fuerzas de seguridad se están abrogando facultades de revisión de información, lo cual podría desencadenar en censura y en la vulneración de derechos fundamentales.

En su informe de observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos tras dos meses de manifestaciones, el organismo hizo un llamado al Estado para que deje de “calificar contenidos y reaccionen aportando más información sobre el tema, evitando así incurrir en prácticas de censura”.

Otra alerta que hizo la CIDH se refiere al perfilamiento de personas usuarias de redes sociales, que participaron o no en las protestas. Exhortó a no realizar una categorización con términos como “terrorismo”, “vandalismo” o “criminales”, porque estigmatiza a los manifestantes y crea un ambiente hostil para el ejercicio de la protesta y de la libertad de expresión.

El organismo también recibió reportes acerca del uso de la tecnología para inhibir o restringir la señal de Internet, como el bloqueo de las direcciones de sitios web que contenían información sobre el Paro Nacional. Advirtió que este tipo de bloqueos son “una medida extrema”, que sólo podría justificarse bajo estándares internacionales en casos, por ejemplo, de explotación sexual.

Por todas estas observaciones, la CIDH dijo que las restricciones de acceso a las redes, servicios y contenidos de Internet “deben estar previstas por una ley”, y perseguir un objetivo legítimo, necesario y estrictamente proporcional al fin bajo un control judicial.

También lee: ¿Qué está pasando con las fallas de Internet durante el Paro Nacional en Colombia?

Además de su análisis sobre el Internet como espacio de protesta, la Comisión envió al Estado una serie de llamados sobre la situación general del respeto a los derechos humanos universales.

En su visita, registró información sobre graves violaciones a estos derechos: un uso desproporcionado de la fuerza; violencia de género en las manifestaciones; violencia étnico-racial; violencia contra periodistas y misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; denuncias por desaparición de personas; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.

Desde abril hasta principios de junio, se realizaron al menos mil 418 protestas en diferentes ciudades y puntos de Colombia. Sólo 11 por ciento de ellas presentaron disturbios y acciones violentas. A pesar de que el gobierno sostiene que el uso de la fuerza únicamente se ha ejercido cuando fue estrictamente necesario, la CIDH recibió muchas denuncias que indicarían lo contrario.

El pasado viernes, el gobierno de Vietnam presentó sus lineamientos nacionales para el comportamiento en redes sociales, que alientan a las personas a publicar contenido positivo sobre el país y ordenan que los empleados estatales reporten “información contradictoria” a sus superiores.

El código prohíbe las publicaciones que violen la ley y “afecten los intereses del Estado” y se aplica a las dependencias estatales, las empresas de redes sociales y todos sus usuarios en Vietnam. 

“Se anima a los usuarios de las redes sociales a promover la belleza del paisaje, la gente y la cultura de Vietnam, y a difundir historias buenas sobre gente buena”, asienta el código, incluido en una decisión del Ministerio de Información fechada el 17 de junio.

Además, el nuevo código ordena que los proveedores de redes sociales “traten con los usuarios de acuerdo con la ley vietnamita” cuando las autoridades les soliciten que eliminen contenido de sus plataformas.

Adicionalmente, alienta a los usuarios de redes sociales a crear cuentas con identidades reales, a compartir información de fuentes oficiales y evitar publicar contenido que viole la ley, contenga malas palabras o anuncie servicios ilegales.

Sin embargo, aún no queda claro en qué medida la decisión es jurídicamente vinculante ni cómo se hará cumplir.

El Partido Comunista, que gobierna en Vietnam, tolera pocas críticas, mantiene un estricto control sobre los medios y, en los últimos años, ha intensificado la represión contra disidentes y activistas, algunos de los cuales están cumpliendo largas penas de cárcel por publicaciones en Facebook, Google y YouTube.

En noviembre de 2020, las autoridades vietnamitas amenazaron con cerrar Facebook si el gigante de las redes sociales no cedía a la presión gubernamental para censurar el contenido político local en la plataforma.

Mientras que en enero de 2021, los usuarios vietnamitas de redes sociales utilizaron informes meteorológicos y resultados de futbol falsos como un medio creativo para discutir las disputas entre los líderes del Partido Comunista tras la prohibición oficial de la especulación antes de un congreso partidista.

Vietnam es un mercado importante para Facebook, que atiende a unos 60 millones de usuarios en el país y genera ingresos por casi mil millones de dólares.

Infobae

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 600 de 2021C, con el cual se busca regular las responsabilidades del artículo 47 de la ley 1098 de 2006 para establecer y sancionar contenidos que podrían afectar a niños, niñas y adolescentes.

Varios congresistas, constitucionalistas expertos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado sobre la posibilidad para la censura gubernamental y la censura previa que podría promover la iniciativa como ha sido planteada.

La principal preocupación de quienes se oponen al proyecto es la creación de un Comité de Expertos que en su mayoría “está compuesto por funcionarios públicos que en últimas decidirán cuáles contenidos, incluyendo no solamente medios de comunicación, sino también en internet, podrían llegar a afectar la integridad física, psíquica de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes”, afirmó la representante Juanita Goebertus en la discusión del proyecto.

Esa comisión genera preocupación debido a que no es un catálogo que le permita a los medios de comunicación o generadores de contenido en internet conocer qué contenidos podrían afectar a esa población, sino que es un tercero quien lo interpreta y decide, en su mayoría gubernamental.

“Está en riesgo que el día de mañana, si hay contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI, entonces un gobierno decida que eso atenta contra la integridad moral de nuestros niños; o si el día de mañana un gobierno decide qué contenidos en internet, que son de libre creación, que llame a la movilización podrían atentar contra la posibilidad de que los niños resulten afectados en una movilización entonces busque censurar esos contenidos”, ejemplificó Goebertus en la discusión.

La congresista del partido Alianza Verde realizó una proposición de archivo del proyecto, pero fue aprobado por la Comisión Primera. Goebertus aseguró que era necesario replantear todo el texto, pero en su lugar solo fue aprobada una modificación de iniciativa de los representantes José Daniel López y Gabriel Santos, la cual logró eliminar que una entidad administrativa pudiera eliminar contenidos que posiblemente afecten a los niños y niñas.

Rodrigo Uprimny se pronunció sobre el proyecto y afirmó que tiene al menos dos vicios de inconstitucionalidad. “Primero, esta facultad del comité de expertos viola el principio de legalidad, conforme al cual toda restricción a la libertad de expresión debe estar definida por la ley. No puede el Congreso trasladar a un comité de expertos la definición de los contenidos prohibidos. Segundo, esa regulación no pasa mínimo test de proporcionalidad pues permite a “expertos” intervenir los contenidos tanto de los medios como de internet. Este “comité de expertos” es más un comité de censura propio de dictaduras que un instrumento para salvaguardar la niñez”, señaló.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) el proyecto establece una censura indirecta pues “es peligroso que en cabeza de entes gubernamentales esté definir cuáles contenidos vulneran los derechos de la niñez”. Según la organización, ese comité de expertos definiría contenidos censurables y sometería a los medios de comunicación a las entidades estatales.

Esas infracciones que considera el proyecto, estarían sujetas a amonestaciones que van desde multas económicas hasta suspensión de los títulos o la creación de un nuevo contenido que informe de los riesgos para esa población.

La representante Adriana Matiz señaló que a raíz de las preocupaciones modificaron dos artículos del proyecto con el fin de que la comisión de expertos establezca lineamientos técnicos sobre los contenidos censurables. Así mismo, la convocatoria de audiencias públicas para que cualquier persona pueda expresar sus consideraciones del actuar de la comisión.