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La Cámara de Diputados aprobó este jueves 5 de agosto la Medida Provisional (MP) 1,040/2021, que trae disposiciones para simplificar el entorno empresarial del país. Además, el texto modifica la Ley General de Telecomunicaciones (LGT – Ley Nº 9,472/1997).

La medida publicada en marzo por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tenía el objetivo de modernizar y reducir la burocracia en la apertura de empresas, el pago de impuestos, la protección a los accionistas minoritarios, entre otras medidas. Todo para mejorar la posición del país en el ranking Doing Business del Banco Mundial, donde Brasil ocupa el puesto 124 de 190.

En junio, en la Cámara de Diputados, la Medida Provisional ganó nuevos dispositivos. Uno de ellos deroga el párrafo único del artículo 18 de la LGT, que dice: “El Poder Ejecutivo […] podrá establecer límites a la participación extranjera en el capital de un prestador de servicios de telecomunicaciones”.

Los parlamentarios dieron su respaldo a la opinión del relator senador Irajá (PSD-TO) esta semana, quien mantuvo el cambio en la LGT, y el documento pasó a la aprobación presidencial.

En la práctica, las concesiones, permisos y autorizaciones para la exploración de servicios de telecomunicaciones de interés colectivo ya no se otorgarán únicamente a empresas con sede y administración en Brasil, de conformidad con el reglamento del Decreto N° 2,617/1998. Esto puede facilitar la entrada de inversión extranjera al país.

Apoyo de la Anatel

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ya se ha mostrado a favor, en otra ocasión, de flexibilizar el capital extranjero en las empresas de telecomunicaciones. “El sector tiene un gran volumen de inversiones de grupos extranjeros y esta restricción aún impone que adopten arreglos corporativos y operativos más costosos para operar en Brasil”, informó la Anatel el año pasado.

La Agencia argumentó que la medida podría promover “una mayor libertad económica para la organización empresarial; y menor restricción a la participación del capital extranjero en la economía, haciendo al país aún más competitivo en el sector”.

Cuestión regulatoria

Para Cristiana González, consultora de la Coalizão Direitos na Rede en temas de acceso, el cambio en la LGT está en el contexto de tensión entre pequeños y grandes proveedores de telecomunicaciones: “Los pequeños ya no son tan pequeños y esto terminó por generar una pregunta en su regulación, porque ellos tienen menos obligaciones ”.

El fuerte crecimiento de los pequeños proveedores, combinado con reglas regulatorias más flexibles, ha atraído mucho interés en la inversión extranjera, según la especialista. Recientemente, Brisanet, Desktop y Unifique cotizaron en la bolsa de valores brasileña.

Es necesario prestar atención, dice González, al grado de flexibilidad regulatoria de las APP para no permitir que las inversiones internacionales se beneficien más de lo que deberían usando las reglas para las pequeñas empresas. Este riesgo de que el país pierda recursos se hace aún más evidente con el cambio en la LGT.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil se posicionó a favor de revocar o revisar el Decreto 2617/1998, que impone límites a la composición del capital extranjero en las empresas del sector de telecomunicaciones.

Según el decreto de 1998, válido hasta hoy, la mayoría de las cuotas o acciones con derecho a voto de una empresa de telecomunicaciones debe pertenecer a brasileños o empresas constituidas de conformidad con la legislación de Brasil.

La Anatel emitió el comunicado en respuesta a la solicitud del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones. Para la Agencia, la restricción sirvió para un escenario posterior a la privatización, con el país preocupado por mantener un cierto control sobre el capital.

Sin embargo, “actualmente, el sector tiene un gran volumen de inversiones de grupos extranjeros y esta restricción aún requiere que adopten arreglos corporativos y operativos más costosos para operar en Brasil”, subrayó la Anatel.

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En la evaluación del regulador, la medida propuesta puede promover: mayor libertad económica para la organización empresarial y menos restricciones a la participación del capital extranjero en la economía, haciendo que el país sea aún más competitivo en el sector.

El siguiente paso depende de la comprensión y dirección del Ministerio de Comunicaciones y la Casa Civil de la Presidencia de la República, en el sentido de revocar el Decreto y, en consecuencia, desbloquear este obstáculo para las inversiones.