Excélsior

El principal tema en el que trabajará la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) este año es la renegociación del T-MEC, dijo Alfredo Pacheco, director de la organización.

El primer objetivo de la Cámara de cara al T-MEC es mantener la condición de país beneficiado por prácticamente ser aranceles cero, pues más de 85% de las exportaciones del país goza de arancel cero, mencionó Pacheco a Excélsior en la LXIX Asamblea General de la Canieti.

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La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) emitieron un documento conjunto en el que solicitan la apertura al diálogo para poder atender los posibles riesgos de las reformas propuestas a la Ley Federal de Derechos de Autor en México, en particular en lo que respecta a los derechos de los artistas y su impacto en la innovación digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en febrero de 2026 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo para proteger a actores y actrices de doblaje frente al uso no autorizado de su voz e imagen mediante IA. Las reformas reconocen la voz humana como una herramienta artística única, exigiendo consentimiento expreso, contratos claros y remuneración justa.

Ante esta propuesta, las organizaciones de la industria consideran que implica diversos riesgos, desde afectar el correcto desarrollo de la tecnología hasta desalentar por completo su uso y la innovación en productos y servicios.

En primer lugar, advierte que mientras las reformas exigirán un consentimiento explícito y específico para cualquier uso de la imagen o la voz de un artista, la redacción de la ley podría impactar incluso tecnologías de IA futuras o desconocidas, obstaculizando la innovación debido a la incertidumbre jurídica.

Por otro lado, advierte que el término “publicar”, en el Artículo 87, está definido de forma imprecisa, lo que podría extralimitarse y penalizar usos digitales menores o incidentales, por lo que se requieren límites legales más claros.

En tercer lugar, señala que la presunción de que el consentimiento pagado sólo se aplica a los usos explícitamente acordados puede generar un aumento de disputas y solicitudes de retiro, lo que afecta de forma desproporcionada a la publicidad digital y viola la neutralidad tecnológica.

“Para no frenar la innovación, la Ley debería distinguir entre el usuario infractor y el proveedor de la herramienta; la responsabilidad de las plataformas debe ser subjetiva y no automática, ya que imponer una vigilancia técnica permanente es una carga imposible que atenta contra el ecosistema y el propio desarrollo de la Inteligencia Artificial”, explica.

Las asociaciones también advierten que el Artículo 102 podría despojar de protección legal a los programas de IA si los usuarios llegaran a usar estas aplicaciones para violar derechos de terceros, lo que desalienta el desarrollo de IA de código abierto y supone una carga excesiva para los desarrolladores.

Finalmente, indica que las plataformas y los desarrolladores de IA ya regulan usos legales como la parodia y la sátira, por lo que la legislación debe respetar estos marcos existentes para preservar la libertad de expresión y la creatividad.

Las principales organizaciones del ecosistema digital en México y la región —ALAI, AMVO, AIA-LAC, Alianza In, DIMA y CANIETI— expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el estado de Nuevo León incorpore en su Código Fiscal una disposición equivalente al Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación. En una carta conjunta, los firmantes advirtieron que las autoridades fiscales estatales no tienen facultades legales para auditar a plataformas digitales extranjeras, ya que su supervisión corresponde exclusivamente a la Administración de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del SAT, en el ámbito federal. Cualquier intento estatal de fiscalizar impuestos federales —sostienen— implicaría invasión de competencias, violación al principio de legalidad y sería nulo de pleno derecho.

Las organizaciones recordaron que el marco constitucional, la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento Interior del SAT establecen con claridad que la fiscalización federal es competencia exclusiva de la Federación. En este sentido, replicar a nivel local mecanismos como los previstos en el Artículo 30-B generaría conflicto normativo, duplicidades en los procesos regulatorios y mayor incertidumbre para los actores involucrados, especialmente considerando que este modelo ya está siendo analizado a nivel federal por sus implicaciones técnicas, operativas y constitucionales.

El esquema propone acceso directo, permanente y en tiempo real a bases de datos privadas de plataformas digitales, una medida sin precedentes en México que, según las asociaciones, vulnera principios de proporcionalidad, debido proceso, privacidad y protección de datos personales.

A continuación la carta completa:

• Las autoridades fiscales del Estado de Nuevo León no están legalmente facultadas para fiscalizar o auditar a las plataformas digitales que son residentes en el extranjero, en virtud de que sus obligaciones fiscales ya se encuentran a vigilancia de la Administración de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, misma que atañe en materia de impuestos federales.
• De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como la Propia Constitución Mexicana, han establecido como competencia exclusiva de la Federación en materia de fiscalización federal.
• Cualquier intento de fiscalización estatal sobre impuestos federales, particularmente en materia de plataformas digitales, constituirá:i) Invasión de competencias federales, ii) Violación al principio de legalidad, iii) Acto nulo de pleno derecho, susceptible de defensa vía juicio contencioso administrativo o amparo.
• Por tanto, en todo caso las facultades delegadas a los Estados únicamente pueden fiscalizarse sobre impuestos estatales propios (por ejemplo, Impuesto Sobre Nóminas), los cuales varían dependiendo de cada una de las plataformas del sector, en virtud de tener obligaciones fiscales estatales independientes.La regulación de mecanismos de supervisión fiscal como los contemplados en el Artículo 30-B corresponde ya es facultad exclusiva del ámbito federal, conforme al marco constitucional vigente. Su adopción en un código fiscal estatal resulta improcedente y genera conflicto constitucional, resultando en inconsistencias normativas y desafíos de coordinación que es importante considerar.
• Dado que el tema ya se encuentra en análisis a nivel federal, donde se han expresado preocupaciones técnicas, operativas y constitucionales ampliamente documentadas; replicar disposiciones paralelas a nivel local podría generar duplicidades en los procesos regulatorios, dificultar la armonización de criterios y aumentar la incertidumbre.

Los organismos firmantes deseamos expresar respetuosamente nuestra preocupación ante la posibilidad de que el  Estado de Nuevo León incorpore en su Código Fiscal local una disposición equivalente al Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación. Es fundamental subrayar que este tipo de facultades y mecanismos corresponden exclusivamente al ámbito federal, conforme al diseño constitucional en materia tributaria y de coordinación fiscal. Además, este tema ya está siendo analizado en la Federación, donde se han expresado preocupaciones sólidas sobre su impacto, por lo que replicarlo en un código fiscal estatal no sólo sería improcedente, sino que generaría conflicto normativo e incertidumbre para todos los actores involucrados.

El Artículo 30-B plantea un modelo de supervisión sin precedentes en México, al otorgar a la autoridad acceso directo, permanente, en línea y en tiempo real a bases de datos privadas de plataformas digitales. El modelo propuesto plantea retos importantes desde la perspectiva operativa, constitucional y de protección de datos personales, ya que implicaría un acceso permanente y en tiempo real a bases de datos privadas. Consideramos que este enfoque puede resultar difícil de conciliar con los principios de proporcionalidad, debido proceso y protección de la privacidad. La Suprema Corte ha establecido que cualquier revisión fiscal debe cumplir formalidades, plazos, notificaciones y control judicial, elementos que desaparecen en este esquema. Esta propuesta es además inconsistente con varias disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (lo tTMEC), como la no discriminación de productos digitales. 

La posible incorporación de un mecanismo de bloqueo administrativo para plataformas que no entreguen dicho acceso podría interpretarse como un mecanismo de censura previa, figura que ha sido analizada con cautela por tribunales y estándares internacionales de libertad de expresión, prohibida por la Constitución Este tipo de medidas podría generar señales de incertidumbre en el entorno regulatorio, lo cual es relevante para la inversión digital, la certidumbre jurídica y la competitividad. Cabe recordar que el Congreso de la Unión ya rechazó expresamente el uso del bloqueo como herramienta regulatoria en discusiones federales recientes, y la propia Presidencia reconoció públicamente los riesgos asociados a dicha figura.

A ello se suma que ningún otro sector económico en México opera bajo un nivel de intervención tan amplio e invasivo, requiere un análisis más amplio sobre su viabilidad y su proporcionalidad. La medida, además, es innecesaria: las operaciones digitales ya son rastreables mediante el sistema financiero y el CFDI, por lo que el acceso en tiempo real no aporta valor a la fiscalización, pero sí introduce riesgos significativos en materia de ciberseguridad y estabilidad de la infraestructura digital. Replicar este esquema a nivel estatal generaría sobre-regulación, conflicto de competencias y un precedente problemático que afectaría tanto a empresas como a usuarios.

De manera paralela, preocupa que también se considere incorporar elementos del Artículo 113-Bis del Código Fiscal de la Federación, que plantea sanciones penales para plataformas que “a sabiendas” permitan la publicación de anuncios relacionados con facturas falsas. Esta redacción impone cargas de monitoreo imposibles de cumplir para plataformas de contenido abierto, redes sociales, motores de búsqueda y servicios basados en contenido generado por terceros. El diseño de esta disposición desconoce las realidades técnicas de los modelos de intermediación digital y podría inhibir la publicidad, afectar la libertad de expresión y obstaculizar el acceso a servicios que son esenciales para PYMEs, emprendedores y creadores. Además, podría generar inconsistencias con el TMEC, particularmente con lo previsto en su artículo 19.17.

Todo lo anterior se agrava al considerar que el 30-B y el 113-Bis, combinados, producen un marco rígido y punitivo, que podría dar lugar a sanciones penales sin necesidad de resolución administrativa previa, generando un entorno de operación profundamente incierto. Desde la industria reiteramos nuestro compromiso con una fiscalización eficiente y proporcional, orientada a la transparencia tributaria, pero también insistimos en que su implementación debe ser jurídicamente sólida, operable y respetuosa de los derechos humanos, la privacidad, la libertad de expresión y la competitividad digital del país.

En virtud de ello, de manera respetuosa, invitamos al  Estado de Nuevo León a considerar que estos temas están actualmente en revisión a nivel federal, que excedería sus competencias, y que su análisis integral podría requerir mecanismos de coordinación intergubernamental. Además de que ya están siendo discutidas en el ámbito federal, con la profundidad técnica y constitucional que estos temas requieren. Estamos a disposición para contribuir en un proceso de diálogo informado y orientado a construir alternativas que fortalezcan la recaudación sin comprometer el desarrollo del ecosistema digital.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),  la Alianza por una Internet Abierta para Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), Alianza In, la Asociación de Medios Digitales (DIMA) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

De la apertura institucional participaron Alfredo Pacheco, director General de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Carlos Hesiquio Salgado Lara, subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Finanzas de Querétaro a nombre del Gobernador de Querétaro, Yangyang Xu, CEO para México de Honor, y Gabriel Székely, director General de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Ciudad de México. “El futuro no se espera, se impulsa”, señaló Carlos Salgado Lara, subsecretario de TI de la Secretaría de Finanzas de Querétaro –a nombre del gobernador de Querétaro–, en el marco de la apertura institucional de México Digital Summit 2025. Durante la introducción del evento producido por DPL Live, los participantes coincidieron en que sólo con colaboración y visión de futuro, México se mantendrá en la ola del progreso digital.

“El mundo de la infraestructura digital permite que nazca y se desarrolle una sociedad digital. No hay sociedad de derechos digitales sin su ecosistema”, inició Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. Coincidió luego Alfredo Pacheco, director General de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), al considerar que “la digitalización es fundamental para un México mejor”.

Luego tomó la palabra Salgado Lara, quien hizo énfasis en que Querétaro se posiciona entre los Estados más digitalizados de México, de la mano de un “gran desempeño en distintos conceptos, como estado de derecho, política digital e infraestructura tecnológica”.

La velocidad en la que se producen los cambios requiere de colaboración absoluta, coincidieron los oradores. En este sentido, Gabriel Székely, director General de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), hizo énfasis en que “para obtener resultados positivos hay que aprender constantemente, por eso nuestra actitud es de colaboración total: escucharse y aprender juntos”.

En su turno, Diego Flores, titular del Sector de Industria Digital y Electrónica de la Secretaría de Economía, resaltó que el reto para México es “entender e interpretar qué posibilidades son reales y cómo le vamos a hacer frente”, porque “los próximos tres a cinco años serán claves para desarrollar esta ola”. Destacó, además, que es relevante actuar como sector integrado y “aprovechar este momento para desarrollar talento, fortalecer nuestras capacidades de infraestructura y mantener una conversación constante”.

El CEO para México de Honor, Yangyang Xu, valoró que “la transformación digital es crucial para México y América Latina” y mencionó acciones de la compañía para ser protagonista de este progreso, como su estrategia IA, diálogo con todo el ecosistema y apuesta por el talento digital. La firma alcanzó 10 millones de smartphones vendidos en América Latina en 2025 y se ubica entre los cuatro fabricantes de teléfonos inteligentes en el ranking regional.

Con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Ciudad Juárez avanzará en el retiro y reordenamiento del cableado aéreo con el objetivo de reducir la contaminación visual y mejorar la armonía del entorno urbano.

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y Canieti firmaron un convenio para trabajar juntos en el retiro y reordenamiento del cableado aéreo en las calles de la ciudad.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal, destacó que una de las principales demandas ciudadanas ha sido el desorden que generan los cables aéreos en las calles, por lo que este acuerdo permitirá atender una problemática que afecta tanto la estética como la seguridad urbana.

El plan contempla trabajos en 236 cuadrantes y 91 vialidades principales, donde se retirará el cableado en desuso, se reacomodarán las líneas activas y se corregirán instalaciones que interfieran con la infraestructura pública.

Durante la primera etapa de trabajo, participarán Total Play, Megacable, AT&T, Izzi y Axtel, quienes se comprometieron a retirar materiales en desuso y mejorar la calidad de los servicios sin afectar la conectividad.

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Alfredo Pacheco, director general de la Canieti, resaltó que el convenio permitirá una coordinación efectiva entre autoridades locales y operadores para mantener los espacios públicos limpios y garantizar la continuidad del servicio.

“Este esfuerzo conjunto demuestra que con voluntad y colaboración institucional se pueden resolver problemas que impactan directamente en la calidad de vida y el entorno urbano”, afirmó.

Con este acuerdo, Ciudad Juárez busca velar por una gestión urbana más ordenada, segura y moderna, en línea con la tendencia nacional de mejorar la armonía entre la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y la imagen de las ciudades.

Todas estas acciones forman parte de la Cruzada por el Cambio, un proyecto integral impulsado por el municipio para transformar la imagen de la ciudad con apoyo de la iniciativa privada y la ciudadanía.

El vicepresidente nacional de Servicios de Telecomunicaciones de la Canieti, Gonzalo Martínez Pous, aseguró que Juárez se convierte en la primera ciudad del norte del país en implementar una estrategia integral para ordenar el cableado aéreo.

En la actualidad, México participa en cuatro de las cinco etapas de la producción de semiconductores: diseño, ensamble, pruebas y empaque; “lo que nos falta es la manufactura”, señaló Rafael Sánchez Loza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), quien explicó que fabricar un chip no es algo sencillo, sino muy sofisticado, y por ello hay que “trabajar, para que tengamos todas las bases, para no solamente lograrla [manufactura], sino hacerla eficiente y sostenible en el tiempo”.

Durante su intervención en la inauguración del 5° Capítulo del “Foro de Semiconductores México−Estados Unidos”, organizado por Canieti, el también CEO de Microsoft México advirtió que “necesitamos fortalecer la cadena” para reforzar su industria de alta tecnología, aprovechando su ubicación geográfica y talento disponible.

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Por eso, rememoró, la Canieti lanzó el Foro de Semiconductores, para promover la cooperación bilateral, que tuvo su primer capítulo en febrero de 2024 en Guadalajara, en el Centro de Diseño de Intel; en junio se trasladó a Tijuana y, finalmente, el tercero se organizó en octubre en Ciudad Juárez, desde donde se realizó el lanzamiento del Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores en México 2024-2030. Este 2025, el foro ya cruzó la frontera y tuvo su primera edición en Phoenix, en conjunto con la Arizona State University (ASU).

Sánchez Loza dijo que, tras el que está previsto para Monterrey en noviembre y el de Mérida del próximo año, concluirá el ciclo de 7 foros con la finalidad de promover la cooperación binacional, competir de frente con Asia, relocalizar empresas y atraer inversiones. Su meta, apuntó, es que la industria eléctrico-electrónica sea tan grande como la automotriz en el país.

Alineación con el Plan México

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, aseguró que el desarrollo y la expansión del ecosistema de semiconductores dentro del territorio son algunas de las áreas prioritarias de la Secretaría.

Llerenas destacó que, el Plan México, entendido como una política industrial vertical y regional, procurará que haya actividades más complejas y de mayor valor en diferentes lugares del país. “Somos una economía muy compleja”, reforzó Llerenas una idea que el secretario Marcelo Ebrard había enunciado previamente.

El funcionario enfatizó que el país buscará formar parte de cadenas estratégicas y de mayor contenido tecnológico, y aseguró que el Plan México y Hecho en México incluye a Estados Unidos y Canadá como parte de la estrategia de política industrial del país.

Durante su intervención, Mark Johnson, jefe adjunto de la Misión Comercial de la Embajada de Estados Unidos, señaló que durante los últimos años han permitido que las cadenas de suministro se desplacen al extranjero, específicamente a Asia, y por tanto, sean susceptibles de “interrupciones o influencias extranjeras”, ya que la pandemia fue un indicio de los peligros, porque se paralizaron y “no podemos permitir que esto vuelva a suceder”.

Por ello, ahora se han abocado a reubicarlas en el hemisferio occidental, según el mandato del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Exhortó asimismo a velar por el crecimiento y la resiliencia de las cadenas de semiconductores, que son la columna vertebral de la economía moderna, ya que están desde en los automóviles hasta los sistemas avanzados de defensa.

Finalmente, puntualizó que desde la actual administración estadounidense valoran la colaboración con el gobierno mexicano para salvaguardar la seguridad de las cadenas de suministro y manufactura críticas de América del Norte.

Ciudad de México. Tras realizar ocho ediciones consecutivas en Guadalajara, Jalisco, Talent Land anunció su nueva sede: la Ciudad de México. La novena edición se realizará del 9 al 11 de abril de 2026 en el Centro Banamex de la capital del país, informaron sus directivos en conferencia de prensa.

“Es un gusto regresar a la ciudad con un proyecto consolidado ya de ocho ediciones”, declaró el CEO Internacional de Talent Network, Raúl Martín Porcel, quien extendió un “agradecimiento enorme” a Jalisco, a Guadalajara y a sus respectivos gobiernos por haber alojado el evento durante ocho años. Ahora, dijo, está siendo excelentemente recibido por la Ciudad de México, dónde proyectan “hacer algo enorme”.

Carlos Martínez Velázquez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística, compartió que se suma la Ciudad de México, a la que calificó como “el corazón de América Latina, un nodo vibrante de oportunidades, en donde lo digital y humano se entrelazan, una tierra de ideas y utopías posibles, empresas líderes del sector tecnológico y un semillero de innovación”.

El gobierno capitalino informó que esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos realizados por la administración de Clara Brugada para incrementar 30% el turismo en la ciudad.

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Para su primera edición en la Ciudad de México, Talent Land tendrá 10 tierras temáticas, seis de ellas ya presentes en ediciones anteriores: Business, Investor, Creator, Gamer, Developer y Health Land; y en 2026 presentará cuatro nuevas, que se desplegarán por primera vez: Cibersecurity, Robot (enfocada, sobre todo, en humanoides), Startup y Evolution Land, la cual estará enfocada en actualizar y reconvertir el talento de más de 30 años.

También será la primera edición en la que buscarán tener 50% de asistentes mayores de 30 años de edad, algo que los organizadores consideran plausible tras alcanzar 30% en la edición de 2025. En Talent Land 2026 esperan recibir, como mínimo, a 30 mil asistentes.

Asimismo, desde este miércoles se abrió oficialmente la convocatoria para oradores (Call for speakers), cuyo formulario de registro ya está disponible en la página web de Talent Network.

Aumento de participación de la iniciativa privada

“La idea es que el evento cada vez sea más fondeado por iniciativa privada”, contó Iván Millán, director General de Talent Network México, a DPL News.

En ese sentido, Leonardo N’Haux, presidente de la Sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (CANIETI), hizo un llamado a la iniciativa privada y a las empresas a que se sumen, que les brinden a sus colaboradores la disponibilidad de asistir y vean la manera de invertir. “A todas las empresas nos hace falta talento”, espetó.

El fundador y CEO de Qualtop también exhortó a los ecosistemas de innovación, tecnología y educativos a que se sumen, ya que “esto se enriquece entre todos”.

Certificación de microcredenciales y Plan México

Raúl Martín expuso que a partir de la próxima edición también introducirán un nuevo modelo de formación continua a través de microcredenciales durante toda la vida, para lo que contará con el apoyo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

La directora General del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, señaló que las evaluaciones diagnósticas son una herramienta poderosa para orientar, reconocer, competir y estar a la altura del Plan México, y urgió que para ello es necesario ver y medir las nuevas capacidades y conocimientos, sobre todo las habilidades socioemocionales. La funcionaria explicó que, por ello, en la primera edición capitalina, el Ceneval se encargará de la certificación de microcredenciales e insignias digitales de los nuevos saberes.

Mientras que Marco Antonio Moreno Ibarra, director General de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI), comentó que Talent Land es un espacio muy valioso e importante para la difusión de la ciencia y la tecnología y su colaboración representa una “inversión hacia el futuro para el desarrollo científico y tecnológico del país”.

Talent Network firmó acuerdos con todas las organizaciones que participaron en la conferencia: el Fondo Mixto de Promoción Turística, el Ceneval, la CANIETI y la SCHTI, para colaborar en la organización de Talent Land 2026 en la Ciudad de México.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), dio a conocer que este lunes 23 de junio el ingeniero Raúl Alfonso Rebolledo Alcocer CEO de TIC Consultores —empresa integrante de Socios de Negocios de Intelisis —, tomó protesta como presidente del Consejo Directivo en la sede sureste para el periodo 2025-2026.

La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) representa un momento clave para el fortalecimiento del ecosistema tecnológico e industrial del país. Esta ceremonia no solo simboliza la renovación del liderazgo regional, sino que reafirma el compromiso del sector con la innovación, el desarrollo económico y la colaboración entre la iniciativa privada, el gobierno y la academia para impulsar la transformación digital en México.

Durante su intervención, el nuevo presidente de la CANIETI Sureste, Raúl Rebolledo, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público, la academia y la industria, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en la región. Asimismo, reafirmó su compromiso de consolidar a la CANIETI como un actor clave en el impulso de políticas públicas, inversión y formación de talento en tecnologías emergentes.

La ceremonia contó con la presencia de líderes empresariales, autoridades gubernamentales, rectores y representantes del sector académico, así como empresarios del ramo tecnológico. La toma de compromiso estuvo a cargo del Gobernador del Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y el Secretario de Economía y Trabajo, Jorge Ermilo Barrera Novelo.

En el evento también estuvo presente Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida; Alfredo Pacheco Vásquez, Director General Nacional de la CANIETI; y el presidente saliente de la CANIETI Sureste, Víctor Julián Morales Rivas, quien fue reconocido por su labor y liderazgo durante su gestión. Así mismo, asistieron Julio Olmos , Director de Producto de Intelisis, y Fernando Morales , Director de Socios de Negocios de Intelisis, en apoyo al nombramiento de un socio de negocio de valor agregado de la marca.

Intelisis Software tuvo el honor de participar como patrocinador del evento , refrendando así su compromiso con el desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas en el sureste del país.

La jornada concluyó con un desayuno entre los asistentes, quienes pudieron estrechar lazos y dialogar sobre las oportunidades y retos que enfrenta el sector tecnológico en el sureste del país.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) hizo un llamado al Senado de México para que tomen en cuenta los puntos expuestos por la industria durante los conversatorios, y con ello los incluyan en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La organización empresarial resaltó que deben tomar en cuenta preceptos como el hecho de que el Estado en la provisión de servicios de telecomunicaciones ha estado limitado a esquemas sin fines de lucro.

Por lo anterior, la Canieti subrayó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no debe prever el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista.

Hay que recordar que tras la reforma constitucional de 2013, surgió la participación estatal en la Red Compartida, con el consorcio Altán; sin embargo, se estableció que el Estado participaría en Asociación Público Privada y la red sería mayorista, es decir, no ofrecería servicios al usuario final.

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“Permitir que el gobierno se otorgue a sí mismo concesiones para que compita directamente en el mercado minorista, proveyendo servicios a usuarios finales con fines comerciales, significaría trastocar el régimen de competencia económica, al permitir destinar recursos públicos para competir en condiciones preferenciales únicamente por su condición de entidad gubernamental y regulatoria, en perjuicio de la inversión privada”, advirtió la Cámara.

Asimismo, señaló que se otorgarían “ventajas y sin previo análisis de impacto regulatorio, en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico frente al resto de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales tienen que pagar 10x por el uso de bandas similares del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones”.

Y es que tanto la Canieti, como especialistas, han señalado que permitir al Estado comercializar servicios distorsionará la competencia y podría inhibir las inversiones.

Por otro lado, indicó que la Ley debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y tratados internacionales suscritos por México.

“Destacamos que la penetración de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas es alta, con tarifas menores que en otros países debido a las inversiones y la competencia existente. Se reconoce la función social del gobierno, pero el permitir la explotación comercial pública implica que la industria tenga que realizar más y mayores inversiones, sin los correspondientes retornos, en un ambiente de distorsión de la competencia, lo que inhibiría las mismas”, añadió la Cámara.