El Economista Jorge Bravo

Si el presupuesto asignado a una institución fuera una demostración de amor, los medios públicos claramente serían el hijo no amado. 

En un escenario donde siete organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia enfrentaron la extinción, y Notimex desapareció sin mayores lamentaciones, los medios públicos también sufren una crisis presupuestaria que cuestiona su razón de ser.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 revela un panorama desolador para estas instituciones comunicativas y culturales. Canal 22, dirigido por Alonso Millán Zepeda (ex director de Capital 21 en la CDMX durante la jefatura de Claudia Sheinbaum), experimentará una reducción de 29% respecto de 2024, pasando de 203.7 millones de pesos a 143.8 millones.

Por su parte, Radio Educación (que recién alcanzó el centenario de su existencia), bajo la nueva dirección de Fernanda Tapia, recibirá 80.1 millones, una disminución significativa en comparación con los 86.5 millones de 2024. Mientras tanto, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), liderado ahora por Fernando Chamizo, sufrirá otra reducción, cayendo de 191.4 millones a 186.8 millones.

La crisis presupuestal evidencia el desinterés gubernamental y la pérdida de relevancia de los medios públicos en un contexto donde su papel debería ser crucial para la democratización de la información y contrarrestar la era de la desinformación y las fake news. Durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, estas plataformas fueron relegadas a ser instrumentos de propaganda oficialista, perdiendo su capacidad de servir como espacios plurales y críticos.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), dirigido por Jenaro Villamil, recibirá 435.8 millones (de los cuales 100 millones se invertirán para la ampliación de la cobertura, que actualmente es de 75.69% de la población a través de 51 estaciones), una reducción de casi 43% en comparación con los 766.5 millones de 2024.

El presupuesto asignado a los medios públicos no es un problema exclusivo de 2025, un año en que las finanzas públicas se han estrechado en general para todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Durante la gestión del ex presidente AMLO, la mayoría de estas instituciones experimentaron recortes significativos.

Canal Once es una de las pocas excepciones. Ahora dirigido por Renata Turrent, recibió en 2016 un total de 469.9 millones de pesos, cifra que alcanzó su máximo en 2023 con 634.1 millones, pero que para 2025 caerá a 616 mdp. Aunque la disminución parece menor, refleja una tendencia de estancamiento que limita su capacidad de innovación y producción.

Otros casos son alarmantes: la Cineteca Nacional, liderada por Marina Stavenhagen, verá su presupuesto reducido de 216.6 millones en 2024 a apenas 46.9 mdp en 2025. Asimismo, los Estudios Churubusco Azteca, que en 2024 recibieron 361.4 mdp, contarán con sólo 29.1 millones, una disminución del 92%.

En este contexto, es inevitable preguntarse si algunos de estos medios deberían continuar existiendo. Su anatema como “medios del gobierno” y la falta histórica de independencia editorial han sido obstáculos insuperables para ganar la confianza del público. El acceso desigual a los contenidos y la ausencia de estrategias para adaptarse a la era digital han profundizado su irrelevancia.

Los medios públicos tienen un papel indispensable en la construcción de una sociedad informada y participativa. Para cumplir esta función, es necesario replantear su estructura y financiación, así como garantizar su independencia editorial.

La reducción presupuestal también afecta a instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigido por Paco Ignacio Taibo II, que recibirá solo 136.8 millones en 2025, comparados con los 410.8 millones de 2024. Estas cifras limitan la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento, y vuelven a reflejar un desinterés por fortalecer la identidad cultural del país de un gobierno que se ufana de ser de izquieda.

En el caso de DG@prende.mx, plataforma educativa que había mostrado avances en la digitalización del aprendizaje, el presupuesto disminuirá de 586.4 millones en 2024 a 536 millones en 2025. Esto compromete los esfuerzos para cerrar la brecha digital educativa en México.

En este debate sobre la asignación de recursos, surge una cuestión fundamental: ¿para qué quieren más presupuesto los medios públicos si hacer propaganda no cuesta y no es original? Lo que realmente requiere recursos es la creatividad, la originalidad, la investigación periodística y la innovación. Producir contenidos de calidad es caro; producir propaganda es barato. Reproducir la conferencia de prensa mañanera y los mensajes presidenciales es extremadamente barato. No cuesta dinero -pero sí prestigio y credibilidad- retransmitir acríticamente la visión del gobierno en turno.

Si los medios públicos desean recuperar su relevancia, necesitan enfocarse en generar contenidos que realmente sean una diferencia informativa, eduquen y enriquezcan la cultura de los ciudadanos. La calidad, la pluralidad y la independencia editorial deben ser su bandera, y estas metas sólo pueden lograrse con un compromiso real y sostenido con la excelencia, cuestionable en los últimos años.

La reducción presupuestal a los medios públicos para 2025 es un reflejo de la falta de visión a largo plazo en la política cultural y comunicacional de México. Si estas instituciones desean sobrevivir, necesitan urgentemente demostrar su relevancia, modernizarse y comprometerse con su independencia editorial como mandato constitucional y con sus audiencias. Sólo así podrán justificar su existencia y garantizar su aporte al fortalecimiento de la democracia y la cultura nacional, antes de que se extingan.

El Economista Jorge Bravo

Durante el periodo de precampaña electoral por la Presidencia de la República, los medios de comunicación electrónicos a nivel nacional le dieron más espacio y cobertura a Claudia Sheinbaum de Morena, relegando a su competidora Xóchitl Gálvez del Frente por México.

Según el Monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, del Instituto Nacional Electoral (INE), del 20 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024, la precandidata de Morena tuvo en general y a nivel nacional 46.19% del tiempo de los programas que transmiten noticieros, debate, opinión, análisis, espectáculos o formatos de revista, versus 42.23% del tiempo destinado para la precandidata del Frente por México. El tiempo restante (5%) fue para las figuras políticas de Movimiento Ciudadano (Samuel García y Jorge Álvarez Máynez).

El monitoreo de medios electrónicos del INE incluye concesiones de radio y TV privadas, públicas y sociales (comunitarias), y fue contratado para el actual proceso electoral 2023-2024 a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En cuanto al tipo de valoración (positiva o negativa), la mayoría de las piezas informativas son objetivas o no son valoradas por los medios comerciales o públicos, pero cuando lo hacen, en general en la radio y la televisión predomina una cobertura negativa hacia ambas candidatas.

La mayor parte de las valoraciones positivas o negativas se refieren a las propuestas políticas de las precandidatas, aunque las estaciones de radio y TV también abordaron temas de reputación, capacidades físicas o mentales, credenciales académicas y relaciones familiares o de amistad de ambas políticas.

Si se segmenta por tipo de concesión, en general los medios electrónicos privados le otorgaron a Sheinbaum 45.19% del tiempo de cobertura, contra 42.42% para Gálvez. Es decir, las estaciones de radio y canales de televisión comerciales hicieron una cobertura equitativa de ambas precandidatas. Pero cuando las valoraron en los programas, la tendencia fue negativa hacia las dos.

Otro patrón interesante es cuando colocamos la lupa en los medios públicos federales (Imer, Canal Once y SPREM), los cuales inclinaron claramente la balanza a favor de Claudia Sheinbaum al otorgarle 53.50% del tiempo en radio y televisión, en comparación con 41.52% para Xóchitl Gálvez.

Llama poderosamente la atención que los medios públicos -a diferencia de los comerciales- tuvieron una cobertura totalmente inequitativa: de la muestra de piezas informativas con valoración, 36 fueron positivas para Claudia y sólo 3 para Xóchitl, o sea, 80% de las valoraciones de los medios públicos fue positivo para Sheinbaum y sólo 6.66% lo fue para Gálvez.

Por el contrario, el mayor porcentaje (84%) de las valoraciones negativas de los medios públicos fueron para la precandidata del Frente por México, en tanto que la representante de Morena sólo obtuvo 10.25% de las valoraciones negativas en esas concesiones públicas de radio y TV.

Para mayor detalle, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) -que dirige Aleida Calleja- le otorgó 52% de su tiempo en programas noticiosos, de debate u opinión a Claudia; el Canal Once del IPN de Carlos Brito, el 49.37%; y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, presidido por Jenaro Villamil, el escandaloso 71% del tiempo a Claudia.

El 90% de las valoraciones del Imer hacia la precandidata de Morena fueron positivas y sólo 30% lo fueron para la representante del Frente por México. Cuando valoró la información, el Canal Once tuvo una cobertura 90% favorable para Claudia y 100% negativa para Xóchitl. El monitoreo del INE no arroja tendencias sobre valoraciones respecto del SPREM.

Es una vergüenza que los medios públicos, que debieran ser plurales, diversos y una plataforma para la libertad de expresión, durante la precampaña hayan votado informativa y opinativamente a favor de Claudia Sheinbaum de Morena con más tiempo y más valoraciones positivas, asignándole menos tiempo y las peores menciones a Xóchitl Gálvez del Frente por México.

Veamos ahora el comportamiento de las televisoras privadas contempladas en el monitoreo del INE (Heraldo Media Group, Imagen, Multimedios, Televisa y TV Azteca) que, en general, fue equitativo en tiempo para ambas precandidatas.

En el detalle llama la atención que Heraldo le otorgó más tiempo (53%) a Claudia, en tanto que TV Azteca fue la televisora que más espacio le abrió a los precandidatos de Movimiento Ciudadano. En absolutamente todas las televisoras predomina una cobertura negativa hacia ambas precandidatas cuando sus conductores y periodistas valoran la información, y sólo Televisa evidenció una efímera cobertura favorable hacia Samuel García de MC cuando intentó contender por la candidatura.

Este tipo de cobertura equitativa, mayoritariamente neutral, pero negativa en la valoración hacia Claudia y Xóchitl, también fue una tendencia generalizada en los 11 grupos de radio que analizó el monitoreo del INE (ACIR, Fórmula, Heraldo, Imagen, Multimedios, MVS Radio, NRM Comunicaciones, Promomedios, Radio Alegría, Radio Centro y Radiópolis), con una ligera -pero poco significativa- valoración positiva hacia Xóchitl.

El monitoreo del INE y la UANL muestra más información, datos y tendencias sobre la cobertura informativa de la radio y la televisión y es un ejercicio crucial en el proceso democrático.

El monitoreo ayuda para que todos los partidos y sus candidatos tengan un acceso equitativo a los medios de comunicación electrónicos para una competencia justa y equitativa. Al monitorear los programas noticiosos, el INE proporciona una panorámica transparente de cómo se cubren las elecciones e identifica tendencias para prevenir la desinformación y que los ciudadanos estén mejor informados o conozcan los patrones noticiosos u opinativos de la radio y la TV.

Pero sobre todo, el monitoreo ayuda a responsabilizar a los medios de comunicación electrónicos en caso de evidenciar un sesgo inequitativo, como es el caso de los medios públicos federales que, empíricamente demostrado, le otorgaron más tiempo y una cobertura más positiva a la precandidata de Morena, por lo que claramente votaron a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xóchitl Gálvez durante la precampaña, fallando en su función social de ser medios plurales y diversos.

Twitter: @beltmondi

Proceso Jorge Bravo

Porque era “un tema de interés público y periodístico”, esa fue la justificación que dieron los medios públicos federales Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano), Canal Once, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Radio Educación y Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México) para coordinarse y realizar la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” el domingo 27 de noviembre de 2022.

Si esa marcha convocada directamente por el presidente López Obrador fue de interés público e interés periodístico, ¿por qué esos mismos medios oficialistas no hicieron un despliegue técnico, de conductores y reporteros ni una cobertura informativa tan intensa para informar sobre la reciente marcha del 26 de febrero de 2023 que abarrotó el zócalo capitalino (como tampoco lo hicieron para la concentración del 13 de noviembre de 2022 cuando se convocó a defender al Instituto Nacional Electoral, que llenó la Columna de la Independencia), a pesar de que ambas manifestaciones fueron “un tema de interés público”.

La respuesta es sencilla: los medios públicos se coordinaron para hacer una cobertura oficialista, propagandística y completamente sesgada, parcial y a favor del gobierno del presidente AMLO y la Cuarta Transformación.

Como las dos marchas ciudadanas se organizaron para oponerse, primero, a la reforma electoral y, después, al Plan B electoral, a pesar de haber sido visiblemente masivas y de que los medios públicos debieran ser ciudadanos, no hicieron una cobertura informativa semejante a la “Marcha por la Transformación” sencillamente porque esas manifestaciones se oponían a las reformas en materia electoral que ha promovido el presidente AMLO, Morena y la Cuarta Transformación.

Como televidente y radioescucha, me sentí afectado en mis derechos como audiencia por el tono propagandístico de la cobertura, porque la percibí sesgada, parcial y completamente a favor de las políticas y mensajes del gobierno en turno.

Razón por la cual le escribí a cada uno de los seis defensores de audiencias de los medios públicos: Lenin Martell (SPREM), Felipe López Veneroni (Canal Once), Gabriel Sosa Plata (Canal 22), Laura Martínez Águila (Imer), Ana Cecilia Terrazas (Radio Educación) y Karla Prudencio (Capital 21). Las respuestas completas se pueden consultar en el siguiente enlace () para fines informativos y de indagación académica. Que las audiencias y los lectores juzguen. Aquí sólo hago una selección y edición de algunos puntos.

A todas y todos los defensores les formulé las mismas 5 preguntas: 1) si la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” fue un acto de propaganda; 2) si violó el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 sobre la independencia editorial del medio público al realizar una cobertura parcial sólo de las posturas oficiales y del gobierno federal; 3) si afectó la independencia editorial del medio público; 4) si se procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones (entendidas como aquellas distintas a la del discurso oficial y del gobierno), y 5) cuáles serían la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva.

SPREM: para Lenin Martell la cobertura de la “Marcha por la Transformación” no fue un acto de propaganda ni violó la Constitución, hubo independencia editorial, se privilegió la participación ciudadana y no se destinó presupuesto extra para la producción (como si el presupuesto del SPREM no fuera público). De acuerdo con 95% de las comunicaciones de las audiencias, la cobertura sí procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones, pero ese porcentaje es precisamente de comentarios a favor de AMLO, el gobierno y la Cuarta Transformación.

Martell reveló que doce sistemas estatales de radiodifusión se conectaron por voluntad propia. El SPREM los convocó, pero hasta el día del evento se supo con precisión cuáles medios participarían. Esta información no concuerda con que días previos a la “Marcha por la Transformación” ya había circulado en redes un cartel con los logotipos de los medios públicos mencionados.

Martell asegura que la cobertura “cubrió un vacío informativo que otros medios de comunicación —sobre todo comerciales— no reportaron, descontextualizan o simplificaron la relevancia periodística de la marcha”. Esta afirmación es una generalización, no tiene sustento ni evidencia empírica y no puede afirmarse un acto futuro, como la cobertura de los medios comerciales.

Canal Once. Para López Veneroni no fue un acto de propaganda porque “no nos encontramos en un período electoral” (como si la propaganda sólo existiera en elecciones), “no fue una transmisión ordenada por la Secretaría de Gobernación o alguna otra instancia del poder Ejecutivo Federal” (sólo eso faltaba, pero la marcha sí fue convocada por el Presidente), “no se trató de un programa preproducido y editado a manera de un documental o un promocional, sino que se trató de la crónica periodística, en tiempo real”, y “permitió subsanar un previsible vacío informativo de los medios electrónicos comerciales”. Si fue en tiempo real, ¿cómo adivina el defensor “un previsible vacío informativo” que en realidad no existió? ¿Acaso es el Oráculo de Delfos? Es falso que los medios comerciales no dieron cobertura a la “Marcha por la Transformación”.

López Veneroni sostiene que corresponde a una autoridad jurisdiccional determinar si hubo o no una violación al artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Dice que “en la medida en que la transmisión especial no fue un programa de opinión, sino uno de carácter informativo-constatativo, no tenía cabida introducir elementos de una polémica o análisis, del mismo modo que éstos tampoco son referidos en coberturas como la del grito de la Independencia o el desfile del 20 de noviembre”. Curiosamente, en las coberturas de esas fechas cívicas sí se introducen comentarios y se invita a especialistas, tienen un tono oficialista, pero no hacen apología del gobierno en turno. No se sostiene el argumento, precisamente porque todo el tiempo hubo opiniones, comentarios, loas de los conductores de los medios públicos a la “Marcha por la Transformación”, como lo reconoce Sosa Plata más adelante. Aquí está el enlace a la cobertura de más de 8 horas (https://bit.ly/3LfdRR8) para que cualquiera lo constate. 

López Veneroni coincidió “con quienes han señalado que este tipo de coberturas recuerdan a las prácticas informativas de antaño (…), pero no porque se trate de un acto de propaganda, sino porque le hizo falta imaginación, innovación y una dinámica periodística más actual”

López Veneroni recomendó 1) “negociar un manejo más dinámico y periodístico de la información” (¿Canal Once tiene que negociar?; para mí eso es perder independencia editorial) y 2) “que una vez concluido el acto motivo de la transmisión se pueda diseñar un programa, este sí de análisis y opinión, en el que diversos representantes de la opinión pública y que son, a la vez, colaboradores del propio canal, dialoguen e intercambien puntos de vista sobre lo que, de otra parte, fue un hecho noticioso trascendente y de interés público general”.

Imer. Para Laura Martínez “una cobertura informativa completa habría contextualizado los motivos y el sentido de la marcha, aportado datos comparativos, de contraste o al menos complementarios de cara al gran discurso sobre la marcha; algo que tuvo poco o nulo tratamiento en la cobertura. Tampoco se mostraron voces críticas, contrarias y las que sí tuvieron mención fue apenas en una ocasión a las familias de personas desaparecidas”.

Martínez resalta que “no se cumplió cabalmente al homogenizar la transmisión de todos los medios de comunicación públicos y el trabajo de los distintos colaboradores de estos medios bajo la definición y decisiones editoriales de Canal 14 y Canal Once”.

Para Martínez “la independencia editorial, así como los derechos de las audiencias a la diversidad y pluralidad social, política e ideológica no contaron con condiciones de ser plenamente respetados ni garantizados según lo estipulado en la [Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión], como resultado de las decisiones editoriales de estos dos canales de televisión pública por encima de todos los medios públicos participantes, transgrediendo así otro derecho de las audiencias: el derecho a recibir contenidos con una pluralidad y diversidad de formatos”. Comparto esta reflexión.

Radio Educación. Ana Cecilia Terrazas destacó que “Radio Educación acertadamente no transmitió por su FM –emisora más escuchada por el grueso de sus audiencias– la integridad del mensaje”. Terrazas recomienda “fortalecer la capacitación para que se pueda detectar el periodismo de calidad informativa (equilibrado, plural e independiente) para que las audiencias puedan y sepan cuándo exigir sus derechos”.

Consultado por Terrazas, el director de Radio Educación, Jesús Alejo, reconoció que “al interior de la institución ha habido pronunciamientos críticos en torno a la decisión de Radio educación de sumarse a la cobertura, lo que nos abre una oportunidad para debatir el papel de los medios de uso público y obtener de tal deliberación, ejes de actuación que nos permitan servir de mejor manera a la ciudadanía”. Pues sí, de eso se trata este texto y debate.

Canal 22. Para Sosa Plata tampoco fue propaganda ni se violó la Constitución ni la independencia editorial del medio. “No obstante, esta Defensoría considera que en la transmisión hubo manejos periodísticos que sí traspasaron, en algunos momentos, la línea entre la información y la opinión, con lo cual se pudo haber afectado la imparcialidad que también debe caracterizar el trabajo de periodistas y de los medios de comunicación en su conjunto. Esta situación puede tener implicaciones que dañen el pluralismo, razón por la cual se hará la recomendación de diferenciar la información y la opinión en las participaciones de reporteros o conductores asignados a estas coberturas”.

Llama la atención que mientras algunos defensores como López Veneroni sostienen que sólo era una crónica periodística que no tenía la intención de introducir opiniones, Sosa destaca que se traspasó la línea entre la información y la opinión y que la recomendación va en el sentido de diferenciar la información y la opinión. Interesante.

Capital 21. Para Karla Prudencio, “no hay evidencia que sustente que la decisión del medio público haya obedecido a alguna presión de carácter político”, como si hiciera falta. La defensora reconoce que “no se procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones entendidas como aquellas distintas al discurso oficial. Sin embargo, vale la pena mencionar que la cobertura informativa especial a la que se hace referencia no era un programa de opinión, sino una crónica y una cobertura noticiosa”, pero llena de comentarios y opiniones elogiosas de los conductores, empezando por Jenaro Villamil, presidente del SPREM.

Conclusiones: observo respuestas semejantes y hasta coordinadas de Martell, López Veneroni, Sosa Plata y Prudencio, y diferenciadas de Martínez y Terrazas. Salvo Martell, las y los defensores coinciden (aunque lo justifican) en que hubo una falla en lo que respecta a la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones durante la cobertura, precisamente uno de los derechos de las audiencias.

Supongamos sin conceder que la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” el domingo 27 de noviembre de 2022 no fue propagandística, no violó la Constitución y no comprometió la independencia editorial de los medios públicos. ¿Entonces por qué esos mismos medios no hicieron una cobertura semejante de la marcha del 26 de febrero de 2023? ¿Acaso no tenía interés público y periodístico? ¿Acaso no llenó el zócalo?

Seamos claros: no lo hicieron porque la marcha se oponía a las reformas y políticas electorales promovidas por el Presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación. Es evidente que no hacía falta una instrucción del Ejecutivo federal para no darle cobertura especial a esa segunda marcha, porque fue un acto de autocensura de los medios públicos. Usando las palabras de dos defensores: era previsible un vacío informativo de los medios públicos.

Señoras y señores defensores: en sus respuestas a mis preguntas y en la falta de cobertura de la segunda marcha están sus contradicciones. Recuerden que ustedes sólo rinden cuentas a las audiencias, deben ser imparciales e independientes del medio.

Ahora respondan: ¿por qué los medios públicos no hicieron una cobertura especial de la marcha del 26 de febrero? La respuesta es porque los medios públicos se unieron en la “Marcha por la Transformación” para hacer propaganda a favor del Presidente y porque no tienen la suficiente independencia editorial para hacer una cobertura especial de las otras manifestaciones también ciudadanas.

La Jornada Víctor Ballinas y Fabiola Martínez

El pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó dos sentencias de la sala regional especializada, una que impuso una sanción a XEIP Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, por vulnerar el principio de equidad en la contienda por la difusión indebida de las conferencias matutinas del Presidente en el proceso electoral de 2021, en Nuevo León y San Luis Potosí.

Asimismo, ratificó que hubo vulneración al principio de imparcialidad y equidad por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al asistir a un acto proselitista en Durango, el 22 de mayo de 2022.

También por mayoría de votos, ratificó el fallo del Tribunal Electoral de Coahuila, el cual consideró que los precandidatos únicos no pueden hacer actos de precampaña, pero sí acercamientos con su militancia.

En relación con el primer caso, la sala superior consideró que la sanción tuvo su origen en diversas denuncias contra el Presidente de la República por la transmisión de diversas conferencias matutinas difundidas los días 5, 6, 7 y 11 de mayo de 2021, durante los procesos electorales en las entidades referidas.

En cumplimiento de lo ordenado por la sala superior, la regional especializada impuso una multa equivalente a doscientas UMAS (unidades de medida y actualización) a XEIP Canal 11, al considerar que la transmisión de la mañanera del 7 de mayo de 2021 contravino su deber de imparcialidad.

En sesión pública presencial y a propuesta del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y con los votos en contra de los magistrados Mónica Aralí Soto y José Luis Vargas, se confirmó la sanción impuesta, ya que la responsable analizó el contenido denunciado y su contexto, con lo cual se desvirtuó la presunción de licitud.

Proceso Jorge Bravo

Propongo una Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias donde se reciban, documenten, procesen y se dé seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias de la radio y la televisión en México. Me explico.

Con motivo de la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” que realizaron el domingo 27 de noviembre de 2022 los medios públicos federales Canal Once, Canal 22, Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPREM), el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México), todos coordinados por el SPREM, la cual me pareció parcial, sesgada a favor del presidente López Obrador, tendenciosa, sin pluralidad ni diversidad de voces distintas a las del oficialismo, y que a mi parecer violó la independencia editorial que, por mandato constitucional, deben tener los medios públicos, ejercí mi derecho como audiencia.

A cada defensor de las audiencias de los medios oficialistas aludidos les escribí y les formulé una serie de cuestionamientos sobre la independencia editorial de dichos medios electrónicos.

El artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación.

La ley también dice que “la actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario”.

Las audiencias con discapacidad también tienen derechos como contar con mecanismos de accesibilidad para expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021 del Inegi advierte que 91.2% de los hogares cuenta con un televisor. Por su parte, el Anuario Estadístico 2022 del IFT revela que existen 72 accesos de televisión de paga por cada 100 hogares.

Cada persona defensora de las audiencias de los medios públicos mencionados respondió no sólo lo que quiso a su buen entender, también cuando quiso y en el formato que mejor le pareció. Una defensora de un medio público todavía no me responde. Los procedimientos y los mecanismos de consulta y respuesta no están homologados. Algunos defensores responden lo que quieren, no lo que se les inquiere, por lo que las audiencias deberíamos tener un medio de impugnación.

Cada uno de los medios públicos tiene la información sobre su defensor de la audiencia de forma diferente y en ningún caso es sencillo encontrarla, identificarla y acceder a ella, lo cual afecta los derechos de las audiencias.

Cuando le escribí al defensor de la audiencia del SPREM, tuve que clickear muchas veces antes de encontrar el “formulario”. Cuando terminé de llenarlo y copié mi mensaje para enviarlo, el botón de “enviar” no respondía a esa función. Tuve que averiguar el correo electrónico personal de ese defensor para hacerle llegar mis cuestionamientos. Fue entonces cuando me respondió.

La audiencia (verificado por mí) no siempre recibe un acuse de recibo, lo cual genera incertidumbre sobre el ejercicio de sus derechos. Los defensores responden de manera informal sobre el cuerpo del correo o envían un documento PDF. Ninguna respuesta incluye un fundamento jurídico.

Y es que la ley señala que “los defensores de audiencia determinarán los mecanismos para la difusión de su actuación, entre los cuales podrán optar por correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, las cuales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no implique una carga desproporcionada”.

En otras ocasiones he escrito al defensor de la audiencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que “sirve” para la mayoría de las estaciones de radio y canales de TV privados, y nunca he obtenido una respuesta. El sitio que la CIRT destinó para el defensor de las audiencias ni siquiera da a conocer el nombre de dicha persona y mucho menos su fotografía.  

La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias que propongo emula la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como herramienta tecnológica para potenciar, unificar y facilitar el acceso a la información pública gubernamental.

En este caso, la Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias potenciaría, difundiría y facilitaría el ejercicio de los derechos de las audiencias de radio y televisión en México.

La institución encargada de administrar la Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias tendría que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de tutelar y vigilar los derechos de las audiencias.

Según información del Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, existen 2,393 estaciones de radio y 952 estaciones de televisión en operación. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México da cuenta en su sitio en Internet de 82 afiliados, de los cuales 64 son sistemas de radio y televisión públicos (gubernamentales, de instituciones educativas y culturales, así como de la sociedad civil) en los 32 estados de la República.

La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias contendría el nombre de cada defensor de audiencias de cada concesionario o medio de comunicación, el código de ética, los informes públicos de cada defensoría, las obligaciones el formulario y las fechas legales de cumplimiento automatizadas. Tanto el nombramiento de los defensores como los códigos de ética deben estar previamente inscritos en el Registro Público de Concesiones del IFT. La plataforma daría a conocer los derechos de las audiencias y de las personas con discapacidad, porque la mayoría de los medios electrónicos no lo hacen.

El IFT, como administrador de la plataforma, emitiría informes periódicos sobre el uso y requerimientos de las audiencias, como ocurre con el INAI en materia de transparencia, para dar a conocer estadísticas, expedientes relevantes, verificación del cumplimiento, sanciones y más información relevante y de interés para la investigación académica y la alfabetización mediática.

Para ello se requeriría que el IFT emita nuevos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias e incluso que el Congreso de la Unión legisle en la materia.

Lo que es un hecho incontrovertible es que las audiencias no podemos ejercer de manera adecuada nuestros derechos desde hace 10 años, existe demasiada incertidumbre y discrecionalidad, el IFT no tutela los derechos de las audiencias y la labor de algunas personas defensoras de las audiencias es cuestionable o se desconoce. La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias sería un instrumento efectivo de información, transparencia, investigación, control y verificación para todos los involucrados e interesados en los derechos de las audiencias.

El Economista Jorge Bravo

Los medios públicos federales y el de la Ciudad de México decidieron voluntariamente cruzar el Rubicón, la delgada línea que separa entre preservar su función social e independencia editorial a pesar de ser medios oficiales y “pertenecer” a un gobierno, a convertirse en espacios abiertamente propagandistas de la Cuarta Transformación.

El domingo 27 de noviembre, los medios públicos Canal Once, Canal 22 (cuyos espacios informativos no suelen abordar aspectos políticos sino culturales), Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano), el Instituto Mexicano de la Radio (Imer, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado), Radio Educación y Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, cuyo decreto de creación viola la Constitución de la CDMX) se coordinaron para realizar una “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación”.

La marcha fue convocada por el gobierno federal y constituye un acto político directamente organizado, promovido y auspiciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores. Se sabe que el slogan oficial tiene que ver con la palabra “transformación”.

Desde el viernes 25 de noviembre circuló en redes sociales un video producido y difundido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) con escenas de manifestantes, pancartas e imágenes exclusivamente favorables al Ejecutivo Federal, impropio de un medio público obligado por su ley de creación a ser un espacio para las diversas corrientes políticas e ideológicas.

¿Por qué se coordinaron los medios públicos? No es la primera vez que ocurre y es un mecanismo de colaboración para múltiples fines. Ley de creación del SPREM (presidido por Jenaro Villamil) le otorga la atribución de “coordinarse con los medios públicos de radiodifusión de carácter federal” (no menciona los medios públicos estatales como Capital 21 de la CDMX), pero “a efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines”.

¿Cuáles son los fines del SPREM? Entre otros, difundir información imparcial y objetiva, tener independencia editorial y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Garantizar el derecho a la información y ser una plataforma de la libertad de expresión. El SPREM también tiene el compromiso de que la información se ajuste al pluralismo político y facilitar el debate de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.

La cobertura coordinada fue ilegal porque violó el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, así como el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que señalan que “los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial”.

Los directivos de los siete medios públicos mencionados se coordinaron y realizaron la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” por razones políticas, porque en mayor o menor medida comparten la visión y los ideales del presidente López Obrador y su gobierno, pero además fue una celada que les tendió Jenaro Villamil.

Todos los medios sabían que coordinarse bajo la tutela del SPREM para transmitir la “Marcha por la Transformación” significaba hablar bien del gobierno, sus políticas y celebrar el cuarto año de la administración del presidente AMLO… y perder independencia editorial.

No coordinarse y realizar una cobertura por separado y realmente independiente significaba tomar distancia editorial a favor de sus audiencias, no salir en la foto colectiva de los medios públicos oficialistas, arriesgarse a enfadar al propio Villamil, a Jesús Ramírez (Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República), al gobierno, a la 4T, a Morena y comprometer su presente y futuro político.

Por intereses políticos personales de las cabezas de los medios públicos es que éstos cruzaron la línea; a cambio dilapidaron años de trabajo, incluso trayectoria de décadas a favor de un sistema de medios electrónicos auténticamente público, sacrificando uno de los principios más importantes de los medios públicos: la independencia editorial.

Es muy sencillo dimensionar lo ocurrido durante la cobertura coordinada de los medios públicos. Si el convocante de la marcha no hubiera sido el actual Ejecutivo Federal, sino los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o cualquier otro, ¿les hubiera gustado a los oficialistas de hoy, les hubiera parecido correcto que los medios públicos de entonces se coordinaran para hacer una cobertura tan sesgada, parcial y tan a favor de las políticas y mensajes del gobierno en turno?

Lo que hicieron los medios públicos coordinados por el SPREM fue un acto de propaganda y de difusión acrítica de un acto convocado, organizado y auspiciado por el gobierno federal y sus seguidores, sin independencia editorial de la directriz, sin equilibrio informativo, totalmente parcial, sin pluralidad de voces ni diversidad de opiniones (entendidas como aquellas distintas a la del discurso oficial que se escuchó a lo largo de la cobertura y de la marcha).

No se puede argumentar que la “cobertura informativa especial” de los medios públicos el domingo 27 fue de interés público o para informar a las audiencias, porque los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a informar ese y otros acontecimientos.

Precisamente porque no aceptaríamos una cobertura favorable para mandatarios del pasado, debemos seguir defendiendo que los medios públicos tengan una postura editorial independiente e intemporal del gobierno en turno; promuevan el pluralismo informativo, político, social y cultural; garanticen el derecho a la información y sean una plataforma de la libertad de expresión.

La batalla no termina para que los medios públicos sean realmente garantes de la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones, del debate político y no sólo las representativas del gobierno, como ocurre actualmente en mayor o menor medida en los siete medios que se coordinaron y perdieron independencia editorial el domingo 27. Fue la marcha de la transformación de los medios públicos a los medios propagandistas.

Twitter: @beltmondi

La Jornada

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó 25 nuevos títulos de concesión al canal de televisión El Once para el aprovechamiento de espectro radioeléctrico, así como la firma del Convenio General de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Carlos Brito Lavalle, director de la emisora, señaló que, con la entrega de estas 25 nuevas concesiones se consolida la primera etapa del gran proyecto de ampliación y consolidación de infraestructura con que cuenta el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). “Nuestra cobertura crecerá en 27.9 por ciento, sumando a 32.2 millones de personas que podrán ver nuestra señal nacional (11.1) y la señal de Once Niñas y Niños, en la mejor calidad”.

Agregó que, con este convenio, El Once, en alianza con el SPR y estaciones de las entidades federativas, tendrá una cobertura total del 77.5 por ciento, es decir, casi 88 millones de personas, beneficiando principalmente a la población infantil.

Por su parte, Jenaro Villamil, presidente del SPR destacó que lo que se planteó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores y el Senado de la República, ha sido el retorno de los medios públicos en México como una nueva era de convergencia tecnológica.

Indicó que el compromiso del Órgano Regulador de apoyar el proyecto es para contar con dos cadenas públicas de alcance nacional para el servicio de la población, a fin de “no tener que improvisar” ante una emergencia, como la actual pandemia por Covid-19. “Y si tenemos que hacer Aprende en casa y llegar a los últimos rincones de los hogares de este país, que sea a través de los sistemas públicos: el Canal Once, el Canal 14, Canal 22 (…) el IMER, Radio Educación”.

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, afirmó que, con estas concesiones, El Once se perfila para ser la más grande televisora de América Latina, y ser parte de la red pública más grande del país.

“Con la firma de estos convenios ahora podemos fortalecer esa parte que va más de manera regional (…) La función del Canal Once tendrá mucho mayor alcance con el convenio que hoy firmamos y que tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre el IPN y el IFT para realizar acciones que incidan en su campo de actuación y competencia en el ámbito de la investigación, de la educación, capacitación y desarrollo tecnológico”.

En la ceremonia el Comisionado Presidente del IFT, Adolfo Cuevas Teja, planteó al IPN ser el primer campus 5G del país, que prevé implementar estrategias para el desarrollo de nueva tecnología, apoyándose de otros recursos que se utilizan actualmente, para contribuir a desarrollar la productividad de diversos sectores del país.

Milenio Luis Pablo Segundo

El Sistema Público de Radiodifusión (SPR) alcanza a la fecha una cobertura de 57.5 por ciento del territorio nacional, con una red de 27 estaciones repetidoras en 22 entidades de la República Mexicana, cuya infraestructura de televisión digital terrestre se ofrece a través del Canal Catorce.

Según detalla el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señal estatal logró retransmitir contenidos del Canal Once, Canal 22, Ingenio TV, TV UNAM y Canal del Congreso, de manera abierta, gratuita y digital.

Asimismo, la red Altavoz Radio ahora incluye cuatro estaciones de frecuencia modulada: Mazatlán 103.5 FM, Tapachula 101.1 FM, Coatzacoalcos 104.3 FM y Colima 102.9 FM, así como la estación en Internet Altavoz Radio Web.

El SPR realizó trabajos de mantenimiento arquitectónico y funcional a los inmuebles que ocupan las 27 estaciones transmisoras, así también inició la ejecución de los trabajos de construcción de dos estaciones más, ubicadas en Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo

Durante este año, se cuenta con un programa de construcción de 30 estaciones transmisoras que se ubicarán en diversas entidades federativas y apoyarán la instalación de internet inalámbrico, lo que dará a la población la posibilidad de conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios.

Se incorpora programa MXPlay

Para incorporar las tecnologías digitales de radiodifusión y telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de radiodifusión, la plataforma de televisión basada en Internet MxPlay3 expandió su desarrollo y aplicación a las plataformas Apple, Android, Chromecast, Roku y Huawei, desde donde puede descargarse de forma gratuita.

Con ellos, se pudo realizar eventos de carácter nacional como el maratón del Día Mundial del Refugiado y la primera marcha radiofónica LGBTTTIQA, difusión de contenidos educativos, medio ambiente, cultura y la retrasmisión de los canales antes mencionados.

La Silla Rota José Guaderrama

Trabajadores de Canal Once denunciaron un despido masivo, de manera arbitraria, violando sus derechos laborales y con un finiquito mínimo cuando en promedio se contaba con 20 años de antigüedad.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública, los empleados denuncian: “Sin previo aviso, como si fuéramos delincuentes, ese mismo día se inhabilitaron nuestras computadoras y posteriormente se nos comunicó que nuestro contrato de trabajo había terminado”.

Los despidos iniciaron a mediados de junio y continuaron a fines de mes, específicamente el viernes 28.

Agregan que cuesta trabajo entender que acciones de este tipo, llevadas a cabo en prácticamente todo el sector público, se hagan al amparo de un gobierno que ha reiterado su propósito de elevar la calidad de vida de las mayorías trabajadoras.

“¿Por qué entonces ese inhumano desprecio en el destino de miles de trabajadores de l sector público que son lanzados a la calle sin indemnización, sin ofrecerles ninguna alternativa de empleo?”, añaden.

Advierten de simulación y oportunismo, ya que los empleados despedidos se sustituyen con “recomendados y amigos del director” José Antonio Álvarez Lima y de su “mano derecha” Diana Esperanza Constable Thompson, y que “en la mayría de los casos no cuentan con los conocimientos ni la capacitación para desempeñar esas labores y además, con sueldos altos”.

La carta finaliza con la petición de que Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión; Mario Alberto Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional; Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública o José Antonio Álvarez Lima, tome conocimiento de su caso.