O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto nº 13.034, que institui o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR) e consolida uma nova etapa do programa Celular Seguro.

A medida cria uma base nacional integrada para reunir informações sobre aparelhos roubados, furtados ou recuperados e passa a dar sustentação permanente à iniciativa lançada pelo Ministério da Justiça em 2024, para combater crimes envolvendo celulares.

O BNCR substituirá o atual Cadastro Nacional de Celulares com Restrição e será incorporado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

A nova estrutura ficará sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública e reunirá registros compartilhados por estados e Distrito Federal sobre ocorrências de roubo, furto e recuperação de aparelhos.

Segundo o decreto, a base terá como objetivo apoiar investigações, facilitar a recuperação de celulares, ampliar o intercâmbio de informações entre órgãos de segurança pública e fornecer dados para a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento desses crimes.

Assim sendo, o texto cria a infraestrutura que dará suporte às funcionalidades anunciadas pelo governo para a nova fase do Celular Seguro. Entre elas está a possibilidade de consulta da situação de um aparelho por meio de canais oficiais, permitindo que consumidores verifiquem se determinado celular possui registro de restrição antes de realizar uma compra.

O governo também pretende utilizar a integração das bases para ampliar a identificação de aparelhos roubados ou furtados em circulação, dificultando a revenda desses dispositivos e fortalecendo o combate à receptação.

O texto estabelece ainda regras para proteção dos dados armazenados. O uso das informações ficará restrito às finalidades previstas na norma, sendo proibida sua utilização para monitoramento de indivíduos ou elaboração de perfis comportamentais. O acesso ao sistema dependerá de mecanismos de autenticação e todas as consultas e alterações deverão ser registradas para fins de auditoria.

Os estados e o Distrito Federal serão responsáveis por alimentar a plataforma com informações sobre ocorrências registradas pelas autoridades locais. Já o Ministério da Justiça deverá disponibilizar a ferramenta pública de consulta e realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade do sistema com as normas de proteção de dados e segurança da informação.

O Brasil registra cerca de dois celulares roubados ou furtados a cada minuto, totalizando 917.748 aparelhos subtraídos, segundo o último balanço anual consolidado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

CRHoy Pablo Rojas

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó un recurso de revocatoria y nulidad planteado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) contra el informe que advirtió un mecanismo contrario a la ley para mantener, durante casi 3 años, la relación con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en la administración del fideicomiso de gestión de los proyectos y programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

El señalamiento del ente contralor, con fecha del 17 de diciembre de 2021, fue refutado el 22 de diciembre de ese año tras un planteamiento hecho por Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la Sutel. No obstante, todos los extremos presentados fueron rechazados a través de un oficio publicado el 19 de enero de 2022.

La superintendencia alegó 3 puntos para solicitar la revocatoria y la nulidad del informe contralor: una “incorrecta interpretación” sobre el acuerdo de terminación del contrato de fideicomiso, una interpretación inadecuada sobre la modificación unilateral del acuerdo (realizada en octubre de 2020), y que los planteamientos de la CGR sobre los plazos para la transición implicarían una “reformulación” de la interpretación dada en el refrendo del contrato y un “riesgo” en la gestión presupuestaria en la Sutel.

Todo esto, fue rechazado mediante un análisis vertido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la CGR.

“Los argumentos y exégesis presentados no llevan a reconsiderar la orden emitida, ratificándose en todos sus extremos los hechos y el análisis que fundamentan lo impuesto a la Sutel. Es por lo anterior, que se rechazan las pretensiones principales realizadas por el recurrente”, apuntó la DFOE, en la negativa al recurso.

¿Cómo explicar el vínculo entre la superintendencia y el banco? El 23 de enero de 2012, ambos suscribieron un contrato de fideicomiso para gestionar inversiones enfocadas en reducir la brecha digital del país.

Ese acuerdo tenía una vigencia de 5 años prorrogables automáticamente por un plazo igual, pero fue finalizado en junio de 2018 luego de que la Sutel adoptara la decisión tras la renuncia del BNCR de no continuar bajo los honorarios originalmente pactados.

El punto de quiebre estuvo en que el contrato estipulaba honorarios para el BNCR de 0.20%, pagaderos cada mes de forma vencida por los desembolsos para cada proyecto. Además, por la gestión de mantenimiento y monitoreo de los contratos de proyectos y programas devengaría el 0,15% anual.

Bajo este contexto, a mediados de 2016, el banco solicitó a superintendencia aumentar los honorarios para “solventar los gastos en la ejecución del fideicomiso y llegar a un equilibrio financiero que sustente este tipo de relaciones”. Pero, en agosto de 2017, la CGR no autorizó la revisión y rechazó el ajuste de honorarios ya el banco no justificó el “desequilibrio” financiero alegado.

El rechazo motivó al BNCR a buscar la rescisión del contrato. Tras dejar esto en firme, a partir del 22 de febrero de 2019, entró en vigor un plan de transición que estipuló que el banco continuaría con el manejo y la ejecución de los proyectos, programas y contratos administrados por el fideicomiso. Es decir, continuaría con todos los deberes y obligaciones derivadas del contrato actual hasta que finalizara el proceso de transición. Para entonces, el fideicomiso tenía un patrimonio de $304 millones con ingresos anuales de aproximadamente $40 millones provenientes de Fonatel.

Es esa transición, extendida durante casi 3 años, lo que fue ampliamente cuestionado por la CGR en el informe del 17 de diciembre de 2021. Para el órgano fiscalizador, la Sutel debía finiquitar el contrato suscrito con el BNCR, recibir los recursos y los bienes fideicometidos, y garantizar la continuidad de los proyectos y programas en ejecución bajo un nuevo esquema.

Pero, en el plan de transición, la CGR determinó que el 1º de octubre de 2020 el Consejo de Sutel aprobó de manera unilateral un ajuste de los honorarios para pasar a 0.298% y a 0.223% por los rubros antes mencionados.

Con el rechazo del recurso, la CGR se mantuvo firme en que el plan de transición acordado por Sutel y el BNCR no es una vía legal para evitar los controles, ni los procesos de selección de contratistas señalados en la ley o, incluso, para promover nuevas obligaciones y estructuras de pago al contratista.

Así las cosas, se dejó incólume la petición para que el Consejo de Sutel, a más tardar el 22 de febrero próximo, finiquite el contrato con el banco y obtenga el control de los recursos y bienes que estuvieron bajo el fideicomiso, en vías de garantizar la continuidad de los programas y proyectos.

Sobre este último punto, la CGR recalcó que un recurso de revocatoria no es la vía para determinar una eventual prórroga de plazo de cara a cumplir con lo solicitado a la superintendencia.