El Tiempo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó este miércoles 15 de octubre la invitación a empresas para la contratación directa de conectividad móvil para el uso e implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el sistema biométrico. Mediante un comunicado, el órgano electoral abrió oficialmente la Contratación Directa No. CD-CNE-PEG-UCCE-002-2025, correspondiente a la “Adquisición del servicio de conectividad móvil a través de APN privado para el uso e implementación del Sistema de Identificación Biométrica durante las elecciones generales de 2025″.

Leer más: https://tiempo.hn/portadas/2025/10/15/cne-lanza-contratacion-directa-conectividad-trep-y-sistema-biometrico/

Reforma Jorge F. Negrete P.

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Artículo 6to de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La identidad es un recurso cultural complejo, en permanente evolución. El territorio, la lengua, los símbolos, nuestra historia, las afinidades filiales y emocionales nos hacen ser nosotros y nos obsequian la identidad. Pero si la identidad es una jornada de búsqueda y preguntas que no claudica en la cultura, es un derecho en el mundo jurídico y digital.

La identidad, un derecho habilitante de otros. La UNICEF establece que la identidad es el “reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia”.

Nuestra Constitución establece en su artículo 7o que “toda persona tiene derecho a la identidad”. El artículo 36 de la Constitución establece como una obligación de los ciudadanos “inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos”. Esta función la gestiona el Registro Nacional de Población de la Segob.

Si el derecho de acceso a internet es un derecho fundamental, la identidad es entonces un derecho fundamental que nos da personalidad jurídica y el ejercicio de derechos y obligaciones, pero ambos abren la puerta al ejercicio de todos los derechos fundamentales, ya que son indivisibles e interdependientes. Son un derecho habilitante, son la puerta y la llave para vivir los derechos que el Estado garantiza en el mundo digital.

El documento. La identidad es reconocida ante la ley y el Estado, con un conjunto de datos y atributos. Esa identidad se formaliza en un documento de nomenclatura diversa: cédula de identidad, de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, carné de identidad o documento nacional de identidad. La falta de éste provoca una cadena de violaciones a otros derechos, marginación, desigualdad e injusticia. Sin documento de identidad vivimos al margen de la ley.

La cédula de identidad digital. Tu identidad en Internet es frágil. Transita en una compulsiva vida digital donde entregas tus datos personales, atributos y biométricos a tu banco, pasaporte, licencia, escuela, comercio digital y trabajo. Mereces que el Estado digital te la otorgue en las condiciones de seguridad y confianza más amplias. En un mundo digital, nuestros derechos necesitan un proceso de gestión de nuestra información y datos personales para comunicarlos con libertad, seguridad (ciberseguridad), interoperabilidad y certeza.

La identidad y su expresión digital son el más poderoso facilitador en la ejecución de la política pública, la transformación digital de la sociedad, el crecimiento económico, la competitividad y la protección de derechos fundamentales.

El ciudadano digital nace cuando se habilitan el derecho de acceso a Internet y Identidad Digital.

Sin identidad digital no hay democracia, ni justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, ni economía digital.

Cada quien quiere su registro. La Asociación de Bancos de México señaló que “es urgente que en México haya una sola identidad digital para todos los ciudadanos”. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estableció el uso obligatorio de la autenticación biométrica con huella digital. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un robusto sistema de captura de datos personales y biométricos generando una identidad digital.

Capturar datos personales y biométricos es una actividad que, sin una armonización de procesos, genera falta de certeza jurídica, desconfianza pública y viola la privacidad.

El Estado mexicano debe garantizar la Identidad Digital Universal. A un paso de lograrlo. La duda fundada nació del ataque a la privacidad en el gobierno pasado y la falta de políticas de gestión de datos personales en posesión del gobierno. Falta institucionalidad de la privacidad. Celebro y deseo éxito a la iniciativa, pero falta una oficina mexicana de protección de datos personales.

Presidente de Digital Policy & Law
X: @fernegretep

Reforma

Las disposiciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para incorporar datos biométricos de todos los mexicanos en la Clave Única de Registro de Población (CURP) representan una severa exposición de datos de particulares, alertaron analistas.

Verónica Becerra, experta en temas de ciberseguridad, explicó que el principal problema de recabar todos los datos biométricos e información personal de los mexicanos es la centralización de datos. “Debido a la centralización de datos, eso en temas de ciberseguridad es un riesgo, se desconoce qué tipo de medidas se van a tomar para resguardar los datos.

Leer más: https://www.reforma.com/alertan-de-crisis-severa-por-exposicion-de-biometricos/ar3055814

El Financiero

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, aprobada este martes en el Senado, otorgará al Estado un control sin precedentes sobre los datos personales, biométricos y sobre la regulación de diferentes sectores, sin necesidad de considerar las opiniones de opositores, sean empresas, ciudadanos o agrupaciones, alertaron expertos.

La reforma desaparece a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y ahora el gobierno no necesitará someter a consulta decretos, reglamentos o iniciativas, ni será necesario contar con Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/06/26/estado-tendra-el-control-de-la-regulacion-y-de-los-datos-con-ley-para-eliminar-tramites-burocraticos/

CNN Chile

La Tercera Sala de la Corte Suprema, condenó a la compañía Worldcoin por recopilar y almacenar los datos biométricos de un menor de edad, vulnerando su derecho a la protección de datos personales.

El hecho ocurrió en marzo de 2024, en un stand de la compañía ubicado en el Mall Marina del Mar, en Viña del Mar, en el que se escaneó el iris de un menor edad de iniciales S.B.G.

Leer más: https://www.cnnchile.com/pais/corte-suprema-condena-a-worldcoin-por-la-recoleccion-ilegal-de-datos-biometricos-de-un-menor-de-17-anos_20250213/

El Caribe Hogla Enecia Pérez

Los bancos comerciales, empresas de telecomunicaciones, entidades públicas y privadas que tengan almacenados datos biométricos de las personas en República Dominicana, tienen un plazo de 60 días para eliminarlos.

Esta disposición está contenida en el artículo transitorio de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

En ese ordenamiento jurídico se establece que la Junta Central Electoral está encargada de manera exclusiva de la recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas, los cuales se harán de la manera determinada por los reglamentos de aplicación subsiguientes a esta lgislación.

Por tales razones “las instituciones que recauden datos biométricos, o que tengan base de datos biométricos, tendrán un plazo de sesenta (60) días, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para eliminar chicos registros”.

¿Quiénes lo hacen?

Muchos se preguntarían ¿Hay empresas e instituciones públicas y privadas que tengan bases de datos biométricos? La respuesta es que sí y todo eso se ha estado haciendo sin reglamento y regulación de la JCE que es la guardiana de la identidad en el país.

En la actualidad, muchas telefónicas e instituciones de intermediación financiera, antes de brindar un servicio toman fotografías de los usuarios o les piden autenticar sus datos mediante el sistema de huellas dactilares. Eso es parte del proceso de verificación o recaudación de datos biométricos.

Pero no solo esas. Hace unos meses el Poder Ejecutivo, a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las fuerzas Armadas, lanzaron Sistema Integral de Dirección, Mando y Control (Sidmco) que entre otras, permitirá el acceso y recopilación de datos personales de los residentes y visitantes en el país.

Además de esto, la policía puso en ejecución el sistema integral de dirección de mando y control Constantino, el cual es utilizado por agentes de la Policía Nacional para depurar a los ciudadanos en 30 segundos al momento de ser retenidos.

¿Qué pasará ahora con la Ley?

En el reportaje “El biométrico, base de datos poderosa que debe ser mejor aprovechada”, hecho por ElCaribe en agosto del año pasado, la Junta Central reconoció que hace unos años se conformó un comité integrado por la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Migración, entre otras, con la finalidad de intercambiar información para la creación de un sistema de datos criminal pero no se logró porque una de las entidades envueltas quería ser la propietaria de la central de información.

Ahora, con la ley 4-23 esto queda claramente delimitado y establece que “solo la Junta Central Electoral podrá ofrecer el servicio de consultas de datos biométricos para fines de verificación de identidad de las personas”. Refiere además que, la JCE proporcionará los medios para la verificación de la identidad de las personas mediante consulta de los datos biométricos a las instituciones de índole pública o privada que así lo soliciten, siempre que estas ostenten un interés legítimo para el uso de dichos datos.

En el párrafo segundo de la ley se dispone que “la consulta de datos biométricos para fines de verificación de identidad deberá realizarse respetando el derecho a la intimidad de las personas, consagrado en esta ley y demás leyes sobre la materia”.

El órgano responsable de la identidad en el país, ya tiene los datos biométricos almacenados y gracias a ello, cuando instituciones del sistema de justicia han pedido colaboración para certificar la identidad de personas en conflicto con la ley, cadáveres o ciudadanos de interés ha respondido.

Ahora con la ley lo que se da es carácter de formalidad y la faculta como la única legalmente reconocida para tener en su control esas informaciones. Al tiempo que le provee la potestad, tal como ocurre con los documentos de identidad y electoral, para que las entidades públicas y privadas verifiquen la identidad de las personas mediante ese sistema.

¿Qué se hace con el biométrico?

Es frecuente que ante la Policía Nacional o el Ministerio Público las personas en conflicto con la ley mientan respecto a su nombre, edad e incluso lugar de residencia.

El año pasado, durante un proceso llevado a cabo por la Junta Central y la Procuraduría General de la República en las cárceles, se pudieron determinar las reales identidades de privados de libertad gracias al Sistema De Identificación Biométrica Automatizado (ABIS) que tiene la Junta.

“Nosotros hemos encontrado personas que en el Ministerio Público dieron un nombre y están con otros”, señaló Américo Rodríguez, director de cedulación.

El funcionario reconoció que la JCE tiene las herramientas institucionales que mediante convenios interinstitucionales pueden ser puestos al servicio de los diversos organismos estatales y esto podría en gran manera contribuir a diseñar y desarrollar mejores políticas públicas.

Sobran los ejemplos de casos en los que la entidad ha colaborado con la Policía para la identificación de personas encontradas decapitadas. Pero no solo eso, en el año 2014 fue mediante esa tecnología que se pudo identificar al joven que incendio uno de los vagones del metro.

iProup

La Justicia porteña suspendió hoy el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

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