Brasilia. América Latina necesitará reformular sus marcos regulatorios para incorporar a las Big Tech, plataformas digitales y nuevos actores del ecosistema digital en las discusiones sobre conectividad, inversiones e infraestructura, bajo el riesgo de perder capacidad de respuesta frente a la velocidad de las transformaciones tecnológicas.

Este fue el eje de la mesa sobre perspectivas regulatorias de la región, moderada por Jorge Fernando Negrete P., presidente del DPL Group, y que cerró el Painel Telebrasil 2026. Negrete abrió el panel afirmando que “América Latina no es apenas un espacio geográfico, sino un sueño colectivo vinculado al desarrollo digital y a la ampliación de derechos en el entorno online”.

El tono terminó reflejándose en las discusiones entre reguladores y representantes del sector, quienes defendieron reformas regulatorias más integradas para lidiar con la convergencia entre telecomunicaciones, Big Tech, Inteligencia Artificial e infraestructura digital.

Para Carlos Lugo, oficial líder de regulación y políticas públicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los reguladores necesitan abandonar una actuación puramente fiscalizadora y asumir un papel más activo en la construcción de nuevos mercados digitales.

“El regulador necesita dejar de ser apenas un ‘perro guardián’ y pasar a actuar como constructor de nuevos ecosistemas”, afirmó.

Lugo defendió que los modelos regulatorios actuales todavía no consiguen acompañar la convergencia entre telecomunicaciones, plataformas digitales, Inteligencia Artificial, Centros de Datos y servicios en la Nube.

En su visión, una regulación basada en evidencias dependerá justamente de la capacidad de reunir a todos los actores “en la misma mesa”, incluyendo empresas que históricamente quedaron fuera del alcance de las regulaciones sectoriales tradicionales.

La necesidad de adaptación regulatoria también fue defendida por Paola Vélez Marroquín, comisionada de comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia.

Indicó que las fronteras entre telecomunicaciones, OTTs, plataformas digitales, Centros de Datos e Inteligencia Artificial “son cada vez menos claras”, lo que exige reguladores más rápidos, colaborativos y menos atados a estructuras tradicionales. “No se trata de regular más, sino de regular mejor”, sentenció.

Vélez defendió marcos regulatorios más flexibles, capaces de reducir barreras para inversiones en infraestructura, compartición de redes, conectividad satelital y nuevos modelos de acceso en áreas rurales y de baja viabilidad económica. También defendió mecanismos de experimentación regulatoria, como sandboxes, para probar nuevos modelos de negocio sin frenar la innovación.

El debate expuso una evaluación bastante común entre reguladores y representantes de la industria, y que quedó evidenciada durante todo el evento: “Las reglas que utilizamos para llegar hasta aquí hoy ya no sirven para llevarnos al próximo nivel”, enfatizó Lucas Gallitto, director de GSMA para América Latina.

El directivo comparte la visión de que la región necesita combinar expansión de la conectividad con mayor seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria para seguir atrayendo inversiones privadas.

Gallitto defendió que, aunque 96% de la población brasileña ya está cubierta por banda ancha móvil, parte de los usuarios sigue desconectada debido a barreras relacionadas con alfabetización digital, ingresos y costo de los dispositivos. Y citó a Brasil como referencia regional en políticas públicas de conectividad, pero criticó la baja eficiencia de los fondos sectoriales en varios países latinoamericanos.

También defendió una mayor apertura regulatoria para nuevos modelos de negocio y resumió el cambio de escenario con una frase repetida entre bastidores: “la era de la Internet romántica terminó”.

La presión sobre los reguladores aumenta

Para Octavio Pieranti, consejero de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, el desafío de las agencias regulatorias dejó de ser solamente supervisar mercados y pasó a involucrar directamente la implementación de políticas públicas vinculadas a inclusión digital, educación y conectividad significativa.

Pieranti destacó acciones de la Anatel para expandir la cobertura móvil, la conectividad en escuelas, universidades e institutos federales, además de iniciativas orientadas al desarrollo de habilidades digitales para poblaciones vulnerables.

El consejero también afirmó que el diálogo regulatorio con las operadoras evolucionó en los últimos años, pero señaló resistencia de las Big Tech en debates relacionados con la protección de niños y adolescentes y la integridad de la información.

“Las reglas son necesarias y necesitamos avanzar en este debate legislativo y regulatorio”, afirmó.

A lo largo del panel, los participantes coincidieron en la evaluación de que América Latina enfrenta desafíos similares y necesitará ampliar la coordinación regional para responder a los cambios tecnológicos, compartir buenas prácticas y acelerar modelos de innovación regulatoria orientados al nuevo ecosistema digital.

En entrevista con DPL News, el CEO de Claro Brasil, José Félix, afirmó que las grandes plataformas de Internet ejercen un fuerte lobby para evitar cualquier discusión sobre el reparto de los costos de infraestructura y dijo que el modelo actual desincentiva las inversiones en expansión y calidad de las redes.

En la conversación, el ejecutivo también habló sobre monetización de la Inteligencia Artificial, cambios en la arquitectura de las redes, neutralidad de la red y el nuevo ciclo de inversiones impulsado por la IA.

DPL News: la creciente demanda de Inteligencia Artificial trae desafíos geopolíticos, de acceso a equipos y también de sostenibilidad. ¿Cómo está adaptando Claro Brasil su estrategia de negocios e inversiones a este escenario? ¿Y qué oportunidades concretas ve la compañía para monetizar servicios vinculados con la IA?

José Félix: en la monetización para aplicaciones de Inteligencia Artificial, lo que se avecina es un uso adicional de tráfico dentro de las redes y, obviamente, eso es bueno para nosotros. Pero tendremos que preparar esas redes para soportar ese tráfico y las necesidades que va a requerir, como menor latencia y mayor ancho de banda de retorno.

Hoy, por ejemplo, el ancho de banda de bajada es uno, mientras que el de retorno es más limitado. En el futuro, veremos crecer el ancho de banda de retorno en función de la inferencia en los sistemas de Inteligencia Artificial.

También vemos que las herramientas de IA permitirán conocer mejor al cliente. Conociendo mejor al cliente, se puede ofrecer de manera más precisa aquello que desea. Eso puede mejorar la satisfacción, reducir el churn e incluso permitir una mayor monetización.

Del lado de la eficiencia operativa, vemos innumerables posibilidades, pero decidimos enfocarnos en tres pilares principales. El primero es el call center, donde parece obvio que hay mucho espacio para ganancias.

El segundo son las redes y operaciones de red, con oportunidades para mejorar la satisfacción y reducir el churn. Hoy muchas fallas sólo llegan a nuestro conocimiento cuando el cliente reclama. Con Inteligencia Artificial, podemos identificar fallas de manera proactiva, incluso antes de que el cliente las perciba.

El tercer pilar es la inversión. El dinero es limitado y necesitamos tener inteligencia en la aplicación de esos recursos.

DPL News: el debate sobre Fair Share volvió a aparecer en el evento, aunque el sector intenta evitar el término. ¿Es un debate inevitable? ¿Cómo se conducirá de ahora en adelante?

José Félix: más aún con la Inteligencia Artificial, estamos viendo que el desempeño de las redes será cada vez más esencial. Si queremos que las cosas funcionen bien, es fundamental invertir en esas redes.

Lo que vemos es un movimiento de lobby muy fuerte de las Big Techs. Conocemos el poder que tienen esas empresas. Es injusto, no tiene sentido, pero es la realidad no sólo de Brasil, del mundo.

En algún momento alguien se dará cuenta de que esto es un error, porque pocos agentes, sin contribuir en nada, terminan haciendo menos atractiva la inversión para expansión, capilaridad y perfeccionamiento de las redes debido al bajo retorno. 

Existe otro punto importante: todo ese costo recae sobre el suscriptor final.

DPL News: hoy uno de los mayores cuellos de botella para la expansión de la conectividad es justamente el costo.

José Félix: uno de los argumentos de las plataformas es que cualquier cambio elevaría el costo para el usuario. Ese es justamente el absurdo de esta discusión. Uno de los argumentos de las Big Tech para no contribuir con nada es decir que eso aumentaría el costo para el suscriptor. No tiene nada que ver. Reduciría el costo para el usuario final.

DPL News: ¿qué temas deberían entrar en la agenda digital del próximo gobierno?

José Félix: repensar la neutralidad de la red es fundamental para liberar las empresas y permitirles crear nuevos productos y entregas frente a este nuevo ciclo impulsado por la Inteligencia Artificial.

Hoy tenemos innumerables restricciones en ese sentido y que esa es una discusión del pasado. La neutralidad de la red debe existir para quien la necesita, para el consumidor, no para proteger empresas gigantes globales.

Se crearon barreras ficticias para problemas que no existen. Estamos hablando de empresas extranjeras que dominan el mundo digital. Entonces, ¿por qué tanta protección para esas empresas? No consigo pensar en otra explicación que no sea el lobby.

DPL News: en un mercado cada vez más competitivo, con convergencia entre telecomunicaciones, streaming, Nube y conectividad avanzada, ¿cuál será el diferencial competitivo de Claro frente a otras operadoras y plataformas digitales?

José Félix: mantenemos nuestro core de conectividad como algo esencial. No renunciamos a eso. Seguiremos invirtiendo en una red de alta velocidad, bajo delay, aumentando la capilaridad y sustituyendo redes antiguas por fibra.

Paralelamente, entendemos que necesitamos invertir en multiservicios, incorporar más servicios dentro del hogar del cliente. Sobre todo, formar un ecosistema de nueva generación.

Ya estamos trabajando en eso con NVIDIA, AWS, Microsoft, Oracle y también con empresas de contenido como Netflix, HBO, Apple TV y Globoplay. Ese ecosistema será nuestro ecosistema del futuro.

Brasilia. A América Latina precisará reformular seus marcos regulatórios para incorporar big techs, plataformas digitais e novos agentes do ecossistema digital às discussões sobre conectividade, investimentos e infraestrutura, sob risco de perder capacidade de resposta diante da velocidade das transformações tecnológicas. 

Este foi o mote da mesa sobre perspectivas regulatórias da região, moderado por Jorge Fernando Negrete P., presidente do DPL Group, e que encerrou o Painel Telebrasil 2026. Negrete abriu o painel dizendo que “a América Latina não é apenas um espaço geográfico, mas um sonho coletivo ligado ao desenvolvimento digital e à ampliação de direitos no ambiente online”.

O tom acabou refletido nas discussões entre reguladores e representantes do setor, que defenderam reformas regulatórias mais integradas para lidar com a convergência entre telecomunicações, big techs, inteligência artificial e infraestrutura digital.

Para Carlos Lugo, oficial líder de regulação e políticas públicas da União Internacional de Telecomunicações (UIT), os reguladores precisam abandonar uma atuação puramente fiscalizatória e assumir papel mais ativo na construção de novos mercados digitais.

“O regulador precisa deixar de ser apenas um ‘cão de guarda’ e passar a atuar como construtor de novos ecossistemas”, afirmou.

Lugo defendeu que os modelos regulatórios atuais ainda não conseguem acompanhar a convergência entre telecomunicações, plataformas digitais, inteligência artificial, data centers e serviços em nuvem. 

Em sua visão, uma regulação baseada em evidências dependerá justamente da capacidade de reunir todos os atores “na mesma mesa”, incluindo empresas que historicamente ficaram fora do alcance das regulações setoriais tradicionais.

A necessidade de adaptação regulatória também foi defendida por Paola Vélez Marroquín, comissionada de comunicações da Comissão de Regulação de Comunicações (CRC) da Colômbia. 

Segundo ela, as fronteiras entre telecomunicações, OTTs, plataformas digitais, centros de dados e inteligência artificial “são cada vez menos claras”, exigindo reguladores mais rápidos, colaborativos e menos presos a estruturas tradicionais. “Não se trata de regular mais, mas de regular melhor”, afirmou.

Paola defendeu marcos regulatórios mais flexíveis, capazes de reduzir barreiras para investimentos em infraestrutura, compartilhamento de redes, conectividade satelital e novos modelos de acesso em áreas rurais e de baixa viabilidade econômica. Também defendeu mecanismos de experimentação regulatória, como sandboxes, para testar novos modelos de negócio sem frear a inovação.

O debate expôs uma avaliação bastante comum entre reguladores e representantes da indústria, e que foi evidenciado durante todo o evento: “As regras que utilizamos para chegar aqui hoje já não servem para chegarmos ao próximo nível”, enfatizou Lucas Gallitto, diretor da GSMA para América Latina.

Ele compartilha da visão de que a região precisa combinar expansão da conectividade com maior segurança jurídica e previsibilidade regulatória para continuar atraindo investimentos privados.

Gallitto defendeu que, apesar de 96% da população brasileira já estar coberta por banda larga móvel, parte dos usuários segue desconectada por barreiras relacionadas a letramento digital, renda e custo dos dispositivos. O executivo citou o Brasil como referência regional em políticas públicas de conectividade, mas criticou a baixa eficiência de fundos setoriais em vários países latino-americanos.

O dirigente da GSMA também defendeu maior abertura regulatória para novos modelos de negócio e resumiu a mudança de cenário com uma frase repetida nos bastidores: “a era da internet romântica acabou”.

Pressão sobre reguladores aumenta

Já para Octavio Pieranti, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o desafio das agências reguladoras deixou de ser apenas supervisionar mercados e passou a envolver diretamente a implementação de políticas públicas ligadas à inclusão digital, educação e conectividade significativa.

Pieranti destacou ações da Anatel para expansão da cobertura móvel, conectividade em escolas, universidades e institutos federais, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de habilidades digitais para populações vulneráveis.

O conselheiro também afirmou que o diálogo regulatório com operadoras evoluiu nos últimos anos, mas apontou resistência das big techs em debates ligados à proteção de crianças e adolescentes e à integridade da informação.

“As regras são necessárias e precisamos avançar nesse debate legislativo e regulatório”, afirmou.

Ao longo do painel, os participantes convergiram na avaliação de que a América Latina enfrenta desafios semelhantes e precisará ampliar a coordenação regional para responder às mudanças tecnológicas, compartilhar boas práticas e acelerar modelos de inovação regulatória voltados ao novo ecossistema digital.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil abrió una nueva consulta pública para la elaboración del futuro Reglamento de Deberes de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. En la práctica, esto amplía su base técnica y regulatoria para actuar directamente sobre las Big Tech. Es la tercera ronda de consultas que realiza el regulador por este tema.

Publicada el pasado viernes 27 de marzo, la propuesta busca contribuciones para sustentar la decisión sobre cómo alinear la actuación de los OTT (Over-the-Top) y los SVA (Servicios de Valor Añadido) dentro del ecosistema de telecomunicaciones, considerando principalmente la relación con las operadoras y la experiencia del consumidor.

Así, entre los objetivos se encuentran proveedores de aplicaciones, plataformas digitales, servicios OTT y empresas de infraestructura como Cloud y Centros de Datos, que son tratados por la legislación actual como usuarios de telecomunicaciones.

Datos de tráfico y relaciones con las telcos

En el cuestionario, la Anatel es minuciosa al solicitar la comprobación porcentual del aumento del volumen de tráfico en lo que respecta a video en alta resolución, Inteligencia Artificial Generativa y Realidad Extendida.

También se requieren datos sobre costos de tránsito internacional, inversiones en red asociadas a estas economías y eventos de congestión atribuidos a aplicaciones OTT, además del origen y destino de los datos, el uso de redes de distribución de contenido (CDN), acuerdos de interconexión e impactos en la calidad del servicio.

Las evidencias servirán para fundamentar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ya en curso sobre el tema, al mismo tiempo que fortalecen la capacidad de la agencia para equilibrar el funcionamiento del ecosistema digital.

Defensa del consumidor

Además de los aspectos técnicos, la consulta pública también pone el foco en la protección de los consumidores. La Anatel profundiza el análisis sobre la oferta de Servicios de Valor Añadido (SVA) junto con planes de telecomunicaciones, incluyendo prácticas de contratación, facturación y cancelación.

Entre los puntos investigados están los mecanismos de consentimiento, la transparencia de precios, la facilidad de cancelación, la responsabilidad entre operadoras y proveedores de servicios y el uso de prácticas de inducción conductual.

La Consulta Pública nº 1 recibe contribuciones hasta el 26 de junio de 2026.

La propuesta de regulación de los mercados digitales en Brasil, prevista en el proyecto de ley 4.675/2025, que será sometida a votación en la Cámara de Diputados en régimen de urgencia, debería afectar directamente a un grupo restringido de grandes plataformas: alrededor de 10.

Sin embargo, según un estudio de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), los efectos económicos de la medida tienden a extenderse a toda la cadena digital, pudiendo afectar hasta 75 plataformas subyacentes y 22 sectores.

En el escenario más probable, se incluyen empresas con actuación multisectorial y fuerte presencia digital, como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft, además de plataformas con peso relevante en Brasil, como Mercado Libre, Uber, iFood (Prosus) y TikTok (ByteDance).

Estos grupos cumplen tanto con el criterio de facturación —superior a R$ 50 mil millones (US$ 9.56 mil millones) a nivel global o R$ 5 mil millones (US$ 956 millones) en Brasil— como con múltiples criterios cualitativos, como efectos de red, acceso a grandes volúmenes de datos y actuación en distintos mercados.

A partir de allí, el estudio proyecta escenarios más amplios. En el primer nivel de expansión, se incluyen empresas “en riesgo de designación”, que también cumplen con el criterio de facturación, pero presentan menos requisitos cualitativos.

Se estima que los costos de cumplimiento y adaptación regulatoria varíen entre R$ 2.7 mil millones (US$ 516 millones) y R$ 11.34 mil millones (US$ 2.17 mil millones) a lo largo de 10 años, considerando gastos en adecuaciones técnicas, jurídicas y operativas.

De acuerdo con el estudio, estos costos tampoco serían absorbidos íntegramente por las plataformas, sino que se trasladarían a anunciantes, vendedores, desarrolladores y otros usuarios profesionales, como startups, lo que podría llegar al consumidor final en forma de precios más altos o reducción de servicios.

La ALAI, que representa a Google, Meta (WhatsApp, Instagram y Facebook), X, TikTok, Amazon, Mercado Libre, Airbnb, Rappi, Discord, Expedia, Hotmart y DiDi, ha criticado la propuesta, señalando falta de análisis técnico y advirtiendo sobre sus impactos desde la presentación del requerimiento de urgencia para su aprobación.

En este sentido, el estudio también apunta posibles efectos sobre la innovación y la inversión, con riesgo de reducción en el ritmo de lanzamiento de nuevos productos y mayor cautela en la aprobación de proyectos, ante el aumento de la incertidumbre regulatoria.

A proposta de regulação dos mercados digitais prevista no PL 4.675/2025 e que irá para votação na Câmara dos Deputados em regime de urgência, deve atingir diretamente um grupo restrito de grandes plataformas: cerca de dez. 

No entanto, segundo estudo da Associação Latino-Americana de Internet (ALAI), os efeitos econômicos da medida tendem a se espalhar por toda a cadeia digital, chegando a afetar até 75 plataformas subjacentes e 22 setores.

No cenário mais provável, entram empresas com atuação multissetorial e forte presença digital, como Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, além de plataformas com peso relevante no Brasil, como Mercado Livre, Uber, iFood (Prosus) e TikTok (ByteDance).

Esses grupos atendem tanto ao critério de faturamento –acima de R$ 50 bilhões globalmente ou R$ 5 bilhões no Brasil–, quanto a múltiplos critérios qualitativos, como efeito de rede, acesso a grandes volumes de dados e atuação em diferentes mercados.

A partir daí, o estudo projeta cenários mais amplos. No primeiro nível de expansão, entram empresas “sob risco de designação”, que também cumprem o critério de faturamento, mas atendem a menos requisitos qualitativos.

A estimativa é que os custos de conformidade e adaptação regulatória variem entre R$ 2,7 bilhões e R$ 11,34 bilhões ao longo de dez anos, considerando despesas com adequações técnicas, jurídicas e operacionais. 

Esses custos, segundo o estudo, também não devem ser absorvidos integralmente pelas plataformas, sendo repassados a anunciantes, vendedores, desenvolvedores e outros usuários profissionais como startups; o que, por sua vez, pode chegar ao consumidor final na forma de preços mais altos ou redução de serviços.

A ALAI, que representa Google, Meta (dona de WhatsApp, Instagram e Facebook), X, TikTok, Amazon, Mercado Livre, Airbnb, Rappi, Discord, Expedia, Hotmart e Didi, vem criticando a proposta, acusando falta de análise técnica e alertando sobre os impactos desde que foi protocolado o requerimento de urgência para sua aprovação.

Neste sentido, o estudo também aponta potenciais efeitos sobre inovação e investimento, com risco de redução no ritmo de lançamento de novos produtos e maior cautela na aprovação de projetos, diante do aumento da incerteza regulatória. 

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el requerimiento de urgencia presentado por Gilberto Abramo (Republicanos-MG) para la votación del proyecto que fiscalizará, en el ámbito del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la competencia en los mercados digitales. Con ello, el proyecto de ley (PL) 4.675/25 pasa directamente al Pleno, sin análisis previo en las comisiones.

Presentado al Congreso por el gobierno federal en septiembre de 2025, el proyecto de mercados digitales crea la Superintendencia de Mercados Digitales (SMD) y apunta a grupos con facturación global superior a R$ 50,000 millones (US$ 9,500 millones) o R$ 5,000 millones en Brasil (US$ 951.6 millones).

Empresas con presencia en múltiples mercados o servicios (verticales), con posición estratégica frente a terceros (como marketplaces), fuerte impacto en el tráfico online y acceso a datos relevantes figuran entre las características consideradas.

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El objetivo es imponer obligaciones como interoperabilidad, portabilidad de datos y transparencia a las grandes plataformas (Big Techs) con “relevancia sistémica”, para evitar abuso de poder económico, autopreferencia y concentración de mercado.

La medida, sin embargo, fue criticada por asociaciones del sector privado. La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) ya se había manifestado contra el régimen de urgencia, al alegar falta de evidencias de fallas de mercado e introducción de inseguridad jurídica.

Según la Asociación, la propuesta crea barreras que pueden perjudicar a startups que dependen de la publicidad digital y de servicios ofrecidos por grandes plataformas, además de aumentar los costos de cumplimiento regulatorio, lo que podría generar una superposición institucional en el CADE.

Reforma Jorge F. Negrete P.

“Trabajando juntos podremos ampliar las infraestructuras para que las redes lleguen a quienes no están conectados y transformen el acceso en oportunidad”: Doreen Bogdan, Secretaria General de la UIT. Digital Summit Latam en Madrid.

Conectar es dar acceso, habilitar, en definitiva, los derechos humanos en el mundo digital. El derecho de acceso a Internet habilita todos los derechos humanos en forma simultánea. El principio constitucional de derechos indivisibles e interdependientes se convierte en una realidad ipso iure e inmediata. Ninguna autoridad ni empresa puede conculcar o limitar este principio. Cualquier acción en contra debe ser protegida por el constitucionalismo digital.

Pero mientras conectamos a más personas, surgen nuevos problemas. Los valores compartidos en Occidente, como la democracia, la república, los derechos humanos y su expresión más visible, la libertad de expresión, se transforman en conceptos polisémicos que significan cosas distintas para cada país, región económica, Gobierno subnacional y partidos políticos.

Todo lo que conocíamos sobre estos conceptos comienza a ser interpretado de forma distinta. Miles de años acumulados en nuestra institucionalidad jurídica son cuestionados públicamente y debatidos en el foro digital de las redes globales por jefes de Estado, presidentes de empresas tecnológicas y órganos internacionales.

Cuando las redes de telecomunicaciones masificaron el flujo de comunicación digital, se transportaron valores locales y comenzó su disputa en otros territorios. El sistema de anticuerpos políticos y económicos comenzó a fragmentar la regulación y actuar bajo miedo, bajo riesgo. Eso ha pasado en Europa.

Europa ha regulado las plataformas digitales en todas las materias posibles. Ha aplicado multas millonarias a todas ellas. Recientemente, un grupo de presidentes europeos señaló como oligarcas digitales a los CEO de las Big Tech y desde el Twitter de algunos de estos empresarios se señaló como autoritario y poco democrático a algún político.

Macrón, Mertz, Sánchez y Thierry Bretón encabezan la artillería pública. Otros buscan la mesura en la conversación como Ursula von der Leyen y Mario Draghi.

Europa, la madre de nuestra civilización Occidental está bajo fuego al buscar su resurgimiento digital. EUA tiene el dominio estratégico de la tecnología digital y la Inteligencia Artificial (IA); con ello, quiere que la regulación de este mundo sea bajo sus leyes.

Quien quiera acceder a esta tecnología debe jugar con los valores jurídicos americanos. China cuenta con infraestructura, tecnología digital e IA, pero va atrás de EUA. ¿Su fortaleza? Un mercado de más de 1300 millones de chinos y soluciones a bajo costo. ¿Su estrategia?, masificar su infraestructura, la tecnología digital e IA en toda su población y mantener sus procesos de innovación tecnológica a presión máxima.

Durante el Digital Summit Latam celebrado en Madrid la semana pasada, se percibió una Europa que busca:
1. La reactivación inmediata de las inversiones en materia de infraestructura digital.

2. Una tendencia inevitable a la desregulación del mundo digital. Un colapso y abandono de la regulación ex ante en infraestructura.

3. ¿La primera acción? La Ley de Redes Digitales que busca la fusión, eficiencia e inversión de los operadores de telecomunicaciones.

4. Fondos públicos inmediatos para redes, Data Centers, Inteligencia Artificial y semiconductores.

La pelea sobre la verdad de los valores de Occidente seguirá a debate en el foro internacional entre Europa, Estados Unidos y China.

Somos testigos del desmantelamiento de una institucionalidad que había funcionado, pero que ahora estorba con la fragmentación del mundo digital: Rusia con su Internet, China con su propio modelo y todo Occidente reclamando la vigencia de una tradición jurídica y la imposición de otra.

Mientras tanto, masificar la conectividad y tener redes poderosas es la primera respuesta soberana a esta guerra donde, tarde o temprano, vamos a entrar.

Presidente de Digital Policy & Law
X: @fernegretep

Donald Trump regresó a la Casa Blanca y de eso se cumple un año este 20 de enero del 2026, aunque pueda parecer que ha pasado más tiempo desde que inició su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos.

Su retorno ha marcado un punto de inflexión radical en la política industrial estadounidense, caracterizado por un movimiento inédito hacia lo que se le puede denominar un “capitalismo de seguridad nacional”.

Y es que en este segundo periodo, Donald Trump volvió decidido a regresar a Estados Unidos la bandera del gigante tecnológico, un mote que perdió con el paso de los años ante una nación que se le adelantó: China.

Durante el inicio de su segundo mandato, Trump tuvo como principal aliado a Elon Musk, quien fungió como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), aunque sólo duró algunos meses, pues los intereses personales de cada uno los divorció.

Sin embargo, el plan de Trump fue no solamente en el papel, sino que comenzó a actuar de inmediato teniendo de manera cercana a las Big Tech estadounidenses: Microsoft, Intel, Google, Amazon, X, Apple, por mencionar algunas. 

Lejos del laissez-faire tradicional republicano (que busca limitar la intervención del Estado al mínimo), la administración de Donald Trump optó por una intervención directa en el mercado, materializada en la adquisición del 9.9% de las acciones de Intel Corporation, que ha sido una de las acciones más importantes en estos 12 meses.

Esta operación, valorada en 8,900 millones de dólares, no sólo busca rescatar a un gigante en apuros, sino enviar un mensaje claro: la infraestructura de semiconductores es ahora un activo soberano intocable.

Y es que comencé este texto hablando de cómo Estados Unidos dejó de ser el gigante tecnológico, y precisamente perdió terreno en un sector, como el de los semiconductores, que es imprescindible para el desarrollo de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA).

En la administración de Joe Biden se pensó en un rescate con la CHIPS and Science Act a través de subsidios, no obstante, Donald Trump llegó a reestructurarla para convertir estos subsidios en participación accionaria, que sin duda le ha dado un nuevo giro a la relación entre Washington y Silicon Valley.

Y es que el plan de Donald Trump es que la investigación y desarrollo tecnológico se realice al 100% en Estados Unidos. Hay que recordar que muchas empresas tecnológicas tuvieron que recular en sus planes de establecer fábricas en países como México y regresarlas al país del norte, como Tesla.

El apoyo a la industria nacional estadounidense viene acompañado de un proteccionismo agresivo que redefine las reglas del comercio global. La “guerra fría tecnológica” con China ha escalado de aranceles comerciales a bloqueos.

Por ejemplo, hay que recordar que en diciembre del año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza la venta de TikTok a un consorcio estadounidense liderado por Oracle.

La declaración del presidente Trump sobre los chips Blackwell de Nvidia es la prueba más contundente, pues al reservar la IA más avanzada exclusivamente para empresas estadounidenses, la administración busca crear una brecha tecnológica insalvable, negando a China, y potencialmente a otros competidores globales.

Esta estrategia de “soberanía del silicio” ha sido recibida con un respaldo casi unánime por los capitanes de la industria tecnológica, quienes ven en este proteccionismo una oportunidad para la resiliencia. 

Líderes de Microsoft, Dell, HP y AWS han cerrado filas en torno a la agenda de Trump, reconociendo que la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas es una vulnerabilidad que ya no pueden permitirse. La narrativa corporativa ha cambiado: la inversión en manufactura local ya no es sólo una cuestión de costos, sino un imperativo de seguridad nacional y continuidad de negocio.

El plan de Donald Trump ha sido integral, pues recientemente anunció que ya trabaja con las Big Tech que están enfocadas en el desarrollo de IA, para resolver el tema de requerimientos energéticos sin afectar el consumo en los hogares.

Microsoft, una de las principales empresas estadounidenses que empezó una cruzada mundial con inversiones para IA, está en planes con Donald Trump sobre el tema energético.

Trump acusó en sus redes sociales que durante la administración de Joe Biden, las tarifas eléctricas se elevaron en más del 30%, por lo que buscará frenar esta alza por culpa de los Centros de Datos.

Poniendo el ejemplo de Microsoft sobre su expansionismo mundial, podemos decir que el mensaje es que Estados Unidos está dispuesto a compartir tecnología, pero se reservará la “joya de la corona” para sí mismo, asegurando que la supremacía en el desarrollo de modelos de IA de próxima generación permanezca estrictamente bajo bandera estadounidense.

El impacto global de estas medidas durante este primer año del gobierno de Donald Trump ha sido la aceleración de la fragmentación tecnológica. Al prohibir la venta de los chips más potentes a China, Trump obliga a Beijing a acelerar su propia tecnología, aunque a un costo y tiempo mucho mayores.

Mientras tanto, Intel, ahora con el gobierno como accionista pasivo, se posiciona como el contrapeso occidental a la manufactura asiática, intentando recuperar el liderazgo perdido en la última década bajo la estricta vigilancia de Washington.

La Administración de Trump ha dejado claro que está dispuesta a usar todas las herramientas del Estado, desde la compra de acciones hasta vetos de exportación, para garantizar que el futuro de la computación y la Inteligencia Artificial se diseñe, fabrique y controle desde Estados Unidos.

Incluso, Donald Trump ha comenzado a adoptar un papel autocrático en el que Estados Unidos es quien manda en todo el mundo, pues ha abandonado ya 66 organismos internacionales, la mitad de ellos pertenecientes a las Naciones Unidas. Líderes europeos como Emmanuel Macron han declarado que Estados Unidos se está alejando de sus aliados.

Otra muestra al respecto es el desaire que ha hecho Trump al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha traído como consecuencia que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, haya visitado recientemente a China a pesar de las tensiones comerciales.

Y con América Latina tampoco ha sido distinto. Ya lo vimos cuando el gobierno de Trump impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas a Estados Unidos a partir del 6 de agosto, y con México, aún está en interrogación lo que ocurrirá con la revisión del T-MEC.

Seis enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Nº 469/2024, que prohíbe el cobro a los proveedores de aplicaciones por el tráfico de datos generado en las redes de telecomunicaciones en Brasil, modifican de forma relevante el diseño original de la propuesta. Los ajustes, de autoría del diputado Josenildo Abrantes, abren espacio para acuerdos técnico-comerciales entre las operadoras y los llamados grandes usuarios de la red, además de introducir excepciones y nuevas discusiones sobre el financiamiento del sector.

Uno de los puntos centrales de las enmiendas es el refuerzo del papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El texto prevé que los proveedores de aplicaciones considerados usuarios intensivos de la red celebren acuerdos técnicos y comerciales con los proveedores de conexión, correspondiendo a la Agencia establecer directrices y criterios para estos arreglos.

En algunos casos, la propia posibilidad de tarificación queda condicionada a una futura reglamentación de la Anatel, siempre que se preserven los principios de la neutralidad de la red.

Las enmiendas también flexibilizan el veto absoluto a la contribución justa, previsto en el proyecto original. Aunque mantienen la prohibición de cobro compulsorio basado exclusivamente en el volumen de tráfico, los textos admiten excepciones para aplicaciones clasificadas como de uso intensivo de la red y autorizan arreglos comerciales diferenciados, siempre que no haya degradación discriminatoria del tráfico y que se respeten las reglas.

Otro punto introducido por las enmiendas es la discusión sobre el financiamiento sectorial. Una de las propuestas crea una contribución del 2% sobre los ingresos brutos de los proveedores de aplicaciones para el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust). A cambio, el texto prohíbe el cobro por tráfico de datos impuesto por las operadoras a aplicaciones de emisoras de radiodifusión controladas por grupos brasileños.

El PL 469/2024 está en análisis en la Comisión de Industria, Comercio y Servicios (CICS), tras haber sido aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. La materia seguirá, con carácter terminativo, para la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).