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El Ministerio español de Transformación Digital ha anunciado una serie de inversiones millonarias para el despliegue de infraestructuras claves para la economía digital del país. El objetivo es convertir a España en un referente en conectividad, 5G y espacios de datos. Sin embargo, la burocracia municipal se erige como un obstáculo importante para la consecución de estos objetivos.

El plan del Ministerio, presentado este jueves 17 por el ministro Óscar López, se centra en tres pilares: el desarrollo de capacidades tecnológicas, el impulso de la inteligencia artificial y la transformación de la administración pública. En el ámbito de las infraestructuras, destaca la inversión de 13 millones de euros a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para crear Espacios de Datos en 12 municipios, con el objetivo de impulsar ciudades inteligentes que aprovechen la información generada por sensores para una mejor gestión urbana.

Además, se ha anunciado una estrategia de Espacios de Datos Sectoriales con una inversión de 400 millones de euros, buscando la colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras de datos en sectores estratégicos. Se busca acelerar el despliegue del 5G, tecnología clave para la transformación digital, y se ha alcanzado una cobertura del 100% en banda ancha fija.

Obstáculos administrativos

A pesar de estas ambiciosas iniciativas, la realidad sobre el terreno presenta un panorama complejo. Las empresas encargadas del despliegue de infraestructuras, como las torres de telecomunicaciones para el 5G, se enfrentan a una maraña burocrática en los ayuntamientos. Los permisos para la construcción o modificación de estas infraestructuras pueden tardar hasta 18 meses, lo que retrasa considerablemente el despliegue de la tecnología 5G.

El problema radica en la interpretación de la Ley de Telecomunicaciones por parte de los ayuntamientos, que en muchos casos imponen requisitos adicionales y obligan a las empresas a solicitar licencias de obra cuando, en teoría, bastaría con una declaración responsable. Esta situación genera retrasos, aumenta los costes y dificulta la expansión de las infraestructuras digitales.

La consejera delegada de Vantage Tower, Blanca Ceña, denuncia en declaraciones al diario ABC que “casi todo debe ir por declaración responsable, y a priori no se necesita un permiso”, pero muchos ayuntamientos imponen sus propias reglas. Señala que, en un 30% de los casos, la obtención de los permisos necesarios puede demorarse hasta un año.

Aunque el Ministerio de Transformación Digital reconoce la problemática y trabaja en soluciones, su capacidad de influencia sobre los ayuntamientos es limitada. La patronal sectorial DigitalES está promoviendo que se armonicen las normativas municipales, pero la solución definitiva parece estar aún lejos.

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La CNMC ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley (APL) de Movilidad Sostenible.
 
El APL pretende reorientar la movilidad de los ciudadanos hacia modos de transporte que reduzcan la contaminación y potencien la cohesión social y territorial; fortalecer los mecanismos de coordinación y rendición de cuentas en el diseño y gestión de las infraestructuras; potenciar la intermodalidad y el uso de medios de transporte más sostenibles; imponer mayor racionalidad en el mapa concesional de líneas regulares de transporte de viajeros por carretera y favorecer la innovación a través de los “bancos de pruebas” o “sandboxes” regulatorios.

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