Ciudad de México. Al cierre del CLTD 2026 y el M360, reguladores, operadores y organismos multilaterales coincidieron en que América Latina enfrenta una transición crítica para redefinir sus marcos regulatorios, reducir cargas administrativas y garantizar la sostenibilidad financiera de las telecomunicaciones frente al crecimiento acelerado del tráfico y la Inteligencia Artificial (IA).

Felipe Díaz, director ejecutivo de la Comisión de Regulación y Comunicaciones (CRC) de Colombia, y Hernán Verdaguer, director ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Personal Argentina, advirtieron que la región necesita una regulación más flexible, enfocada en riesgos reales y capaz de facilitar inversiones de gran escala.

Díaz explicó que Colombia atraviesa una reconfiguración estructural de sus mercados de telecomunicaciones tras la consolidación del sector registrada el año pasado, lo que obligó al regulador a replantear su estrategia.

“Colombia está dando una modificación estructural asociada no solamente con cómo está siendo la regulación, sino con toda la dinámica de los mercados”, afirmó.

El directivo de la CRC señaló que el regulador colombiano busca abandonar modelos regulatorios rígidos y avanzar hacia decisiones basadas en evidencia y análisis granular de mercado.

Como parte de ese proceso, la CRC inició un piloto de automatización de reportes regulatorios para reducir cargas administrativas tanto para operadores como para el propio regulador.

“¿Qué queremos con esto? Reducir cargas regulatorias para nuestros agentes, reducir cargas y costos para el regulador y poder tomar decisiones más oportunas”, explicó.

También lee: El nuevo paradigma para el éxito del espectro en América Latina

La estrategia incluye revisar qué información realmente es útil y eliminar procesos burocráticos innecesarios. Además, la CRC trabaja en un observatorio de rivalidad competitiva que permita detectar riesgos de coordinación entre actores y monitorear dinámicas de inversión.

Díaz defendió también un enfoque regulatorio basado en riesgos, especialmente en mercados con comportamientos diferenciados entre regiones y ciudades.

“Necesitamos hacer una regulación no solamente con características diferenciales, sino orientada a eso”, señaló.

Como ejemplo, indicó que en algunas ciudades colombianas las velocidades reales superan ampliamente los parámetros regulatorios mínimos. “Tengo promedios de velocidad de descarga en algunas ciudades de 20, pero mi marcador regulatorio es de 8”, dijo.

En ese contexto, cuestionó mantener obligaciones regulatorias uniformes en mercados donde la competencia ya está funcionando. “Lo que sí crea es un boquete y un exceso de actividad y de gasto de recursos”, añadió.

La escala se vuelve indispensable

Por su parte, Hernán Verdaguer alertó que América Latina enfrenta obstáculos estructurales que amenazan la sostenibilidad del ecosistema digital, entre ellos altos costos de espectro, complejidad regulatoria y falta de certidumbre jurídica.

El ejecutivo remarcó que la región necesita operadores con mayor escala para sostener el ritmo de inversión que exigen 5G, la digitalización y la Inteligencia Artificial.

“Sin operadores sólidos no hay posibilidad de sostener el crecimiento del ecosistema”, afirmó.

Relacionado: Daniel Hajj llama a replantear regulación y espectro para evitar rezago digital en América Latina

Verdaguer destacó que el tráfico en las redes crece exponencialmente, mientras las inversiones no avanzan al mismo ritmo. “El tráfico crece de forma exponencial, pero la inversión de redes no acompaña en ningún ritmo”, advirtió.

También alertó que las redes ya no sólo conectan usuarios, sino que soportan nuevas responsabilidades vinculadas con ciberseguridad, procesamiento de datos y servicios digitales avanzados.

Además, insistió en que el modelo regulatorio actual mantiene asimetrías frente a plataformas digitales y nuevos actores tecnológicos que también capturan valor del ecosistema.

“No puede haber reglas distintas para actores que compiten por el usuario final o capturan valor en el mismo sistema”, sostuvo.

Incluso, afirmó que los operadores siguen cargando prácticamente solos con las obligaciones regulatorias. “La mochila siempre la cargan los operadores”, expresó.

Verdaguer añadió que la expansión de la IA incrementará aún más la presión sobre la infraestructura. “La Inteligencia Artificial nos está llenando aún más las redes y eso nos requiere escala para lograr sostenibilidad”, indicó.

Espectro caro y rezago en 5G

El debate también abordó el problema histórico del costo del espectro radioeléctrico en México.

Gabriel Contreras, vicepresidente Regulatorio y de Asuntos Externos de AT&T, aseguró que el modelo actual de valoración del espectro limita directamente el despliegue de redes y el avance de 5G.

“A México le hubiera salido más barato regalarlo porque hubiera sido plenamente aprovechado por los usuarios mexicanos”, afirmó.

Contreras señaló que México opera con apenas 428 MHz asignados para servicios móviles, pese a que la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda más de 1,700 MHz.

Desde la perspectiva regulatoria, Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), adelantó que el país prepara tres procesos de licitación de espectro, incluyendo bandas para usos industriales, backhaul y servicios IMT, con el objetivo de atraer nuevos jugadores y mejorar la competencia.

Inclusión digital y demanda significativa

En paralelo, Yolanda Martínez, gerenta de Prácticas de Desarrollo Digital en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, subrayó que la inclusión digital no puede limitarse únicamente a conectar personas, sino que debe generar valor concreto para ciudadanos y economías. “El 32% de gente que tenía Internet no la usa porque no había ningún valor en ella”, alertó.

La representante del Banco Mundial destacó proyectos regionales vinculados con identidad digital interoperable, capacitación y TV 3.0 en Brasil, donde se desplegará un programa de servicios digitales para 93 millones de hogares.

En suma, entre los panelistas, el consenso fue que la región enfrenta un dilema: aumentar inversión, cobertura y capacidad tecnológica en medio de mayores exigencias regulatorias y una creciente presión sobre las redes, derivada de la Inteligencia Artificial y la digitalización.

Tanto reguladores como operadores concluyeron que América Latina necesita regulaciones más ágiles, menor burocracia, condiciones de inversión sostenibles y una visión regional capaz de generar escala para competir en la nueva economía digital.

Buenos Aires. Expertos en regulación e infraestructura digital coincidieron en que la incertidumbre y la sobrecarga normativa son los principales obstáculos para el desarrollo de la conectividad y el despegue de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina.

Especialistas debatieron sobre las estrategias necesarias para impulsar la inversión, la competencia y la certeza jurídica en la región durante el Argentina Digital Summit 2026, organizado por DPL Group.

Cristhian Lizcano Ortiz, consultor de asuntos jurídicos regulatorios, señaló que la región padece una gran sobrecarga normativa para los operadores de redes de telecomunicaciones, por lo que la mejor forma de dinamizar el sector es la simplificación.

Para ello, Lizcano Ortiz propone la revisión de cargas, la aplicación de sandboxes regulatorios, y la reducción de cargas fiscales, impositivas y locales. Además, enfatizó la necesidad de una mejor gestión de los costos del espectro, vinculándolos a obligaciones de cobertura.

Juan Ignacio Crosta, director de BlueNote Management Consulting, analizó los modelos de financiamiento de infraestructura digital, destacando que el modelo privado ha sido el dominante y más exitoso.

Dijo que los catalizadores del modelo privado han sido la estimación de la demanda, un marco regulatorio estable en costos y un ecosistema definido. Respecto a la “autopista de IA”, sugirió que cuanto menos se intervenga en el marco regulatorio, mejor será, y descartó la aplicación directa del modelo híbrido (inversión pública-privada).

Enrique González, socio director de EFTS Group, afirmó que el verdadero problema no es la falta de capital, sino la falta de certidumbre.

El experto detectó una deficiencia de información, datos y evidencia empírica verificable que está fragmentada entre el sector privado, el oficial y la academia. Dijo que para mitigar la incertidumbre y atraer decisiones de inversión, considera esencial un gran esfuerzo regional en la integración de esta información para crear métricas confiables y actualizadas.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, usó a Chile como ejemplo de éxito en la región, donde la inversión privada alcanza 97% del total y el país tiene uno de los costos de GB más baratos.

Atribuyó este logro a una visión estratégica de largo plazo sostenida y, fundamentalmente, a la “certeza regulatoria,” que mantiene las garantías jurídicas y los tiempos de inversión.

Niccoló Comini, especialista senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial, indicó que la “carretera de la IA” debe fundamentarse en conectividad asequible y marcos robustos de protección de datos y ciberseguridad.

Subrayó que el rol de los organismos multilaterales es reducir el riesgo para las inversiones, apoyar a los países en crear entornos habilitantes y facilitar la coordinación público-privada para que se invierta donde el sector privado no lo hacía.

Por su parte, Inmaculada Cava, analista política de la OCDE, se centró en Colombia, indicando que, si bien la conectividad es un claro habilitador de la IA, los resultados en el país siguen siendo insuficientes.

La especialista destacó la baja calidad de la conectividad móvil, sobre todo en zonas rurales, y señaló la concentración en el mercado móvil como un desafío estructural que limita la competencia, la innovación y potencialmente la inversión. Concluyó que se requieren marcos regulatorios más ágiles que promuevan la competencia.

Prensa Libre

El Banco Mundial proyecta que Latinoamérica y el Caribe crecerán 2.1% en el 2026, en un contexto marcado por endeudamiento elevado, menor dinamismo externo y nuevas presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente. Para Guatemala mantiene sus proyecciones.

Lee más.

El Mundo

El Banco Mundial aprobó dos préstamos a El Salvador: uno de $501 millones destinado a educación y otro de $100 millones para impulsar el crédito de pequeñas empresas.

Ambas operaciones fueron aprobadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El programa de educación se implementará entre 2026 y 2031 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, mientras que el préstamo para las empresas será otorgado al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).

Leer más: https://diario.elmundo.sv/economia/banco-mundial-aprueba-601-millones-en-prestamos-para-educacion-y-mipymes-en-el-salvador

Cartagena, Colombia. El especialista senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial, Niccolò Comini, destacó en su keynote en el Colombia Digital Summit que la transformación digital se ha convertido en la principal puerta de desarrollo, aunque implica costos estructurales significativos. En ese sentido, subrayó que el sector de telecomunicaciones en Colombia enfrenta una tensión clave: “Se recauda en pesos, pero se construye en dólares”, con cerca del 80% de la infraestructura dependiendo de insumos del mercado global.

En este contexto desafiante, Comini resaltó que el sector ha mantenido un ritmo de inversión sostenido del 6.4% anual, incluso atravesando periodos de devaluación, lo que calificó como un “esfuerzo titánico” tanto del sector público como del privado. En paralelo, señaló que la inversión estatal ha crecido un 18% en los últimos años, consolidando un modelo híbrido donde el Estado asume el financiamiento en zonas de baja rentabilidad, mientras que el sector privado aporta escala y capacidad financiera. Como ejemplo, mencionó la necesidad de al menos 100 millones de dólares en capex y opex para cerrar la brecha digital en regiones como la Amazonía.

El representante del Banco Mundial enfatizó que alcanzar el acceso universal al mundo digital requiere la participación coordinada de todos los actores. “Si se quiere alcanzar acceso universal a mundo digital se necesita todos los actores, públicos y privados”, agregó.

Afirmó que la institución busca actuar como catalizador mediante modelos de financiamiento combinado que reduzcan la fricción del capital y potencien el crecimiento del sector. Entre los principales desafíos, señaló la sostenibilidad del modelo público-privado, la necesidad de financiar infraestructura como base del desarrollo de la Inteligencia Artificial y la construcción de una alianza amplia por la equidad digital.

La mayoría de los países de América Latina presentan un nivel de madurez extenso o significativo en la transformación digital del sector público, lo que quiere decir que, cada vez más, están adoptando tecnologías digitales para modernizar la gestión gubernamental y su relación con la ciudadanía.

El Índice de Madurez GovTech (GTMI) 2025 del Banco Mundial revela que aproximadamente la mitad de las economías latinoamericanas se encuentran en los grupos A (madurez extensa) o B (madurez significativa). 

Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay están en el grupo A, mientras que en el grupo B se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala y Paraguay.

El Índice mide la madurez digital del sector público basado en 48 indicadores clave divididos en cuatro áreas fundamentales: sistemas gubernamentales centrales, prestación de servicios públicos en línea, participación digital ciudadana y habilitadores de GovTech.

La región ha avanzado significativamente en la implementación de Nubes gubernamentales e infraestructura de interoperabilidad, facilitando que distintas dependencias compartan datos y servicios.

Destacado: Cómo GovTech e IA pueden revolucionar la forma en que los gobiernos atienden a la ciudadanía

Además, el índice destaca que hay una alta adopción de servicios en línea para trámites críticos, como el pago de impuestos y sistemas de identidad digital, con países como México y Brasil liderando en integración tecnológica.

Sin embargo, la región también enfrenta desafíos críticos en participación ciudadana y una disparidad creciente entre economías de distintos ingresos. El Índice de Participación Digital Ciudadana se mantiene como el componente menos maduro tanto a nivel global como en América Latina.

El Banco Mundial advierte sobre dificultades en el mantenimiento de los portales de datos abiertos. Un 19% de las economías a nivel mundial enfrentó retos para mantener estas plataformas, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas.

No obstante, hubo una mejora del 13% en la adopción de sistemas para capturar la retroalimentación de los ciudadanos.

Nuevas fronteras: IA y tecnología verde

A nivel global, el avance en GovTech desde 2022 ha sido positivo pero desigual, marcando una “creciente brecha digital”. Las economías de ingresos altos han avanzado, pero las de bajos ingresos han retrocedido: mientras Europa, Asia Central y América del Norte lideran, África se queda atrás.

En especial, la diferencia de puntuaciones entre el grupo A y el grupo D (madurez baja) aumentó, lo cual implica que la brecha digital se ha profundizado en los últimos años.

Por otro lado, por primera vez, el GTMI incluyó indicadores sobre Inteligencia Artificial (IA) y Green Tech.

Los resultados muestran que el 45% de las economías a nivel global ya cuentan con guías éticas para el uso de IA en el sector público, mientras que un 42% posee políticas para integrar tecnología verde en sus iniciativas GovTech.

Te recomendamos: OCDE: gobiernos van rezagados en adopción de IA pese a su enorme potencial

Aunque existe entusiasmo por la Nube y la IA, las bases del gobierno digital están fallando en las regiones más vulnerables. De acuerdo con el Índice, se registraron caídas en la implementación de sistemas de nómina (11%) y gestión de recursos humanos (10%), especialmente en países afectados por fragilidad, conflicto y violencia.

Y casi el 50% de las economías aún no ha implementado sistemas críticos como la Nube Gubernamental o marcos de interoperabilidad, lo que limita drásticamente su eficiencia operativa.

Otro de los hallazgos del Banco Mundial es que el enfoque de la digitalización en “todo el gobierno” es el estándar ideal para reducir costos y evitar la duplicidad, pero su implementación real es mínima.

Sólo 46 economías (23% global) han institucionalizado realmente este enfoque de integración total. Aunado a ello, muchas estrategias nacionales de GovTech están desactualizadas y no reflejan la rapidez de la evolución tecnológica actual.

El gobierno brasileño dio un paso decisivo para hacer realidad la TV 3.0, la nueva generación de la televisión abierta. La Comisión de Financiamientos Externos (Cofiex) aprobó la solicitud del Ministerio de las Comunicaciones para captar hasta US$ 500 millones de organismos internacionales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Los recursos estarán destinados a la modernización de la infraestructura de transmisión en el país y a la implementación del nuevo estándar tecnológico.

El financiamiento forma parte del Programa de Modernización de la Infraestructura de la Televisión Abierta Brasileña para la Inclusión Digital y permitirá que las emisoras inicien la transición hacia la TV 3.0, que integra radiodifusión e Internet. La estructuración de la operación está a cargo del Ministerio de las Comunicaciones, a través de la Secretaría de Radiodifusión, y cuenta con la participación del BID y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, brazo financiero del Banco Mundial.

Según el ministro de Comunicaciones, Frederico de Siqueira Filho, la propuesta busca ampliar las fuentes de financiamiento para garantizar que la nueva tecnología llegue al mayor número posible de brasileños. Afirma que la TV 3.0 debe transformar la experiencia de ver televisión, con mayor interactividad e integración digital, y destaca que Brasil se posiciona a la vanguardia en América Latina y entre los países del BRICS.

Con la aprobación de la Cofiex, el proceso pasa ahora a la Casa Civil, que será responsable de enviar el Mensaje Presidencial al Senado Federal. Corresponde a los senadores autorizar la contratación del crédito externo, conforme a la legislación vigente.

El Ministerio evalúa que el financiamiento tiene un carácter estructurante, ya que la televisión abierta sigue siendo el medio de comunicación más accesible del país. La expectativa es que los recursos apoyen la actualización de la infraestructura de transmisión y contribuyan a ampliar la inclusión digital, sin restricciones regionales. En una primera etapa, las inversiones deberían concentrarse en las grandes regiones metropolitanas, donde el impacto social tiende a ser mayor.

Estudios del Foro del Sistema Brasileño de Televisión Digital indican que serían necesarios alrededor de R$ 3,850 millones para cubrir de forma integral las principales regiones metropolitanas. De este modo, el financiamiento de hasta US$ 500 millones permitiría viabilizar la fase inicial del proyecto, alcanzando aproximadamente al 15% de la población, con expansión prevista para etapas posteriores. 

Además de los recursos externos, el gobierno también trabaja en la estructuración de líneas complementarias junto al BNDES para apoyar la transición de las emisoras.

En el plano institucional, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) pasa a integrar el Comité Ejecutivo de Gobernanza de la Plataforma Común de Comunicación Pública y Gobierno Digital de la TV 3.0.

La designación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y prevé la participación del consejero Octavio Penna Pieranti como titular y de Vinícius Caram como suplente. El comité reúne a representantes de organismos de los tres Poderes y será coordinado por la Secretaría de Políticas Digitales de la Secom.

La plataforma, prevista en el decreto que reglamentó la TV 3.0, deberá funcionar como un entorno digital basado en aplicaciones, reuniendo contenidos audiovisuales y servicios públicos accesibles directamente a través del televisor, con interactividad mediante Internet. Las primeras transmisiones de la TV 3.0 están previstas para el primer semestre de 2026, inicialmente en las grandes capitales, marcando la mayor transformación de la televisión abierta brasileña desde la digitalización.

O governo brasileiro deu um passo decisivo para tirar do papel a TV 3.0, nova geração da televisão aberta. A Comissão de Financiamentos Externos, a Cofiex, aprovou o pedido do Ministério das Comunicações para captar até US$ 500 milhões junto a organismos internacionais, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial. Os recursos serão destinados à modernização da infraestrutura de transmissão no país e à implantação do novo padrão tecnológico.

O financiamento faz parte do Programa de Modernização da Infraestrutura de Televisão Aberta Brasileira para Inclusão Digital e permitirá que emissoras iniciem a transição para a TV 3.0, que integra radiodifusão e internet. A articulação da operação é conduzida pelo Ministério das Comunicações, por meio da Secretaria de Radiodifusão, e envolve o BID e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, braço financeiro do Banco Mundial.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a proposta é ampliar as fontes de financiamento para garantir que a nova tecnologia chegue ao maior número possível de brasileiros. Ele afirma que a TV 3.0 deve transformar a experiência de assistir televisão, com mais interatividade e integração digital, e destaca que o Brasil sai na frente na América Latina e entre os países do BRICS.

Com a aprovação da Cofiex, o processo agora segue para a Casa Civil, que ficará responsável por encaminhar a mensagem presidencial ao Senado Federal. Cabe aos senadores autorizar a contratação do crédito externo, como prevê a legislação.

O ministério avalia que o financiamento tem caráter estruturante, já que a TV aberta segue sendo o meio de comunicação mais acessível no país. A expectativa é que os recursos apoiem a atualização da infraestrutura de transmissão e contribuam para ampliar a inclusão digital, sem restrição regional. Em um primeiro momento, os investimentos devem se concentrar nas grandes regiões metropolitanas, onde o impacto social tende a ser maior.

Estudos do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital indicam que seriam necessários cerca de R$ 3,85 bilhões para cobrir integralmente as principais regiões metropolitanas. Com isso, o financiamento de até US$ 500 milhões permitiria viabilizar a fase inicial do projeto, alcançando aproximadamente 15% da população, com expansão prevista para etapas posteriores. Além dos recursos externos, o governo também trabalha na estruturação de linhas complementares junto ao BNDES para apoiar a transição das emissoras.

No campo institucional, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) passa a integrar o Comitê-Executivo de Governança da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital da TV 3.0. 

A designação foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a participação do conselheiro Octavio Penna Pieranti como titular e de Vinícius Oliveira Caram Guimarães como suplente. O comitê reúne representantes de órgãos dos três Poderes e será coordenado pela Secretaria de Políticas Digitais da Secom.

A plataforma, prevista no decreto que regulamentou a TV 3.0, deve funcionar como um ambiente digital baseado em aplicativos, reunindo conteúdos audiovisuais e serviços públicos acessíveis diretamente pela televisão, com interatividade via internet. As primeiras transmissões da TV 3.0 estão previstas para o primeiro semestre de 2026, inicialmente nas grandes capitais, marcando a maior mudança na televisão aberta brasileira desde a digitalização.

 “Invertir en la infraestructura digital sí vale la pena, ya que es un insumo esencial para un desarrollo socioeconómico inclusivo”, asentó Niccoló Comini, especialista Senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial.

Durante el keynote que dictó en el marco de México Digital Summit 2025, Comini destacó que esto es crítico, sobre todo en América Latina, una región que se caracteriza por ser muy desigual.

Ciudad de México. “Invertir en la infraestructura digital sí vale la pena, ya que es un insumo esencial para un desarrollo socioeconómico inclusivo”, asentó Niccoló Comini, especialista Senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial.

Durante el keynote que dictó en el marco de México Digital Summit 2025, Comini destacó que esto es crítico, sobre todo en América Latina, una región que se caracteriza por ser muy desigual.

Comini explicó que el concepto de infraestructura digital ha cambiado mucho en los últimos años, ha evolucionado y continúa en desarrollo perpetuo. Y su universo es muy amplio y complejo, pues comienza debajo de los océanos, con los cables submarinos, y termina en los Centros de Datos.

La ambivalencia de la inversión 

El especialista expuso que los beneficios de invertir en infraestructura digital son claros y tangibles y, en caso de que se realice correctamente, puede beneficiar a toda la población. No obstante, advirtió que también existe la contraparte, pues se corre el riesgo de ampliar las brechas existentes y profundizar la desigualdad entre regiones y grupos sociales.

Por ello, dijo, una infraestructura digital de calidad no sólo tiene un efecto económico, sino también en otros sectores, como la salud y la educación. Y, por lo tanto, advirtió que si se quiere lograr un desarrollo verdaderamente inclusivo, es necesario garantizar el mismo nivel de calidad básica a todas las zonas del país.

Enseguida se plantea el interrogante de quién debe financiar la inversión, que es de una magnitud y tiene unos desafíos enormes. La respuesta es todos los actores, aseveró: sector público, privado y organismos multilaterales.

Comini informó que en América Latina se estima que se necesitan hasta 159,000 millones de dólares para alcanzar los niveles de cobertura y penetración proyectados para 2030.

“El sector privado tiene un papel central y debemos seguir trabajando para fortalecer los incentivos a su inversión”, aseveró, y detalló que no sólo las de las grandes empresas, sino también las de los operadores pequeños y medianos.

El rol del sector público, arguyó, es favorecer la creación de un entorno amigable para la inversión, con marcos regulatorios claros y certeza regulatoria. Y, por supuesto, la banca multilateral. En específico dijo que, desde el Banco Mundial, apoyan la inversión digital con más de 3,000 millones de dólares en proyectos en todo el mundo, sin tomar en cuenta los Data Centers.