La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) reconocieron los avances en telecomunicaciones y radiodifusión que han hecho las políticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que llamaron a que permanezca el regulador de manera independiente al Ejecutivo. 

Enrique Yamuni, presidente de la Canieti, recordó durante la presentación del libro “10 años de política regulatoria y de competencias en las telecomunicaciones y radiodifusión con beneficio social” del IFT, que quien regulaba las telecomunicaciones, pasó de ser un órgano desconcentrado, dependiente del Ejecutivo, a un órgano completamente autónomo y eso ayuda en buscar una regulación que sea más enfocada a lo que es el desarrollo y no estar sujeto a los vaivenes del sexenio o de la política.

“Lo importante de la reforma es que el IFT es un órgano completamente independiente y esperamos que así siga. Es sumamente importante que en una democracia tengamos órganos reguladores completamente independientes del Ejecutivo para asegurarnos que las políticas que se implementen sigan las tendencias mundiales de progreso y no las ideologías que pudiera tener un régimen, cualquiera que sea”, comentó Yamuni. 

Alexia González, jefa de la Unidad de Infraestructuras y Servicios de Comunicación de la OCDE, destacó la importancia que ha tenido el IFT en sus regulaciones que tienen un objetivo social. 

“Es importante esa palabra ‘con beneficio social’. Estamos de acuerdo con que sin conectividad no hay transformación digital ni tampoco Inteligencia Artificial, y tampoco hay inclusión social. La pregunta es cómo extender la banda ancha y cerrar las brechas, y una respuesta es el fomento a la competencia y la inversión. Los resultados muestran qué se puede lograr cuando las políticas públicas se formulan con base en la evidencia”, comentó la especialista. 

Por su parte, Javier Juárez Mojica, presidente comisionado del IFT, refirió algunos datos de los avances que ha permitido las regulaciones del Instituto. 

“Tarifas más asequibles y servicios de mayor calidad para las personas. Cuando los hechos hablan, las palabras pierden importancia. Hay más de 97 millones de personas conectadas a Internet, 94 millones de personas usuarias de telefonía celular, más de 34 millones de hogares contaban con al menos un televisor, el número de accesos de banda ancha fija pasó de 11.6 millones en primer trimestre del 2013 a 26 millones crecimiento de más de 126 por ciento”, comentó Juárez Mojica. 

Desde el inicio de la presente administración sexenal los órganos autónomos creados en la Constitución General de la República han sufrido desafíos de diversa índole.

Se han expresado ideas en torno a desaparecerlos o fusionarlos con entes dependientes de la Administración Pública Federal, bajo lógica utilitaria, pues no se estiman necesarios en el nuevo orden.

El primer afectado fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa creado en 2002 como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública. Luego dotado de autonomía con la reforma al artículo 3º constitucional, del 6 de febrero de 2013, como ente evaluador de la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, finalmente disuelto al inicio del sexenio actual con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, al estimarse un atropello someter a los docentes a evaluación para determinar su permanencia en el sistema.

Por ahora, con cuestionamientos cada vez más frecuentes y violentos al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre los más socorridos, los restantes permanecen intocados debido a que en la elección federal intermedia ninguna fuerza política representada en el Congreso de la Unión obtuvo el número de votos suficientes para concretar, por sí, una reforma constitucional, lo cual implica un impedimento formal: si la Constitución los creó, sólo la Constitución los modifica o suprime, lo que no ha sido obstáculo para diatribas constantes en las “mañaneras” y en otros foros.

La justificación y los caracteres esenciales de las denominadas “autoridades independientes” o entes reguladores dotados de autonomía en diversos grados ha sido objeto de estudio de investigadores en México y en el extranjero: María del Pilar Hernández^[i] y Susana Thalía Pedroza^[ii] de la Universidad Nacional Autónoma de México; Jorge Culebro y Christian González de la Universidad Autónoma Metropolitana;^[iii] Marshall Breger de Columbus School of Law,^[iv] Andrei Shleifer de Harvard University,^[v] Cris Pichvance de Kent University,^[vi] Paul R. Verkuil de Tulane University,^[vii] y María Salvador de la Universidad de Alcalá de Henares,^[viii] sin que el listado sea exhaustivo.

Los documentos de trabajo describen las necesidades que les dieron origen, la naturaleza jurídica y las particularidades esenciales, además del grado de eficacia en la gestión. La doctrina refiere que en Europa y en Estados Unidos dichos entes ejercen función reguladora en ciertas áreas o sectores de los ámbitos público y privado y también prestan servicios, en los que mantienen vínculos estrechos con los poderes estatales, los que establecen su marco normativo y de los cuales no se desvinculan del todo.

De modo similar ocurre en el modelo organizativo mexicano, en el cual la regulación recayó en sede de órganos administrativos equiparables con las autoridades independientes del extranjero, que cuentan con grado de independencia técnica, orgánica y funcional, pero que observan vinculación con alguno de los poderes clásicos o tradicionales.

Como ejemplo, los reguladores coordinados en materia energética dependientes del Ejecutivo federal: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ambos con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión. En el ámbito del Legislativo la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales. En el Poder Judicial de la Federación el Consejo de la Judicatura Federal con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones, encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial (arts. 28,  79 y 100 de la Constitución General de la República, en ese orden).

Pero desde la década de los años noventa, la normativa evoluciona e incorpora órganos reguladores creados de forma directa en la Constitución, dotados de autonomía de igual rango, los cuales ejercen una porción de la función del Estado desagregada de los poderes clásicos o tradicionales, los que responden a un nuevo diseño organizacional que excluye la intervención política de la gestión del ente.

Y es que la función pública emergente^[ix] es una forma de organización desplegada en sede de órganos instituidos y estructurados en el texto constitucional que los dota de autonomía plena y sitúa en la “escala” más alta de la independencia funcional.

Las corporaciones creadas de este modo son indispensables en la evolución del Estado constitucional contemporáneo,^[x] donde las funciones de control, de registro y de fiscalización, entre otras, coexisten con la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional en beneficio del interés general.^[xi]

Sin vínculos con el gobierno en el desarrollo de la gestión acotan el poder del Presidente de la República, pues la carta federal les delega una porción de tarea estatal que desea excluirse de la intervención política, de la acción gubernativa; tal vez éste sea uno de los motivos del rechazo.

La idea central es que con la toma de decisiones de corte técnico se asegure neutralidad ante influencias de toda índole: internas y externas, públicas o privadas, de hecho o de derecho.

Para los efectos antedichos, la Constitución establece el perfil técnico especializado de los titulares, la forma de designación con la colaboración entre poderes, que no responde a la jerarquización administrativa tradicional, por ende, los comisionados no pueden removerse por decisión del Ejecutivo.

La Carta Magna también determina la duración en el cargo. Los faculta para el dictado de sus resoluciones con independencia y el ejercicio del presupuesto asignado de forma autónoma, además de conferirles aptitud de emitir el estatuto orgánico que desarrolle la estructura y las unidades administrativas de cada órgano y, en general, los dota de competencia para el ejercicio de sus atribuciones, facultades y procedimientos a cargo.

En suma, les confiere competencias similares a los poderes estatales:^[xii] emitir normas, aplicar la normativa y adjudicar derechos. De tal forma, las decisiones en áreas estratégicas, sectores, actividades o servicios públicos relevantes quedan delegadas en expertos que toman decisiones de forma colegiada y consensuada sin considerar los intereses del partido en el poder o de personas o grupos económicos.

En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el artículo 28 constitucional le asegura potestad para desplegar “un contenido, fijo, mínimo e inderogable”^[xiii] de independencia regulatoria, oponible incluso al Congreso de la Unión, como lo evidencia la sentencia pronunciada en el amparo en revisión 1031/2019, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuenta con la aptitud de delimitar procedimientos de vigilancia y sanción de los derechos de las audiencias en el ámbito de los servicios públicos de radiodifusión; uno de los apartados de la competencia robusta que ejerce.

Más aún, el fallo sostiene que la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión llevada a cabo por el legislativo federal, el 31 de diciembre de 2017, vulneró la prohibición de regresividad de los derechos humanos.

En estas últimas fechas, dos reguladores están al borde de la parálisis administrativa, en razón de que los órganos colegiados que los dirigen cuentan con un mínimo de integrantes: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el IFT, pues no se han realizado las designaciones previstas en el artículo 28 párrafo vigésimo, fracción XII, de la Constitución para integrar debidamente los órganos de gobierno con siete comisionados cada uno, como ordena el numeral, los que designa el Ejecutivo federal y cuya decisión ratifica el Senado.

La presidencia de los dos entes está cubierta de manera interina; en Cofece, por la comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez, desde el 10 de septiembre de 2021,^[xiv] y en IFT por el comisionado Adolfo Cuevas Teja, desde el 1 de marzo de 2020.

En comunicado oficial, este último órgano informa que el “proceso para designar al Comisionado Presidente se encuentra en curso, de acuerdo con lo aprobado por el Senado, el pasado 25 de febrero”.^[xv] Desde esa fecha ya transcurrieron 1 año y 8 meses. Ambos órganos cuentan con sólo cuatro de los siete miembros ordenados en la Constitución y la legislación secundaria que los rige.

Con todo y faltantes han seguido operando; sin embargo, para la toma de algunas decisiones, la Ley Federal de Competencia Económica ordena contar con cinco votos, como ejemplo: emitir resoluciones relativas a procedimientos para determinar barreras a la competencia e insumos esenciales y disposiciones regulatorias, además de designar al titular de la Autoridad Investigadora (art. 18). El servidor que ocupaba el cargo concluyó en el desempeño el 30 de junio del año en curso. El cargo también fue suplido por un interino, en tanto el Pleno designa a la persona que lo ocupará de forma definitiva.

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige que el órgano de gobierno de IFT se integre por cinco comisionados, aun y cuando pueda sesionar con tres. Fernando Borjón,^[xvi] en este mismo espacio, informa que le faltan dos comisionados a IFT y tres a la Cofece, lo que genera incertidumbre. Coincido, con una ausencia más el IFT quedará paralizado.

Los comisionados los designa el Ejecutivo federal, una vez que el Comité de Evaluación que determina el artículo 28 constitucional concluye la selección de los perfiles que acreditan la profesionalización y experiencia requerida, a partir de los candidatos y las candidatas que obtienen las máximas calificaciones en los exámenes de conocimiento para ocupar asientos en ambos órganos.

Las evaluaciones son rigurosas y se llevan a cabo ante notario público. Tan sólo para comisionado/a del IFT debe acreditarse experiencia teórica en tres áreas del conocimiento: economía, derecho y  telecomunicaciones, además de resolver un caso práctico.

Pese a que se han enviado al Ejecutivo cuatro listas de candidatos, las propuestas no se han concretado. Las dos últimas fueron sólo de mujeres, para observar el principio constitucional de paridad de género, pues todos los integrantes actuales del IFT son del género masculino.

Pero, qué pasa, qué ocurre si se incumplen las facultades/obligaciones constitucionales descritas, al grado de obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de ambos reguladores plasmadas en el apartado orgánico de la carta federal. La respuesta la da el artículo 105, fracción I: puede y debe promoverse una controversia constitucional. Ambos órganos autónomos cuentan con legitimación activa y la Suprema Corte con competencia para resolver el fondo.

En este momento, ya hay grado de afectación en las atribuciones de la Cofece. El IFT está al límite de sufrirla. ¿Hasta cuándo se tomará alguna decisión? La Constitución también puede desacatarse por omisión. Hasta ahora, la inacción implica suprimir de los órganos autónomos las aptitudes que el constituyente permanente les confirió; en concreto: cortarles las alas.

^[i] Hernández, Maria del Pilar (2021). “Potestad reguladora de los órganos constitucionales autónomos: a propósito de la Constitución de la Ciudad de México”, en Constitución de la Ciudad de México (coord. César Astudillo y Julio César Bonilla), México: Porrúa, pp.507-521.

^[ii] Pedroza, Susana Thalia (2002). “Los órganos constitucionales autónomos en México” (Serna de la Garza, José M. y Caballero Juárez, José A. edits.), en Estado de derecho y transición jurídica, México: UNAM.

^[iii] Culebro, Jorge E. y González, Christian. “Regulación y evolución de organismos reguladores en telecomunicaciones: el caso de México y Francia”, en Gest. polít. Pública [en línea], 2013, vol.22, n.1.

^[iv] Breger, Marshall J. & Edles, Gari, Established by practice: The theory and operation of independent federal agencies, 52 ADMIN. L. REV. 111 (2000), pp. 1112-1294. Disponible en: https://scholarship.law.edu/scholar/360/.

^[v] Shleifer, Andrei. (2005). Understanding regulation, en European Financial Management, vol. 11, n.4, pp. 439-451. Disponible en: https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/02_eufm00121.pdf.

^[vi] Pichvance, Chris. The four varieties of comparative analysis: the case of environmental regulation, 2005. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/279472109_The_four_varieties_of_comparative_analysis_the_case_of_environmental_regulation.

^[vii] Verkuil, Paul R. The purposes and limits of independent agencies, 1988, Duke Law Journal 257-279, Disponible en: https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol37/iss2/5/.

^[viii] Salvador Martínez, María (2002). Autoridades independientes. España: Ariel, pp. 339-340.

^[ix] Fernández, Jorge y Salgado, Eréndira (2009). Derecho administrativo del estado de Sinaloa, México: Porrúa, pp. 46 y ss.

^[x] Ugalde, Filiberto. “Órganos constitucionales autónomos”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, n. 29, enero de 2010, pp. 253-264.

^[xi] Conesa, Luisa y Gamboa, Diana. “¿Por qué defender los órganos constitucionales autónomos?”, en Revista Nexos, El juego de la Suprema Corte, 18 de febrero de 2019. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/por-que-defender-los-organos-constitucionales-autonomos/

^[xii] Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Tesis de Jurisprudencia P./J. 49/2015 (10a.) Libro 25, diciembre de 2015, tomo I, p. 40: reitera el carácter autónomo no subordinado del IFT, y le reconoce la aptitud de configurar el ordenamiento jurídico con regulación propia, al afirmar su función jurídica preponderante que conjunta las tres funciones estatales clásicas. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-03/AR-717-16-170324.pdf.

^[xiii] Hernández, Maria del Pilar, op. cit.

^[xiv]  El Financiero, Empresas, con información de Héctor Usla. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/10/cofece-ya-tiene-cabeza-brenda-hernandez-asume-como-comisionada-presidenta-suplente/).

^[xv] IFT, Comunicado 21, 1 de marzo de 2020. Disponible en: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-comisionado-adolfo-cuevas-teja-asume-la-presidencia-interina-del-instituto-federal-de

^[xvi] Borjon Figueroa, Fernando, “Incertidumbre en IFT y Cofece: plenos incompletos, en DPL News (30-IX-2021), https://dplnews.com/incertidumbre-en-ift-y-cofece-plenos-incompletos/.

Fayerwayer-York Perry

A todos nos ha sucedido. Pasamos por una jornada común y aparentemente inofensiva con nuestro smartphone, cuando nos damos cuenta que de la aparente nada la batería se ha gastado casi por completo.

La gran mayoría de las ocasiones esto se debe a alguna de las múltiples apps que tenemos instaladas y que desde su origen o debido a alguna actualización reciente han comenzado a drenar la energía de nuestro dispositivo.

Hay algunos males que resultan necesarios, y todos anhelamos que evolucione ya la tecnología con las baterías. Pero muchos de nosotros preferiríamos tener claras cuales son las aplicaciones que más demandan a la batería de los celulares.

Por fortuna alguien se ha tomado la molestia de realizar un estudio para encontrar a las 20 culpables mayores de esta situación.

Las 20 apps que más gastan la batería de tu smartphone

Sucede que los chicos de la firma pCloud acaban de publicar los resultados de su más reciente investigación. En donde se dedicaron a encontrar las 20 apps móviles más demandantes de energía.

El estudio es extenso y completo. De modo que para nuestra desgracia encontramos que muchas aplicaciones bastante populares y que medio mundo tiene en sus celulares protagonizan esta lista de la infamia.

De la más letal a la “menos” demandante. Estas son las 20 apps que más gastan la batería de tu smartphone:

1. Fitbit
2. Verizon
3. Uber
4. Skype
5. Facebook
6. Airbnb
7. BIGO LIVE
8. Instagram
9. Tinder
10. Bumble
11. Snapchat
12. WhatsApp
13. Zoom
14. YouTube
15. Booking.com
16. Amazon
17. Telegam
18. Grindr
19. Likke
20. LinkedIn

Como podemos observar hay dos factores predominantes en los hallazgos del estudio. Por un lado las apps desarrolladas por Facebook están terriblemente optimizadas.

Al mismo tiempo que las apps de citas como Tinder, Grindr o Bumble también serían de las más exigentes con la batería.

En casi todos los casos también coincide el hecho de que demandan la activación del GPS, lo que explica también todo. Aunque el estudio va más allá y hasta analiza la demanda de memoria también:

Según el análisis pues, las aplicaciones de redes sociales y las aplicaciones de citas son las más culpables de asesinar la batería de tu smartphone.

Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube y WhatsApp son apps que prácticamente medio mundo tiene. Así que es fácil encontrar al responsable de que cada 24 horas tengas que buscar donde conectar el cargador.

El punto clave en muchos casos son las funciones que se ejecutan en segundo plano aunque la app no esté abierta. Así que ahí también está una clara vía de solución temporal imponiendo algunas restricciones en los permisos de estas apps.

Igual si alguna de esas apps está en tu teléfono y nunca la usas es buen momento para eliminarla de una vez por todas.

Pandora, según la mitología griega, fue la primera mujer modelada a imagen y semejanza de los mortales, por el Dios del fuego Hefesto. El mito de Pandora comienza en el momento en el cual Zeus le entrega una caja para que se la lleve a Epimeteo. Dentro de la caja se encontraban todos los males existentes y tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia. Pandora tenía una gran curiosidad y finalmente no pudo resistir la tentación de abrir la caja. En ese momento todos los males se escaparon y se alojaron entre el género humano.

Es así que el 7 de enero surge una nueva Pandora, la iniciativa de extinguir los órganos constitucionales autónomos (OCAs): el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), trasladando sus facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), respectivamente.

Esta Pandora está empeñada en terminar con el ecosistema digital y la transparencia, no lo impulsa, no promueve, no trabaja. Desde finales de 2018 la política pública en temas de telecomunicaciones entró en un impasse. Lejos de progresar se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y todas las facultades quedaron dentro de una oficina en la Subsecretaría de Transportes, de la cual no se sabe nada.

Pandora preguntaba: ¿el trabajo del IFT no lo puede hacer la SCT? La respuesta es no, y no lo hizo en su momento. Existía una incapacidad notoria para regular el sector, permitió los monopolios de radiodifusión y el crecimiento desmedido de los preponderantes de telecomunicaciones, limitó la competencia económica, nunca en toda su gestión reguló de forma eficiente los mercados, se inhibieron las inversiones, eso sin mencionar el rezago en los trámites por la doble ventanilla.

Fue hasta el 2012 cuando la OCDE emitió el Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, donde realizó una serie de recomendaciones para contribuir a desarrollar la competencia en el país, entre ellas deslindar la política pública de la regulación y la vigilancia del mercado, que resultaba altamente nocivo.

Pandora preguntó: ¿Y por qué autónomo? ¿Para qué comunicaciones? Porque de la autonomía surge la soberanía nacional, surge el derecho de la ciudadanía por tener más y mejores servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, surge porque el gobierno mexicano se ha caracterizado por la corrupción e incompetencia, la autonomía surge para evitar los intereses políticos y el control de los mercados.

La autonomía de un organismo especializado es lo que realmente asusta a Pandora, le molesta, la enerva, pretende centralizar las decisiones y controlar su ejecución, no le importa destruir un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados técnicos que precisamente evitan la interferencia política. No le importa la regresión en derechos humanos, no le importa atentar contra los derechos de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de las audiencias, la libertad de expresión y de acceso a la información. No le importa el retroceso, ni la pérdida de protección de los derechos fundamentales.

Pandora: no te importa la franca violación al T-MEC, no puedes ser juez y parte, pero eres ambiciosa y controladora.

Pandora afirmó que eliminando el IFT sí ahorra. El argumento de ahorro administrativo en realidad provocaría un costo social monumental, se perderá toda eficacia en la tutela de derechos humanos, cierre de la brecha digital, protección del bienestar de los consumidores, así como la protección del proceso de competencia y libre concurrencia. Como mexicanos no debemos escatimar en la protección de nuestros derechos. Lo que Pandora quiere es quitar autonomía constitucional con el pretexto del ahorro, pero con un costo muy alto para los mexicanos.

Pandora clamaba por ahorros, cuando el IFT ingresó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) más de 23 mil millones de pesos, de enero a septiembre de 2020, por la revisión y cobro de uso de frecuencias de espectro radioeléctrico, aprovechamientos y trámites. ¿Dónde está ese dinero? Pandora, ¿no te alcanza? ¡Ay, Pandora!, hubieras estudiado más, sin duda los elementos que pusieron en la mesa no son válidos.

Por último, preguntaste: ¿El IFT ha hecho una muy buena labor? Sí, a siete años de su creación la caída de los servicios móviles fue de 43.9%, se reportaron importantes reducciones en los costos de los servicios de telecomunicaciones, la penetración de banda ancha móvil se multiplicó más de tres veces, la cobertura de 4G-LTE abarca zonas con el 90.8 por ciento de la población.

Gracias al IFT México fue el primer país en América Latina en realizar el apagón analógico, logró la licitación de una cadena nacional de radiodifusión después de muchos años de monopolio provocado por la mala administración en la SCT donde pretendes que regresemos.

Y lo más importante, en tan solo siete años desde su creación el IFT ha beneficiado cuantificable a los usuarios de poco más de 540 mil millones de pesos. Esto significa que, por cada peso que se destina al Instituto para su operación, la labor del IFT genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana.

Pandora llego en un momento totalmente inapropiado. La pandemia que vivimos ha traído innumerables retos que como sociedad hemos afrontado de la mano de las telecomunicaciones. En plena pandemia de Covid-19 el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado a la altura de las circunstancias tan desafortunadas. Las telecomunicaciones han sido el catalizador económico y Pandora viene a dar un golpe bajo.

Entrar en la discusión de esta iniciativa, carente de fundamentación jurídica, hecha a modo, con absoluto desconocimiento del sector, violatoria del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC​). Envía un pésimo mensaje a nivel internacional, quita toda certeza jurídica para la inversión y pone en riesgo el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Es aquí donde tenemos que ser irreductibles, no podemos obviar que este desmantelamiento de los órganos constitucionales autónomos abre la puerta a un impasse donde los beneficiados son los preponderantes, las empresas dominantes y los carteles que lógicamente existen en todos los sectores.

Cuando todos los males se escaparon Pandora tuvo miedo y cerró la caja, pero solamente pudo dejar un elemento sin escapar, la esperanza, lo que hizo que los humanos no la recibieran. Es por eso que siempre dicen: “aún queda esperanza”.

Un grupo de los fabricantes de autos más importantes del mundo, Ford, Bedrock y Bosch, informaron que están explorando tecnología de vehículos altamente automatizada en la ciudad de Detroit para ayudar a facilitar el estacionamiento, proyecto que podría cambiar los servicios de valet parking que conocemos en la actualidad.

Los vehículos de investigación Ford Escape están integrados con un conjunto de sensores basados ​​en infraestructura de Vehículo a Infraestructura (V2I) de Bedrock, que permite que los vehículos se conduzcan y se estacionen por sí mismos, dentro de un garaje cerrado.

Los sensores de infraestructura reconocen y localizan el vehículo para guiar su maniobra de estacionamiento, incluida la capacidad de evitar peatones y otros peligros. Si la infraestructura detecta algo en el camino del vehículo, puede detenerlo inmediatamente.

De acuerdo al comunicado conjunto, el proyecto de estacionamiento beneficiará a los conductores, al reducir el estrés de buscar un lugar para estacionar; mientras que los operadores de garaje y los residentes se benefician de las soluciones automáticas de estacionamiento con valet, que aumentan la capacidad de estacionamiento y ofrecen servicios para los vehículos mientras están estacionados.

“Además de reducir drásticamente el tiempo de estacionamiento, vemos esta solución como el primer paso para llevar estacionamiento automatizado a nuestra ciudad, brindando la máxima comodidad para nuestros inquilinos, visitantes, vecindarios y residentes”, comentó Heather Wilberger, directora de Información de Bedrock.

Como abogada me desconcierta lo que ocurre en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con preocupación académica estimo que las decisiones a lo interno del órgano regulador no son más que reflejo del desorden jurídico-administrativo que estamos viviendo, donde la creación normativa queda condicionada al grado de convertirse en material maleable al gusto de las autoridades de todos los órdenes y jerarquías.

Hoy en día, no solo el memorándum puede tener fuerza normativa, sino incluso las recomendaciones de algunas autoridades. Lo mismo da hacer leyes al vapor, por la vía rápida o fast track, que dictar decretos que nada expresan o reiteran lo dicho o, peor aún, de forma imaginativa pretender transformar la realidad con sólo modificar la legislación en atropello del orden jurídico. Se olvida que el derecho se compone no sólo de realidad y normas, sino también de valores (Gordillo), y estos últimos son más importantes que las primeras, aunque las palabras suenen anticuadas.

En fecha reciente, el Pleno del IFT modificó el Estatuto Orgánico que, desde 2013, rige sus atribuciones y facultades, mediante el Acuerdo/IFT010/720/189 publicado en el Diario Oficial del la Federación el 8 de julio de 2020. Lo anterior no resulta excepcional y mucho menos por fuera del orden legal, lo ha realizado en ocasiones anteriores: julio de 2014, julio de 2017, diciembre de 2018 y julio de 2020, como explicaré más adelante.

No obstante, en esta ocasión los comisionados inobservaron principios básicos que rigen el derecho y dejaron de lado la normativa que rige sus atribuciones y facultades, lo que motivó que el Senado de la República interpusiera juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte para cuestionar la validez de la decisión al estimar que violenta la división de poderes, vulnera el principio de legalidad e invade la esfera competencial conferida en la Constitución general de la República. La modificación de una sola fracción del Estatuto Orgánico, que impacta las facultades del Comisionado Presidente ha causado revuelo, en razón de que le suprime la aptitud de designar y remover al personal de alta dirección y libre designación y la transfiere al Pleno.

A simple vista, el cambio en la normativa parece menor y, a vuelo de pájaro, resulta hasta conveniente, pues favorece la decisión del órgano colegiado por sobre la personal.

Sin embargo, así no funciona el derecho, las decisiones de la autoridad deben ser razonadas y justificadas de acuerdo al orden legal, no producto de las circunstancias o de la conveniencia del momento. El regulador es una autoridad de orden constitucional cuya función dotada de autonomía es fundamental, pues como refiere García Pelayo, “participa en la elaboración y ejecución de políticas públicas y coadyuva en la formación de la voluntad del Estado”. De ahí su importancia y la moderación y pulcritud que deben sostener sus decisiones.

Como autoridad administrativa sólo puede actuar dentro del ámbito que la ley le atribuye; de ahí deriva la noción atribución, con sustento en la normativa y ejercerse en los términos que establezca: legalidad en el fondo y en la forma. La  conveniencia o el interés personales no sostiene en lo jurídico la decisión de ningún órgano del Estado, si bien quedan sujetas a criterios de oportunidad para la satisfacción de los fines que le son propios. En este caso, no se advierte el interés general que subyace en la decisión ni queda expresado en el acuerdo. Que la misma fuere colegiada tampoco la legitima.

Pero, ¿qué dispone el acuerdo aprobado por los comisionados con tanta premura, con cinco votos (de seis probables)? Podríamos suponer que regula un tema urgente para el ejercicio de las atribuciones constitucionales o legales de la institución, al grado de paralizar la operación y que, por tal razón, el pleno obrara de forma apresurada sin valorar la dimensión y alcance de la decisión, pero no fue así.

El acuerdo sólo modifica el artículo 6 del Estatuto Orgánico, cuyo acápite establece las atribuciones del Pleno del IFT en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Económica. Al mismo se le adicionó la fracción XXXVII Bis, que lo faculta para “designar a los titulares de unidad, coordinadores generales y directores generales del Instituto, así como resolver sobre su remoción”. La modificación no se explica ni justifica, ni siquiera en un análisis jurídico preliminar, en razón de que no falta Comisionado Presidente en el IFT, que justificaría la toma de la decisión urgente.

Veamos lo que ordena la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al respecto:

“Artículo 19. El Comisionado Presidente presidirá el Pleno y al Instituto. En caso de ausencia, le suplirá el comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad […].”

En este momento, por disposición expresa de la suplencia prevista en la ley, en los términos citados, el IFT cuenta con Comisionado Presidente: Adolfo Cuevas Teja, razón por la cual estimamos un despropósito mayúsculo pretender que no lo hay, y peor aún, además pretender que firmara el acuerdo que lo desconoce.

Si hay presidente, no existe urgencia alguna para designar otro. Con el carácter de suplente, el comisionado Cuevas cuenta con todas las facultades conferidas en la normativa. Ante los ataques que sufre el órgano regulador y otros entes autónomos, los integrantes del Pleno, en lugar de respaldarse y hacer un frente común para la defensa de la competencia constitucional y legal, con este acto evidencian que el interés suyo está en otro lado: en el reparto de los espacios de poder y en el fortalecimiento de sus posiciones, antes de que el Senado designe al comisionado restante y en su caso al Presidente del Pleno.

Como es de todos conocido, desde el 29 de febrero quien fungía como Comisionado Presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, concluyó su encargo, sin que se haya  designado a quien lo reemplace, en razón de que no se ha integrado el órgano de gobierno con el número de comisionados que ordena la normativa, por razones diversas. Debido a ello la necesidad de la suplencia, en términos de ley.

Un principo general del derecho afirma que cuando la ley no distingue, el intérprete no tiene que hacerlo. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece la suplencia por ausencia de forma expresa, sin que distinga las razones que motiven la ausencia que se cubrirá. Ésta puede producirse por demora en la designación del sustituto al término de la gestión para la que fue designado o bien por causa de muerte, enfermedad o accidente que imposibilite o invalide al designado para cumplir con el encargo.

Si la suplencia está contemplada de forma expresa por la ley y ésta no restringe ninguna facultad del Presidente con tal carácter, el Pleno carece de la aptitud legal de restringirla, y mucho menos con una interpretación “por mayoría de razón” de los textos constitucional y legales que no le corresponde realizarla ni se justifica, por más que lo intentaron en los párrafos sexto y séptimo del acuerdo multicitado.

La suplencia está prevista en la Ley de Telecomunicaciones (DOF, 14 de julio de 2014) y ninguna normativa de carácter inferior puede modificarla. El  artículo 20, fracción XIII, de la ley menciona los casos de excepción en que la facultad de nombramiento de puestos de alta dirección queda acotada (numerus clausus): cuando se trate de los miembros del Consejo Consultivo; del servidor público que funja como Secretario del consejo, y del Secretario Técnico del Pleno, al que sólo propone.

De aquí resulta claro que si el Pleno del IFT, aun por mayoría, suprime las facultades atribuidas en la ley, mismas que fueron determinadas por el legislador federal, por supuesto que actúa en afectación de la competencia del cuerpo deliberativo e invade sus atribuciones constitucionales, de ahí que la actuación antedicha resulte ultra vires, así sea tomada por mayoría o unanimidad. En ningún momento la Constitución o la legislación secundaria lo dotaron de dichas facultades, así fuere un caso de urgencia ni puede deducirlas por interpretación; mucho menos llevarla acabo con el ánimo deliberado de desacatar la ley. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordena, no sugiere.

Por supuesto que no se desconoce que la Suprema Corte, en jurisprudencias firmes ha vigorizado el marco de actuación del IFT, así como sus caracteres como organismo constitucional autónomo, no subordinado al legislativo, “dotado de competencias propias y con la aptitud de configurar el ordenamiento jurídico que lo rige con regulación propia” (P./J. 44/2015 y P./J. 49/2015).

En ellas ha afirmado la función jurídica preponderante del órgano, para el cumplimiento del mandato constitucional conferido y determina que “produce regulación interna”, pues emite su propio Estatuto Orgánico que es disposición administrativa de “carácter general para cumplir su función regulatoria en el sector de su competencia”. Por ende, está dotado de competencia para configurar el ordenamiento jurídico con regulación propia, al grado de que el texto constitucional fija, en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, un espacio apartado y diferenciado reservado para el IFT y otro para el legislador federal, en que ambos despliegan “facultades de producción normativa de una manera concurrente”. Si bien,

“para determinar la validez de dicha regulación debe acudirse a la ley de la materia y determinar si el legislador abordó directamente la cuestión a debate y aportó una solución: si la respuesta es positiva, debe hacerse explícita la solución apoyada por el legislador y confrontarla con la disposición de carácter general del órgano regulador y sólo en caso de resultar contradictorias, debe declararse su invalidez […].”

Más aún, las facultades regulatorias de IFT, como las de cualquier autoridad, tienen un límite jerárquico, y como la propia Suprema Corte refrenda, “dentro del sistema de fuentes jurídicas se encuentran por debajo de la Constitución y, en un peldaño inferior, también debajo de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión”.

Por ende, aun con la facultad constitucional de emitir disposiciones administrativas de carácter general, “éstas sólo serán en el ámbito exclusivo del cumplimiento de su función regulatoria y en el sector de su competencia”. En todo lo demás debe “ajustarse” a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución que establece la facultad del Congreso para dictar leyes sobre: tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.

La decisión de impugnar un diferendo jurídico-constitucional en vía de controversia, por supuesto que no la determina la importancia del tema o la gravedad de la probable invasión o afectación al sistema de separación de poderes o a la cláusula federal, al igual que para acudir al juicio de amparo carece de relevancia el grado de afectación jurídica o material. Lo que importa es la lesión de un derecho protegido y garantizado con rango máximo en la Constitución.

Por tal razón, no comparto la idea de que la interposición/presentación de la controversia constitucional constituya un exceso de la cámara alta. Los derechos y las competencias son para ejercitarse, y en caso necesario defenderse. Y aun cuando queda bajo la potestad de la persona la decisión de ejercitar o no un derecho personalísimo, no ocurre igual cuando se trata de una competencia, como la que referimos a lo largo de estas notas, pues no olvidemos que el legislador ejerce un mandato con carácter de  representación, no propio.

Por último, y aun cuando el aforismo cita que explicación no pedida, culpa manifiesta, tengo especial interés en precisar que no defiendo a nadie, salvo casos pro bono o mediante acuerdo previo de honorarios profesionales. De ahí que concluya con un recordatorio de mi posición sobre el tema. Hace dos colaboraciones defendí la necesidad de preservar la autonomía de los organismos reguladores y me referí, entre otros, al IFT, pero en esta ocasión no puedo justificar lo que estimo un acto arbitrario, tanto de fondo como de forma, pues el procedimiento llevado a cabo también tuvo vicios de legalidad, al incorporar un asunto de tanta importancia en el orden del día (1 de julio de 2020) a bote pronto: “por eficiencia y por economía procesal”.

A propósito, recuerdo las palabras del Dr. Jorge Fernández Ruíz: “lo rápido no justifica lo mal hecho”. Si bien en una democracia mandan las mayorías, el sistema jurídico garantiza el derecho de las minorías a debatir y ser escuchadas, no a que las atropellen con la fuerza del número.

Colofón

Modificaciones sustanciales al Estatuto Orgánico del IFT:

La primera ocurre con motivo de la reforma del artículo 28 constitucional de 2013, que le confirió facultades como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, al excluirlos del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica y con la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica que le atribuye el ejercicio exclusivo de la vigilancia de lo sectores referidos (11 de julio de 2014).

La siguiente cumple un imperativo legal, da respuesta a lo ordenado por el Decreto que publica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyo artículo cuarto transitorio fija sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor para darle coherencia a la regulación que rige el sector y le asigna nuevas atribuciones como garante de los derechos humanos incorporados en el artículo 6º de la Constitución (DOF, 4-IX-14).

El regulador estima necesario mejorar el funcionamiento y hacer más eficiente el ejercicio de las atribuciones, además de incorporar una dirección general (Unidad de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión) para sumar un total de veintinueve. La dependencia central que más se aproxima en número es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con veinticuatro, si bien ésta tiene decenas de direcciones generales adjuntas en la estructura orgánica, a diferencia de IFT con sólo siete (20-VII-17).

La compañía automotriz Nissan, ha logrado el récord de conducción autónoma durante 230 millas (370.1 kilómetros) con su modelo Nissan Leaf. Este viaje en Reino Unido es, hasta la fecha, el más largo de un vehículo self-driving.

El viaje fue realizado como parte de un proyecto llamado “HumanDrive”, mismo que tiene un financiamiento de 13.5 millones de libras (17.4 millones de dólares), y es apoyado por el gobierno británico y un consorcio de nueve miembros de la industria, incluidos Nissan y Hitachi. El objetivo del proyecto es probar los límites de la conducción autónoma.

Reuters informó que el vehículo Leaf modificado estaba equipado con ocho sistemas de láser LIDAR, siete cámaras, GPS y sensores de radar alrededor del vehículo. 

El viaje comenzó en el centro técnico europeo de Nissan en Cranfield, en el sur de Inglaterra, y terminó en su fábrica de Sunderland, en el noreste.

El vicepresidente sénior de investigación y desarrollo en Europa de Nissan, David Moss, declaró: “El vehículo es mucho más consciente de lo que está sucediendo en el área circundante de lo que posiblemente lo estaría un conductor debido a la cantidad de sensores que monitorean continuamente el medio ambiente”.

Nissan también está trabajando en niveles más bajos de autonomía, mediante la tecnología de conducción asistida ProPilot, que colabora con el conductor para controlar la dirección, la aceleración y el frenado del carro. “La idea es mejorar la seguridad mientras se ayuda a reducir el estrés y la fatiga del conductor”, añadió Moss.

El tema de los vehículos autónomos sigue siendo un tema de discusión constante, ya que la industria automotriz ha sido señalada por su falta de inexperiencia en temas de seguridad para implementar la tecnología self-driving. Recordemos que recientemente, un vehículo Tesla Model S causó la muerte de dos personas cuando el vehículo estaba, posiblemente, en la función de piloto automático.

Recomendado: Vehículo Tesla involucrado en investigación sobre la muerte de dos personas.